Amado Armenta Galvez
Expediente 58/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 47 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 58/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 47
- Última actuación
- 04/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Amado Armenta Galvez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 47.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, contra el proveído de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el cual se declaró cumplido el fallo protector; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, acorde a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, este expediente es susceptible de depuración, dado que por resolución de treinta de junio de dos mil veintidós, por un lado se sobreseyó y por otro se negó la protección constitucional, luego, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito revocó y le concedió el amparo y protección al quejoso ********************; por tanto, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo, la resolución interlocutoria, así como diversas determinaciones que se consideren necesarias y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; en el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a su depuración y solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia de este asunto a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio TUA-DTO27-UAJ-3326/2022 de cuenta, suscrito por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa, por medio del cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda en razón de que el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se acordó lo correspondiente. Por otra parte, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que resulta oportuno hacer la calificativa acerca de si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo emitida en este juicio. En primer lugar debe indicarse que el quejoso **************, en esta vía constitucional, reclamó: "IV. ACTOS RECLAMADOS: a). Acuerdo de fecha 29 de octubre del año 2019 dictado en el expediente relativo al juicio agrario 127/2018 a través del cual la responsable: Modificó la situación de hecho existente en contra sentido a lo dispuesto por los artículos 384 y 386 del Código Federal de Procedimientos Civiles indebidamente aplicado de manera supletoria a la Ley Agraria, en virtud de que en dicho acuerdo se determinó prohibirme poseer, usar y disfrutar una superficie de tierra de mi propiedad (8-12-38.24 hectáreas y que a decir de la propia responsable corresponden a las parcelas 165 Z1 P5/11, 166 Z1 5/11 y 167 Z1 5/11, además de haber ordenado al Registro Público de la propiedad y del comercio de Guasave, Sinaloa se abstenga de inscribir cualquier acto jurídico relacionado con mi propiedad amparada con la escritura pública 21,132 de fecha 16 de octubre del año 2014; lo que en consecuencia se traduce en una privación del derecho para poder disponer de dicho inmueble de mi propiedad. b). Constituye acto redamado el hecho de que el Tribunal Unitario Agrario responsable mediante el citado acuerdo de fecha 29 de octubre del año 2019 la indebida fundamentación y motivación ya que los artículos 384 y 386 del Código Federal de Procedimientos Civiles no son aplicables al caso que nos ocupa pues claramente se advierte que dichos preceptos en ninguna de sus partes establece que la autoridad puede ordenar y prohibir o abstenerse de poder gozar un derecho traducido en un acto privativo como indebidamente lo hizo la responsable. "ARTICULO 384. Antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. Estas medidas se decretarán sin audiencia de la contraparte, y no admitirán recurso alguno. La resolución que niegue la medida es apelable. ARTICULO 386. Cuando la mantención de los hechos en el estado que guarden entrañe la suspensión de una obra, de la ejecución de un acto o de la celebración de un contrato, la demanda debe ser propuesta por la parte que solicitó la medida, dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la fecha en que se haya ordenado la suspensión." c). Asimismo, es acto redamado el hecho de que la responsable haya dictado el acuerdo 29 de octubre del año 2019 estando el juicio agrario 127/2018 en un estado de interrupción (por fallecimiento de una de las partes) pues el multicitado acuerdo que constituye el acto redamado se dictó sin que en dicho juicio agrario existiera alguna urgencia o aseguramiento de alguna cosa como lo dispone el artículo siguiente: "ARTICULO 368.- Con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento, todo acto procesal verificado durante la suspensión es ineficaz, sin que sea necesario pedir ni declarar su nulidad. Los actos ejecutados ante tribunal diverso del que conozca del negocio, sólo son ineficaces si la suspensión es debida a imposibilidad de las partes para cuidar de sus intereses en el litigio. El tiempo de la suspensión no se computa en ningún término." Lo anterior, indefectiblemente contraria la indebida fundamentación y motivadón que requiere todo acto de autoridad. d). Por último, también se redama el hecho de que la autoridad hubiere dictado el acuerdo de marras a petición de los hoy terceros interesados sin que tengan legitimación jurídica alguna ya que en el expediente 127/2018 no son parte actora ni demandada, solo son terceros que se incorporaron al juicio agrario de referencia aduciéndose como "terceros con interés"." De lo anterior, se aprecia que el reclamo del quejoso se relaciona con: EI acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio agrario 127/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Séptimo de Distrito, con sede en Guasave, Sinaloa; y; Las consecuencias del acuerdo reclamado, consistentes en que modificó la situación de hecho existente a favor del quejoso al prohibírsele poseer, usar y disfrutar de una superficie de tierra de su propiedad amparada con escritura pública 21,132 de dieciséis de octubre de dos mil catorce. Cabe señalar que los actores en el juicio agrario 127/2018 de origen le demandan al aquí quejoso -en ese juicio- la restitución de diversas porciones de la superficie de tierra que refiere (8-12-38.24 hectáreas) incluida en una superficie mayor; y que de la demanda de amparo y su aclaración se aprecia que su reclamo -del quejoso- se relaciona con la medida cautelar ordenada por el Tribunal Agrario en ese juicio de origen, tendente a impedir que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad, cualquier acto traslativo de la propiedad o uso de la superficie de tierra materia de ese juicio; lo que se traduce en que no pueda disponer el peticionario del dominio o posesión de dicho terreno. Ahora, al resolver el recurso de revisión interpuesto por el quejoso *********** contra la sentencia que emitió este juzgado en el presente juicio el treinta de junio de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, en sesión de siete de abril de dos mil veintidós, determinó en sus resolutivos, lo siguiente: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *****************, respecto del