Álvaro Hernández Vázquez
Expediente 733/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Álvaro Hernández Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón actuarial signada por la actuaria judicial de la adscripción, de la que se advierte que no le fue posible notificar al quejoso ..., el contenido del auto de catorce de mayo del año en curso, por los motivos que en la misma expone. En tal virtud, dado que en autos no obra diverso domicilio donde pueda practicarse aquella diligencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarle a la parte quejosa por medio de lista el proveído de catorce de mayo último, así como los autos subsecuentes, aún los de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. ACUERDO DE CATROCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó la negativa de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración dado que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y el suscrito considera que no tiene relevancia histórica o documental.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó la negativa de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración dado que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y el suscrito considera que no tiene relevancia histórica o documental. Notifíquese, personalmente al quejoso.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por la Secretaria Particular de la Coordinación General de Litigación, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, mediante el cual remite la constancia de emplazamiento del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, por conducto de su superior jerárquico, por ser el actual encargado de la causa de control 555/2020, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, de la que emanan los actos reclamados en este expediente; por tanto, en términos del artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo téngasele por emplazado al presente juicio para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 733/2020-VI; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito de demanda, presentado el catorce de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y recibida al día siguiente en este Juzgado, Álvaro Hernández Vázquez, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México y otra autoridad, por los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Por auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a la autoridad responsable su informe con justificación, dio intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 35 y 37 primer párrafo, de la Ley de Amparo; toda vez que se reclaman actos cuya ejecución tiene lugar dentro del ámbito territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo y la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que el quejoso reclama: - La determinación de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictada en la causa penal 555/2020, del índice administrativo del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, por la que le fue impuesta la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el procedimiento y su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las responsables Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán y Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, ambas del Estado de México, pues así se desprende el contenido de su respectivo informe con justificación que rindieron y las constancias que anexaron para apoyarlo. La certeza de que se habla se corrobora además con las constancias y videograbaciones que remitieron en apoyo a su informe con justificación, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por tratarse de la reproducción certificada de actuaciones judiciales expedidas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setecientos tres, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente; sin embargo, las partes no hicieron valer causa de improcedencia ni se advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo. A continuación, se examinará la constitucionalidad del acto combatido, sin que para tal efecto sea necesaria la transcripción de los motivos de disenso formulados por la parte agraviada, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello2 . Bajo ese contexto, el quejoso aduce que la determinación de la autoridad responsable es incorrecta sustancialmente por los siguientes motivos: - Le priva de su libertad sin causa justificada. - Le impone la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa cuando el delito que se le imputa (abuso sexual) no está previsto en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como uno de los que la amerita. - La autoridad fundamenta su decisión en el artículo 19 constitucional, mismo que si prevé que se impondrá la prisión preventiva oficiosa a los imputados que se les atribuya la comisión del delito de abuso sexual, sin que conforme al principio pro persona se hubiera elegido la aplicación del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es más benéfico para él. - El texto del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales no se encuentra armonizado con lo dispuesto por el numeral 19 de la Carta Magna, por lo cual no se puede aplicar en su persona, puesto que lo anterior violenta el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 constitucional. - La autoridad excede sus facultades al imponerle la medida la cual considera constituye una pena anticipada y no un medio de garantía para la no sustracción de la justicia, infringiendo con esto el principio de presunción de inocencia. - Se le priva del disfrute de sus derechos a una debida impartición y acceso a la justicia, pues la autoridad deja subsistente la prisión preventiva oficiosa que fue impuesta en su