Álvaro Medina Mejía

Expediente 271/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
271/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Álvaro Medina Mejía

Actuaciones

  1. Principal

    téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por el cual acusa de recibo del similar por el que se le remitieron los autos originales del presente expediente; e informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 271/2023, del índice de este Juzgado, promovido por... Vinculación del expediente electrónico. En ese contexto, con fundamento en el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, contenido en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, hágase del conocimiento del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, que se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) a través del apartado denominado "vinculación", en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en el presente sumario, para lo cual se instruye a la Oficial Judicial "A" a cargo del referido sistema, a fin de que realice la vinculación respectiva. Archivo. Ahora bien, toda vez que en el en el expediente en que se actúa no existe pendiente trámite alguno, archívese el mismo como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico respectivo. Valoración documental. De conformidad con los artículos 12 y 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es destruible, por no encontrarse dentro de los criterios de valoración que pueda ser calificado de relevancia documental o conservable, ni obra en autos ninguna determinación de información reservada con motivo de alguna solicitud de acceso a la información calificada. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de seis meses que se establece en el primer párrafo del citado artículo 19 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción de los expedientes principal condigno. Anotación de valoración documental y fecha de archivo en carátula de expediente. Inscríbanse tales datos, así como la fecha de este acuerdo en la carátula del presente expediente, en observancia a lo dispuesto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por...contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí. Regístrese su ingreso en el Libro de control electrónico respectivo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 271/2023-II-F. Incompetencia. Ahora bien, visto el contenido del escrito de demanda, este Juzgado de Distrito considera carecer de competencia legal para conocer del acto reclamado por el promovente del amparo, en términos de los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Lo anterior se afirma así, por lo siguiente. En principio, resulta pertinente destacar que el referido artículo 37 de la Ley de Amparo, contempla las siguientes hipótesis: a) Un Juez de Distrito es competente para conocer de un juicio de amparo cuando tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Así, de las dos primeras reglas competenciales se aprecia la exigencia de que los actos reclamados tengan ejecución material, a diferencia de la tercera que no lo requiere. Luego, a efecto de establecer la incompetencia por parte de este órgano jurisdiccional para conocer del juicio de amparo que nos ocupa, resulta indispensable analizar si la determinación reclamada tiene o no ejecución material. En el caso, de la demanda de amparo se observa que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, la omisión de dictar el laudo correspondiente al expediente laboral 882/2016/M-1, de su índice, en el cual el quejoso, bajo protesta de decir verdad, señala es parte actora. Por tanto, en la especie se actualiza la hipótesis de incompetencia a que se refiere el inciso a) precisado, consistente en que es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución; ello, porque el acto reclamado tienen un principio de ejecución en tanto sus efectos se actualizan dentro del procedimiento laboral de referencia, cuya ejecución será ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí. Cierto, como lo explica la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión, puesto que en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación; en ese sentido, las autoridades no solo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Desde la Sexta Época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entendía que dentro de los actos negativos se encuentran las decisiones, ejecuciones u omisiones. En su jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los actos negativos - omisivos- en realidad producen efectos meramente declarativos, es decir, que no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular, consecuentemente, carecen de ejecución material; empero, ha precisado que los actos negativos - omisivos- con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo, producen un cambio en la realidad o modifican un estado existente en las cosas. Ahora, para fijar la competencia por cuestión de territorio, respecto de actos que requieren de ejecución material, no basta que los actos omisivos únicamente produzcan efectos positivos en virtud de un cambio en la realidad o modifiquen un estado existente en las cosas, sino que esos efectos generen o puedan generar materialmente una ejecución. Sentado lo anterior, es inconcuso que el reclamo de la parte quejosa versa en un "no hacer" de la autoridad respecto de algo que inminentemente tendría la obligación de efectuar, en la especie, dictar el laudo dentro del procedimiento de origen. Esto es así, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta; la violación a ese derecho se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Entonces, de conformidad a la forma en que se plantea el acto reclamado en la demanda de amparo, éste tiene la naturaleza jurídica de un acto omisivo con efectos positivos, pues debe puntualizarse que no siempre los actos de carácter omisivo carecen de ejecución material, ya que si bien, la parte quejosa reclama la omisión de dictar laudo, en apariencia es un acto puramente de carácter omisivo, lo cierto es que, ese "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad responsable continúe con la abstención que se le impugna, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos de la parte quejosa, como son los de seguridad jurídica y de acceso a la justicia; ya que se dilata la resolución definitiva del procedimiento laboral. En tal virtud, esta juzgadora considera que resulta legalmente competente para conocer de la acción constitucional intentada, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde deban tener ejecución los actos reclamados, esto es, el que ejerce jurisdicción en la ciudad de San Luis Potosí, capital, que en el caso lo es alguno de los residentes en ese municipio, como lo establece el Acuerdo General 3/2013, en su artículo 4, fracción IX. Consecuentemente, de conformidad con lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y por ende, se ordena remitir la misma con sus copias, -vía Estafeta-, al Juez de Distrito en turno en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que resuelva lo que estime procedente, conforme a lo dispuesto por el numeral citado de la Ley de Amparo; solicitándole el acuse de recibo respectivo; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Acceso a expediente electrónico. Como lo solicita la parte quejosa, autorícese el acceso para la consulta del expediente electrónico través del usuario "MAXCASTILLOB", de conformidad con los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, instrúyase a la oficial judicial "A" para que realice las autorizaciones correspondientes en el sistema a su cargo. En la inteligencia de que el promovente se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el carácter de persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. Domicilio y autorizados. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a...toda vez que se trata de la parte trabajadora. Exhortación a tramitar asuntos "en línea", y consulta de expedientes. Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, oficial judicial "A" y oficiales judiciales "c" que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Se precisa forma de integración del expediente físico y electrónico. Se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente - electrónico y en su caso físico- se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese; personalmente a la parte promovente.

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