acto reclamado y de la autoridad responsable, que quedaron precisados uno y otra en el resultando primero de esta ejecutoria, en los términos y para los efectos precisados en la parte final del penúltimo resultando de esa ejecutoria.". Posteriormente, en atención a las consideraciones de la superioridad, en auto de tres de junio dos mil veintidós, se requirió al responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa, a fin de que: ".la autoridad responsable deje insubsistente y sin efecto legal alguno el proveído carente de fundamentación y motivación y en su lugar emita un nuevo acto en el que observe lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, esto es, que funde y motive la causa legal de su proceder, especificando y detallando de manera precisa y especifica tanto el sustento legal de la medida cautelar que emite; cuanto al fundamento legal y la motivación debida para dictarla encontrándose el procedimiento agrario suspendido; así como el fundamento legal y la motivación debida respecto al plazo en el que los solicitantes de la misma deben proceder a exhibir la garantía fijada con el consiguiente apercibimiento para en caso de no hacerlo en dicho plazo quedará sin efectos; o bien, precisar las razones, causas y circunstancias jurídicas por las cuales es innecesario fijar plazo, así como el fundamento legal para ello.". De ahí que la protección constitucional, comprende los puntos siguientes: 1. Que el tribunal agrario deje insubsistente y sin efecto legal alguno el proveído reclamado, carente de fundamentación y motivación. 2. Emita, en su lugar un nuevo acto en el que observe lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, esto es, que funde y motive la causa legal de su proceder, por lo que debe especificar y detallar de manera precisa y especifica tanto el sustento legal de la medida cautelar que emite, como el fundamento legal y la motivación debida para dictarla encontrándose el procedimiento agrario suspendido; 3. Establezca el fundamento legal y la motivación debida respecto al plazo en el que los solicitantes de la misma deben proceder a exhibir la garantía fijada, con el consiguiente apercibimiento para en caso de no hacerlo en dicho plazo, en el sentido de que quedará sin efectos la medida cautelar; 4. O bien, precise las razones, causas y circunstancias jurídicas por las cuales es innecesario fijar plazo, así como el fundamento legal para ello. En atención a lo anterior, el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa, a través de oficio TUA.DTO27-UAJ-1926/2022, informó sobre el cumplimiento de la ejecutoria, a través del acuerdo que el Secretario de Acuerdos en suplencia del Magistrado de dicho tribunal, emitió en el juicio agrario de origen, el veinte de junio del actual, mismo que, en lo que interesa, dice: ".TERCERO.- Atento a lo anterior, y en estricto cumplimiento a la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 475/2021, se deja insubsistente y sin efecto legal alguno el acuerdo de fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente agrario 127/2018, y en su lugar se emite lo siguiente: CUARTO.- En primer orden, es necesario especificar que el objeto de la medida precautoria que aquí se atiende, es proteger de forma provisional un asunto, en tanto se resuelve el fondo del mismo, dicho de otra manera, este Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa, en términos del artículo 166 de la Ley Agraria, puede prevé (sic) las diligencias precautorias necesarias a fin de proteger a los interesados, hasta en tanto se resuelva en definitiva la controversia planteada, en donde se determinara quien tiene un mejor y mayor derecho sobre los bienes en disputa en un juicio agrario. QUINTO.- En segundo orden, quedando debidamente entendido el objeto de la medida precautoria que nos ocupa, resulta importante destacar que no obstante que en el presente asunto se encuentra acreditado el fallecimiento de *********************, decretándose la interrupción del procedimiento (audiencia del veinte de octubre de dos mil veintiuno), en términos del artículo 369 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, hasta en tanto se apersone el causahabiente que represente los intereses o derechos del fallecido; sin embargo, este Tribunal-considera que en términos de los artículos 368, 370 y 372 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, efectivamente se advierte que el procesos se interrumpirá cuando muera o se extinga antes de la audiencia final del negocio una de las partes, y que dicha interrupción durara el tiempo indispensable para que se apersone, en el juicio, el causahabiente del extinto o su representante y una vez que se acredite la existente del representante de la sucesión, dicha interrupción desaparecerá sin que ninguno de los mencionados artículos refiera que en la interpretación del expediente agrario no se puedan atender casos graves como una medida precautoria para proteger a los interesados, por lo que el actuar de este tribunal en relación a la medida urgente de aseguramiento, en este caso, la medida precautoria encuentra sustento en el artículo 368 del código supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles al actualizar dicha hipótesis. SEXTO- En tercer Orden y abundando con el tema que nos ocupa, este Tribunal considera que las medidas cautelares son también conocidas como providencias o medidas precautorias las cuales constituyen instrumentos para que este juzgador pueda decretar a solicitud de las partes o de oficio la forma de conservar la materia del litigio así como para evitar un daño grave a las partes o a la sociedad con motivo de un proceso agrario, cuyas características son provisionales porque solo duran hasta la conclusión del juicio, accesorios porque no constituyen un fin en sí mismos, sino que nacen de un proceso principal sumarios pues por su propia finalidad se tramitan en plazos muy breves y flexibles dado que pueden ser modificados o revocados cuando varíen las circunstancias sobre las que fueron apoyadas; sin que lo anterior implique que una medida precautoria puede influir en la decisión final al momento de resolver el fondo del asunto, pues como ya se apuntó en líneas que anteceden la única finalidad de las medidas precautoria reclamada en el presente juicio de garantías fue proteger la materia de forma provisional mientras se resuelve el fondo del asunto, para lo cual este tribunal se allegó de diversos elementos que permiten resolver el presente tema. SÉPTIMO.