contra, sin que el texto constitucional prevea otra posible medida cautelar para el delito que se le atribuye. Conviene señalar que, por cuestión de practicidad y para una mejor comprensión del asunto, al abordar el análisis de los requisitos con que debe cumplir el dictado de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impugnada, se dará contestación simultáneamente a los conceptos de violación que así lo ameriten. Así, se estima que los conceptos que hace valer el quejoso son infundados, sin que se advierta motivo de suplencia en su favor, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones que se expondrán enseguida. En ese sentido, resulta conveniente hacer referencia al contenido de los artículos 19 constitucional, 153, 154, 158 y 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales establecen la procedencia de las medidas cautelares dentro del proceso penal, así como los requisitos que deben cumplirse para su imposición. Ahora, del contenido de los citados preceptos legales se advierte que: - La autoridad judicial puede fijar al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa sólo cuando reciba solicitud del Ministerio Público. - Dicha medida cautelar procede cuando otras no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos, de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. - El juez de Control solo puede decretar la prisión preventiva oficiosa cuando el ilícito que se le impute al indiciado sea uno de los previstos expresamente por el numeral 19 Constitucional. - Para que se pueda fijar una medida cautelar deben ocurrir alguna de las circunstancias siguientes: a) Que formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o b) Se haya vinculado a proceso al imputado. En este aspecto, es importante hacer la precisión que cuando se solicite la fijación de la medida cautelar durante el transcurso del término constitucional dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. - La resolución en que se fije la medida cautelar debe contener al menos lo siguiente: I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma; II. Los lineamientos para la aplicación de la medida, y III. La vigencia de la medida. En el caso, al reproducir la audiencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, que constituye la resolución reclamada se puede apreciar que la representación social formuló imputación contra Álvaro Hernández Vázquez, por su probable intervención en la comisión del hecho delictuoso de abuso sexual, ilícito previsto y sancionado por los artículos 270 fracción II, en relación con los numerales 6, 7, 8 fracciones I y III y 11 fracción I inciso c) del Código Penal para el Estado de México, cometido en agravio de la menor de identidad reservada de iniciales U.A.A.H. Al respecto, la Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, decretó la detención material y judicial del aquí quejoso, misma que retrotrajo a las quince horas con cincuenta minutos del día veintinueve de septiembre del dos mil veinte, al ser el día y hora en el que el imputado fue puesto a disposición de esa autoridad. Posteriormente, previa solicitud del Ministerio Público y dando el uso de la palabra al defensor del indiciado, decretó la fijación de la medida de prisión preventiva oficiosa, la cual señaló tendría vigencia por todo el tiempo que dure el procedimiento, justificando su imposición en base a los siguientes argumentos: a) El delito de abuso sexual cometido en agravio de menores de edad, está previsto por el artículo 19 constitucional como de aquellos ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. b) Que no es obstáculo para su fijación que el artículo 167 no ha incorporado en su texto el ilícito de abuso sexual cometido en agravio de menores de edad, pues en el caso se optó por aplicar lo señalado en la norma suprema de la nación, en atención el principio de aplicación directa de la Constitución. c) Que la jurisprudencia 1a./J. 33/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN DELITOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS, ASÍ COMO EN MATERIA DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS. SU APLICACIÓN ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE CUMPLA LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADO EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE ABRIL DE 2019."; no es aplicable al caso concreto pues la misma atiende a distintos ilícitos y no precisamente al que se le imputa al indiciado. En ese orden de ideas, no le asiste razón al quejoso al sostener que es incorrecta la determinación de la autoridad responsable, pues dicha resolución cumple con los requisitos previstos en las normas referidas. Lo anterior, pues la fiscalía formuló imputación en contra del quejoso por el delito de abuso sexual cometido en agravio de una menor de edad y fue la misma representación social quien realizó la solicitud para su imposición, siendo resuelta su petición justo después de que fuera imputado por la comisión de dicho ilítico, por la autoridad judicial dentro del plazo constitucional para resolver su situación jurídica. Además, es correcta la resolución de la Juez de Control pues efectivamente el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que dicho delito amerita prisión preventiva oficiosa y, por ende, se encuentra justificada su imposición a quien le es atribuido la comisión de tal hecho delictivo. Asimismo, es acertada la apreciación de la responsable en el sentido de que la jurisprudencia 1a./J. 33/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es aplicable en el caso de abuso sexual, se afirma lo anterior, pues de la lectura de la ejecutoria que dio nacimiento a dicho criterio se advierte que expresamente se señaló lo