Amado Federico Soriano Ávila
Expediente 1011/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1011/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Amado Federico Soriano Ávila
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; siete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente de cuenta, mediante el cual el Secretario de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el conflicto competencial el cual quedó registrado bajo el progresivo 49/2022, de lo que queda enterado este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual informa que no acepta la competencia declinada a su favor mediante auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós y devuelve el juicio de amparo en que se actúa promovido por Amado Federico Soriano Ávila, por su propio derecho, contra actos del Titular de la Unidad de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México y otra autoridad; exponiendo las razones por la cual estima no le resulta la competencia para conocer del asunto; acúsese recibo vía electrónica. Ahora bien, el Juzgado remitente, para no aceptar la competencia planteada basa su argumento, en que los actos reclamados en el presente juicio se hacen consistir en la dilación, omisión procesal para la emisión de la resolución correspondiente al recurso de queja, promovido por el hoy quejoso, mismo que fue registrada con el número de expediente 2022/JFCA/DE365, la cual argumenta que no tiene ejecución en concreto, pues por virtud de ella, ninguna persona o autoridad está obligada a realizar acto material o jurídico alguno. Además sostiene que no pasa desapercibida la jurisprudencia número 1a./J. 24/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empero no es aplicable al presente asunto, ya que se refiere a un caso peculiar, lo cual es la omisión de dictar sentencia en un juicio penal, sobre la cual la Corte dijo que existen actos materiales que impactan sobre una persona privada de su libertad, lo cual no ocurre en el caso del recurso de queja. No obstante, contrario a lo acordado por el Juez Federal requerido, este Juzgador insiste en que la competencia para conocer del asunto se surte a su favor, reiterando las consideraciones vertidas en el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, pues se estima que la omisión de dictar la resolución correspondiente con la cual se resuelva la queja radicada con el número de expediente 2022/JFCA/DE365, que en este juicio se reclama, sí tiene ejecución material. Además, si bien la jurisprudencia que este juzgador invoco por analogía, número 1a./J. 24/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en del Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1873 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia Penal, de rubro: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL), en efecto aborda la omisión de dictar una sentencia en un juicio penal, contrario a lo que argumenta el órgano requerido, la Primera Sala del Máximo Tribunal no motiva o justifica el criterio referido únicamente en que existen actos materiales que impactan sobre una persona privada de su libertad. Es decir, lo que para el caso interesa es que se determinó que no dictar sentencia en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, no porque se trate de una persona privada de su libertad, sino porque con la omisión de la autoridad jurisdiccional de dictar sentencia en breve plazo, se vulnera el derecho de acceso a la justica de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Esto es, el omitir dictar sentencia, es tanto como si la autoridad emitiera un acto que vulnerara los derechos señalados. Razón por la cual, la Primera Sala señaló que, no puede afirmarse que la omisión de dictar sentencia es una decisión meramente declarativa que no tiene efecto alguno o que no conlleve consecuencia alguna. Por el contrario, con la omisión se genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado. Si ello no fuera así, la restitución del derecho a través de la concesión del amparo cuando se reclame la omisión de dictar sentencia no involucraría un "hacer", que es dictar sentencia lo más pronto posible. De ahí, queda de manifiesto que en el caso concreto sí existe una ejecución material pues ello precisamente se materializara con el dictado de la resolución, lo cual acontecerá en el domicilio de la autoridad responsable. Máxime que se observa que el derecho vulnerado es el acceso a la justicia pronta y expedita, el cual también es sujeto de observancia en materias distintas de la penal, por lo que el razonamiento vertido por la Primera Sala sirve de apoyo por analogía para supuestos en materia administrativa como el caso concreto. Para mayor claridad (al margen de que se insertó en el anterior proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós), nuevamente se invoca el contenido de la ejecutoria de la jurisprudencia en cita, que en la parte que interesa lo siguiente: "58. Las disposiciones citadas permiten establecer que las autoridades jurisdiccionales en materia penal tienen la obligación constitucional, convencional y legal de dictar sentencia en un plazo razonable. Por lo anterior, la no emisión de sentencia en un proceso del orden penal efectivamente tiene naturaleza jurídica de omisión, pues no se cumple con una obligación determinada. 59. Ahora, esta obligación se constituye, a su vez, como una garantía procesal en la medida que con ello se tutelan los derechos de acceso efectivo a la justicia, de manera pronta y expedita, previsto en el numeral 17 constitucional. Por lo que al tenor del derecho de acceso a la justicia, se busca que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable, pues una demora prolongada puede llevar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales.(18) 60. Con base en lo anterior, tenemos que la omisión de dictar sentencia en el proceso penal si bien es un acto omisivo, lo cierto es que trae aparejada una ejecución material. Ello en la medida que, con la omisión del Juez de dictar sentencia en breve plazo, se vulnera el derecho de acceso a la justica de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Esto es, el omitir dictar sentencia, es tanto como si la autoridad emitiera un acto que vulnerara los derechos señalados. 61. Razón por la cual no puede afirmarse que la omisión de dictar sentencia es una decisión meramente declarativa que no tiene efecto alguno o que no conlleve consecuencia alguna. Por el contrario, con la omisión se genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado. Si ello no fuera así, la restitución del derecho a través de la concesión del amparo cuando se reclame la omisión de dictar sentencia en el proceso penal no involucraría un "hacer", que es dictar sentencia lo más pronto posible. 62. De esta manera llegamos a la conclusión de que la omisión de dictar sentencia en el proceso penal, si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo. De ahí que nos encontramos ante un acto omisivo con efectos positivos." Lo resaltado es propio. Por tanto, con el objeto de que se resuelva lo procedente respecto al conflicto competencial suscitado, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, en turno, con sede en esta ciudad, a efecto de que determine lo conducente, y en su caso, resuelva a qué órgano jurisdiccional compete el conocimiento del presente asunto. Notifíquese.
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