- Consecuentemente, dadas las razones expuestas, este Tribunal considera importante precisar que mediante escrito y anexos registrados con folio 02231 (fojas 262 a 301) la tercera con interés ************** señaló que ella y los diversos terceros con interés *********** y ********** se encuentran en posesión de los terrenos en conflicto y por acuerdo de fecha doce de abril de dos mil diecinueve se ordenó correr traslado a las partes con el mencionado escrito y anexos antes de acordar lo conducente; mientras que por escrito registrado con folio 02899 (foja 308) el licenciado ********************* en su carácter de apoderado legal del demandado ************ hizo diversas manifestaciones, por lo que mediante acuerdo de fecha diez de mayo de dos mil diecinueve (foja 309) se acordó el escrito señalado en primer lugar,. por ocurso y anexo registrados con folio 05309 (fojas 334 a 384) ************ hizo manifestaciones y solicitó medida precautoria para el efecto de que el codemandado ************* le respete la propiedad y posesión de la superficie de 2-00-12.50 hectáreas de su parcela ejidal y por auto de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve (foja 385) se le tuvo haciendo las manifestaciones y en cuanto a la medida precautoria solicitada se ordenó correr traslado a las partes con el escrito y anexo de antecedentes antes de acordar lo pertinente; por escrito registrado con folio 05504 (fojas 386 a 389) *********** solicitó medida precautoria para el efecto de que se ordene a la asamblea ejidal del poblado Bamoa, municipio de Guasave, Sinaloa y terceros con interés ***********, ***********, *************y **************se abstengan de sembrar, poseer o invadir la superficie de 9-45-96.90 hectáreas y por proveído de fecha veintisiete de agosto de dos mil diecinueve (foja 390) se ordenó correr traslado al actor comisariado ejidal del ejido Bamoa, municipio de Guasave, Sinaloa, a los demandados licenciado ************** y Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Guasave, Sinaloa, así como a los terceros con interés *************, ************, ************ y ************; en el ocurso y anexos registrados con folio 05782 (fojas 397 a 399) el órgano colegiado ejidal del poblado que nos ocupa exhibe dos constancias de posesión de los terrenos en litigio; en el escrito y anexo registrados con folio 05993 (fojas 400 y 401) ****************** solicita medida precautoria para que no sea desposeída de su parcela y exhibió constancia otorgada por el comisariado ejidal del poblado que trata este asunto; en el escrito y anexos registrados con folio 06087 (fojas 402 a 412) *********** hace diversas manifestaciones señalando que se le debe conceder medida y por acuerdo de fecha primero de octubre de dos mil diecinueve (fojas 413 y 414) se determinó que a efecto de determinar con certeza jurídica conflicto se debe recabar información en cuanto este tópico, por lo que se instruyó al actuario de la inscripción(sic) para que en forma inmediata desahogara la prueba de inspección judicial de los terrenos en litigio y levantara el acta circunstanciada correspondiente, debiendo dar fe de todo lo que perciba a través de los sentidos derivado que para el desahogo de este medio de convicción no se requieren conocimientos técnicos o especiales y de ser posible tome fotografías del inmueble, además de constituirse con las diversas autoridades del lugar (síndico y comisario municipal) y colindantes del terreno en litigio, por lo que en el presente acuerdo se acordaran los escritos y anexos registrados con folios 05309 (fojas 334 a 384), 05504 (fojas 386 a 389) 05504 (fojas 386 a 389) 05782 (fojas 397 a 399), 05993 (fojas 400 y 401) 06087 (fojas 402 a 412) 06952, 07008 y 07009 a efecto de determinar a quien se le debe negar la medida precautoria solicitada. OCTAVO. En el escrito y anexos registrados con folios 05309 (fojas 334 a 384) ************ solicitó medida precautoría para el efecto de que el codemandado *************** le respete la propiedad y posesión de la superficie de 2-00-12.50 hectáreas de su parcela ejidal, bajo el argumento que **************** realizó diligencias de apeo y deslinde en el expediente 557/2017 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial Guasave, Sinaloa y que le invadió la superficie de 2 00-12.50 hectáreas que forman parte integral de la parcela número 167 Z1 P5/11, con superficie de 7-98-18.90 hectáreas, ubicada en el poblado Bamoa, municipio de Guasave, Sinaloa, exhibiendo copia certificada del certificado número 174693, expedido por el Registro Agrario Nacional en el estado de Sinaloa el dieciséis de diciembre de dos mil dos y que ampara la mencionada parcela, documental publica que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos civiles; asimismo que presente juicio de amparo indirecto número 741/2017 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Sinaloa que por ejecutoria emitida en ese juicio se le concedió la protección de la justicia federal para el efecto que se le restituyera la propiedad, posesión física y material de la fracción afectada a la mencionada parcela y que el Juzgado Civil del Distrito Judicial Guasave, Sinaloa el veintidós de febrero de dos mil diecinueve lo puso en posesión de la superficie de antecedentes, la cual obra a foja 291 de autos en copia certificada, de la que se conoce que se puso en posesión a ********************* de la posesión jurídica y material de la superficie reclamada en el juicio de amparo, apercibiéndose a ********************* que en caso de no acatar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en el sentido de mover los puntos o mojoneras que se fijaron, se le aplicaría arresto hasta por treinta y seis horas; documental pública que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; por último a fojas 328 y 329 de autos obra copia certificada del acuerdo de fecha quince de marzo de dos mil diecinueve, emitido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial Guasave, Sinaloa en el expediente 557/2017, en cumplimiento a la solicitud del licenciado *************, ********************, *************, ************, **************** y ********************* en el que indica que las diligencias de apeo y deslinde ya quedaron sin efectos y que los límites y/o linderos ya fueron establecidos en la diligencia de fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo indirecto número 741/2017 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Sinaloa y que los colindantes del bien inmueble objeto de las diligencias de apeo y deslinde tienen derecho de disponer de la superficie de terreno de la (sic) se les limitó en el apeo y deslinde de antecedentes; documental pública que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; de todo lo anterior se conoce que efectivamente ************* no tiene la posesión de la superficie en conflicto de 9-45-96.90 hectáreas, lo cual se corrobora de la inspección judicial realizada por este órgano jurisdiccional el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, en la que el síndico municipal de Bamoa, municipio de Guasave, Sinaloa, informa que *************** no tiene la posesión del terreno en litigio, razón por la cual se le niega la medida precautoria solicitada en los autos del presente juicio de acuerdo a los escritos señalados en los puntos anteriores.- NOVENO.