Amado Mendoza Ayala
Expediente 866/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 866/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 31/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Amado Mendoza Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de agosto de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se procede a dictar el siguiente acuerdo: LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. III. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos (Domingo Coria Delgado), para que dentro del término de veinte días, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. IV. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, al Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos (JORGE MORALES BARUD) y al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, Leandro Vique Salazar Y Regidores Nanci Alejandra Gutiérrez Hernández, Pablo Andrade Gordillo Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, Nelson Gerson Rodriguez Vazquez, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Juan Jaramillo Fricas, Roselia Uriostegui Bahena, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdin Pasaflores, Silvia Martínez Sotelo, Víctor Iván Saucedo Tapia, Dulce Maria Arias Ataide y Felipe Domínguez Alarcón), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos,, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
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V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 866/2015-III, promovido por AMADO MENDOZA AYALA, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el veintinueve de abril de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada en la misma fecha a éste Juzgado de Distrito AMADO MENDOZA AYALA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, y Director del Periódico Oficial 'Tierra y Libertad', todas del Estado de Morelos, con residencia en ésta ciudad, en su carácter de responsables ordenadoras, y como ejecutoras: Tesorero municipal, y Director General de Ingresos, ambos del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, y Notario Público Número Cinco de ésta ciudad. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. El treinta de abril del año en curso, se admitió la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional que dio inicio en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; que es el lugar donde se verificó el acto de aplicación de la ley que se reclama. SEGUNDO. Como lo prevé el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, además que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable por analogía la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, que precisa lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, es necesario fijar el acto o actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional son: 1. El contenido de los artículos 94 Bis a 94 Bis 12, y 119 a 123, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 2. El cobro de las cantidades erogada por concepto de pago por Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles y su adicional, cuya mecánica de cobro estima la parte quejosa se contiene en los preceptos que reclama, precisados en el numeral que antecede; lo anterior con motivo del contrato de compraventa, contenido en el instrumento notarial 35,059, otorgado ante la fe del Notario Público Número Cinco, con residencia en ésta ciudad. TERCERO. Son ciertos los actos que se reclaman al Congreso del Estado de Morelos, consistentes en la discusión, aprobación y expedición del contenido de los artículos 94 Bis a 94 Bis 12, y 119 a 123, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; toda vez que así lo manifestó por conducto del presidente de su mesa directiva al rendir informe con justificación. También son ciertos los actos reclamados del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, consistentes en la sanción, promulgación, refrendo y publicación, respectivamente, de las citadas normas impugnadas, pues se advierte que les atañen, en el ámbito de sus respectivas competencias, a dichas autoridades. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, que precisa lo siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". CUARTO. También es cierto el acto consistente en el cobro de la cantidad de $7,017.10 (siete mil diecisiete pesos 10/100 moneda nacional), por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que incluye el cobro de su adicional, que la quejosa estima en aplicación de los artículos 94 Bis a 94 Bis 12, y 119 a 123, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, reclamados al Tesorero municipal, y Director de Ingresos del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. Lo anterior, en virtud de que esto se acredita con la documental consistentes en el recibo de pago con número de folio 01028, de dos de diciembre de dos mil tres, expedido por la entonces Dirección de Contribuciones Inmobiliarias del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, a favor de la parte inconforme, en relación al contrato de compraventa, contenido en el instrumento notarial 35,059, a que alude el recibo en mención, elementos de prueba a los que se concede eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 130, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y que acredita la realización del pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, ello no obstante que las autoridades hacendarias