Amadeo Ricardo Bahena Peña
Expediente 305/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 305/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Amadeo Ricardo Bahena Peña
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 305/2021-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, a la parte tercera interesada CARLOS DELLA VALLE "N", por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la resolución de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular autorizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y comunicada mediante oficio CCJ/ST/2059/2021 de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 305/2021-I-B, promovido por AMADEO RICARDO BAHENA PEÑA, por conducto de su apoderado legal Jorge Antonio Maya Ortiz; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada en línea el seis de abril de dos mi veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos turnada y recibida al día siguiente, en este órgano jurisdiccional, AMADEO RICARDO BAHENA PEÑA, por conducto de su apoderado legal Jorge Antonio Maya Ortiz, solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito a dicha Junta. SEGUNDO. Trámite. Por auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación y a la parte tercera interesada, por lo que se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede y; CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito a dicha Junta, de notificar a la parte demandada los acuerdos de uno de junio y diecisiete de agosto, ambos, de dos mil veinte y veintiséis de enero de dos mil veintiuno en el juicio laboral 01/864/19-I. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No existe el acto reclamado a las autoridades responsables Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario de su adscripción de notificar a la parte demandada, el auto de diecisiete de agosto de dos mil veinte, por el que se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral 01/864/19; no obstante lo manifestado al momento de rendir el informe justificado, donde refirió que era cierto tal acto. Ello es así, ya que tal inexistencia se confirma con la documental que exhibió en copia certificada relativa a la constancia de notificación practicada a las doce horas con cincuenta minutos del ocho de octubre de dos mil veinte, a través de la cual el Actuario de la Junta responsable notificó a los demandados el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veinte dictado dentro del juicio laboral de origen 01/864/19; la cual amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se advierte que en el expediente laboral que nos ocupa al momento de la presentación de la demanda de amparo (seis de abril de dos mil veintiuno) la responsable a través del Actuario, ya había practicado la notificación cuya omisión se reclamó a través del presente juicio. Bajo ese contexto, el acto combatido es inexistente, porque a la fecha de presentación de la demanda de amparo no existía ya la citada omisión. Atendiendo a que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en aplicación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que dan origen a la queja. La aludida regla general se funda en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Octava Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA.". Consecuentemente, al no demostrarse la existencia del referido acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo CUARTO.- Son ciertos los actos reclamados consistentes en la omisión de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito a dicha Junta, de notificar a la parte demandada los acuerdos de uno de junio de dos mil veinte y veintiséis de enero de dos mil veintiuno en el juicio laboral 01/864/19-I, toda vez que así lo aceptó al rendir el informe justificado. Lo que se encuentra corroborado con las copias certificadas que remitió la Junta responsable del referido juicio laboral a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte la existencia del acto que reclama la parte quejosa. QUINTO.- Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser éstas una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. De oficio se advierte respecto de la omisión de notificar a la parte demandada el acuerdo de uno de junio de dos mil veinte en el juicio laboral 01/864/19-I se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo porque la demanda de amparo fue presentada fuera del plazo de quince días que señala el penúltimo de los preceptos citados. Las disposiciones legales invocadas son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Las disposiciones citadas establecen la improcedencia del juicio de amparo contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Ahora bien, en el caso concreto, el plazo para promover el juicio de amparo es de quince días dado que como se expondrá más adelante no se actualizan las excepciones que previstas en las fracciones I a IV del citado artículo 17 de la Ley de Amparo. Se estima oportuno establecer que el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece cuatro distintas hipótesis a partir de las cuales se computa el plazo de quince días: 1.- Del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2.- Aquél en que haya tenido conocimiento. 3.- Desde que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 4.