Álvaro Molina Váldez

Expediente 871/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 43 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
871/2018
Año
2018
Actuaciones
43
Última actuación
27/02/2019

Partes del expediente

  • Álvaro Molina Váldez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que decreto el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respetivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio, así como el original del incidente, pues se negó la medida cautelar, por ende glósese al presente; ambos expedientes carecen de relevancia documental. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Asimismo, devuélvase a la autoridad responsable Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, las copias certificadas que integran el expediente 188/2018 que adjuntó al rendir su informe justificado

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que el término de vente días otorgado a la parte quejosa mediante auto de cuatro de enero de dos mil diecinueve, para efecto de recoger los edictos ordenados a fin de emplazar al tercero interesado María .... feneció sin que lo hubiere hecho, consecuentemente se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado; pues al no concurrir una de las partes al juicio de amparo, se incumple con uno de los requisitos de la demanda de garantías, estipulado en la fracción II del artículo 116 de la Ley de Amparo; en ese contexto, resulta inconcuso que lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61 fracción XXIII en relación con el 108 fracción II y 63 fracción II, todos de la Ley Reglamentaria del juicio de amparo. En abundamiento, cabe precisar que el emplazamiento del tercero interesado, que permita tener válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionada a que la parte quejosa recoja y pague la publicación de los edictos respectivos, por haber sido conminada a ello, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional, puesto que de ser así y en caso de resultar sentencia favorable para la parte agraviada, afectaría el derecho subjetivo del cual goza el gobernado tercero interesado con los actos reclamados a las autoridades responsables. Por ello, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte impetrante de amparo, por no comparecer a recoger los edictos, impide al suscrito juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el presente juicio, pues constitucionalmente no es válido que un Tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Lo anterior es así, ya que al quedar paralizado el juicio constitucional por no recoger y publicar los edictos, a costa de la parte promovente del juicio constitucional, para lograr el emplazamiento del tercero interesado, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, pues entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible a este órgano jurisdiccional, sino a la propia parte agraviada, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, dado que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos que al respecto señala la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. Razones las anteriores, que llevan a determinar el sobreseimiento en este juicio de amparo. Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita, tal y como lo ordena el artículo 17 Constitucional, evitándose además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio de la parte quejosa. Se invoca como apoyo, la jurisprudencia número 2ª./64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, página 211, que señala lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuestos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático, de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5º., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos, a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgado de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad esta interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional señalada a las once horas con diez minutos del trece de febrero de dos mil diecinueve; por lo tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado, y hágase del conocimiento de las autoridades responsables esta determinación. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en la jurisprudencia número 2a./J. 108/2010 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página 416, tomo XXXII, Agosto de 2010, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Lo anterior en atención a que en el presente asunto la parte quejosa no manifestó encontrarse en imposibilidad para cubrir los gastos de la publicación de los edictos ordenados, o la dificultad para recoger los edictos dentro del plazo otorgado, lo cual denota su falta de interés en la prosecución del presente juicio, aunado a que en autos no se advierte constancia que permita a este juzgado establecer dicho impedimento.

  3. Principal

    "...Agréguese el oficio de la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, por el que solicita se acuse recibo del oficio a través del cual devolvió el exhorto 1359/2018, con número de orden 1469 relativo al presente juicio de amparo; en consecuencia, acúsese recibo del comunicado en mención por vía correo electrónico oficial (4jdo4ctocl@cjf.gob.mx)..."

  4. Principal

    "...Visto el contenido de la certificación secretarial con que se da cuenta, se advierte que por auto de cuatro de enero de dos mil diecinueve, se ordenó el emplazamiento por medio de edictos a la tercero interesada María Teresa Cárdenas Martínez, sin que a la fecha haya comparecido a recogerlos para su publicación; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional prevista para esta fecha, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Notifíquese...".

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