siguiente: "Al respecto, pese a la adición de diversos ilícitos al catálogo de aquellos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, se debe precisar que la materia de la contradicción de tesis, se ciñe únicamente al caso de los delitos sobre los que se pronunciaron los Tribunales Colegiados contendientes, es decir: a) en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; y, b) en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea." Igualmente, no encuentran fundamento los planteamientos del quejoso relativos a que por no estar previsto el delito de abuso sexual en la ley procesal no se puede aplicar lo dispuesto en la Constitución, y que de no elegirse aplicar el primero, se transgreden los principios de supremacía constitucional y pro persona, previstos respectivamente en los numerales 133 y 1° de la Carta Magna; para explicar lo anterior, conviene precisar el momento en que cobran vigencia las reformas constitucionales, así como el efecto que tiene su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Al respecto, se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que generó la tesis 1a. XXVII/2004, donde en esencia determinó: que para que una reforma constitucional tenga ese carácter, basta con incorporarla al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en el procedimiento que dispone su artículo 135 y para autentificarla con sus destinatarios, es necesario que se publique en un medio fehaciente como es el Diario Oficial de la Federación. La referida Sala agregó que la publicación en ese medio tiene dos finalidades: 1) la de hacer del conocimiento de los gobernados y a los demás órganos del Estado, que el orden jurídico ha sido modificado y, 2) hacer exigible el acatamiento del nuevo ordenamiento. De esa manera, estableció la Primera Sala, la publicación se traduce en una garantía objetiva del propio ordenamiento que se destina a fijar de manera auténtica y permanente el contenido de una norma, así como garantizar la seguridad y certeza jurídicas, por lo que la propia constitución dispone que la publicación se haga inmediatamente, para privilegiar la voluntad del Constituyente Permanente. En esa circunstancia, las reformas constitucionales tienen vocación de regir y cobrar vigencia inmediatamente, sin demora, una vez publicadas en el Diario Oficial, conforme a los principios de supremacía y eficacia inmediata de la constitución, de manera que una regla es que rijan a partir del mismo día de su publicación en el Diario Oficial y la excepción es que empiecen a regir en fecha posterior, siempre que el propio Constituyente así lo hubiese determinado mediante disposiciones transitorias, o que por su contenido mismo no puedan ser exigibles desde ya; por lo que no es necesario un periodo de vacatio legis para que inicie la vigencia de una reforma constitucional. Las consideraciones que preceden se encuentran en la tesis 1a. XXVII/2004 publicada en la página 309, del tomo XIX, marzo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO REQUIEREN DE VACATIO LEGIS Y ANTE LA AUSENCIA DE DISPOSICIÓN EXPRESA SOBRE SU FECHA DE ENTRADA EN VIGOR, DEBE ESTARSE A LA DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SALVO QUE POR SU CONTENIDO NO SEAN EXIGIBLES DE MANERA INMEDIATA." Ahora, también conviene señalar la consecuencia jurídica que deriva de la circunstancia atinente a que la norma secundaria no está en concordancia con la reforma constitucional, en virtud de que no se ha reformado la primera. Sobre este tema cabe indicar que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la ejecutoria que generó la tesis 2a. CXXVIII/2010, destacó que las normas constitucionales son susceptibles de aplicación directa por cualquier Juez, en la medida en que la norma Constitucional sea suficientemente completa para poder valer como regla para los casos concretos, es decir, si su texto no requiere regulación posterior para definir una situación individual. Lo descrito se encuentra en la tesis 2a. CXXVIII/2010 publicada en la página 1471 del tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUPUESTO EN QUE PUEDE SER INVOCADA DIRECTAMENTE POR CUALQUIER JUEZ." Ahora, la reforma al artículo 19 Constitucional, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, en los términos siguientes: "ARTÍCULO 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. [.] TRANSITORIOS Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19, materia de este Decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes a las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo. [.] Quinto. La aplicación de las normas relativas al artículo 19 en los supuestos delictivos materia del presente Decreto, se harán conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución." (Lo resaltado es propio). En ese sentido, es posible concluir que fue voluntad del constituyente incluir en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, los delitos de abuso o violencia sexual contra menores y que el artículo 19 constitucional es preciso en señalar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, sin dejar a la potestad de la ley secundaria, alguna excepción. Además, que la reforma constitucional entró en vigor el trece de abril de dos mil diecinueve, otorgándose al Congreso de la Unión un plazo de noventa días para, específicamente, incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las hipótesis que se agregaron al artículo 19 constitucional, como son los delitos de abuso sexual en contra de menores; de manera que no existe una libertad configurativa en cuanto al tema. De igual manera, derivado de dicha reforma se puede destacar que la aplicación de las normas relativas al artículo 19 en los supuestos delictivos materia del