Amado Regalado Martínez

Expediente 587/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
587/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
29/07/2016

Partes del expediente

  • Amado Regalado Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de catorce de julio pasado, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que desahogara el requerimiento que se le formuló mediante proveído de veintinueve de junio pasado, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento decretado. Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ******, mandatario judicial de *******, calidad que acredita en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con copia certificada de la ratificación de mandato de nueve de diciembre de dos mil quince, contra actos del Juez Primero Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 587/2016-V. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones II y IV del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones IV y V de la ley de la materia, como se verá a continuación: A. La fracción IV del aludido numeral 108 de la legislación en comento estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." El citado numeral establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa indique con precisión cuál es la norma general, acto u omisión que reclama de cada autoridad que señala como responsable. Respecto de dicho tópico, el Ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia implica que el agraviado deba indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa señaló como acto reclamado: ". la violación al derecho de petición de la parte quejosa, contenida en el artículo 8 Constitucional en virtud de que a la fecha no han dado respuesta a la petición que se ha realizado para el cumplimiento de la sentencia." Sin embargo, en el capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado manifestó: ". acudí al domicilio de la Autoridad Responsable, mediante mandato de la Autoridad Ejecutoria, conjuntamente con el Secretario del Juzgado Único Mixto (sic) del municipio de Tarimoro, Guanajuato; con la finalidad de requerir de pago mediante la exhibición de la Partida que para tal efecto deben de contar, solamente que nos atendió una Licenciada de Jurídico, manifestándonos que era la apoderada de la Síndico de Presidencia, mostrando su poder respectivo, manifestando que no contaba con dicha partida y que la establecerían para el año que entra, con la aclaración de la negativa a mostrar las partidas y si en realidad esto era cierto o no. Por consiguiente, con tal conducta, carente de legalidad, al contener ausencia de firmeza en su veracidad, violentando con ello el derecho de Petición consagrado en el Artículo 8° de Nuestra Carta Magna." De la transcripción del apartado del acto reclamado, se advierte que el solicitante del amparo se duele de la transgresión al artículo 8° constitucional, ya que refiere que el Ayuntamiento responsable no le ha dado respuesta a la petición que le formuló. Sin embargo, del capítulo de los antecedentes no se desprende que elevara petición alguna al Ayuntamiento de Tarimoro y, como consecuencia, que se encontrara pendiente la respuesta a la misma, que es lo que precisamente tutela el referido precepto legal. Por el contrario, de los referidos antecedentes se advierte que se duele de la negativa del Ayuntamiento de Tarimoro de mostrarle las partidas presupuestarias para constatar si cuenta o no con recursos para hacer pago de la suma que le adeuda. Lo anterior genera que la demanda se torne obscura e irregular, ante la incertidumbre del suscrito de establecer con precisión cuál es en realidad el acto que cuestiona en el presente juicio de amparo, esto es, si reclama del nombrado ayuntamiento municipal: La omisión de dar respuesta a la petición que elevó, en cuyo caso deberá precisar cuándo la realizó y sobre que versó dicha solicitud; o, La negativa de mostrarle las partidas presupuestarias para constatar si cuenta o no con recursos para hacer pago de la suma que le adeuda. Además, no debe perderse de vista que para la procedencia del juicio de amparo, a fin de salvaguardar el derecho fundamental de audiencia, se requiere que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir, en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular. De igual forma, es necesario destacar que para la procedencia del juicio de amparo, respecto de la negativa del Ayuntamiento responsable de mostrarle las partidas presupuestarias, el acto debe provenir de autoridad que pueda considerarse como responsables para los efectos del juicio de amparo, dado que, entre las relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado con sus órganos, existe la de coordinación, que se refieren a los vínculos que se entablan con una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados; y son aquellas que se entablan entre particulares y que, para dirimir sus controversias, se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por otro lado, la parte quejosa señaló, entre otras, como autoridades responsables a las siguientes: Juez Primero Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato. Juez Único Menor Mixto de Tarimoro, Guanajuato. Empero, ninguna manifestación vierte respecto de cuál es el acto que le afecta de los referidos juzgadores, que se encuentre comprendido dentro de sus funciones legales; lo que resulta indispensable para no dejarlos en estado de indefensión y que pueda rendir su informe con justificación, integrando así la litis constitucional. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." B. La fracción V del artículo 108 de la ley de la materia, textualmente dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" (.) "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En la especie, si bien es cierto que el solicitante del amparo, en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos antecedentes del acto reclamado, también lo es que omitió manifestar de manera sucinta y cronológica los hechos en torno al juicio civil C256/2015, de la estadística del Juzgado Primero Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato Datos que al constituir los antecedentes del acto reclamado resultan determinantes para que el suscrito esté en aptitud de determinar lo conducente respecto de la procedencia de la demanda. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracción IV y V, en relación con el 114, fracciones II y IV, ambos de la ley de la materia, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con cuatro copias para correr traslado a cada una de las partes: Aclare cuál es el acto que cuestiona en el presente juicio de amparo, esto es, si reclama del A yuntamiento de Tarimoro, Guanajuato: La omisión de dar respuesta a la petición que elevó, en cuyo caso deberá precisar cuándo la realizó y sobre que versó dicha solicitud; o, La negativa de mostrarle las partidas presupuestarias para constatar si cuenta o no con recursos para hacer pago de la suma que le adeuda. Precise cuál es el acto concreto que le imputa a los Jueces Primero Civil de Partido de Salvatierra y Único Menor Mixto de Tarimoro, Guanajuato; y, Manifieste bajo protesta de decir verdad de manera sucinta y cronológica la totalidad de los hechos o abstenciones en torno al juicio de origen. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." En la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso son quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Otro motivo por el cual el directo quejoso debe desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo constitucional, y autorizado en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona, por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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