Amada Molina Agama

Expediente 563/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
563/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
01/08/2017

Partes del expediente

  • Amada Molina Agama

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; uno de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA CUATRO D EJULIO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...: Acapulco, Guerrero; cuatro de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado; asimismo, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de la citada autoridad, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional. Ahora bien de las constancias anexadas por la autoridad responsable, documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación, se advierte que mediante resolución de treinta y uno de marzo pasado, dictada en el toca penal X-800/2015, se confirmó el auto que niega la orden de aprehensión de diecinueve de agosto de dos mil quince, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, dentro de la causa penal 89/2015-I, a favor de la quejosa Amada Molina Agama por el delito de fraude procesal, falsificación y uso indebido de documentos, en agravio de Ricardo Estrada Guerrero. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas que acarrea la emisión de las constancias que la autoridad responsable antes citada remitió. Ahora bien, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión, girada en su contra por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Al respecto procede el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. De conformidad con este precepto se pueden presentar dos hipótesis: a) Que durante el curso del juicio, con las constancias de autos, se pruebe que el acto reclamado no existe. b) Que una vez desahogadas las pruebas en la audiencia constitucional, no se demuestre la existencia de los actos. En ambos supuestos la consecuencia es el sobreseimiento, solo que en el primero se puede decretar durante el curso del juicio (al "aparecer" prueba de la inexistencia), mientras que en el segundo la resolución se emite como etapa culminatoria de la audiencia constitucional. En el caso, de las constancias citadas al inicio de este acuerdo se observa que el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, en el toca penal X-800/2015, confirmó el auto de diecinueve de agosto de dos mil quince emitido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, dentro de la causa penal 89/2015-I, que negó la orden de aprehensión en contra de la quejosa Amada Molina Agama, por el delito de fraude procesal, falsificación y uso indebido de documentos, mientras que la demanda de amparo se presentó el catorce de junio de la presente anualidad; por tanto, resulta evidente que al momento de la presentación de la demanda, el acto reclamado era inexistente, circunstancia que impide su análisis; lo cual se puede determinar con base en los elementos ya precisados, y aun cuando se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto. Por tanto, al quedar demostrado que no existe el acto reclamado, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución que se atribuye a las autoridades señaladas con el carácter de ejecutoras en razón de que no les fueron reclamados por vicios propios, sino como consecuencia del mandato de captura; sin que obste a lo anterior, que no se cuente con el informe justificado, ni acuse de recibo del oficio por medio del cual se le requirió al Coordinador General de la Policía Ministerial, con sede en Chilpancingo, Guerrero, dado el carácter de ejecutora con el que fue señalada. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. ...", LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  3. Incidental

    Vistos los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 563/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. La quejosa Amada Molina Gama, por su propio derecho, solicitó la suspensión definitiva de los actos y autoridades (en su correcta denominación), que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: 1). Segunda Sala Penal del Distrito Judicial de Tabares. EJECUTORAS: 2). Coordinador Regional de la Policía Ministerial adscrito a la Primera Agencia Investigadora del Ministerio Público. 3). Coordinador Regional de la Policía Ministerial adscrito a Barrios Históricos. Con sede en esta ciudad. 3). Coordinador General de la Policía Ministerial. Con sede en Chilpancingo, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: La orden de aprehensión, presentación, detención y arraigo, así como su cumplimiento. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión; se proveyó lo procedente respecto de la suspensión provisional; se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. La autoridad responsable señalada con el carácter de ordenadora Segunda Sala Penal del Distrito Judicial de Tabares, así como las autoridades ejecutoras, todas con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe previo negaron la existencia del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, presentación, detención y arraigo, que se les atribuyen; tan es así que de las manifestaciones que formula la autoridad ordenadora se advierte que en autos del toca penal X-800/2015, mediante resolución de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, confirmó el auto que niega la orden de aprehensión, de diecinueve de agosto de dos mil quince, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en la causa penal 89/2015-I, a favor de la aquí quejosa Amada Molina Agama; por tanto, tomando en consideración que en el sumario no obra medio de convicción alguno del que se advierta lo contrario, pues el incidentista no aportó prueba tendente a acreditar la existencia de los mismos, con apoyo en el artículo 128 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se niega la suspensión definitiva solicitada por no existir materia sobre cual decretarla. Determinación que se hace extensiva a la autoridad responsable Coordinador General de la Policía Ministerial, residente en Chilpancingo, Guerrero, de la que no se cuenta con su informe previo, pues dada la calidad de ejecutora con que fue designada, al haber negado la autoridad responsable ordenadora la orden impugnada, sin prueba en contrario, es evidente que ésta no podría llevar a cabo la ejecución de un acto inexistente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 128, 138, 140 y 144, de la Ley de Amparo, se resuelve: UNICO. Se niega la suspensión definitiva en términos de lo expuesto en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; quince de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Amada Molina Agama, por su propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 563/2017, y fórmese expediente. ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. Con apoyo en el artículo 128, último párrafo, de la Ley de Amparo, tramítese por separado y por duplicado el incidente de suspensión. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. INFORMES JUSTIFICADOS Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación, en el cual expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirán copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberán informar sí con anterioridad la parte quejosa promovió algún juicio relacionado con los actos aquí reclamados, y en caso afirmativo remitirán las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Asimismo, se informa a las autoridades responsables que las notificaciones se les practicarán por lista, salvo las que por su trascendencia se les deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTOS Igualmente, se les informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerles una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rindan su informe justificado, o lo hagan sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento de la parte quejosa, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. Asimismo, con apoyo en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables; se apercibe a la parte quejosa que si éstas no existen con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda; y con fundamento en el artículo 28, fracción II, de la ley de aplicación, notifíquese por medio de oficio que al efecto se gire al Agente del Ministerio Público adscrito a la Segunda Sala Penal, la presentación de la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio procesal de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Andador Rubí lote 4, manzana 273, sector 2, colonia Renacimiento, en esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Zenaida Leticia Ocotl Pérez y Marco Polo Fuentes Borja, cuya cédula profesional respectiva se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese.

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