- Si bien es cierto que por acuerdo de fecha catorce de junio de dos mil dieciocho se negó la medida precautoria solicitada por el comisariado ejidal del poblado que trata este asunto, para el efecto de que el demandado *************** se abstuviera de sembrar la superficie de en litigio de 9-45-96.90 hectáreas, en atención que en la tercera pretensión reclama la restitución de dicha superficie; sin embargo el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial Guasave, Sinaloa el veintidós de febrero de dos mil diecinueve dio cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo número 741/2017 del índice de Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Sinaloa y al acuerdo de fecha quince de marzo de dos mil diecinueve, emitido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa en el expediente 557/2017, en cumplimiento a la solicitud del licenciado ************, * **********, ***********, ************, ************* y ********************* en el que indica que las diligencias de apeo y deslinde ya quedaron sin efectos y que los límites y/o linderos ya fueron establecidos en la diligencia de fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo indirecto número 741/2017 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Sinaloa y que los colindantes del bien inmueble objeto de las diligencias de apeo y deslinde tienen derecho de disponer de la superficie de terreno de la (sic) se les limitó en el apeo y deslinde de antecedentes, acreditándose que desde el veintidós de febrero de dos mil diecinueve el demandado ****************** no tiene la posesión de la superficie en conflicto de 9-45-96.90 hectáreas. DECIMO.- En relación a la medida precautoria solicitada por ********************* en el escrito y anexos registrados con folio 05309 (fojas 334 a 384), para el efecto de que el codemandado ********************* le respete la propiedad y posesión de la superficie de 2-00-12.50 hectáreas que forman parte de la parcela número 167 Z1 P5/11, con superficie de 7-98-18.50 hectáreas, ubicada en el poblado Bamoa, municipio de Guasave, Sinaloa y ************* en el escrito registrado con folio 05993 (fojas 400 y 401), para el efecto de que no fuera desposeída de su parcela 165 Z1 P5/11, con superficie de 8-12-38.24 hectáreas, ubicada en el mencionado núcleo agrario y en el escrito registrado con folio 06952, ********************* y *************** solicitan medida precautoria la primera para que no sea desposeída de la superficie de 4-08-39.16 que forma parte integral de la parcela 165 Z1 P5/11, con superficie de 8- 12-38.24 hectáreas y la segunda no sea desposeída de la superficie de 2-12-49.12 que forma parte integral de la parcela 166 Z1 P5/11, con superficie de 7-80-72.39 hectáreas y que el Registro Público de la Propiedad y Comercio en Guasave, Sinaloa se abstenga de inscribir cualquier acto jurídico que tenga por objeto el cambio de dominio respecto al terreno amparado con la escritura pública número 21,132, volumen LI, libro 1 de fecha dieciséis de octubre de dos mil cuatro del protocolo a cargo del licenciado *******************, notario público número 171 en el estado de Sinaloa; dígasele que es procedente lo solicitado, en atención a lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley Agraria, quien prevé la suspensión del acto de autoridad en materia agraria y las medidas preparatorias, de aseguramiento y precautorias, el cual a la letra dice.- "Artículo 166.- Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte, de la Ley de Amparo. En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso." De una interpretación literal a este artículo, se advierten las siguientes hipótesis: a).- Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias para proteger a los interesados, aplicando las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. b).- Los tribunales agrarios podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, que pudiera afectar a la parte interesada, hasta en tanto se resuelva en definitiva la controversia planteada y se determina quien tiene el mejor derecho sobre los bienes en disputa, aplicando las disposiciones del Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte, de la Ley de Amparo c).- Para la fijación de la garantía, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados. DECIMO PRIMERO.- Como puede advertirse del mencionado, artículo 166 de la Ley Agraria, prevé las medidas precautorias y la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, rigiéndose las primeras por el Titulo Cuarto, Capitulo Único del Código Federal de Procedimientos Civiles, referente a las medidas preparatorias, de aseguramiento y precautorias y la segunda por el Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera primera parte, de la Ley de Amparo, apartado que fue suprimido en la nueva Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece encontrándose regulada esa figura actualmente en los artículos 125, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135,136, 137, 138, 139, 145, 146, 1471491750, 151, 153, 154, 156 157 y 158. Tienen aplicación las Jurisprudencias-siguientes "....MEDIDAS CAUTELARES. LAS PREVISTAS EN EL PRIMER PÁRRAFO. PRIMERA PARTE, DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY AGRARIA, SE RIGE POR EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA...."" ""... JUICIO AGRARIO. CARACTERÍSTICAS DE LA SUSPENSIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY AGRARIA...."" DECIMO SEGUNDO Con fundamento en lo dispuesto en la primera parte del artículo 166 de la Ley Agraria, en relación con los diversos con los artículos 384 y 386 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se concede la medida precautoria solicitada por *********************, ********************* y ***************, para el único efecto de que ********************* se abstenga de poseer usar disfrutar y perturbar la posesión que ejercen los mencionados de las parcelas 165 Z1 P5/11, con superficie de 8-12-38.24 hectáreas, 166 Z1 P5/11 con superficie de 7-80-72.39 hectáreas y 167 Z1 P5/11, con superficie de 7-98-18.90 hectáreas, ubicadas en el poblado Bamoa municipio de Guasave, Sinaloa y que el Registro Público de la Propiedad y Comercio en Guasave, Sinaloa se abstenga de inscribir cualquier acto jurídico que tenga por objeto el cambio de dominio respecto al terreno amparado con la escritura pública número 21 132. volumen LI, libro 1 de fecha dieciséis de octubre de dos mil cuatro del protocolo a cargo del licenciado ****************; notario público número 171 en el estado de Sinaloa, hasta en tanto se resuelva en forma definitiva el presente asunto; apercibidos que de no cumplir se les podrá imponer en forma separada multa de veinte unidades de me cumplir se les podrá imponer en forma medida y actualización, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, así como también en términos del artículo 59, fracción 1, del supletorio código adjetivo federal, sin perjuicio de incrementarla gradualmente o adoptar otros medios coactivos con tal propósito. DECIMO TERCERO.