Amairany Miroslava Piña Santiago
Expediente 690/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 690/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/06/2023
Partes del expediente
- Amairany Miroslava Piña Santiago
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que Amairany Miroslava Piña Santiago, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el quince de junio del año en curso (fojas 31 a 41), en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. De igual manera, como lo disponen los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente asunto deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 20 antes citado. Finalmente, cabe precisar que el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General antes aludido, establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días naturales a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por la parte agraviada, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, quince de junio de dos mil veintitrés. Vista, la demanda de amparo promovida por Amairany Miroslava Piña Santiago, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad y otra autoridad: regístrese en el libro de gobierno con el número 690/2023-I. DESECHAMIENTO Se procede a analizar la demanda de garantías de cuenta y, enseguida, es pertinente citar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado, por los motivos que enseguida se exponen: Lo anterior es así, dado que en la demanda de garantías que nos ocupa, la parte quejosa señaló como acto reclamado, la determinación de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente número 368/2022, relativo al juicio ordinario civil sobre guarda y custodia definitiva respecto de la menor de edad F.S.M.P., demandado por Iván de Jesús Moreno Flores, contra Amairany Miroslava Piña Santiago, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, en la cual se estableció régimen provisional de convivencia de la citada infante, con su padre no custodio Iván de Jesús Moreno Flores, en los términos y horarios establecidos en dicha resolución. Quien esto resuelve, establece que respecto del acto reclamado por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXVIII, de la legislación de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento." ." Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del impetrante de garantías de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad; que no es otra cosa que la obligación de cumplir el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. A fin de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es pertinente señalar lo dispuesto en el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles, que disponen lo siguiente: "Artículo 941. La admisión de la apelación en ambos efectos procederá: . II.- Respecto de sentencias que se dicten en juicios que versen sobre divorcio o nulidad de matrimonio, y demás cuestiones de familia o estado de las personas, salvo disposición en contrario; y,". Como ya quedó precisado, el acto reclamado en la demanda garantías que nos ocupa, se hizo consistir en la determinación de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente número 368/2022, relativo al juicio ordinario civil sobre guarda y custodia definitiva respecto de la menor de edad F.S.M.P., demandado por Iván de Jesús Moreno Flores, contra Amairany Miroslava Piña Santiago, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, en la cual se estableció régimen provisional de convivencia de la citada infante, con su padre no custodio Iván de Jesús Moreno Flores, en los términos y horarios establecidos en dicha resolución. En ese tenor, se advierte que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad, pues previo al ejercicio de la acción de amparo, debió agotar el recurso de apelación contra de la resolución reclamada, medio de impugnación que, dicho sea de paso, puede modificar, revocar o nulificar los efectos de la determinación que es generadora de la causa de pedir de la promovente y al no haberlo realizado no colmó el citado requisito, indispensable para la procedencia de la vía constitucional indirecta. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2005039, cuyo rubro y texto dicen: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Además, no pasa desapercibido al supuesto aludido en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2004677, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Común, Página: 990, cuyo rubro y texto dicen: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Lo anterior es así, pues tal criterio jurisprudencial resulta inaplicable al caso concreto, ya que como se dijo, acorde al numeral transcrito 941, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del estado de Tamaulipas, contra el acto reclamado procede el recurso de apelación, el cual es admisible en ambos efectos y por ende, paraliza la ejecución de la determinación impugnada, como se desprende del artículo 937 del mismo cuerpo de leyes, que señala: "Artículo 937.- La apelación en el efecto devolutivo no suspende la ejecución de la resolución impugnada. La procedente en ambos efectos paraliza de plano la ejecución, mientras el recurso no se decida, o el auto o sentencia quede firme." De igual forma, sirve de apoyo la tesis I.11o.C.163 C., emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 4654, Tomo V, Mayo de 2022, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2024585, de rubro y texto siguientes: "GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA A FAVOR DE UNO DE LOS PROGENITORES, DESPUÉS DE DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL, ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). Hechos: En un juicio de divorcio sin expresión de causa se decretó la disolución del vínculo matrimonial; con posterioridad a ello, el Juez decretó la guarda y custodia provisional del menor hijo de las partes a favor de su progenitora y, en contra de dicha resolución, el padre interpuso recurso de revocación, el cual se desechó. