Álvaro Posadas Moreno
Expediente 1022/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Álvaro Posadas Moreno
- Álvaro Posadas Moreno y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa estado sobreseimiento. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia de once de marzo de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio ene que se actúa; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Destacando, las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión, ello de conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley de Amparo Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió por una parte la suspensión provisional y definitiva, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del original del incidente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Devolución tomos de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar los tomos de pruebas que se formaron con las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, se ordena su devolución en tres tomos de pruebas, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SENTENCIA VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1022/2021. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, ÁLVARO POSADAS MORENO presentó demanda de amparo en contra de actos de autoridad. En la misma, narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda en este Juzgado de Distrito con el número 1022/2021, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado de las autoridades responsables, y se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Concepción García Mora, el que fue practicado. Previo los trámites de ley, el catorce de diciembre del año en curso, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. De acuerdo con lo anterior, el acto reclamado por el quejoso a las autoridades responsables es: Del Presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán: La negativa de proporcionar recursos humanos y materiales al Juez Mixto de Primera Instancia de la ciudad de Maravatío, Michoacán, para realizar la videograbación de las audiencias orales a su cargo, precisamente las que se vayan a continuar desahogando dentro del juicio ordinario oral familiar 437/2020 que se ventila en el referido juzgado. Del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán: El haber celebrado la audiencia oral familiar sin que hubiese sido videograbada en tiempo real y en presencia de las partes procesales dentro del juicio ordinario oral familiar 437/2020 que se ventila en el referido juzgado, bajo el argumento de que el Consejo del Poder Judicial no le proporciona los elementos materiales y humanos para videograbar. El haber suspendido sin fundar ni motivar la celebración de la audiencia preliminar iniciada el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno celebrada a las diez horas, bajo el argumento de que el quejoso no ha depositado el concepto de pensión alimenticia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, sin embargo de sus manifestaciones se obtiene su existencia. En tanto, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, reconoció parcialmente los actos reclamados. En efecto, en cuanto al primer acto reclamado, el juez mixto manifestó que la audiencia oral celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, no fue videograbada con motivo de que la cámara contaba con fallas técnicas, y se había enviado al Secretario de Administración del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con fecha veintidós de octubre del año en curso, por presentar problemas en el encendido; lo que se hizo saber a los comparecientes, quienes mostraron su conformidad; asimismo, indicó que la audiencia preliminar fue suspendida en la etapa de enunciación de la Litis, por fallas técnicas de la cámara. En tanto, el Presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado informó que el tres de noviembre de dos mil veintiuno recibió en la Secretaría de Administración de ese Consejo, una cámara de video que presenta problemas en su encendido, y que en esa data se encontraba en proceso de revisión para reparación o sustitución; y que el nueve de ese mes y año se envió al órgano jurisdiccional una videocámara adicional a la que tenía asignada. El Juez responsable como complemento de su informe justificado remitió copia certificada del juicio ordinario oral familiar número 437/2020, sobre divorcio sin expresión de causa, promovido por Concepción García Mora, frente al aquí quejoso, en tres tomos. Documentales públicas con eficacia demostrativa plena, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número doscientos veintiséis, del rubro y tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cabe mencionar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita con su escrito de alegatos que presentó ante este juzgado, manifestó que el juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- la responsable negó la existencia del acto reclamado, lo que trae como consecuencia que deba decretarse su sobreseimiento. Argumento que se desestima, en virtud de que, por los motivos dados, el acto reclamado es cierto. CUARTO. Procedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, sea que lo hagan valer las partes o se advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En el particular, esta juzgadora de oficio advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 172, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu. Preceptos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. ." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . . XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. En tanto que la Constitución Política establece: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y ." De conformidad con el principio de procedencia del juicio de amparo establecido en la Norma Suprema y en la Ley de Amparo, cuando se reclaman actos de tribunales judiciales -como en el caso-, administrativos o del trabajo, el juicio constitucional indirecto únicamente procede cuando tales actos tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Para calificar un acto como irreparable, necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo, además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. De lo que se tiene que el legislador secundario dispuso dos condiciones para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento judicial, consistentes en: Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Se entiende por derechos sustantivos aquellos derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad. En tanto que, los derechos procesales o adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo, que no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía en el goce de aquélllos. Es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de voz y contenido siguientes: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Así, conforme a los numerales invocados, son actos con efectos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que mediante una fórmula legal se establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En esa temática, aplicada en sentido contrario la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se concluye que el juicio de amparo indirecto no procede contra actos emanados dentro de una contienda jurisdiccional, que no tengan efectos de imposible reparación. En tanto, el numeral 172, fracciones XI y XII, de la Ley de Amparo, antes transcrito, establece la procedencia del amparo directo, por violaciones a las leyes del procedimiento, que afectan las defensas del quejoso, entre otros supuestos, cuando se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; o bien, se trate de un caso análogo a éste. En el presente asunto el acto reclamado es la negativa del Presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, a proporcionar recursos humanos y materiales al Juez