- Por otra parte, resulta innecesario solicitar a *********************, ********************* y ******************* exhiban ante este Tribunal garantía para que surta efectos la medida cautelar, toda vez que en auto del veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve se tuvo a los mismos exhibiendo los billetes de depósito números Y-11584 y Y-711585, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.), para que surtiera efectos la medida precautoria, cantidad que se fijó de manera discrecional, considerando que de las constancias del sumario no se advierten mayores elementos cuantitativos o cualitativos que permitirán conocer con precisión la afectación que pudieran causarle a su contraparte; además, se calcula que este juicio durará aproximadamente un año para concluirse, por ello, atendiendo la condición socioeconómica de los peticionarios, los principios de racionalidad y apariencia del buen derecho, se fijó esa cantidad; en la inteligencia que la medida en cuestión no prejuzga sobre la procedencia de la acción ejercitada y únicamente tiene el propósito de mantener las cosas en el estado que se encuentran, proteger los intereses de los involucrados y preservar la materia de la Litis, por lo que la medida cautelar decretada en el presente auto surte efectos desde este momento al haberse exhibido la garantía y que la honorable autoridad de amparo en la ejecutoria que nos ocupa no ordenó dejar sin efectos dicho auto de recepción de garantía. "..." Ahora, el quejoso, al desahogar la vista que se le dio con el anterior informe, por medio de escrito registrado en este juzgado bajo número 7376, al que se refiere el auto de catorce de julio de este año, en lo que interesa, señaló: "..." PRIMERO. En el Quinto punto del citado acuerdo la responsable omite decir que a la fecha el fallecido ********************* ya tiene causahabiente acreditado en autos del expediente agrario 127/2018, es decir, no revisó con exhaustividad los autos del juicio agrario mencionado. SEGUNDO. En el séptimo punto de acuerdo la responsable expresa que tanto los terceros interesados como el suscrito solicitamos medidas precautorias prácticamente al mismo tiempo, sin embargo, determinó (a su decir) que quién se encontraba en posesión eran los terceros interesados, basándose para ello en: Dos constancias de posesión emitida por los integrantes del comisariado ejidal. Una inspección judicial realizada el 17 de octubre del 2019. Al respecto, es muy reiterado el conocimiento de que las constancias de posesión del comisariado ejidal no tienen validez si no están respaldadas por el acta de asamblea y por otra parte también sabemos que una inspección judicial no es apta para acreditar la posesión de un inmueble ya que es algo similar a una fotografía que se obtiene en ese momento especifico de la diligencia pues la prueba idónea es la testimonial. De ahí que esa motivación es insuficiente. TERCERO. En cuanto al punto octavo del acuerdo que nos ocupa el tribunal agrario refiere la existencia del amparo indirecto 741/2017, empero, la ejecutoria de marras fue para el efecto de que repusiera el procedimiento, es decir, se concedió el amparo por vicios de forma, pero nunca hasta la fecha se ha resuelto el fondo del asunto pues ahora la competencia recayó en el Tribunal Agrario hoy responsable. CUARTO. En relación con el punto décimo segundo del mismo acuerdo, el Tribunal Agrario acordó procedente la medida precautoria, sin embargo, dicha responsable no quiso observar su propia resolución que incluso es COSA JUZGADA y que fue emitida el día 08 de abril del año 2002 en el juicio agrario 836/2000 de ese mismo órgano jurisdiccional en donde hubo una DETERMINACIÓN DE FONDO que resolvió que los terrenos en litigio no pertenecen al ejido BAMOA, municipio de Guasave. En otras palabras, para dictar las medidas precautorias y favorecer a los terceros Interesados le dio más valor probatorio a una inspección judicial y dos constancias del comisariado ejidal que a su propia sentencia ejecutoriada, lo que no es motivación suficiente para haber resuelto como lo hizo. QUINTO. En cuanto al punto décimo tercero me parece una burla por parte de la responsable al expresar que la ejecutoria de amparo en revisión no le ordenó dejar sin efecto el auto del 28 de noviembre del año 2019 a través del cual se ordenó la exhibición de una garantía de diez mil pesos a cada uno de las tres personas.". El suscrito Juzgador Constitucional consideró que la conducta de la responsable era inapropiada dado que hizo caso omiso a la ejecutoria que Intentaba cumplir justificándose por el hecho de que el Tribunal Colegiado no le ordenó dejar sin efecto el auto de recepción de garantía cuando esa actuación está directamente vinculada con la orden del colegiado en el sentido de que se dejara sin efecto precisamente el acuerdo de fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente relativo al juicio agrario 127/2018 a través del cual se determinó prohibir al quejoso poseer, usar y disfrutar una superficie de tierra de mi propiedad (8-12-38.24 hectáreas y que a decir de la propia responsable corresponden a las parcelas 165 Z1 P5/11, 166 Z1 5/11 y 167 Z1 5/11, además de haber ordenado al Registro Público de la propiedad y del comercio de Guasave, Sinaloa se abstuviera de inscribir cualquier acto jurídico relacionado con la propiedad amparada con la escritura pública 21,132 de fecha 16 de octubre del año 2014. (todo ello, dijo el quejoso, a pesar de que existe la sentencia ejecutoria dictada en el expediente agrario 836/2000 de fecha ocho de abril de dos mil dos. en el que se resolvió que su propiedad no pertenece al ejido Bamoa, Municipio de Guasave, Sinaloa.). Dicho en otras palabras, dejó sin efecto el acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, pero no dejó sin efectos los consecuentes acuerdos derivados del mismo, como lo es la exigencia de una garantía suficiente y que está directamente vinculada dicha garantía con la medida cautelar que decretó. Motivo por el cual por auto de diez de octubre de dos mil veintidós, se requirió de nueva cuenta al tribunal responsable por el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por lo que a través de oficio TUA.DT027-UAJ-2952/2022, informó, haber emitido en el juicio agrario acuerdo de esa fecha, en el que, además de declarar sin efectos el acuerdo reclamado, de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, por el que concedió la providencia cautelar, lo hizo también respecto al auto de veintiocho de noviembre de ese año, mediante el que tuvo por exhibida la garantía, con lo que satisfizo lo especificado en el punto 1 de los que contempla la protección constitucional. Asimismo, indicó como su fundamento los preceptos 368, 369, 370 y 372 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, toda vez -dijo- que el primero señala que todo acto procesal verificado durante la suspensión es ineficaz, poniendo como excepción las medidas urgentes y de aseguramiento; que no obstante que el juicio se encontraba interrumpido por el fallecimiento de ***************, en casos urgentes, como así sucedía en dicho caso, se podía pronunciar el Tribunal respecto a una medida cautelar, con el objeto de proteger la materia de la controversia; señalando luego que en los diversos preceptos 370 y 372 del Código Federal citado, se expresa