decreto, se harán conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Federal; siempre y cuando el acto de aplicación se rija por los principios reconocidos en el precepto citado en último término. En ese entendido, lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del aludido decreto por el cual se declara reformado el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, no se traduce en lo que técnica se conoce como una vacatio legis, sino un mandamiento expreso al legislador para que realice lo ahí indicado. Tampoco el cumplimiento de dicho mandamiento significa una condición de validez para el reformado artículo 19 Constitucional, toda vez que, se insiste, no hubo libertad configurativa en cuanto al tema. Por lo que, contrario a lo expuesto por el quejoso, no se considera indispensable la reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de aplicar la reforma constitucional de mérito, pues por sí misma es completa para aplicarse al caso concreto, por lo que, no se advierte una violación al principio de supremacía pues la autoridad responsable optó por aplicar directamente la constitución como norma suprema respecto de la cual todas las demás normas están sujetas. Aunado a lo anterior, resulta importante señalar que si bien el principio pro persona obliga al operador jurídico al momento de resolver un conflicto, a buscar la norma más favorable a la persona o la que represente la menor restricción y a elegir, cuando una norma admite varios significados, aquella que beneficie más a la persona, sin embargo, ello no implica necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera bajo el pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno el principio pro persona puede dar lugar a constituir "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Rige a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página novecientos seis, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES." En ese orden de ideas, tampoco se advierte que la responsable se exceda en sus atribuciones e imponga una pena anticipada en tanto que el artículo 19 de la constitución federal establece una excepción al ejercicio de la libertad personal, en la prisión preventiva, al indicar la norma constitucional que la reclusión preventiva comprenderá los delitos, entre otros, de abuso o violencia sexual contra menores, lo que revela que los procesados que se encuentren en tal hipótesis, quedan sujetos al régimen excepcional para ser internados de manera oficiosa, lo que se traduce en una auténtica restricción de carácter constitucional al ejercicio de un derecho humano de libertad personal. Es aplicable al tema la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 20/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 202, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Décimo Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL Concatenado a lo anterior, resulta importante señalar que incluso debe regir la norma constitucional en caso de que las excepciones en ella establecidas no estén en armonía con los derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales, contrario a lo que indica el quejoso en su escrito inicial. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 119/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página setecientos sesenta y ocho, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE PRETENDEN LA DESAPLICACIÓN DE UNA RESTRICCIÓN, PROHIBICIÓN, LIMITACIÓN O EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL, CON APOYO EN UNA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER CONVENCIONAL." Lo expuesto, pone de manifiesto que el acto reclamado está fundado y motivado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la constitución federal, que establece el derecho fundamental de legalidad que tiene como propósito primordial que el justiciable conozca el porqué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa, las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que exista una base razonable para que el gobernado cuestione y controvierta la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Lo anterior en el entendido de que, se insiste, la prisión preventiva constituye una excepción justificable al derecho fundamental de libertad, así como al principio de presunción de inocencia, previsto en el artículo 20, inciso b), fracción I, constitucional, toda vez que tiende a preservar el adecuado desarrollo del proceso y garantizar la eventual ejecución de la pena, así como también a evitar un grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad. En respaldo a lo expuesto, es de citarse la tesis aislada 1a. CXXXV/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 493, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Materias Constitucional - Penal, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, no pueden suprimirse el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la propia convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Ahora bien, la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, mediante un auto de formal prisión dictado por un delito que merezca pena de prisión; lo que es acorde con el artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, máxime que el detenido preventivamente no purga una pena anticipada." En tales condiciones, el suscrito considera que la determinación combatida se encuentra ajustada a derecho y ante lo infundado de los conceptos de violación formulados por el quejoso, procede negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita, lo que se hace extensivo a los actos de ejecución al no ser combatidos por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a ...
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