Álvaro Medina Mejía
Expediente 572/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Álvaro Medina Mejía
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, uno de marzo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atento al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra del proveído dictado el tres de febrero de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 86 de la Ley de Amparo, aplicados los primeros de conformidad con el artículo 2o, de la citada ley de la materia, se declara que dicho proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto del que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de febrero de dos mil veintidós. Informe justificado. Téngase recibido y agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí, sin que en el caso se haga necesario dar vista a las partes con su contenido, atendiendo a las consideraciones que más adelante se precisan. Delegados y domicilio. Como lo solicita la autoridad responsable, ténganse como delegados a las personas que señala en su informe de cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Amparo y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa. Medio de contacto alterno. Asimismo, téngase a la citada autoridad responsable señalando como medio de contacto alterno el correo electrónico que refiere. Estado de autos. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos de los que aparece que mediante escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, turnado en la misma fecha a este Juzgado, Álvaro Medina Mejía, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado; en consecuencia, por auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de que se trata. Acto reclamado. Cabe destacar que en la demanda de amparo con la que se formó el expediente en que se actúa, la parte quejosa señaló como acto reclamado la abstención por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de acordar el escrito que le fue presentado el cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual, el quejoso designó como nuevos apoderados legales a ...dentro del expediente laboral... del índice del Tribunal responsable. Las documentales allegadas por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, como justificación de sus actos, tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones; de las cuales, se advierte lo siguiente: En proveído de cuatro de enero de dos mil veintidós, dictado en el expediente 555/2013/M-5, los integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, acordaron el escrito recibido ante dicho Tribunal el cuatro de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el actor Álvaro Medina Mejía, en virtud del cual, se tuvo a dicha parte procesal aquí quejosa, designando como nuevos apoderados jurídicos a Maximiano Castillo Balleza y Carlos Alejandro Bustos Ruiz, revocando a los nombrados con anterioridad, sin que se haya acordado de conformidad su solicitud en el sentido de señalar nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones por no precisar el mismo. Sobreseimiento fuera de audiencia. En ese orden de ideas, si de las constancias remitidas por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con su informe justificado, se advierte que en proveído de cuatro de enero de dos mil veintidós, acordó lo conducente en relación al escrito que le fue presentado por el quejoso el cuatro de junio de dos mil veintiuno; cuya omisión de acordar constituye la materia de reclamo en este juicio, por lo que, resulta evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en consecuencia, procede el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto combatido. El artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. En el caso, como se dijo, mediante proveído de cuatro de enero de dos mil veintidós, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado acordó lo conducente en relación al escrito que le fue presentado por la parte quejosa, cuya omisión constituye la materia de reclamo en este juicio; de ahí que se desprenda que dicho acto dejó de producir efectos en la esfera jurídica del solicitante, por tanto las cosas retornaron al estado que guardaban antes de la violación reclamada. Atento a lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 63 fracción V, de ese mismo ordenamiento, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 313, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octava Época, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, materia común, que dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Así como el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así las cosas, se impone sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo en el que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia al principio invocada. En consecuencia, se dejan sin efecto la fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional en este expediente. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista la determinación de tres de febrero de dos mil veintidós, a la parte quejosa, que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de febrero de dos mil veintidós. Informe justificado. Téngase recibido y agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí, sin que en el caso se haga necesario dar vista a las partes con su contenido, atendiendo a las consideraciones que más adelante se precisan. Delegados y domicilio. Como lo solicita la autoridad responsable, ténganse como delegados a las personas que señala en su informe de cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Amparo y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa. Medio de contacto alterno. Asimismo, téngase a la citada autoridad responsable señalando como medio de contacto alterno el correo electrónico que refiere. Estado de autos. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos de los que aparece que mediante escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, turnado en la misma fecha a este Juzgado, Álvaro Medina Mejía, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado; en consecuencia, por auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de que se trata. Acto reclamado. Cabe destacar que en la demanda de amparo con la que se formó el expediente en que se actúa, la parte quejosa señaló como acto reclamado la abstención por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de acordar el escrito que le fue presentado el cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual, el quejoso designó como nuevos apoderados legales a ...dentro del expediente laboral... del índice del Tribunal responsable. Las documentales allegadas por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, como justificación de sus actos, tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones; de las cuales, se advierte lo siguiente: En proveído de cuatro de enero de dos mil veintidós, dictado en el expediente 555/2013/M-5, los integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, acordaron el escrito recibido ante dicho Tribunal el cuatro de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el actor Álvaro Medina Mejía, en virtud del cual, se tuvo a dicha parte procesal aquí quejosa, designando como nuevos apoderados jurídicos a Maximiano Castillo Balleza y Carlos Alejandro Bustos Ruiz, revocando a los nombrados con anterioridad, sin que se haya acordado de conformidad su solicitud en el sentido de señalar nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones por no precisar el mismo. Sobreseimiento fuera de audiencia. En ese orden de ideas, si de las constancias remitidas por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con su informe justificado, se advierte que en proveído de cuatro de enero de dos mil veintidós, acordó lo conducente en relación al escrito que le fue presentado por el quejoso el cuatro de junio de dos mil veintiuno; cuya omisión de acordar constituye la materia de reclamo en este juicio, por lo que, resulta evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en consecuencia, procede el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto combatido. El artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. En el caso, como se dijo, mediante proveído de cuatro de enero de dos mil veintidós, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado acordó lo conducente en relación al escrito que le fue presentado por la parte quejosa, cuya omisión constituye la materia de reclamo en este juicio; de ahí que se desprenda que dicho acto dejó de producir efectos en la esfera jurídica del solicitante, por tanto las cosas retornaron al estado que guardaban antes de la violación reclamada. Atento a lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 63 fracción V, de ese mismo ordenamiento, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 313, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octava Época, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, materia común, que dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Así como el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así las cosas, se impone sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo en el que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia al principio invocada. En consecuencia, se dejan sin efecto la fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional en este expediente. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de enero de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con sede en San Luis Potosí, para rendir su informe justificado, el cual comprende del quince de diciembre de dos mil veintiuno al treinta y uno de enero del año en curso, sin contar el periodo vacacional de la referida autoridad, el cual comprendió del veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, así como el periodo debido a la pandemia generada por el virus SARS-COV2 (COVID 19), comprendido del once al veintiuno de enero del año en curso, notificados a este órgano jurisdiccional mediante oficios 1611/2021 y 42/2022, respectivamente. DIFERIMIENTO. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cuarenta y un minutos del catorce de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese.
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