que no existe un término o un tiempo establecido para la interrupción del procedimiento; por lo que -en el caso- la medida podría durar hasta que se apersonara en el juicio el causahabiente o su representante -del fallecido-, reiterando que es aplicable al caso de una interrupción lo dispuesto por el 368 de ese código; por lo que encontraba "...Intima relación entre los tres artículos en mención, pues por una parte el tema de la interrupción del procedimiento opera y por otra el tema si es válido o no pronunciarse respecto a la medida cautelar mientras se encuentra interrumpido el procedimiento.". Añadió, luego, lo referente a que como consecuencia a haber dejado sin efectos el acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, también debía declarar la insubsistencia de los actos que fueron consecuencia de manera directa de tal acto reclamado: por lo que dejaba sin efectos también el auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, ".en el que se tuvo a los solicitantes de la medida precautoria exhibiendo los billetes de depósito números Y-11684 y y-711685, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) para que surtiera efectos la Medida precautoria". En consecuencia, requirió a los solicitantes de la medida cautelar, *********************, ********************* y *******************, que para que tal medida cautelar decretada en auto de veinte de junio de dos mil veintidós surtiera efectos y se pudiera exigir su cumplimiento, deberían exhibir ante el propio Tribunal Agrario, dentro del plazo de diez días hábiles, la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N); en Billete de Depósito; apercibiéndoles que de no cumplir en dicho plazo -con tal exhibición-, quedaría sin efecto legal la providencia cautelar; en la inteligencia que esa cantidad se fijaba de manera discrecional; considerando que de las constancias del sumario no se advertían mayores elementos cuantitativos o cualitativos que permitieran conocer con mediana precisión la afectación que pudieran causarle a la contra parte. Pues bien, no obstante haber cumplido con los aspectos contemplados en la protección constitucional concedida al quejoso, a que se hizo referencia, a través de acuerdo de veinte de octubre del presente, el suscrito consideró que no se había dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ello, en razón a que de nuevo el Tribunal Agrario no expresó cómo es que se relacionan los preceptos legales que le sirvieron de fundamento, con los hechos en mención, en particular no señaló cómo es que se relacionan esos últimos preceptos, en los que fundó el monto de la garantía, con la determinación de tal cantidad, o dicho de otro modo, cómo es que al definir éste monto se cumple con lo establecido en ese marco legal. Lo que no se alcanzó a satisfacer con lo expresado en el sentido de que se fijó de manera discrecional, al no advertir de las constancias mayores elementos cuantitativos o cualitativos que permitieran conocer con precisión la afectación que pudieran causarle a su contraparte y al calcular que el juicio duraría aproximadamente un año, así como a la condición socio económica de los peticionarios los principios de racionalidad y apariencia del buen derecho; máxime que no se estableció cómo se determinó la duración aproximada del juicio y dicha condición socioeconómica de los solicitantes de la medida cautelar y cómo inciden en el monto de la garantía y plazo para su exhibición. De ahí que al ser insuficiente la motivación para estimar cumplidos esos aspectos, con el aludido auto del Tribunal Agrario de diez de octubre de dos mil veintidós, en lo relativo precisamente a la debida motivación, por no exponer cómo es que se adecuan los hechos a tal normatividad, no era dable que se tuviera por cumplida la ejecutoria de amparo, en cuanto a una fundamentación y motivación de manera precisa y especifica del acto reclamado; consecuentemente, se requirió por de nueva cuenta por el cumplimiento al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa. Requerimiento, al que el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, respondió a través de los oficios TUA.DTO27-UAH-2952/2022 y TUA.DTO27-UAJ-3004/2022 a los que les recayó el auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que se determinó que analizado el contenido de esos oficios, este juzgador de amparo, concluyó que no se cumplía por el Tribunal Agrario, con la ejecutoria. Que era así porque, ciertamente, acorde a la lectura del primero de los oficios, Tribunal fundó su determinación en los artículos 368, 370 y 372 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y señaló lo referente a que no obstante que conforme al primero de esos preceptos todo acto procesal verificado durante la interrupción del juicio agrario es ineficaz, a menos que se trate de medidas urgentes y de aseguramiento, en el caso, no obstante encontrarse el juicio agrario interrumpido por el fallecimiento del actor en ese juicio, *********************, se podía pronunciar el tribunal sobre la medida cautelar, con el objeto de proteger la materia de la controversia. Igualmente, hizo mención de que conforme a los diversos numerales 370 y 372 del Código Federal citado, no existe un término o un tiempo establecido para la interrupción del asunto, por lo que la medida cautelar podría durar hasta que se apersonara en el juicio el causahabiente o su representante -del fallecido-, para luego reiterar que es aplicable al caso de una interrupción lo dispuesto por el precepto 368 invocado, por lo que encontraba íntima relación entre los tres artículos en mención, "...pues por una parte el tema de la interrupción del procedimiento opera y por otra el tema si es válido o no pronunciarse respecto a la medida cautelar mientras se encuentra interrumpido el procedimiento.". También el mencionado Tribunal Agrario refirió dejar insubsistentes los actos que fueron consecuencia de manera directa del acto reclamado, por lo que dejaba sin efectos el auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se tuvo a los solicitantes de la medida precautoria exhibiendo los billetes de depósito números Y-11584 y Y-711585, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m. n.), para que surtiera efectos la medida precautoria; lo que ordenó comunicar a los demandantes *********************, ********************* y *******************, que para que la medida cautelar decretada en el juico natural el veinte de junio de dos mil veintidós surtiera efectos deberían exhibir dentro del plazo de diez días hábiles, la misma cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), en Billete de Depósito; con el apercibimiento respectivo; cantidad que dijo fijar de manera discrecional, al considerar que de las constancias del sumario no se advertían mayores elementos cuantitativos o cualitativos que permitieran conocer con mediana precisión la afectación que pudiera causarse a la parte contraria, o se al aquí quejoso. Asimismo, la citada responsable expresó que calculaba que el juicio agrario duraría aproximadamente un