Alvino José Ramírez
Expediente 166/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 166/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alvino José Ramírez
Actuaciones
- Principal
"... Vistos los autos y la certificación que antecede; se aprecia que mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo promovida por ******, el cual se le notificó el veintidós de febrero siguiente; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; ... se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, ..... archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente....., una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, procédase a la destrucción de este expediente. Hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."
- Principal
"... Vista la demanda de amparo promovida por Alvino José Ramírez, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y otras autoridades. Registro Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 166/2021. Análisis e improcedencia Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado, la orden aprehensión, detención y/o reaprehensión librada en su contra, así como, la ejecución material de dichos mandamientos de captura, asimismo, de la lectura de la demanda amparo, se advierte que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, señala: "Fecha de conocimiento del acto reclamado. 06 de diciembre de 2020". Bajo esa tesitura, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, primer párrafo, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 y 18 del ordenamiento citado, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En relación con el tema de los plazos para promover la demanda de garantías, existe jurisprudencia la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y conforme a lo dispuesto en su artículo sexto transitorio, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." (Número P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero 2011, novena época, materia común; con número de registro 163172). Los artículos transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente, cuando no se promueva dentro del término de quince días (regla general); que ese lapso debe computarse a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso, bajo protesta de decir verdad manifiesta que tuvo conocimiento de la existencia de tales actos el seis de diciembre de dos mil veinte; afirmación que constituye una confesión expresa en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2º. De este modo, se tiene por cierto que la parte quejosa conoció del acto reclamado desde dicha fecha. Lo anterior, porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que es suficiente para tener colmada la exigencia de la fecha del conocimiento del acto reclamado, la manifestación que el quejoso haga en su demanda, así se advierte de la jurisprudencia siguiente, que si bien es con la Ley abrogada ésta no contraviene las disposiciones de la ley vigente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. (Época: Novena Época. Registro: 200094 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/96 Página: 57). A mayor abundamiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió criterio, en el sentido de que cuando el quejoso no manifiesta la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado; dato indispensable para que el juzgador pueda verificar su presentación oportuna; el juez debe requerir ese requisito, de lo contrario es motivo de reposición de procedimiento, pues así está determinado en la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." (Época: Décima Época, Registro: 2005636, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 161/2013 (10a.) Página: 1079). Por lo anterior, en cumplimiento a los criterios jurisprudenciales, se estima que la manifestación de la parte quejosa de cuando tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, el seis de diciembre de dos mil veinte, es suficiente para analizar la procedencia de este juicio de amparo. De ahí, que el plazo de quince días con que contaba para instar la acción de amparo en contra de la orden de aprehensión, detención y/o reaprehensión librada y su ejecución, transcurrió del nueve al treinta de diciembre de dos mil veinte. Luego, si la demanda de amparo se presentó hasta el quince de febrero de los corrientes, es claro, que la misma se realizó fuera del plazo legal de quince días previsto por el numeral 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo; sin que la parte quejosa se ubique en alguno de los casos de excepción que prevé dicho numeral. No es óbice, que mediante circular CAP/3/2020, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, con la finalidad de evitar la concentración de personas, y con ello la propagación del coronavirus COVID-19, se determinó adoptar medidas especiales durante el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, ordenándose dar trámite y seguimiento únicamente a los asuntos considerados como "urgentes", por lo que, se estableció regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; dado que el presente asunto se encuentra catalogado como de tramitación urgente, de conformidad con el último párrafo, del artículo 4, y 24, fracción II, inciso a), del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómenos de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con la circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, suscrita por el coordinador de asesores de la presidencia y secretario de las Comisiones de Receso Especial del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia dicho periodo de suspensión, no afecta el trámite de los asuntos catalogados como de tramitación urgente, como es el caso del presente expediente, pues de acuerdo con el ordinal 4, fracción II, en relación con el diverso 24, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General 13/2020, se consideran como URGENTES, las ordenes de aprehensión. En ese contexto, al actualizarse las causales de improcedencia analizadas, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Domicilio y autorizados Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Federico García Gómez, por no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de la materia, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."
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