Alvaro Rangel Garcia
Expediente 256/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 256/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 10/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Alvaro Rangel Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no realizó alguna manifestación respecto al acuerdo de doce de septiembre del año en curso, en el cual se determinó que la ejecutoria de amparo emitida en este juicio constitucional se encuentra cumplida; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto total y definitivamente concluido. En ese contexto, considerando que el presente expediente está definitivamente concluido, acorde a la fracción IV del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, pues mediante sentencia de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. Por tal motivo, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, el cual deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. De igual forma, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo noveno capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Asimismo, glósese el original y duplicado del cuaderno de suspensión relativo, y conforme a la fracción III del artículo Vigésimo Primero, Capitulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se precisa que tanto el original como el duplicado de dicho cuaderno incidental, son susceptibles de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, atento a la fracción III, del apartado vigésimo y fracción III, primer párrafo del punto vigésimo primero, ambos del Acuerdo General reseñado. Por último, del análisis del presente asunto se desprende que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este juzgado federal el tres de mayo de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquellos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. Por último, se precisa que una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, este asunto se transferirá al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de cuatro de septiembre del año en curso, en relación con el oficio y documentales allegadas por el agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Primera Investigadora Los Mochis, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó el cinco siguiente; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por sentencia de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se concedió al quejoso Álvaro Rangel García, la protección constitucional por estimarse que el acto reclamado al agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Primera Investigadora Los Mochis, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, resultaba violatorio de los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; resolución que causó ejecutoria el veintisiete de agosto del año en curso, al no ser recurrida por las partes. Pues bien, la concesión del amparo se hizo para el efecto de que la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora Los Mochis, Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en el término de tres días, contado a partir de que causara ejecutoria el fallo constitucional, dejara insubsistente el acuerdo emitido el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en el que negó la devolución del vehículo asegurado en la carpeta de investigación FED/SIN/MOCH/0000491/2019 -instruida contra el quejoso por el delito de contrabando presunto, previsto y sancionado por el artículo 103, fracción II, del Código Fiscal de la Federación- y en su lugar emitiera uno diverso en el que fundara y motivara debidamente su actuar, esto es, que precisara los motivos y razones por los cuales considera que el bien mueble controvertido no se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 237 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Primera Investigadora Los Mochis, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante oficio 88/2019 presentado el dos de septiembre de dos mil diecinueve, remitió copia certificada de los acuerdos de la propia fecha, emitidos en la indagatoria de origen, en los cuales se dejó insubsistente el acuerdo reclamado de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, y se dictó uno diverso, en el que se estableció -con fundamentación y motivación-, que una vez que se presente ante dicha autoridad ministerial el imputado, su defensa o persona distinta, que en derecho pueda solicitar la devolución del vehículo materia de la litis y acrediten la legítima propiedad sobre el mismo, se estará en posibilidad jurídica de variar el sentido del acuerdo mencionado, atendiendo al principio de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley. Como se anticipó, en proveído de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se dio vista al quejoso con el oficio y documentales allegadas por el representante social responsable; en el entendido de que el amparista no desahogó dicha vista, no obstante encontrarse notificado. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora Los Mochis, Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente el acuerdo emitido el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en el que negó la devolución del vehículo asegurado en la carpeta de investigación FED/SIN/MOCH/0000491/2019 -instruida contra el quejoso por el delito de contrabando presunto, previsto y sancionado por el artículo 103, fracción II, del Código Fiscal de la Federación- y en su lugar emitiera uno diverso en el que fundara y motivara debidamente su actuar, esto es, que precisara los motivos y razones por los cuales considera que el bien mueble controvertido no se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 237 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual ya aconteció; por tanto, es claro que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, y se ha restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Primera Investigadora Los Mochis, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo y remite las documentales para sustentarlo; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso con el oficio y documentales de cuenta para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable.
- Principal
Atendiendo el estado procesal de los autos y al contenido de la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto en la Ley de Amparo para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra la sentencia emitida el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, en la cual se concedió la protección constitucional al quejoso Álvaro Rangel García, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Bajo ese contexto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera de Investigación Los Mochis de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a fin de que en el término de tres días contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, otorgue el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita las constancias certificadas respectivas o, en su caso, manifieste el impedimento legal o material que para ello tuvieren. En la inteligencia de que, el amparo se concedió para efecto de que la responsable en comento deje insubsistente el acuerdo emitido el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en el que negó la devolución del vehículo asegurado en la carpeta de investigación FED/SIN/MOCH/0000491/2019 -instruida contra el quejoso por el delito de contrabando presunto, previsto y sancionado por el artículo 103, fracción II, del Código Fiscal de la Federación- y en su lugar emita uno diverso en el que funde y motive debidamente su actuar, esto es, que precise los motivos y razones por los cuales considera que el bien mueble controvertido no se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 237 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, se apercibe a la autoridad responsable citada, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado, se impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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