año, que por ello, atendiendo la condición socioeconómica del peticionario, los principios de racionalidad y apariencia del buen derecho, fijaba esa cantidad; acorde con los artículos 384, 388, 391, 393, 398 y 399 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; sin que con la medida cautelar se prejuzgara sobre la procedencia de la acción ejercitada, la cual tenía el propósito de mantener las cosas en el estado que se encontraban, para proteger los intereses de los involucrados y preservar la materia de la litis. En el segundo de los citados oficios enviados por la responsable, hace ver el Tribunal Unitario Agrario, resumidamente, que al establecer la garantía de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100) en el auto del veinte de junio de dos mil veintidós, lo hizo discrecionalmente, por tratarse de un asunto de naturaleza agraria, sirviendo como apoyo la determinación emitida por ese Juzgado al conceder la suspensión definitiva en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo. Ello, en la inteligencia que se estableció una duración aproximada de un año para que se resolviera el juicio agrario, con base en la carga de trabajo que tiene dicho Tribunal Unitario, así como la etapa procesal en la que se encuentra el juicio de origen, "...sin que ello implique que sea regla general, pues solo se trata de un aproximado en tiempo...". Para lo que se fundó en los ya citados artículos 384, 388, 391, 393, 398 y 399 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al contemplar estos las medidas preparatorias, de aseguramiento y precautorias, los cuales, dijo, establecen reglas y condiciones al caso particular, al indicar que antes o durante el desarrollo de un juicio pueden decretarse las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente, mismas que no prejuzgan sobre la legalidad de la situación que se mantiene ni sobre los derechos o responsabilidades del que la solicita; y que la parte solicitante de la medida debe otorgar garantía suficiente para responder a los posibles daños y perjuicios que con ella se ocasionen, pudiendo también la contraparte obtener el levantamiento de la medida o que no se efectúe otorgando una contra garantía suficiente, así como que no podrá decretarse diligencia alguna preparatoria, de aseguramiento o precautoria que no esté autorizada por ese mismo título. Sin embargo, con lo anterior, nuevamente, a juicio de este juzgador, no se cumplió con lo ordenado en la ejecutoria, atento a lo siguiente: Por lo que hace a la motivación concerniente al otorgamiento de la medida cautelar, pese a estar suspendido el procedimiento agrario, se limitó el tribunal responsable a señalar que se podía pronunciar sobre la medida cautelar, con el objeto de proteger la materia de la controversia, pero sin especificar el porqué ello es así, o cómo es que, por el hecho relativo al fallecimiento de una de las partes, debe otorgarse esa protección, no obstante estar interrumpido el juicio; asimismo, sin especificar cómo se adecua esa circunstancia, al marco legal, pues, en ese sentido, no basta señalar lo referente a que, conforme a ese marco legal la medida cautelar procede antes o durante el juicio agrario, dado que lo que se determinó en la ejecutoria, tiende a que ello se especifique detalladamente, de manera que se ajuste el caso a la hipótesis legal. Y en lo que respecta a la fundamentación y motivación del monto de la garantía para que surta efectos la providencia precautoria, tampoco es suficiente lo que se indicó por el Tribunal Agrario, en cuanto haberla establecido discrecionalmente, por tratarse de un asunto de naturaleza agraria, o con apoyo en la determinación emitida por ese Juzgado al resolver el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, pues la sola expresión de que se determinó el monto por ser un asunto agrario, no puede considerarse motivación suficiente para ello, ni sustentarse en lo resuelto en el incidente de suspensión emanado de este amparo, sino basarse en el marco legal respectivo, en concordancia con las circunstancias concretas que lo hacen aplicable; agregándose que, en lo referente a que el juicio agrario tendría una duración aproximada de un año, atendiendo a las cargas de trabajo del tribunal, de nuevo lo estableció el tribunal sin precisar los factores que determinaron ese plazo. Es decir, al no verificarse un ejercicio de ponderación respecto de los efectos de la medida en el patrimonio de la parte obligada al cumplimiento de la mencionada providencia precautoria y demás aspectos en los que incidía, así como los datos de que permitieran justificar el plazo de duración del juicio agrario, no podía considerarse que se cumplió con la ejecutoria en ese sentido, máxime que al desconocer la parte afectada de donde derivó ese monto de garantía, no podía hacer uso de su derecho de defensa adecuadamente. Y, en esas condiciones al no estimarse cumplidos esos aspectos por parte de la responsable, se ordenó requerir nuevamente al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa. Por consiguiente, la responsable dio respuesta a través de los oficios TUA-DTO27-UAJ-3205/2022 y TUA.DTO27-UAJ-3326/2022, en los que trascribió los acuerdos que emitió en el juicio agrario de origen, el catorce y veinticinco de noviembre del presente, a través de los cuales determinó lo que enseguida se expone. En el primero de esos acuerdos: Que la motivación concerniente al otorgamiento de la medida cautelar, pese a estar suspendido el procedimiento agrario, obedecía a que dicha autoridad agraria debía proteger la materia de la controversia, sin que -como ya se había establecido en el expediente agrario- el hecho de que una de las partes se encontrara fallecida pudiera evitar que se buscara siempre la protección de la materia del juicio, en el sentido de que se diera un cambio de dominio -de las tierras con las que se relaciona el conflicto- inscribiéndose ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio en la ciudad de Guasave, Sinaloa, así como que no se perturbara la posesión que acreditaron en autos *********************, ********************* y **************************, ya que, de lo contrario, los derechos agrarios amparados respecto a las parcelas materia de la litis podrían haberse enajenado, violentando con ello la materia de la controversia. Que en relación a la fundamentación y motivación del monto de la garantía para que surtiera efectos la providencia precautoria, fijada a los solicitantes, esa determinación la emitió con la finalidad de garantizar los posibles daños y perjuicios con los que pudiera resultar afectada la contraparte de los mismos, encontrando sustento en los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, y 387 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, aunado a que se tomaron en consideración las condiciones socioeconómicas de esos solicitantes de la medida cautelar, ya que los mismos pertenecen a la población más vulnerable del país, es decir, la clase campesina, y al no existir elementos suficientes en el expediente 127/2018 -de