Mixto de Primera Instancia de la ciudad de Maravatío, Michoacán, para realizar la videograbación de las audiencias orales a su cargo, dentro del juicio ordinario oral familiar 437/2020, que se ventila en el referido juzgado; así como la celebración por parte de dicho juzgador de la audiencia preliminar oral familiar, llevada a cabo a las diez horas del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, sin que hubiese sido videograbada, y la suspensión de dicha diligencia. Tales actos no son de imposible reparación, en virtud de que no afectan materialmente derecho sustantivo alguno, sino que, en su caso, únicamente tendría incidencia en derechos de naturaleza procesal. Lo anterior, pues como se ha dicho, para calificar un acto como irreparable, necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo, además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. Ahora bien, la audiencia preliminar en el juicio de donde emana el acto reclamado se regula conforme a los lineamientos que establece el artículo 985 del Código Familiar del Estado, que dispone: "Artículo 985. Recibidos los autos, el juez oral se avocará a su conocimiento y de estar ofrecida la pericial o para el caso de que de oficio deba ser desahogada, hará el nombramiento del perito como corresponda; debiendo citarlo, así como a las partes y a sus peritos, a la audiencia preliminar, la que se celebrará dentro de los diez días siguientes, conforme a las etapas procesales: I. Enunciación de la litis; II. Fase de mediación y/o conciliación; III. Sanción del convenio por el juez, en caso de mediación o conciliación de las partes; IV. Fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos y sobre controvertidos; V. Admisión y preparación de pruebas para la audiencia de juicio; únicamente sobre hechos controvertidos; VI. Revisión de las medidas cautelares, de aseguramiento y precautorias ya decretadas, y decisión sobre las solicitadas en la audiencia; y, VII. Citación para la audiencia de juicio." Conforme al acta mínima de audiencia preliminar desahogada a las diez horas del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se advierte que la misma fue suspendida en la etapa de enunciación de la Litis. En cuanto al desahogo de dicha diligencia, el juez responsable al rendir su informe justificado reconoció que la misma no fue videograbada con motivo de que la cámara contaba con fallas técnicas y se había enviado al Secretario de Administración del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; y que se suspendió su desahogo derivado de que el quejoso no había exhibido garantía alimentaria, ni el pago de alimentos provisionales para su menor hija. También informó que en auto de esa misma data -veintiséis de octubre de dos mil veintiuno- fijó las once horas del nueve de noviembre del año en curso, para la continuación de la audiencia preliminar. Así, no obstante la certeza de los actos reclamados, lo cierto es que sus efectos no trascienden en forma directa y actual en los derechos sustantivos del quejoso, toda vez que aún no se ha emitido la resolución en que se analice el fondo del asunto, de manera que incluso la afectación que resiente pudiera desaparecer sin dejar huella, en el caso de que la determinación que se pronuncie no resulte adversa a sus intereses. Aunado a que la propia responsable reprogramó la continuación de la audiencia preliminar, por lo que, una vez que se agoten las etapas correspondientes, en caso de no lograrse la mediación y/o conciliación, se citará para la audiencia de juicio que establece el artículo 999 del ordenamiento familiar, en la que, en su última etapa se emitirá la sentencia correspondiente, que puede no serle perjudicial. Pero aun así, tales violaciones pueden invocarse como de carácter procesal dentro del juicio de amparo directo que eventualmente pudiera interponer el quejoso en cuanto parte demandada en el juicio familiar de donde proviene el acto reclamado. Atento a lo anterior, no se surte el supuesto contenido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, pues no se no se trata de un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Además, las violaciones que pudieron cometerse con los actos reclamados, pueden subsanarse con posterioridad, si la sentencia que se dicte en el juicio oral familiar le resultara favorable a los intereses del quejoso; de no ser así, podrá reclamarlas en el amparo directo que se llegara a interponer en contra del mencionado fallo, por tratarse de violaciones procesales en términos del numeral 172, fracciones XI y XII, de la Ley de Amparo. Así, a través del juicio de amparo directo pudiera combatirse las violaciones procesales destacadas y demás consecuencias que de ella derivan. Por analogía jurídica se invoca la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Aunado a lo anterior, el hecho de que la audiencia preliminar oral familiar no haya sido grabada por la falta de videocámaras, no incide en el derecho de acceso a la jurisdicción contenido en el artículo 17 de la Norma Fundamental, en su dimensión adjetiva, relativa a las garantías que deben ser observadas durante el procedimiento, ya que el principio de oralidad que rige en el juicio familiar, en la fase en que se encuentra, quedó garantizado con la presencia de las partes ante el juez familiar. En efecto, en el acta mínima que se levantó con motivo de la referida audiencia se registró su desarrollo, y se hizo constar que ante el Juez Mixto de Primera Instancia, en funciones de juez oral familiar, comparecieron la apoderada jurídica de la actora, la mandataria judicial de demandado, la agente del Ministerio Público y el tutor especial del menor; por lo que, se cumplió con el objetivo de la oralidad del juicio familiar; por lo cual, no se advierte una afectación a derechos sustantivos de manera irreparable que hagan procedente el juicio de amparo indirecto. Al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éstos últimos interpretado a contrario sensu, con fundamento en el diverso numeral 63 fracción V, de la misma norma, procede SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO. QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por ÁLVARO POSADAS MORENO, por los motivos dados en el considerando cuarto. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, KATIA OROZCO ALFARO, hasta el día de hoy once de marzo de dos mil veintidós, ante la secretaria Maira Flor López Valencia, con quien actúa y da fe. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, KATIA OROZCO ALFARO, hasta el día de hoy once de marzo de dos mil veintidós, ante la secretaria Maira Flor López Valencia, con quien actúa y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Devolución de despacho diligenciado. Agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexos, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, mediante el cual adjunta diligenciado el despacho 299/2021, número de orden 589/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, enviado a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado, se le notificara el proveído de tres de noviembre del año en curso dictado en el presente incidente de suspensión a la tercera interesada ********************. De las constancias remitidas por la autoridad oficiante se desprende que la referida tercera interesada fue debidamente notificada del citado proveído. Dése de baja la comunicación diligenciada, en el libro de gobierno que corresponda. Notifíquese a las partes en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Se difiere la audiencia constitucional. Del estado que guardan los autos, específicamente de la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Fecha que se fija en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese a las partes en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
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