Amalia Penarán García

Expediente 790/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
790/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
26/11/2019

Partes del expediente

  • Amalia Penarán García

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa *************; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, devuélvasele la documental que refiere, previa identificación, certificación de desglose y razón de su entrega se deje en autos; se autoriza para recibirla a las personas que menciona. Hágase del conocimiento de la gestionante que el documento que solicita le será devuelto únicamente de las trece a las quince horas en cualquier día hábil.

  2. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de cuatro de septiembre de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *********, por su propio derecho, contra actos del Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 790/2019-IV. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción II del artículo 5°, ambos de la Ley de Amparo, dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: "(.)" "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "(.)" De la interpretación de dichos numerales se deduce que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que no provengan de autoridades que puedan considerarse como responsables para los efectos del juicio de amparo. Para explicar lo anterior, es conveniente precisar que según la doctrina, existen tres clases de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado con sus órganos: a) De coordinación: Se refieren a los vínculos que se entablan con una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados. Son aquellas que se entablan entre particulares y que, para dirimir sus controversias, se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. b) De supraordenación: Las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. c) De supra a subordinación: Las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien, por ambas. Además, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Pues bien, del análisis integral de la demanda se advierte que en el caso concreto la parte quejosa esencialmente reclama: La omisión del Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, de instar el procedimiento de expropiación de una fracción de la parcela número *********, perteneciente al Ejido de ********* de Tarimoro, Guanajuato, que arguye es de su propiedad, con motivo del convenio que celebraron en el año dos mil diez, en el que, entre otras cosas, se comprometieron a promoverlo. Sin embargo, se estima que el Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que se está en un plano de clara coordinación y no deriva de una relación de supra-subordinación. En efecto, el hecho de que el Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Guanajuato, haya incumplido con ciertas obligaciones, que nacieron del convenio que celebró con la parte quejosa respecto de la ocupación de las tierras que ésta arguye le pertenecen, no puede considerarse que tenga el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque si bien el incumplimiento de sus obligaciones contractuales pudieran deparar algún perjuicio en la esfera jurídica de la solicitante del amparo, lo cierto es que las acciones u omisiones de dicho secretario con motivo del convenio que celebró en dos mil diez con la quejosa, no las realizó como autoridad, sino como una parte integrada al orden privado (un contratante) y no del orden público como autoridad, ya que los derechos y obligaciones que surgieron a las dos partes fueron consecuencia de la voluntad de ambas y no del mandato unilateral obligatorio de una de ellas. En tal razón, al existir relaciones entabladas entre particulares, las partes involucradas se encuentran en aptitud de acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas en ellas, o contempladas por la ley, toda vez que ambos están en un mismo nivel, al existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Con base en lo anterior, se puede establecer que la omisión del Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, no es en su calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción II del artículo 5°, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo constitucional, y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Enrique Ramos Palafox y a Patricia Govea Delgado, por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *********, por su propio derecho, contra actos del Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 790/2019-IV. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción II del artículo 5°, ambos de la Ley de Amparo, dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: "(.)" "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "(.)" De la interpretación de dichos numerales se deduce que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que no provengan de autoridades que puedan considerarse como responsables para los efectos del juicio de amparo. Para explicar lo anterior, es conveniente precisar que según la doctrina, existen tres clases de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado con sus órganos: a) De coordinación: Se refieren a los vínculos que se entablan con una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados. Son aquellas que se entablan entre particulares y que, para dirimir sus controversias, se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. b) De supraordenación: Las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. c) De supra a subordinación: Las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien, por ambas. Además, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Pues bien, del análisis integral de la demanda se advierte que en el caso concreto la parte quejosa esencialmente reclama: La omisión del Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, de instar el procedimiento de expropiación de una fracción de la parcela número *********, perteneciente al Ejido de ********* de Tarimoro, Guanajuato, que arguye es de su propiedad, con motivo del convenio que celebraron en el año dos mil diez, en el que, entre otras cosas, se comprometieron a promoverlo. Sin embargo, se estima que el Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que se está en un plano de clara coordinación y no deriva de una relación de supra-subordinación. En efecto, el hecho de que el Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Guanajuato, haya incumplido con ciertas obligaciones, que nacieron del convenio que celebró con la parte quejosa respecto de la ocupación de las tierras que ésta arguye le pertenecen, no puede considerarse que tenga el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque si bien el incumplimiento de sus obligaciones contractuales pudieran deparar algún perjuicio en la esfera jurídica de la solicitante del amparo, lo cierto es que las acciones u omisiones de dicho secretario con motivo del convenio que celebró en dos mil diez con la quejosa, no las realizó como autoridad, sino como una parte integrada al orden privado (un contratante) y no del orden público como autoridad, ya que los derechos y obligaciones que surgieron a las dos partes fueron consecuencia de la voluntad de ambas y no del mandato unilateral obligatorio de una de ellas. En tal razón, al existir relaciones entabladas entre particulares, las partes involucradas se encuentran en aptitud de acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas en ellas, o contempladas por la ley, toda vez que ambos están en un mismo nivel, al existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Con base en lo anterior, se puede establecer que la omisión del Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, no es en su calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción II del artículo 5°, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo constitucional, y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Enrique Ramos Palafox y a Patricia Govea Delgado, por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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