Amando Morales Hernández
Expediente 13/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 13/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/01/2018
Partes del expediente
- Amando Morales Hernández
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se advierte que la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el cuatro de enero del año en curso, informó que dejó insubsistente el auto de diecisiete de abril de dos mil diecisiete y emitió otro en el que señaló las diez horas con treinta minutos del veinte de febrero del año dos mi dieciocho, para el desahogo de la audiencia incidental de nulidad, dentro del expediente laboral D-1/82/2012. Ahora, la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el proveído de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio laboral D-1/82/2012 y, en su lugar dicte otro en el que declare procedente el incidente de nulidad de actuaciones relativo a las notificaciones del laudo de dieciocho de diciembre de dos mil quince, así como también de los autos de dieciocho y veintinueve de abril de dos mil dieciséis, y que repitiera lo que no fue materia de concesión del presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, realice los actos precisados en la sentencia de amparo, haciéndole saber que subsiste el apercibimiento decretado en el auto de once de diciembre de dos mil diecisiete. NOTIFÍQUESE.
- Principal
1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Amando Morales Hernández, contra actos del Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 13/2018-II; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2INCOMPETENCIA Ahora bien, de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que la parte promovente señala como actos reclamados, los siguientes: "DE LA ORDENADORA RECLAMO: EN PRIMER TERMINO EL DICTADO DEL AUTO DE FECHA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, MEDIANTE EL CUAL LA SECRETARIA DE ACUERDOS DE LOS EXPEDIENTES CIVILES DESECHA EL RECURSO DE REVOCACIÓN PROPUESTO POR EL SUSCRITO. DE LA EJECUTORA RECLAMO: EN PRIMER TERMINO EL DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN, PROMOVIDO POR EL SUSCRITO, MEDIANTE EL DICTADO DEL AUTO DE FECHA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE ME FUERE NOTIFICADO POR LISTAS EL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. EN SEGUNDO LUGAR LOS ACTOS Y CONSECUENCIAS QUE DERIVEN DEL DICTADO DEL AUTO DE FECHA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE ME FUERE NOTIFICADO EN FECHA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RESPONSABLES RECLAMO: LAS CONSECUENCIAS QUE DERIVEN DE SUS ACTOS INCONSTITUCIONALES." Esto es, Amando Morales Hernández se duele esencialmente del acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, en la tercería excluyente de dominio deducida del juicio ejecutivo mercantil 498/2016, mediante el cual desechó el recurso de revocación que interpuso en contra del diverso de treinta y uno de octubre del mismo año, en el que a su vez desechó la referida tercería propuesta por el hoy quejoso. De igual forma, cabe precisar que la tercería excluyente de dominio no reviste en absoluto el carácter de recurso o medio de defensa previsto en la ley ordinaria como parte de la instancia impugnativa del mismo procedimiento, porque los recursos o medios de defensa fungen como remedios jurisdiccionales de las resoluciones emitidas por el juzgador del conocimiento, para regularizar el juicio o anular los vicios del procedimiento, ya sean de forma o de fondo; mientras que la tercería excluyente de dominio tiene los atributos propios de un juicio y no de un recurso o medio de defensa que pueda interponerse dentro del mismo procedimiento. En efecto, en la tercería excluyente de dominio se ejerce una acción distinta a la que se debate en el juicio principal, por lo que la controversia que se discute y decide está relacionada con un problema sustantivo que es diferente al que se controvierte en el procedimiento del que deriva. Además, el actor tercerista es ajeno al debate que se presenta en el juicio del que surge y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquél. Tampoco suspende el curso del negocio en que se interpone; se tramita en la vía ordinaria, a través de un procedimiento propio en el que se oye a las partes y se cumplen las formalidades esenciales, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Hecho lo anterior, la suscrita estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, en atención a que el acto que se reclama no es susceptible de impugnarse en el juicio de amparo en la vía indirecta, pues se trata de una resolución dada su especial naturaleza, que pone fin al juicio, al dejar firme la resolución que desechó la tercería excluyente de dominio propuesta por el hoy quejoso, cuya competencia, como a continuación se justifica, corresponde en amparo directo al Tribunal Colegido en Materia Civil del Sexto Circuito. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; [.]." Del citado precepto, se desprende que el juicio de amparo directo procede en los siguientes supuestos: Cuando se reclame una sentencia definitiva o laudo, o; Cuando el acto reclamado sea una resolución que ponga fin al juicio. En el caso, como se dijo, el acto reclamado consiste en el acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, en la tercería excluyente de dominio deducida del juicio ejecutivo mercantil 498/2016, mediante el cual desechó el recurso de revocación que interpuso en contra del diverso de treinta y uno de octubre del mismo año, en el que a su vez desechó la referida tercería propuesta por el hoy quejoso; el cual, a juicio de este órgano jurisdiccional, posee el carácter de definitivo; por tanto, es susceptible de ser impugnado mediante juicio de amparo directo. En esa tesitura, al actualizarse el supuesto a que se refiere la fracción I, del numeral 170 de la Ley de Amparo, la suscrita declara carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del citado ordenamiento, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítase la demanda promovida por Amando Morales Hernández, con sus respectivas copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Sexto Circuito, para que por su conducto sea turnada al Tribunal Colegiado que corresponda, solicitando atentamente a dicho órgano se sirva informar la determinación que adopte respecto a si acepta o no la competencia planteada, solicitando además, el acuse de recibo correspondiente. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS En atención que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en esas condiciones con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, se ordena realizar las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos. Así mismo, se tiene por autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica por así haberlo solicitado, pues de la lectura de la demanda no se advierte que la parte quejosa las autorice en los términos amplios que prevé el citado numeral. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 7 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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