origen- para conocer a cuánto ascienden sus ingresos o el salario diario que perciben, de manera discrecional se fijó la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.). Cabe destacar que, en relación a lo dicho con antelación, el Tribunal responsable, se apoyó en el criterio de tribunal de amparo siguientes: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. ALCANCES DE LA FACULTAD DISCRECIONAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 132, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA). Asimismo, agregó que el artículo 132, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, establece que cuando la suspensión pueda afectar derechos del terrero interesado, no estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. En lo tocante a que el juicio agrario podría durar aproximadamente un año en desahogarse en su totalidad, precisó que ello obedecía a que a la fecha el Tribunal contaba con novecientos cincuenta asuntos en trámite, desahogando un aproximado de cinco a siete audiencias diarias, sumado a que tenia jurisdicción en cinco municipios, sin embargo, toda vez que el expediente agrario se inició en dos mil dieciocho, pertenecía al grupo de expedientes a los cuales les otorgaba mayor celeridad por su antigüedad, sin que ello implicara "una regla en términos de tiempo, sino únicamente un estimado". En el segundo de los acuerdos en mención -de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós- se contiene, en lo conducente, lo siguiente: Reiteró el Tribunal Agrario que de la revisión al expediente agrario, se advertía que en audiencia de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo el comisariado ejidal del Ejido Bamoa, Municipio de Guasave, Sinaloa, presentando acta de defunción del tercero con interés *********************, con pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 369 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se interrumpió el proceso, al haberse acreditado el fallecimiento del mencionado, por el tiempo indispensable para que se apersonara su causahabiente, ya sea de manera voluntaria o a petición de una de las partes o porque así lo ordenara el propio órgano jurisdiccional. Igualmente, expresó que luego de diversas indagatorias por parte del mismo Tribunal, el veintinueve de abril de dos mil veintidós, se tuvo el Subdelegado Técnico de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el estado de Sinaloa informando que ********************* era titular del certificado parcelario número 174692 amparado con la parcela 167, con superficie de 7-98- 18.900 hectáreas en el ejido Bamoa, municipio de Guasave, Sinaloa, remitiendo a su vez copia certificada de la lista de sucesión de fecha dieciséis de junio del ario dos mil, en el que se advertía que el extinto designó como sucesor preferente a su esposa ******************** y, en segundo lugar, su hijo ********************. Señalo el citado tribunal que -como consecuencia- de conformidad con el artículo 1281 del supletorio Código Civil Federal al ser ****************** la sucesora preferente de *********************, los derechos agrarios de este, en forma inmediata los adquiría aquella, pero también los derechos y obligaciones de la herencia, convirtiéndose en causahabiente del autor de la herencia; al respecto, planteó el tribunal argumentos referentes a la conceptualización de esa figura jurídica de causahabiencia. Concluyó el Tribunal responsable de lo anterior con el reconocimiento, como causahabiente a título particular, de ************** en cuanto al derecho agrario que perteneciera en vida a ********************, específicamente respecto de la parcela 167, con superficie de 7-98- 18.900 hectáreas en el ejido Bamoa a municipio de Guasave, Sinaloa; y -por consiguiente- con el levantamiento de la interrupción del procedimiento decretada en audiencia del veinte de octubre de dos mil veintiuno, al haber desaparecido la causa de interrupción. De la misma manera, ordenó llamar al juicio agrario a ********************, en su carácter de causahabiente de *********************, señalando fecha y hora para la audiencia de ley, con base en el artículo 185 de la Ley Agrada, En esas condiciones, el tribunal responsable determinó dejar sin efecto la medida cautelar decretada en auto de fecha veinte de junio de dos mil veintidós -materia de este amparo- ya que **************** y *******************-solicitantes de la misma, junto con el fallecido- no habían exhibido, en el 'plazo de diez días que se les otorgó para el efecto, la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), en Billete de Depósito para que prevaleciera esa medida, al hacérseles efectivo el apercibimiento que se les hizo en ese sentido. Como se ve, se han satisfecho cada uno de los puntos referentes a los efectos de la ejecutoria de amparo, ya que: Se dejó insubsistente y sin efecto legal alguno el proveído reclamado, por el tribunal responsable; acorde con el contenido en el punto 1 de la enumeración concerniente a esos efectos. Igualmente, dicha autoridad especificó y detalló de manera precisa y especifica tanto el sustento legal de la medida cautelar que emitió, con el fundamento legal y la motivación debida para dictarla encontrándose el procedimiento agrario suspendido, con lo que satisfizo el punto 2 de esa enumeración o resumen. Y asimismo, estableció, en los términos del punto 3 de ese resumen, el fundamento legal y la motivación debida respecto al plazo -de diez días- en el que los solicitantes de la misma debían proceder a exhibir la garantía fijada, con el consiguiente apercibimiento para en caso de no hacerlo en dicho plazo, en el sentido de que quedaría sin efectos la medida cautelar, el cual, incluso, se hizo efectivo, por lo que determinó que la misma dejara de surtir efectos y se continuara el procedimiento en el juico agrario. Expuesto lo anterior, se precisa que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida al haberse restituido a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio TUA-DTO27-UAJ-3326/2022 de cuenta, suscrito por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa, por medio del cual informa respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, fundamentalmente en el sentido de haber dejado sin efecto la medida cautelar que se otorgó por dicho Tribunal Agrario y que fue materia del presente amparo. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio TUA.DTO27-UAJ-3205/2022 de cuenta, suscrito conjuntamente por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa, por medio del cual informa respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
Quedan 43 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes
- Alvaro Sotelo Lopez585/2018
- Alvaro Valdes Castro11/2018
- Alvaro Valenzuela Espinoza616/2023
- Alvaro Valenzuela Espinoza274/2017
- Amada Gutierrez Ward756/2021
- Amadeo Gonzalez Estrada537/2016
- Amado Armenta Galvez727/2022
- Amado Rodelo Camacho54/2021
- Amado Rodelo Camacho72/2019
- Amado Rodelo Camacho510/2020
- Amado Rodelo Camacho26/2020
- Amalia Arellanes Sandoval360/2023