- A partir del día de su entrada en vigor cuando se reclame una norma general autoaplicativa. Tiene aplicación por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, de la Novena Época, con número de registro 165582, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Materia Común, página 1931 del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En el caso concreto, para determinar el momento en que comenzó a transcurrir el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, resulta aplicable la segunda de las hipótesis citadas por lo siguiente. De las copias certificadas del juicio laboral 01/864/19-I se advierte que por acuerdo de uno de junio de dos mil veinte, la Junta responsable regularizó el procedimiento y señaló las once horas del diecisiete de agosto de dos mil veinte, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En la fecha indicada, el secretario de acuerdos de la Junta responsable hizo constar que compareció a la audiencia Jorge Antonio Maya Ortiz apoderado legal de la parte actora y que no compareció la parte demandada en virtud de que no fue debidamente notificada. Por tanto, es evidente que desde esa fecha (diecisiete de agosto de dos mil veinte), la parte actora, aquí quejosa, por conducto de su apoderado legal tuvo conocimiento de que la demandada en el juicio natural no fue notificada del acuerdo de uno de junio de dos mil veinte, ya que asistió a la audiencia en la que se hicieron constar las relatadas circunstancias. En ese orden de ideas el plazo de quince días para promover el juicio de amparo comenzó a transcurrir a partir del dieciocho de agosto y feneció el siete de septiembre de dos mil veinte descontando los días inhábiles, siendo que la demanda de amparo fue presentada el día seis de abril de dos mil veintiuno, resultando evidente que la promoción de la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea al plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo; de ahí que debe calificarse de consentido tácitamente el acto reclamado. Sin que se actualice alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no reclama una norma general autoaplicativa, ni un procedimiento de extradición, tampoco impugna una sentencia definitiva condenatoria que imponga pena de prisión, ni reclama contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, tampoco un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Consecuentemente, al haber presentado de manera extemporánea la demanda se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de la omisión de notificar a la parte demandada el acuerdo de uno de junio de dos mil veinte en el juicio laboral 01/864/19-I. Asimismo, en cuanto a la omisión de notificar a la parte demandada el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral 01/864/19-I se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado, como se expondrá en los siguientes párrafos. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." En efecto, de las constancias remitidas por la Junta responsable, se advierten las razones de notificación levantadas por el Actuario responsable el catorce y diecinueve de abril de dos mil veintiuno, a través de las cuales hizo constar la notificación a los demandados del acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno. A las relatadas constancias se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de copias certificadas de documentos públicos. En estas condiciones, es claro que las autoridades responsables, hicieron que cesaran los efectos de la omisión de notificar el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, toda vez que los días el catorce y diecinueve de abril de dos mil veintiuno, el Actuario responsable practicó las notificaciones a los demandados respecto del referido acuerdo. Por tanto, es claro que se destruyeron todos los efectos del acto combatido en forma total e incondicional y por consecuencia se actualiza la causal de improcedencia analizada debido que, como se precisó, los efectos de la omisión reclamada cesaron al hacerse practicado las notificaciones a los demandados, actualizándose la hipótesis normativa del precepto 61 fracción XXI de la ley de la materia, y por tal motivo es procedente que se sobresea en el juicio en que se actúa, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así ya que al reclamar la omisión de notificar a los demandados el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera, y, por ende, una eventual concesión de amparo tendría por efecto que las autoridades responsables restituyeran en sus derechos violados a la parte quejosa y, para ello, se les impondría la obligación de notificar el referido acuerdo. Condiciones que en el particular se satisfacen con las diligencias de notificación de catorce y diecinueve de abril de dos mil veintiuno; por tanto, se restituyó la garantía constitucional que inicialmente fue violada y, por ende, no habría materia para resolver de fondo el asunto. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, página 38 del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998 Página: 210 del rubro y texto siguientes "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". No obsta a la determinación anterior, la falta de emplazamiento de los terceros interesados en el presente juicio de amparo, toda vez que esta sentencia no les finca obligación alguna, ni obliga a la autoridad responsable a hacerlo. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR AMADEO RICARDO BAHENA PEÑA, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos indicados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular autorizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y comunicada mediante oficio CCJ/ST/2059/2021 de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, asistida del Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, hasta hoy dieciséis de julio de dos mil veintiuno en que así lo permitieron las labores de este Juzgado.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Se tienen por recibidos los escritos remitidos por la parte quejosa mediante los cuales insiste se emplace a la parte tercero interesada 1. Imprenta JR S.A. de C.V. y 2. José Luis Della Valle Guzmán en el domicilio calle 20 de Noviembre, sin número, esquina calle 14 de Febrero, colonia Otilio Montaño, Jiutepec, Morelos; los que se ordenan agregar a los autos para que obren como legamente correspondan y surtan los efectos legales conducentes. Atento a lo solicitado, no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que como se advierte de actuaciones por auto de ocho de abril del año en curso, se ordenó emplazar en dicho lugar y no fue posible realizarlo, como se advierte de las razones de treinta de abril de dos mil veintiuno, practicadas por el Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos. En mérito de lo anterior, dada la naturaleza del acto reclamado en el presente asunto, se reserva a proveer lo conducente en el momento procesal oportuno respecto del emplazamiento de los mencionados terceros interesados. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
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