Alvaro Rangel Garcia
Expediente 206/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 206/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Alvaro Rangel Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa desahogó la vista que se le hizo en proveído de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, del oficio suscrito por el el Agente del Ministerio Público de la Federación, en apoyo de la Agencia Primera Investigadora de esta ciudad, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la resolución fue emitida el veintinueve de octubre de dos mil veinte, en el sentido se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Álvaro Rangel García, misma que el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, causa ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora Los Mochis de la Unidad de Investigación y Litigación del Estado de Sinaloa, de esta ciudad, por el cumplimiento de ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que la resolución fue emitida el veintinueve de octubre de dos mil veinte, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: Deje insubsistente la determinación de siete de julio de dos mil veinte, y emita otra, donde ordene la entrega del vehículo material del presente juicio al quejoso, siempre y cuando no exista motivo legal alguno debidamente sustentado en la carpeta de investigación para ello, o que la entrega debiera reservarse; en el entendido que, dicha autoridad, deberá hacer uso de todas las facultades e incluso medidas de apremio o coercitivas que tenga a su alcance para lograr la devolución aludida. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficios recibidos en la oficialía de partes de este juzgado el trece de enero del presente año, el Agente del Ministerio Público de la Federación, en apoyo de la Agencia Primera Investigadora de esta ciudad, remite copia del acuerdo ministerial de siete de octubre de dos mil veinte, en donde se autoriza la devolución del vehícuo marca Ford, modelo Mustang, año modelo 2005, con placas de circulación HAK-939-C del estado de Guerrero, con número de identificación vehicular 1ZVFT84N655249755; posteriormente, el dos de marzo del presente año, dando cumplimiento a la vista que se le dio el veintidós de febrero del presente año, y atendiendo la petición del quejoso respecto a no poder retirar el citado vehículo por no contar con los recursos económicos para dicho fin, ascendiendo a la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M/N), el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula III-1 del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del oficio MOCH-EILIII-C1-141/2021 de veinticuatro de febrero del actual, mediante el cual se ordena al encargado del local de encierro "Grúas Villarreal", con sede en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, realizar la entrega del vehículo afecto a la carpeta de investigación FED/SIN/MOCH/0000491/2019, al quejoso Álvaro Rangel García, lo anterior, sin cubrir el importe económico por concepto de almacenaje del vehículo en mención. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que ".Deje insubsistente la determinación de siete de julio de dos mil veinte, y emita otra, donde ordene la entrega del vehículo material del presente juicio al quejoso, siempre y cuando no exista motivo legal alguno debidamente sustentado en la carpeta de investigación para ello, o que la entrega debiera reservarse; en el entendido que, dicha autoridad, deberá hacer uso de todas las facultades e incluso medidas de apremio o coercitivas que tenga a su alcance para lograr la devolución aludida.". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula II-1, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención a lo solicitado en el oficio 1591/2021 de nuestro índice, informa que se autorizó la devolución del vehículo marca Ford, modelo Mustang, año modelo 2005, con placas de circulación HAK-939-C del estado de Guerrero, con número de identificación vehicular 1ZVFT84N655249755; así como del acuse de recibido del correo electrónico institucional, por medio del cual fue notificado de dicha resolución al licenciado Alfredo Rosillo Flores, Defensor Público Federal, y por último del oficio número MOCH-EILIII-C1-141/2021 de veinticuatro de febrero del presente año, mediante el cual se ordena al encargado del local de encierro "Grúas Villarreal", con sede en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, realizar la entrega del citado vehículo afecto a la carpeta de investigación FED/SIN/MOCH/0000491/2019, al quejoso ********************, lo anterior, sin cubrir el importe económico por concepto de almacenaje del vehículo en mención En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable.
- Principal
Visto el escrito firmado por el licenciado Alfredo Rosillo Flores, Defensor Público Federal del quejoso ********************, mediante el cual desahoga la vista que se le dio en proveído de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, y solicita que se requiera por el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la autoridad responsable, toda vez que la misma sigue sin dar cumplimiento; agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes. Además manifiesta que no le fue posible retirarlo de las "Grúas Villarreal" en virtud de que para hacerlo tenía que pagar $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M/N) por los días que estuvo en ese lugar y el quejoso no cuenta con recursos económicos para dicho fin. Situación que le hizo del conocimiento a la autoridad responsable, solicitándole que en uso de sus facultades y medidas de apremio o coercitivas que tiene a su alcance ordenara la entrega material -no solamente jurídica- del vehículo, sin embargo, dicha petición no encontró consonancia por parte de la responsable. En atención a lo anterior, como lo solicita el promovente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, otorgue cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por último, se apercibe a la responsable que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria dentro del plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, acorde a lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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