municipales al rendir informe con justificación hayan negado su existencia, ya que las citadas documentales fueron remitidas en su oportunidad por el Encargado de Despacho de la Subdirección del Archivo General de Notarías del Estado de Morelos. Cantidad que se liquidó a razón de una tasa del dos por ciento, sobre $280,684.00 (doscientos ochenta mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que constituyó valor del inmueble materia de la operación celebrada, según avalúo que le fue practicado, siendo la cantidad de $5,613.68 (cinco mil seiscientos trece pesos 68/100 moneda nacional); por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, más veinticinco por ciento por concepto de adicionales, se obtiene la cantidad de $1,403.42 (un mil cuatrocientos tres pesos 42/100 moneda nacional), lo que hace un total de $7,017.10 (siete mil diecisiete pesos 10/100 moneda nacional); que aparecen en el recibo de pago expedido, relativo a la escritura pública en mención. Dichos cobros son acordes al sistema legal del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, e impuesto adicional, previstos en los artículos 94 Bis a 94 Bis 12, y 119 a 123, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, por lo que es innegable que existe el acto de aplicación de las normas impugnadas por la parte quejosa, lo que la posibilita para reclamarlas a través del presente juicio. QUINTO. Por ser las causales de improcedencia de orden público y estudio preferente, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar la que en la especie advierte se actualiza respecto del contenido de los artículos 94 bis a 94 bis 12 y 119 a 123, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, cuyo acto de aplicación se acreditó, y que se hace consistir en la prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo 107 y el diverso 217, todos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "... "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. ..." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. ..." (Lo resaltado es propio) Lo anterior por las consideraciones siguientes: El cinco de junio del año en curso el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, emitió la jurisprudencia de la siguiente literalidad: "IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN EN EL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS. SU CÁLCULO Y RETENCIÓN POR UN NOTARIO PÚBLICO CON MOTIVO DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA, CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, IMPUGNABLES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA RESPECTIVA. Conforme a la Ley de Amparo, los notarios públicos tienen el carácter de autoridad responsable en aquellos casos en que actúan por mandato de una ley frente a los particulares, provistos de una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de ésta, como ocurre con el cálculo y retención del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y de los derechos registrales, en tanto que así se advierte de los artículos 182, fracción VII, del Código Fiscal, 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal, ambos para el Estado de Morelos, de cuyo análisis se colige que dichos fedatarios tienen el carácter de auxiliares de la administración pública local en la recaudación de impuestos y derechos por la inscripción de documentos en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, cuando la operación se hace constar en escritura pública; casos en los que tienen obligación de calcularlos y enterarlos dentro de los quince días siguientes a aquel en que se protocolice el acto. Así, el cálculo y retención del importe a pagar por los citados conceptos, con motivo de la protocolización de un contrato de compraventa, constituyen actos de autoridad que afectan la esfera jurídica del adquirente, pues le imponen una carga económica, al aceptar los términos y consecuencias del acto jurídico que celebra, entre ellas, el pago de esas contribuciones, lo que acontece generalmente a la firma de la escritura, instante en el cual resiente la afectación a su esfera jurídica. En consecuencia, si aquellos actos de autoridad no se impugnan a partir de dicha firma por la persona a quien le causa un perjuicio en su patrimonio, adquieren firmeza, pues desde ese momento tiene conocimiento de su existencia, al erogar diversas cantidades por concepto de impuestos y derechos, independientemente de que carezcan de fundamento legal alguno que explique los cobros respectivos, circunstancia que, en todo caso, debió impugnarse por las vías legales conducentes, inclusive mediante el amparo -este último dentro del plazo genérico de quince días previsto en la ley de la materia-. Arribar a una conclusión diversa llevaría al absurdo de que todo acto de autoridad carente de fundamento pudiera impugnarse vía amparo sin restricción de tiempo, hasta en tanto el gobernado afirmara haber conocido las leyes que le fueron aplicadas, o que la fecha de su conocimiento aducida por el quejoso pudiera desvirtuar la firmeza que adquirió. En la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia que se invoca, la superioridad sostuvo que el cálculo o retención que realiza el notario público del importe a pagar por concepto del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos registrales, constituye un acto de autoridad que afecta la esfera jurídica del adquirente, en tanto que le impone una carga