Álvaro Vázquez Munguia

Expediente 386/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
386/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • Álvaro Vázquez Munguia

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 26 a 30), que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Álvaro Vázquez Munguia, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I, II y III del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como de las certificaciones que anteceden, se advierte, de la primera de ellas que el quejoso no desahogó a cabalidad el requerimiento que le fue hecho en proveído dictado el once de octubre de dos mil dieciocho, con el objeto de que manifestara ante este juzgador, si dentro del procedimiento penal de origen alguna de las partes interpuso un medio ordinario de defensa, a fin de combatir la resolución dictada el veintiuno de septiembre del año en curso, que señaló como acto reclamado, pues si bien es cierto, mediante escrito presentado el veintidós de octubre pasado, intentó dar cumplimiento a lo ordenado, no menos cierto es que ante la notoria discrepancia existente entre las firmas que calzan tanto en el escrito señalado, como con la que obra en el ocurso de demanda de amparo, fue requerido nuevamente en auto de veintitrés de octubre anterior, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo, se presentara en este órgano jurisdiccional a efecto de que manifestara si reconocía como suya la firma estampada en el escrito, sin que llevara a cabo tal orden, pues así se desprende de la segunda certificación de cuenta. Entonces, tomando en consideración que el hecho de que el quejoso intentara evacuar la primigenia prevención respecto de la aclaración de su demanda con el escrito presentado el veintidós de octubre del año en curso, y derivado de la discrepancia de la firma contenida en dicho libelo, fuera prevenido para que en una nueva temporalidad reconociera como suya la firma estampada, en modo alguno puede ser considerado como una interrupción al primer término concedido, para continuar con el computó de la primigenia prevención cuyas consecuencias eran para el caso que no fuera atendida tener por no presentada la demanda de amparo, lo anterior es así, pues es facultad del juzgador prevenir a los promoventes para que ante la notoria desigualdad de las firmas comparezcan a reconocerlas, sin que tal acto guarde una vinculación entre los requerimientos indicados, pues uno es para subsanar alguna irregularidad en la demanda de amparo que tiene como consecuencia no admitir la demanda de amparo y el segundo es reconocer un acto personalísimo como es la manifestación de la voluntad a través de la firma reconocida. De ahí que, para este juzgador es inconcuso que el promovente no cumplió con el requerimiento formulado en proveído dictado el once de octubre de dos mil dieciocho, a pesar de haber presentado un escrito que como se señaló adolecía de un vicio formal que al ser objeto de una nueva prevención, está no interrumpe el término de cinco días concedido al quejoso para atender la cuestión de fondo de su escrito de demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto dictado el once de octubre de dos mil dieciocho y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Álvaro Vázquez Munguia. Proporciona sustento a lo anterior la Jurisprudencia 106/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, página 133, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Así como la tesis IV. 3º.C.5 K (10), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, Página 2512, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO Y SU AMPLIACIÓN. CUANDO EL REQUERIMIENTO CONSISTE EN QUE EL QUEJOSO COMPAREZCA A MANIFESTAR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SI LA RÚBRICA QUE LAS CALZA SON DE SU PUÑO Y LETRA, Y NO SOBRE ALGÚN DEFECTO U OMISIÓN, NO PUEDE INTERRUMPIRSE O PRORROGARSE EL PLAZO CONCEDIDO. Si el juzgador estima que las firmas estampadas en la demanda de amparo y su ampliación, son notoriamente distintas a las que obran en el expediente de donde derivan, tiene la facultad de prevenir al quejoso a efecto de que dentro del término de tres días comparezca a reconocerlas, so pena de que, de no hacerlo, se desechará su petición de conformidad con el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; en ese orden, no es jurídicamente posible ni que se interrumpa ni prorrogue dicho plazo, toda vez que si el auto de requerimiento fue claro y específico en indicar que compareciera a manifestar, bajo protesta de decir verdad, si las rúbricas que calzaban la demanda de amparo y la del escrito de ampliación fueron puestas del puño y letra del quejoso (acto personalísimo) y no así, sobre algún defecto u omisión en el escrito de demanda, que diera lugar a la emisión de un acuerdo en el que se señalara algún incumplimiento, pues el requerimiento fue específico, la ratificación de las firmas de la demanda y su ampliación; de lo que se concluye que es un supuesto distinto al que refiere la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, de rubro: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.", ya que el requerimiento no versó sobre defectos u omisiones de la demanda de amparo, sino a una cuestión esencial como es la manifestación de la voluntad y, por ello, el a quo no debía emitir ningún acuerdo, respecto del escrito por el que se pretendió cumplir el requerimiento, sino atender a lo que inquirió, como es, la ratificación de las firmas de la demanda de amparo y su ampliación. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/1603/2018 de diez de abril de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal asistido de Noemí Vázquez Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe.NVJ/semm

