Álvaro Romero Núñez

Expediente 987/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
987/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • Álvaro Romero Núñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. 1. Se recibe escrito. Por recibido el escrito suscrito por el quejoso Álvaro Romero Núñez, por medio del cual solicita se declare firme el auto dictado el veintiséis de septiembre del año en curso; atento a su contenido, deberá estarse a lo acordado en auto de once de octubre de dos mil veintidós, en que de causó estado y se ordenó la devolución de documentos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. 1. Cumple prevención. Téngase por recibido el escrito signado por Álvaro Romero Núñez, por propio derecho, y en cuanto albacea definitivo de la sucesión legítima radicada a bienes de Álvaro Romero Mascot y/o Álvaro Romero Mazcot, carácter que acredita con las copias que anexa para tal efecto, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, por medio del cual cumple con la prevención formulada mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, anexando constancia de personalidad y copias de su escrito de demanda. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: La ejecutoria de quince de agosto de dos mil veintidós pronunciada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro de los autos que integran el toca civil I-205/2022, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de ocho de junio de dos mil veintidós, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, en la segunda sección del juicio ab intestato 246/2011, relativa a la ampliación del inventario y avalúo de los bienes que constituyen el patrimonio hereditario del extinto Álvaro Romero Mascot y/o Álvaro Romero Mazcot. 3. Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." 3.1. Estudio de la improcedencia actualizada. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, prevé que un acto de ejecución irreparable es aquel que afecte materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo anterior resulta relevante en el caso que nos ocupa, pues la distinción realizada por el legislador en las fracciones aludidas permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos y, respecto de derechos adjetivos o procesales, únicamente cuando se impugne la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Así, el concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia P. /J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Lo expuesto permite concluir válidamente que el acto reclamado por la parte quejosa no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que, si bien fue emitido dentro de un juicio, la realidad es que no afecta derecho sustantivo alguno. En otras palabras, se trata de un acto dictado en juicio que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos los cuales, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la ejecutoria de quince de agosto de dos mil veintidós pronunciada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro de los autos que integran el toca civil I-205/2022, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de ocho de junio de dos mil veintidós, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, en la segunda sección del juicio ab intestato 246/2011, relativa a la ampliación del inventario y avalúo de los bienes que constituyen el patrimonio hereditario del extinto Álvaro Romero Mascot y/o Álvaro Romero Mazcot. En esa tesitura, la resolución dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil, de quince de agosto de dos mil veintidós, dentro del toca civil número I-205/2022, que confirmó la interlocutoria de ocho de junio de dos mil veintidós, en que se resolvió lo relativo a la ampliación del inventario y avalúo, respecto al edificio que se identifica con el número 2783, construido sobre los lotes 4 y 5 de la manzana "M", ubicado en Avenida Camelinas, colonia Cinco de Diciembre, de esta ciudad, dentro del juicio sucesorio intestamentario número 246/2011, a bienes de del extinto Álvaro Romero Mascot y/o Álvaro Romero Mazcot, no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es así, porque si bien el Magistrado responsable confirmó la determinación del Juez Segundo Civil en que declaró improcedente la ampliación de inventario y avalúo de los bienes que pertenecieron a su finado progenitor, con el propósito de que la rentabilidad del edificio que se identifica con el número 2783, construido sobre los lotes 4 y 5 de la manzana "M", ubicado en Avenida Camelinas, colonia Cinco de Diciembre, de esta ciudad, fuera considerado como frutos devengados; sin embargo, los efectos del acto apelado no trascienden en forma directa y actual en los derechos sustantivos del referido quejoso, dentro del juicio del que emana. Así, del contenido de la resolución de apelación que aquí se combate, se desprende que no se ha emitido la interlocutoria que resuelva la aprobación o reprobación de los conceptos que pretende el albacea sean incluidas en la masa hereditaria. Ello es así, atendiendo al procedimiento del juicio sucesorio que prevén los artículos 1010, 1012, 1013, 1014, 1015 y 1016 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, de los cuales se advierte que se divide en cuatro etapas, cada una de ellas con un objeto delimitado en función de la materia correspondiente, que pueden iniciarse simultáneamente cuando no haya impedimento de hecho; cada sección concluye con su propia resolución, la cual, una vez dictada puede ser combatida a través del amparo indirecto previo el agotamiento del recurso previsto por el Código de la materia. Tiene aplicación por ilustrativa la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de voz y contenido siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Por lo cual, la determinación de la Sala Civil no afecta de forma material o directa derechos fundamentales, ya que no se resolvió en definitiva la ampliación de inventario y avalúo, por lo cual, no tiene efectos irreparables en los derechos de la sucesión. De ahí que la determinación que se reclama en este juicio no es un acto que afecte material y actualmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino que se trata de un acto intermedio, no definitivo, dentro del juicio sucesorio. Sustenta lo expuesto, en lo relativo a la ejecución irreparable, la jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." 3.2. Desechamiento. Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la cusa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, así como el precepto 113 de la propia ley, se desecha de plano la demanda de amparo que se acuerda Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. En atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por Álvaro Romero Núñez, por propio derecho, y quien se ostenta albacea definitivo de la sucesión legítima radicada a bienes de Álvaro Romero Mascot y/o Álvaro Romero Mazcot; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 987/2022. 1.2. Prevención de la demanda. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 108, fracción I, así como el 114, fracciones III y V, y relativos a la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda, se estima necesario requerir a la parte quejosa a fin de que, en el plazo de CINCO DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le haga, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: Primero. Acredite la personalidad con la que se ostenta, esto es, el carácter de albacea definitivo de la sucesión legítima radicada a bienes de Álvaro Romero Mascot y/o Álvaro Romero Mazcot. Esto es así, pues el quejoso Álvaro Romero Núñez, promueve por propio derecho, y en cuanto albacea definitivo de la sucesión legítima radicada a bienes de Álvaro Romero Mascot y/o Álvaro Romero Mazcot; no obstante ello, no exhibe documental alguna con la que acredite la representación, por lo que resulta necesario requerirla para que acredite la calidad con la que comparece al juicio respecto a la sucesión. Segundo. Exhiba dos copias de su escrito inicial de demanda para correr traslado a cada una de las partes, ello pues no exhibió copias simples de éste -como se advierte del sello de registro estampado por la encargada de la Oficialía de Partes del Juzgado-, cuando se requieren una para la autoridad que señaló en su ocurso de cuenta como responsable y una para correr traslado a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, siendo necesarias dos. Máxime que en el presente caso, no opera la excepción que establece el precepto 110 de la ley de la materia, en razón de que no se trata de una demanda presentada en forma electrónica, por comparecencia, telegráfica o medios electrónicos, o que sea un asunto del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, afectación a intereses de menores o incapaces, derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, o que se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. 1.3. Se apercibe a la parte quejosa, que de no cumplir con el primer punto de la prevención, se admitirá la demanda únicamente por el quejoso por propio derecho; en tanto que, de no cumplir el segundo punto preventivo, en el plazo concedido para hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda. En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por el quejoso, pues los autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. Así como la diversa Jurisprudencia 1a./J. 50/2014, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Libro 9, Tomo I, Agosto 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 1.4. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda; y como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere en su escrito de demanda, por así haberlo solicitado. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Osmar Iván Esparza Piñón, quien da fe.

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