Amairany Miroslava Piña Santiago

Expediente 353/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
353/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
18/04/2022

Partes del expediente

  • Amairany Miroslava Piña Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta y del estado procesal que guarda los autos del presente juicio de garantías, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintinueve de marzo del año actual, que desechó de plano la demanda de garantías promovida por la licenciada Liz Alejandra Lazo Andrade, en su carácter de asesora jurídica de la quejosa Amairany Miroslava Piña Santiago; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de demanda de garantías signado por Liz Alejandra Lazo Andrade, en su carácter de asesora jurídica de la quejosa Amairany Miroslava Piña Santiago, remitido bajo vinculación electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por medio del cual comparece ante este órgano jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y autoridades que ahí menciona; en consecuencia, regístrese la demanda bajo el número 353/2022-VII, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. Por otro lado, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe y documentales que se acompañan a la misma, pues se advierte la improcedencia de la misma, numeral el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto faculta para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, la parte quejosa señala como autoridades responsables, a las siguientes: Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General de Justicia en el estado de Tamaulipas. Titular de la Policía Investigadora, adscrita a la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General de Justicia en el estado de Tamaulipas. Ambos con sede en esta ciudad. Asimismo, como actos reclamados, la omisión de una investigación eficaz, efectiva, continua y permanente a efecto de lograr la localización de la menor F. S. M. P., dentro de la carpeta de investigación 353/2022. En ese contexto, se desprende que la promovente del amparo reprocha del Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General de Justicia en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, la omisión de una investigación eficaz, efectiva, continua y permanente a efecto de lograr la localización de la menor F. S. M. P., dentro de la carpeta de investigación 353/2022, de su índice. En esas condiciones, en el caso, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." De lo transcrito, enlazado con el caso que nos ocupa, basta mencionar que, de manera previa a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar los medios de defensa procedentes contra el acto de autoridad que se estime lesivo. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de defensa, sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de los derechos públicos subjetivos de los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de defensa legalmente reconocidos. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio en comento responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se reclama posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. En resumen, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Para que opere la anotada causa de improcedencia, es necesario que concurran los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso, juicio o medio de defensa legal; y, c) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Luego, del análisis de la demanda promovida, se concluye la actualización de la causa de improcedencia invocada, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 233/2017, ya definió que contra actos omisivos que se atribuyan al fiscal que conoce de una carpeta de investigación, procede el medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho artículo dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. (.)" Así pues, queda claro que al reclamar en la demanda que da origen a este expediente, la omisión del fiscal responsable de ordenar una investigación eficaz, efectiva, continua y permanente a efecto de localización de la menor F. S. M. P., dentro de la carpeta de investigación 353/2022, de su índice, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el principio de definitividad, a través de la instauración del medio de defensa innominado que contempla el precitado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al no haberlo hecho, la demanda que intenta se torna improcedente. Da sustento a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, localizable en la página 945 del Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2017641, de título y contenido que dicen: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así es, la impetrante del amparo estaba obligada a interponer el medio de defensa que la ley que rige el acto reclamado le otorga para la salvaguarda de sus derechos, en aras de obtener la continuación de la etapa de investigación, como se dijo, a través del medio de defensa innominado a que alude el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que con ello se evita el abuso del juicio de amparo mediante la previa tramitación de aquellos medios de impugnación que tienden a modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. De esta suerte, si la parte promovente del amparo, instó el presente juicio constitucional no obstante encontrarse obligada a agotar el medio de defensa antes descrito, es decir, le asistía la carga procesal de observar el principio de definitividad previamente al ejercicio de su acción constitucional, es inconcuso que al no haberlo hecho, se actualiza de manera indudable y contundente un motivo de improcedencia. Cobra aplicación, la tesis XVIII.1o.P.A.2 P (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación Décima Época, el doce de mayo de dos mil diecisiete, con el número de registro 2014279, del rubro y texto siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado." Resulta necesario precisar que con el sentido de la presente resolución no se contraviene con lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 9/2021 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MEDIO DE DEFENSA INNOMINADO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL INCULPADO O QUIEN SE OSTENTE COMO TAL, NO ESTÁ OBLIGADO A INTERPONERLO, PREVIAMENTE A PROMOVER JUICIO DE AMPARO", toda vez que de la narración de la demanda, se advierte que a la parte quejosa no le reviste el carácter de imputada en la carpeta de investigación de origen. Asimismo, que la ahora quejosa tiene intervención en ella, toda vez que es la denunciante; por lo tanto, se encuentra sujeta al cumplimiento de las obligaciones procesales como la que ya se mencionó en párrafos que anteceden, pues será ante el Juez de Control donde podrá realizar todos los actos que mencionó no haber podido llevar a cabo en la carpeta de investigación. Lo anterior, tomando en cuenta que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, son presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en que un menor de edad se encuentre involucrado. En efecto, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que cuando la contienda del juicio de amparo verse sobre actos de ejecución irreparable, deben observarse las reglas de procedencia establecidas en la propia ley de amparo, por lo que el principio de definitividad al constituir un presupuesto distinto y autónomo al de la irreparabilidad del acto, debe colmarse para atender la procedencia del juicio constitucional, aún cuando se vea afectada la esfera jurídica de un menor de edad, pues esto no genera una excepción a la regla de la definitividad, ya que esta se refiere al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Ya para concluir, cabe abundar que la condición de menor de edad, cuyo interés superior protegen las leyes mexicanas, no puede utilizarse como fundamento para ignorar el cumplimiento de requisitos de procedencia del juicio de amparo, pues la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que la regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto; pero no para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio constitucional. Lo anterior cobra relevancia de conformidad con la tesis 1a. CCLXXVI/2012, también sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Página 530, Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, Registro 2002359, de rubro; "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de dicho ordenamiento. Sin que con la anterior determinación se transgreda a la parte quejosa en su esfera de derechos, pues el hecho de que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una violación a los derechos de audiencia, debido proceso y acceso a la justicia. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de garantías; además como lo pide en cuanto a Nadia Iveth Lazo Andrade, únicamente se le autoriza para ese efecto. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por la licenciada Liz Alejandra Lazo Andrade, en su carácter de asesora jurídica de la quejosa Amairany Miroslava Piña Santiago. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

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