Amado Armenta Galvez
Expediente 727/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 727/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Amado Armenta Galvez
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, ocho de diciembre de dos mil veintidós.********************Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes.********************En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido.********************Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente.********************Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria.********************En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenara la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda presentado por ********************, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Séptimo Distrito, con sede en Guasave, Sinaloa, y otra autoridad; fórmese expediente con el número ********************/2022-2, y respecto del escrito de demanda se provee: Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.". Del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso señala como autoridades responsables al Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Séptimo de Distrito con sede en Guasave, Sinaloa, y al Tribunal Superior Agrario con sede en la Ciudad de México, de quienes de manera esencial reclama la negativa de proporcionarle o prestarle el expediente 127/2018, el día dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, después de las catorce horas, pues fue informado por personal que se encontraba dentro de las oficinas del tribunal, que se encontraba cerrado a partir de las catorce horas; asimismo, reclama la aprobación y aplicación del artículo tercero del reglamento interior de los Tribunales Agrarios. En la especie, este juzgador advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;.". De la transcripción, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados se han consumado de modo irreparable. Ahora, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y.". Así, la interpretación armónica de ambos preceptos lleva a concluir que, por actos consumados de modo irreparable, deben entenderse aquellos que han producido todos sus efectos de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de los derechos humanos violados, lo que hace improcedente el juicio de amparo, dado que en caso de que se otorgue la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Tratándose de actos de carácter positivo, el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven; de esa forma, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, en relación con el numeral 77 del propio cuerpo normativo, permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de los derechos humanos violados. De esta manera, si el acto reclamado se encuentra consumado de modo irreparable en virtud de que se han producido todos sus efectos, no es posible restituir al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, y el juicio de amparo que se promueva en su contra será improcedente pues la sentencia amparadora que en su caso llegara a dictarse, carecería de efectos prácticos. En el caso, la parte quejosa reclama de manera concreta que el tribunal agrario en Guasave, Sinaloa, cierre a las catorce horas, cuando el artículo 193 de la Ley Agraria establece que el despacho de dicho órgano de justicia debe estar disponible para los negocios (asuntos) que se presenten durante el curso del día hasta por lo menos las diecisiete horas; asimismo, reclama la negativa a proporcionarle o prestarle el expediente agrario número 127/2018, hechos que dice sucedieron el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós -en su demanda en el capítulo correspondiente- refiriendo que ello ocurrió cuando pasado de las catorce horas de ese día acudió a las instalaciones de tal tribunal agrario, donde personal que se encontraba dentro de las oficinas le informó que estaba cerrado a partir de las catorce horas por lo que no podía prestarle el citado expediente. Ahora, de los citados antecedentes que se proporcionan bajo protesta de decir verdad, se colige que las violaciones reclamadas deben considerarse consumadas de un modo irreparable. En efecto, lo anterior es así, dado que si de la demanda de amparo se aprecia que el quejoso se duele que pasadas las catorce horas del dieciocho de noviembre del presente año, se encontraba cerrado el tribunal agrario en Guasave, Sinaloa, y que el personal de seguridad de dicho órgano de justicia no le proporcionó materialmente el expediente que iba a consultar, luego, tal reclamo debe considerarse consumado irreparablemente, puesto que el cierre de las oficinas del tribunal que, dice, se dio a partir de las catorce horas de ese día y, que al haber llegado pasadas tales horas, no le prestaron el expediente para su consulta, resultan ser actos respecto de los cuales el impetrante no podría ser restituido en la violaciones alegadas, pues no se pueden retrotraer en el tiempo para poder reparar los derechos que dice fueron vulnerados, dado que, se insiste, resulta materialmente imposible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de las violaciones reclamadas y restituirlo en sus derechos, pues se agotaron o consumaron en el tiempo junto con tales actos de autoridad combatidos. En las apuntadas condiciones, al actualizarse en la especie, de forma notoria e indudable la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por ********************. Improcedencia del juicio de amparo que se hace extensivo por el acto reclamado que se hace consistir en la aprobación y aplicación del artículo tercero del reglamento interior de los Tribunales Agrarios, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento. Es aplicable la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 235 del Tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2000, Materia Constitucional, Novena Época, Registro digital 191311, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.". Y, la tesis de Jurisprudencia número 221, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 210 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, Parte SCJN, Apéndice 1995, Materia Constitucional, Séptima Época, Registro digital 389674, que establece: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación.". Con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley actual de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgazdo y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Vinisio Amaya Calvo y únicamente para imponerse de autos a Rogelio Barradas Amaya, en razón de que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito.
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