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si en forma posterior a que se decreta el divorcio, la autoridad judicial resuelve sobre la guarda y custodia provisional del menor hijo de las partes en favor de uno de sus progenitores, esta resolución es impugnable a través del recurso de apelación. Justificación: Lo anterior, porque los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicables para la Ciudad de México no prevén que las resoluciones que se dicten con posterioridad a aquella que decreta la disolución del vínculo matrimonial deban formar parte de esta última. Además, el artículo 685 Bis del código procesal citado -reformado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno de dicha entidad el once de febrero de dos mil catorce- señala de forma clara y precisa que los autos y resoluciones dictados después de decretada la disolución del vínculo matrimonial son apelables, y sólo son revocables las determinaciones de trámite. De esa forma, la resolución que decreta la guarda y custodia provisional del menor hijo de las partes, constituye una medida provisional -acorde con lo previsto en el artículo 282, apartado B fracción II, del Código Civil citado- que, por tanto, es impugnable a través del recurso de apelación, pues no constituye un decreto de mero trámite para darle continuidad al juicio, ya que determina provisionalmente la situación jurídica del menor en torno a su cuidado hasta que se resuelva en definitiva, conforme al artículo 79, fracción II, del referido código de procedimientos; máxime que dicho ordenamiento no hace distinción si esa medida provisional se dicta o no dentro de un incidente, pues basta que se trate de una determinación provisional para que sea recurrible." Luego, si el medio ordinario de defensa señalada admite la suspensión del acto, es inconcuso que la parte inconforme estaba obligada a agotarlo, previamente a la instauración del juicio de garantías, al tratarse de un recurso idóneo y eficaz en la ley que rige el acto reclamado. De ahí que, si bien en el juicio natural interviene un menor o se pudiera afectar su esfera jurídica, por sí solo no genera una excepción al principio de definitividad, pues este se refiere, fundamentalmente, al alcance de los recursos y no a la naturalizada de los actos reclamados. Por lo mismo, el interés superior del menor no constituye un obstáculo para confundir los elementos de uno y otro de los requisitos de procedencia del juicio de amparo. Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni la parte quejosa tiene el carácter de tercero extraño a juicio, como se establece en el inciso c) del citado numeral, puesto que es parte en el procedimiento de origen; ni el acto reclamado no se refiere a uno de los señalados en el inciso b) de la fracción en comento. Pero además, es preciso hacer hincapié que dentro expediente número 368/2022, donde se emitió el acuerdo que se reclama, como ya se dijo, la ahora peticionaria del amparo figura como parte demandada; por ende, tiene la obligación de vigilar su debida prosecución para estar en posibilidades de impugnar cualquier actuación o resolución que a su juicio se aparte de los lineamientos establecidos en la propia ley de la materia, haciendo uso de los medios ordinarios de defensa que tienen a su alcance para ello. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia número VI.2o.C. J/259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1654, Tomo: XXIII, Febrero de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." No obsta la circunstancia de que se considere que se está ante un acto de ejecución irreparable por encontrarse involucrado un menor de edad; pues ello no releva a la parte quejosa del deber de agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, tal como lo ha sostenido la Primera Sala del Máximo Tribunal, ya que de lo contrario implicaría restringir sin sustento legal alguno, la procedencia genérica prevista por el legislador. Así lo sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 113/2013, consultable en la página 350 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I. Décima Época, registro 2005039, del rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD.- El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis VI.1º.C.33 C (10ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a página 1517, Libro XXII, Tomo 2, julio de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "PENSIÓN ALIMENTICIA. CONTRA EL AUTO QUE LA FIJA DE MANERA PROVISIONAL, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, AL SER EFICAZ PARA CONTROVERTIR DICHO ACTO EN SEDE ORDINARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." Asimismo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." Sin que este pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de derechos fundamentales. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto a cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, que establece: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." De igual forma, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 525, registro 2002286, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Corolario a lo antes expuesto, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor; por tanto, lo conducente es desechar la demanda de garantías promovida por Amairany Miroslava Piña Santiago, de conformidad con el diverso 113, del mismo cuerpo de leyes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio del impetrante de garantías para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado, cerrado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte quejosa o a su autorizado, desde este momento se autoriza a cualesquiera de los actuarios adscritos a este juzgado para que dicha notificación sea practicada por medio de lista de acuerdos, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Julio César Rivera Sánchez, puesto que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, aparece que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. LEY DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES En otro orden, hágase del conocimiento a las partes que el presente expediente queda supeditado a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este asunto, se sujetarán a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y VII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación antes indicada, además de que dichos datos serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación general citada, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita los lineamientos sobre protección de datos a que se refiere el artículo Séptimo Transitorio de la ley general indicada. Consecuentemente, atento a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como el diverso numeral 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación y el de las Entidades Federativas, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público; asimismo, hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales. Además, se informa a las partes del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa implica la oposición a la publicación de sus datos. DIGITALIZACION Conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. Notifíquese personalmente a la promovente y cúmplase. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, secretario que actúa y da fe.
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