Amalia Argueta Pinto

Expediente 1495/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1495/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
06/12/2019

Partes del expediente

  • Amalia Argueta Pinto

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de Ley de Amparo, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto de quince de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 70-72), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); de conformidad con el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, la comunicación del secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con domicilio en esta ciudad. Atento a su contenido, por cuanto el referido Tribunal remite el juicio de amparo 1335/2018, copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 236/2019 y copias certificadas de las constancias relativas al trámite de retiro de incapacidad del aquí quejoso (en un tomo). Acúsese recibo. Ahora, al resolver el recurso de revisión interpuesto, el referido tribunal REVOCÓ la resolución dictada en este juicio de amparo y ordena la reposición del procedimiento, en los siguientes términos: Los argumentos anteriores son fundados, toda vez que el juez de distrito inadvirtió que debió seguirse con el trámite del juicio de amparo hasta el desahogo de la audiencia constitucional y no sobreseerlo fuera de audiencia, ya que el quejoso aún tenía la posibilidad de desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que estimó actualizada. En el caso, para sobreseer en el juicio de amparo indirecto por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, de la Ley de Amparo, el juez de distrito se apoyó en las copias certificadas remitidas por el Secretario de la Defensa Nacional y del Director General de Infantería; es decir, para estimar extemporánea la presentación de la demanda consideró el contenido de tales documentales y con base en ellas determinó que la orden de baja del servicio activo del ejército y alta en situación de retiro le fue notificada desde el uno de octubre de dos mil dieciocho, por lo que si la demanda se presentó hasta el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, era extemporánea. Además, sostuvo que con ninguna prueba podría desvirtuarse la actualización de la causal de improcedencia referida, por lo que estimó que no era necesario otorgar el plazo de ocho días para dar vista a las partes para que se enteraran del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable. La determinación anterior se estima incorrecta, ya que el juzgador de amparo desatendió que en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo, la oportunidad de objetar de falsa la firma que obra en el documento del que se desprende la fecha en que se le notificó el acto reclamado, así como la posibilidad de objetar de falso el propio documento, a través del incidente respectivo, se agota hasta la celebración de la audiencia constitucional, y; por tanto, no era factible adelantar su decisión y considerar como fecha de conocimiento del acto reclamado, el uno de octubre de dos mil dieciocho, sino que debió esperar hasta la celebración de la audiencia, que es la actuación procesal idónea en la que el quejoso estará en posibilidad de materializar la objeción de falsedad de la firma que obra en el documento en el que se basó el juez para estimar extemporánea la demanda; lo anterior, con la finalidad de desvirtuar lo afirmado por el juez de distrito en el sentido de que el acto reclamado le fue notificado desde el uno de octubre de dos mil dieciocho, y; por ende, subsista su afirmación referente a que el citado acto reclamado le fue notificado el once de octubre del indicado año; esto es, para desvirtuar la improcedencia decretada. Así, en relación con el tema referente a la posibilidad de objetar de falso un documento anexo al informe justificado, es de mencionar que al resolver la contradicción de tesis 300/2015, sesionada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló precisamente que el momento idóneo para objetar de falso un documento anexo al informe justificado, es la audiencia constitucional, a través de la tramitación del incidente respectivo, en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 122. Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia". En efecto, en dicha ejecutoria el Pleno no condicionó al quejoso a que demostrara su falsedad a través de una prueba directa en términos del diverso artículo 119 de la Ley de Amparo, eliminando la posibilidad de hacerlo en la audiencia constitucional; sino que, precisamente se resolvió que el momento más benéfico para tramitar dicha objeción era hasta la celebración de la citada audiencia; en la que, en su caso, se estaría en posibilidad de promover el incidente del falsedad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció (en lo que interesa) que de la interpretación armónica de los artículos 122, 5°, fracción II y 117, de la Ley de Amparo se desprende que si la autoridad responsable dentro del juicio de amparo, con el carácter de parte que le reconoce la ley, rinde su informe justificado, anexando copias de los procedimientos correspondientes, esos documentos pueden ser objetados por alguna de las partes durante la tramitación del juicio constitucional. Agregó que mientras que el informe justificado constituye la materia de fondo del juicio de garantías y, por ello, necesariamente será tomado en cuenta por el juzgador federal, quien analizará la totalidad de las manifestaciones vertidas en él, que revelarán la certeza o no de los actos reclamados, las que serán confrontadas con las constancias que al efecto se exhiban, mismo que puede ser impugnado por el quejoso durante la sustanciación del juicio de amparo; por el contrario, en la segunda hipótesis relativa a la documental anexa a ese informe, únicamente puede ser impugnada a través del ofrecimiento y desahogo vía incidente de la prueba pericial correspondiente, al no existir precepto legal alguno que faculte al Juez de Distrito a averiguar la falsedad de lo que consta en ella, especialmente si lo que se controvierte es la falsedad de las rúbricas que calza ese documento. Que, por tanto -añadió- la presunción de certeza de tales constancias (remitidas por la autoridad responsable) que constituyen documentos públicos de conformidad con lo previsto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, debe ser destruida a través de la objeción prevista por el dispositivo 122 de la Ley de Amparo, ante la circunstancia de que no se contempla otra etapa procesal ni medio de defensa alguno mediante el cual pudiera plantearse la falsedad de esos