económica porque desde el momento en que el gobernado, en su carácter de adquirente, acepta los términos y consecuencias del acto jurídico que celebra, entre ellos el relativo al pago de las contribuciones que el mismo genera, es que se resiente la afectación a su esfera jurídica y desde entonces, afirma la superioridad, el gobernado está en condiciones de controvertirla. Continúo diciendo, que si dicho acto de autoridad no es impugnado oportunamente por el afectado a través de los medios legales conducentes, inclusive, vía amparo, entonces éste adquiere firmeza plena que ya no puede modificarse. Sobre el tema de autoridad responsable para efectos el juicio de amparo, ése cuerpo colegiado sostuvo en la ejecutoria que se atiende, lo siguiente: "En semejantes términos se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer las notas distintivas de la autoridad para efectos del juicio de amparo, en la jurisprudencia que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.-Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado."(4) (10) Sobre el tema, no pasa inadvertido a este tribunal, que conforme a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN).",(5) se considera que los notarios públicos no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; ello se estimó así para un caso específico, esto es, cuando actúan como simples fedatarios de los actos o hechos que para su protocolización les someten los particulares que continúan ante ellos extrajudicialmente el trámite de una sucesión; sin embargo, a consideración de este tribunal, conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, sí podían tener tal carácter en otros casos, como es aquellos en que actúan por mandato de una ley frente a los particulares provistos de una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad, tal como ocurre con el cálculo y retención del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y sobre derechos registrales, en tanto que así se desprende de los artículos 182, fracción VII, del Código Fiscal, 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal, ambos ordenamientos del Estado de Morelos,(6) de cuyo análisis integral se puede concluir que los notarios públicos tienen el carácter de auxiliares en la administración pública del Estado de Morelos, en la recaudación de impuestos y derechos por la inscripción de documentos en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado, cuando la operación se hace constar en escritura pública, casos en los que tienen obligación de calcularlos y enterarlos dentro de los quince días siguientes a aquel en que se protocolice el acto, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubieren pagado; de ahí que no actúan únicamente en su calidad de fedatarios públicos, por lo que tampoco resultan aplicables las diversas tesis aisladas de rubros: "NOTARIOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD." y "NOTARIOS, AMPARO CONTRA LOS.",(7) las cuales además, por ser criterios aislados, no resultan vinculantes para este órgano jurisdiccional." Bajo las anteriores consideraciones, dice la superioridad, el quejoso tiene conocimiento de la existencia del acto de autoridad que le causa perjuicio, cuando la operación se hace constar en escritura pública, en el momento en que el notario, con motivo de la protocolización, retiene al quejoso la cantidad correspondiente por concepto de la contribución reclamada; enseguida sostuvo: "(19) De ahí que, al tratarse de un acto de autoridad que le causaba perjuicio en su patrimonio y no contener, como el propio quejoso y recurrente lo reconoce, fundamento legal alguno que explicara los cobros respectivos, debió haberlo impugnado por las vías legales conducentes, inclusive con el juicio de amparo, este último dentro del término genérico de quince días previsto en la propia Ley de Amparo. (20) No obstante lo anterior, decidió permanecer en ese estado de desconocimiento, en su propio perjuicio, ya que promovió su demanda de garantías hasta el **********,(14) por lo que la conducta omisiva del propio quejoso ha tenido como consecuencia jurídica natural que el acto de autoridad mencionado adquiera firmeza plena, lo que implica que ya no pueda modificarse. (21) Ahora bien, la norma general impugnada por el recurrente, conjuntamente con el acto de aplicación, es de naturaleza heteroaplicativa, porque su afectación está condicionada a que exista un acto de aplicación en su perjuicio, contrariamente a lo que sucede con las leyes autoaplicativas, que son aquellas que por su sola entrada en vigor causan un perjuicio al gobernado, lo que se fundamenta en el siguiente criterio jurisprudencial: 'LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.-Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.'(15) (22) De esta guisa, se tiene que de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 17 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se obtiene la obligación de que, en tratándose de leyes heteroaplicativas, como en el caso ocurre, el amparo sólo puede ser promovido con motivo de un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, no pudiendo el Juez de Distrito desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. (23) Por lo que, si de conformidad con lo que el mismo recurrente manifiesta, el primer acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales se materializó con el acto de autoridad ya señalado, y éste quedó firme por falta de impugnación, resulta improcedente el análisis de las normas combatidas, en estricto acatamiento a la citada jurisprudencia, la que versa al tenor literal siguiente: 'LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.-Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada'.(16) (24) Arribar a diversa conclusión nos llevaría al absurdo de que todo acto de autoridad carente de fundamento pudiera impugnarse vía amparo sin restricción de tiempo hasta en tanto el gobernado afirmara haber conocido las leyes que le fueron aplicadas; o que la fecha de conocimiento del acto reclamado aducida por el quejoso, pudiera desvirtuar la firmeza que tiene el acto de autoridad que no se impugnó en tiempo. (25) Aceptar lo que pretende la parte quejosa implicaría avalar, sin justificación legal alguna, que el gobernado, cuando así le conviniera o lo considerara favorable a sus intereses, investigue cuáles son las normas que han sido declaradas inconstitucionales por jurisprudencia obligatoria, de entre aquellas que en algún momento le han sido aplicadas por un acto considerado como carente de fundamentación y motivación, e impugnarlas posteriormente sin restricción temporal alguna; lo que desde luego es lógica, moral y jurídicamente insostenible, en razón de que, como se ha venido diciendo, al existir un acto de autoridad lesivo a su patrimonio, desde que tuvo conocimiento del mismo (el pago que realizó por concepto de derechos y retención de impuestos), el afectado estaba en condiciones de controvertirlo y, al no haberlo hecho así, éste adquirió firmeza, sin que ahora pueda beneficiarse de la conducta desinteresada en que incurrió. (26) Sin que pasen desapercibidas para este órgano colegiado, las manifestaciones vertidas por el recurrente, mediante escrito presentado el **********, específicamente en la parte relativa a la vista ordenada en el diverso auto de diez de diciembre de dos mil catorce, porque como se ha señalado en líneas anteriores, es a partir de la fecha de la escritura en que el ahora recurrente tuvo conocimiento de la existencia de un acto que le causaba perjuicio y desde la firma de esa escritura estuvo en posibilidad de reclamarlo a través del medio de defensa correspondiente, y al no haberlo hecho así, adquirió firmeza el acto del que ahora se duele; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. (27) El criterio adoptado en esta ejecutoria no significa desatender las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN." y "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.";(17) lo anterior, en razón de que dichos criterios deben entenderse aplicables en aquellos casos en que el gobernado desconoce la existencia de un acto de autoridad lesivo a sus intereses jurídicos, y la causa que se aplicó para resolver el asunto fue la relativa a la extemporaneidad en la presentación de la demanda de amparo; situaciones, una y otra que, como se analizó hasta aquí, no ocurren en la especie." Por ello, si en la especie la parte quejosa manifiesta en el libelo de demanda, que con motivo del contrato de compraventa que celebró, contenido en la escritura pública 35,059, de siete de noviembre de dos mil tres, el notario público con base en las facultades legales que le asisten llevó a cabo el cálculo y retención por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, generados por éste motivo, lo que además se corrobora además con los recibos de pago por concepto de las contribuciones reclamadas, a que se ha hecho mención, que obra a foja 101 del expediente, en el que se hizo mención a la escritura pública 35,059, en la que en el apartado de impuestos, se hizo constar lo siguiente: "B).- IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES.- LA PARTE COMPRADORA, ENTERA EN EL ACTO DE FIRMA DE LA PRESENTE ESCRITURA LA CANTIDAD DE SIETE MIL DIECISIETE PESOS DIEZ CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, que resulta de aplicar el DOS POR CIENTO más el VEINTICINCO POR CIENTO de adicionales del valor de la operación." En la Cláusula Sexta del contrato de compraventa, se hizo constar lo siguiente: "SEXTA.- IMPUESTOS.- 'LA PARTE COMPRADORA' acepta cubrir a la autoridad administrativa correspondiente, en un plazo no mayor de tres días hábiles, contados a partir de que reciba la notificación correspondiente, las posibles diferencias que por concepto del pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, genere la presente operación, una vez que la propia autoridad efectúe el cálculo de dicha carga fiscal." En el numeral III, el notario dio fe de lo siguiente: "III.- De que habiéndoles leído en voz alta la presente escritura y explicado su valor y fuerza legal, me manifestaron su conformidad con la misma, firmando el día de su otorgamiento." De lo que se advierte que fue a partir de la firma de la escritura pública en que se contiene el contrato de compraventa que celebró la parte quejosa como comparadora, que la aquí inconforme resintió perjuicio en su patrimonio con motivo de la retención efectuada por el notario público, de las cantidades por concepto de impuestos que generó, ello con independencia de que dicho acto pudiera haber adolecido de fundamento alguno que explique los cobros respectivos, y que en todo caso debió impugnarse por las vías legales conducentes, incluso mediante el juicio de amparo (esto último dentro del plazo genérico de quince días previsto en la ley de la materia, como se