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Visto el ocurso de cuenta, se advierte que la firma que lo calza difiere con la que obra en el escrito de demanda signado por Álvaro Vázquez Munguía (foja 8); en consecuencia, previo acordar lo que en derecho corresponda, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, se presente en día y hora hábil en este juzgado, debidamente identificado con documento oficial vigente, a efecto de que manifieste ante cualquiera de los servidores dotados de fe pública que aquí laboran, si reconoce o no como suya la firma estampada en el ocurso que se provee; apercibido que de no hacerlo, no se acordará favorable su petición. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 3ª. J. 24 (7/89), sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento.- Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Notifíquese, y personalmente al promovente.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Álvaro Vázquez Munguía, contra actos del Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí; autorizado para seguir conociendo en los asuntos de materia penal hasta su total conclusión, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 20 apartado B) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 386/2018-II. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en los artículos 114, fracciones I, y V y 110, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente, para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve, y bajo protesta de decir verdad, precise lo siguiente: Si existe un recurso de ordinario que alguna de las partes haya interpuesto en contra de la resolución dictada el veintiuno de septiembre del dos mil dieciocho, en los autos del proceso penal 103/2014, que aduce resolvió el Incidente No Especificado por Prescripción de la Acción que promovió ante la autoridad que señala como responsable. Lo anterior tomando en consideración que del escrito de demanda, dentro del apartado de antecedentes en su último párrafo, el quejoso señala de manera literal lo siguiente: ".Cabe señalar el pronunciamiento que hace el Juzgador respecto que me fue otorgado por la esposa del finado MIGUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, REMEDIOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, perdón que fue debidamente ratificado en autos por el delito de LESIONES POR CULPA, aduciendo que este es improcedente, ya que según el Antiguo Código penal de esa época sólo puede ser otorgado por el OFENDIDO O EL LEGITIMADO en este caso el Representante legal del ofendido, existiendo con esto una grave violación al debido proceso en perjuicio del suscrito, considerando con esto el juzgador que no se acreditaron los extremos para declarar procedente mi acción incidental de PRESCRIPCIÓN DEL DELITO, ASÍ COMO LAS PRUEBAS QUE LA SUSTENTAN Y COMO CONSECUENCIA LA EXTINCIÓN DE LA ACIÓN PENAL en favor del suscrito, ordenando enviar a su superioridad el presente proceso para que se pronuncie respecto de la APELACIÓN que el Agente del Ministerio Público, que data desde el mes de OCTUBRE DEL AÑO 2014, acción que se intenta hacer valer después de que transcurrieron a la fecha casi 4 años." (sic) Entonces, dado lo manifestado por el promovente al mencionar la existencia de un recurso de apelación, para este juzgador no existe certidumbre si se encuentra en trámite un medio ordinario de defensa que influya sobra la determinación que ahora se combate, situación que invariablemente impide de momento proveer lo que corresponda respecto de la demanda, hasta en tanto no se precise con claridad tal situación. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 63, Tomo IX, Febrero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO.- Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." Ahora bien, en virtud de que se tratan de datos indispensables para proveer respecto de la demanda planteada, se apercibe al solicitante del amparo que de no cumplir con lo indicado dentro del término legal concedido para tal efecto, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la misma. Por otra parte, tomando en consideración que el promovente, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal; por tanto, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones a través de lista que se fija en los estrados de este juzgado, aun las de carácter personal. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Por otro lado, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alfredo Hernández Herrera, toda vez que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Notifíquese.

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