documentos; aunado a que en el texto del artículo de la Ley de Amparo referido no existe limitación alguna, tampoco especifica la clase de documentos que pueden ser objetados de falsos. Con base en los razonamientos precisados, fue incorrecto que el juez de distrito sobreseyera en el juicio fuera de audiencia por considerar extemporánea la presentación de la demanda, apoyándose en un documento remitido por las autoridades responsables, sin que previamente diera vista al quejoso con tales documentales exhibidas en copia certificadas. Se estima así, pues atento a lo precisado anteriormente, al tratarse de documentos remitidos por la autoridad responsable sí pueden ser objetados por alguna de las partes, en este caso, por el quejoso durante la tramitación del juicio constitucional; es decir, el referido documento en el que se apoyó el juez de distrito y del que advirtió que fue notificado del acto reclamado desde el uno de octubre de dos mil dieciocho, todavía puede ser objetado de falso (incluso objetarse la falsedad de la firma que ahí obra) hasta la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo. En ese sentido, fue ilegal que el juez de distrito estimara que no era necesario otorgar el plazo de ocho días para dar vista a las partes para que se enteraran del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con el argumento de que con ninguna prueba podría desvirtuarse la actualización de la causal de improcedencia referida; es decir, no continuar con el trámite del juicio hasta la audiencia constitucional. Es así, pues desatendió que en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo, la oportunidad de objetar de falsa la firma que aparece en el documento (en que se basó para estimar extemporánea la demanda), o bien para objetar la falsedad del propio documento, a través del incidente respectivo, se agota hasta la celebración de la audiencia constitucional. Por tanto, no era factible adelantar su decisión y considerar como fecha de conocimiento del acto reclamado (orden de baja del ejercicio y alta en situación de retiro) el uno de octubre de dos mil dieciocho, en la que -según el juez- le fue notificado el oficio SAMR-19267, de treinta de septiembre de dos mil dieciocho, a través del Comandante Interino del 38/o Batallón de Infantería, y con base en ello sobreseer en el juicio de amparo por extemporaneidad en la presentación de la demanda; sino que debió esperar hasta la celebración de la audiencia, que es la actuación procesal idónea en la que el quejoso estará en posibilidad de materializar la objeción de falsedad del citado documento y, para tal efecto, ofrecer y desahogar las pruebas que considere pertinentes, para su demostración; y solo en caso de no justificarlo en esa etapa, prevalecería la autenticidad del documento debido a la falta de demostración de su falsedad, con las consecuencias legales que se puedan generar, como una posible resolución de sobreseimiento en el juicio. En consecuencia, se debió respetar al quejoso su derecho de defensa para promover, en su caso, el incidente de objeción respectivo hasta la celebración de la audiencia constitucional, por ser el mecanismo idóneo; claro, sin excluir la posibilidad de que, si es su deseo, intente la prueba directa de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en razón de que solamente así el quejoso estará en todos los casos en aptitud de plantear hasta el momento del desahogo de la audiencia constitucional, su derecho a objetar el documento, o bien, objetar la firma que obra en dicho documento supuestamente puesta por el quejoso y, para esto, presentar las pruebas que estime pertinentes, entre ellas, la prueba pericial respectiva, en aras de desvirtuar la improcedencia que estimó actualizada el juez de distrito. En ese orden de ideas, contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito, en la especie no se actualiza, de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, de la Ley de Amparo, ya que dicha causa aún puede ser desvirtuada por el quejoso, por lo que debe tramitarse el juicio hasta el desahogo de la audiencia constitucional. Consecuentemente, al haber resultado fundados los agravios, lo procedente es revocar el auto de sobreseimiento recurrido y, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, ordenar al juez de distrito continuar con el trámite del juicio, para el efecto de que dé vista al quejoso con el informe justificado remitido por el Director General de Infantería, así como con las constancias remitidas por dicha autoridad y el Secretario de la Defensa Nacional; señale día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, a fin de que las partes estén en aptitud, en su caso, de rendir las pruebas que estimen pertinentes y formular sus alegatos, hecho lo cual dicte la sentencia que en derecho corresponda. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se revoca el auto recurrido. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo ******************, promovido por ***************** para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia En tales condiciones, en cumplimiento a lo ordenado por el citado Tribunal, de autos se advierte que en proveído de veintidós de marzo de dos mil diecinueve (fojas 313-314), se agregó la comunicación del General Secretario de la Defensa Nacional y Director General de Infantería a través del Subjefe Jurídico Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con domicilio en la Ciudad de México, mediante el cual remite copias certificadas de las constancias relativas al acto reclamado. En ese sentido, y como lo establece el órgano revisor en la ejecutoria de amparo, dese vista a las partes, con las constancias descritas en el párrafo que antecede, a fin de que se impongan del contenido de las mismas; y dese nueva cuenta con dichas documentales en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, la fecha y hora señalada, tiene sustento en lo dispuesto por el artículo 115, párrafo segundo, de la ley en la materia, ello, a fin de dar oportunidad a efecto de que se integre este sumario constitucional. Finalmente, respecto al cuaderno de antecedentes que se formó para la tramitación del recurso, al resultar innecesaria su conservación, se ordena desglosar las actuaciones que se efectuaron y agregarlas para que obren como corresponda en este expediente, sin que sea necesario glosar al mismo las copias con las que se integró el citado cuaderno, de las cuales, se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional. Hágase esto del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

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