afirma en propia ejecutoria que en la presente resolución se observa, cuya parte considerativa ha quedado transcrita), por lo que al no hacerlo así, dicho acto de autoridad desplegado adquirió firmeza al no haber sido controvertido, lo que implica que ya no pueda modificarse, de ahí que resulte irrelevante que la parte quejosa aduzca que tuvo conocimiento de la aplicación de los preceptos cuya inconstitucionalidad reclama hasta el once de abril del año en curso. En razón de lo anterior, al reclamarse las normas impugnadas como heteroaplicativas, esto es, con motivo de su primer acto de aplicación, no pude desvincularse su estudio del que concierne a su acto de aplicación, actualizándose con ello la causa de improcedencia que se invoca, al resultar improcedente por esa razón el análisis de las normas combatidas, y atento a las consideraciones expresadas en la ejecutoria citada al inicio del presente considerando, de observancia obligatoria para ésta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 217 párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Así al actualizarse la causa de improcedencia que se invoca, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio. No es inadvertido para este juzgador que algunas de las autoridades responsables invocan la actualización de diversas causas de improcedencia, sin embargo su estudio es innecesario ya que de prosperar alguna en nada variaría el sentido de la resolución que se pronuncia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, consultable en la página 141 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de garantías promovido por AMADO MENDOZA AYALA, respecto del contenido de los artículos 94 Bis a 94 Bis 12, y 119 a 123, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que se reclamaron a las autoridades, Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno, y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Gobierno del Estado de Morelos, con residencia en ésta ciudad; así como respecto de los actos de aplicación de dichas normas atribuidos respectivamente al Tesorero y Director General de Ingresos, ambos del municipio de Temixco, Morelos, y Notario Público Número Cinco de ésta ciudad. Notifíquese y personalmente. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entro en vigor el uno de noviembre del dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos. Así lo resolvió y firma el licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince; hasta hoy treinta y uno de julio de dos mil quince, en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el secretario licenciado Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de julio de dos mil quince. Agréguese el oficio signado la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, exhibe copia certificada del cheque 0049817, fechado el tres de julio de dos mil quince, por la cantidad de $9,252.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.); el que se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Con el oficio de cuenta, y constancias anexas, dése vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de TRES DÍAS, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Finalmente, en obvio de mayores dilaciones, requiérase al impetrante de garantías para que dentro del término de tres días que serán computadas legalmente, informe a este Juzgado, si recibió los citados cheques; en el entendido que de no hacerlo así dentro del término señalado, éste Juzgado, procederá a resolver sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. Jfcc
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veinticuatro de junio del dos mil quince, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de junio de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que se dio vista a la parte quejosa con las constancias que al efecto allegó la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificada, no desahogó la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el veintinueve de octubre de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a EUNICE GUZMÁN SALVADOR, para el efecto siguiente: ".Consecuentemente, es procedente declarar la inconstitucionalidad de los artículo 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; así como su acto de aplicación, según recibo 686760 expedido por la Tesorería Municipal de Cuernavaca. En atención a lo razonado, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a María Margarita Rivera Paz para los efectos siguientes: No se le apliquen a la parte quejosa los artículos 94 Bis a 94 Bis 12 y 119 a 125 de a Ley General de Hacienda Municipal Se devuelvan a la impetrante, con su actualización, las cantidades que ampara el recibo de pago folio 686760, expedido por la Tesorería Municipal de Cuernavaca..." Por auto dictado el dieciséis de diciembre de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por oficio acordado el seis de abril de dos mil quince, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del título de crédito 0000166, el cual fue entregado a la parte quejosa el veintisiete de marzo del año en curso, debidamente actualizado por la cantidad que hace un total de $42,200.00 (cuarenta y dos mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de reintegro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Documental que fue expedida por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.
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