Amalia Argueta Pinto

Expediente 178/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
178/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
02/04/2019

Partes del expediente

  • Amalia Argueta Pinto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE SIETE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO QUE DICE Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese al juicio de amparo en que se actúa, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, consistente en copias certificadas del escrito de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho y proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio laboral ************ Documentales a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. En primer término es dable indicar, que en el caso concreto atendiendo al análisis integral de la demanda de amparo, la parte quejosa se duele de la omisión de la responsable en acordar la promoción presentada el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en los autos del juicio laboral ********** del índice de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. En ese orden, este juzgador advierte que en el caso opera la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuestión que por ser de orden público, su estudio es de oficio, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la referida ley, como enseguida se verá. En efecto, precisa señalar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamadoEl numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con folio 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la quejosa se duele como se dijo con anterioridad de la omisión de la responsable en acordar la promoción presentada el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en los autos del juicio laboral *********** del índice de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que efectivamente el apoderado legal de la parte quejosa presentó escrito el día de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, ocurso que la autoridad responsable fue omisa en atender; sin embargo, en veintiuno de febrero del año en curso, la sala responsable emitió proveído en el cual hizo efectivo el apercibimiento a la parte demandada informándole que se sujetará a lo que resuelva el perito de la parte actora, asimismo, señaló las diez horas del veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de la prueba pericial consistente en la ratificación del dictamen en materia de grafoscopía, además, negó lo solicitud del promovente en relación a turnar los autos al magistrado ponente para la elaboración del laudo, toda vez que aún se encuentran pruebas pendientes por desahogar en el juicio laboral correspondiente, es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la Sala responsable subsanó la omisión procesal que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de la responsable en acordar la promoción presentada el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en los autos del juicio laboral *********** del índice de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, han cesado, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro electrónico 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, lo conducente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo. Sirve de sustento, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386, del rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Dado lo expuesto con antelación, se deja sin efectos la audiencia señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. No obsta lo anterior, el hecho de que no haya transcurrido el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del informe justificado y constancias remitidas por la autoridad responsable, en la medida que el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del mismo y sus constancias que, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al agente del Ministerio Público Federal y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, del que se advierte que mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se fijaron las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de marzo de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, dicha data se encuentra considerada como día inhábil, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en la materia, este juzgado estima oportuno regularizar el procedimiento, con relación al señalamiento de la fecha y hora de la audiencia constitucional, sin que ello implique que este tribunal revoque sus propias resoluciones, sino sólo subsanar las irregularidades advertidas, y, de acuerdo al respeto de las garantías de audiencia y seguridad jurídica, prevista en los preceptos 14 y 16 constitucionales, ello, a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes. En consecuencia, se fija como nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEIDO: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, del que se advierte que mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se fijaron las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de marzo de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, dicha data se encuentra considerada como día inhábil, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en la materia, este juzgado estima oportuno regularizar el procedimiento, con relación al señalamiento de la fecha y hora de la audiencia constitucional, sin que ello implique que este tribunal revoque sus propias resoluciones, sino sólo subsanar las irregularidades advertidas, y, de acuerdo al respeto de las garantías de audiencia y seguridad jurídica, prevista en los preceptos 14 y 16 constitucionales, ello, a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes. En consecuencia, se fija como nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

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