alma reyna cruz sanchez
Expediente 294/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 294/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- alma reyna cruz sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, no fue recurrido dentro del término legal por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el cómputo a efecto de saber si ya transcurrió el término a las autoridades responsables, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de Amparo, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer en el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Resulta aplicable la tesis número I.1o.A.37 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2879, libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017556, que a la letra dice: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CARECEN DE ÉSTA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL RESPECTO DE LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYERON. Conforme al artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les reclame. Así, de la interpretación de esa disposición se colige que cuando el Juez de Distrito niega la protección de la Justicia Federal respecto de los actos que a aquéllas se atribuyeron, carecen de legitimación para instar el medio de defensa indicado, pues esa determinación no les depara perjuicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que los agravios propuestos estén encaminados a demostrar la improcedencia del juicio, ya que aun cuando se pudiera considerar que el sobreseimiento tendría consecuencias jurídicas de diversa naturaleza que les reportarían un beneficio distinto, ese examen sólo sería posible si el quejoso interpone el recurso para impugnar la negativa del amparo, supuesto en el que las responsables estarán en posibilidad de hacer valer, vía revisión adhesiva, motivos de improcedencia o robustecer los que abordó y desestimó el juzgador, en virtud de que, de prosperar los alegatos del promovente, se dejaría insubsistente la decisión que, en principio, les favoreció." Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 inciso a), del acuerdo en cita, toda vez que se concedió la suspensión de plano en el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por lo que deberá´ conservarse por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, el auto que puso fin al asunto y el acuerdo del archivo y demás actuaciones que se consideren necesarias. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes -SISE-. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Jueza de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante la licenciada Selene Vázquez Sánchez, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que existen elementos probatorios que permiten decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, toda vez que han cesado los efectos del acto aquí reclamado. Los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior [.]" Del contenido de los artículos transcritos, se advierte que procede el sobreseimiento del juicio de amparo cuando durante el juicio se advierta que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que la quejosa reclama la omisión por parte del Director del Hospital General de esta ciudad y del Director General de Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, de realizarle el estudio de ecocardiograma transtorácico. Por otro lado, se observa que mediante el oficio de siete de julio de dos mil veintiuno, presentado por el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Organismo Descentralizado de la Secretaría de Servicios de Salud de San Luis Potosí, se realizó el estudio de ecocardiográfico, por el Doctor Miguel Tapia Morales, Cardiólogo Internista Ecocardiográfista, llegando a las siguientes conclusiones: ". C.C.A. AORTA SIVALVA CON DOBLE LESIÓN AÓRTICA CON EP DE GRADO LIGERAM LA REGURGITACIÓN ES TRIVIAL. FUNCIÓN VENTRICULAR SISTÓLICA PRESERVADA CON FEVI DEL 61% STRAIN LONGITUDINAL GLOBAL DE -18.0% (.) SE RECOMIENDA REPETIR EL ESTUDIO EN 5 AÑOS" Lo anterior, al referir la quejosa en su demanda de amparo que: "(.) fui diagnosticada con AORTA BIVALVA (malformación cardiaca) aproximadamente en el 2012, por parte del Hospital General de Ciudad Valles, a partir de esa fecha el Dr. Tapia, por lo riesgoso del diagnóstico me ha solicitado cada 2 años un estudio de ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO, el cual es muy importante realizármelo ya que de él depende saber el avance del mismo y el tratamiento que me recomiende para evitar así algún problema cerebral o del corazón. (.) dicho estudio se me realizaba en el Hospital MEDISCIN de esta ciudad subrogado, por el Hospital General de Ciudad Valles, ya que como ellos saben soy una persona de escasos recursos de la ZONA TENEK y no cuento con los recursos suficientes para cubrirlo porque vivimos al día con los ingresos de mi esposo y el costo del estudio es de $2,700.00 pesos. (.) el día 04 de abril del año en curso me tocó consulta con el doctor antes mencionado y al hacerme la orden de estudio me dijo que ellos ya no me iban cubrir el costo de dicho estudio y que lo tenía que hacer por cuenta propia." Por lo tanto, este juicio de amparo deviene improcedente, pues de lo expuesto es claro advertir que en la especie, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos para el día TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Norma Elizabeth López Rodríguez Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, encargada del despacho, por encontrarse en su periodo vacacional el Titular del Juzgado en términos del artículo 141 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CR./CJD./003/2730/2021 quien actúa ante la licenciada Selene Vázquez Sánchez, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que la autoridad responsable Subdirector de Asuntos Jurídicos del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, denominado "Servicios de Salud de San Luis Potosí"; no rindió su informe con justificación, dentro del término previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, esto es, con ocho días de anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la celebración de la audiencia Constitucional, para el efecto de que se diera vista a las partes con su contenido. Para dar oportunidad a lo anterior, se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia Constitucional. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a nueve de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, denominado "Servicios de Salud de San Luis Potosí", mediante el cual, rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las documentales que acompaña, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de recibirlas en el momento procesal oportuno. Notifíquese.
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