Álvaro Martín Castro Huchin

Expediente 1625/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1625/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Álvaro Martín Castro Huchin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el presente expediente, con el que se formó el toca 688/2023. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que obra la totalidad de las constancias de notificación relativas al recurso de revisión interpuesto por ********************, quien se ostenta defensor del quejoso ******************** contra la sentencia definitiva firmada el cinco de septiembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, para la sustanciación del referido recurso, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito: 1. La impresión del escrito de revisión y de expresión de agravios. 2. La copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. 3. Un disco formato DVD. Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente. Hágase del conocimiento del Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal Colegiado se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, quien se ostenta defensor del quejoso ********************, con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, al cual adjunta su diverso escrito de expresión de agravios. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del citado escrito de revisión y de expresión de agravios a partes restantes. Una vez que esté debidamente integrado y notificado, remítase la impresión del escrito de expresión de agravios, la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación y un disco formato DVD remitido durante la tramitación del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. Notifíquese y personalmente a la parte tercero interesada.

  4. Principal

    En Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del cinco de septiembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 1******************** de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Luis Abraham Aquiahuatl Vázquez, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario CERTIFICA que: se tiene a la vista el expediente electrónico y el registro físico correspondiente de promociones, y no se encuentra promoción pendiente de acordar; asimismo, HACE CONSTAR que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado para dictar la sentencia; por lo que se hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo, el acuerdo de admisión, el informe con justificación rendido por la responsable. Asimismo, se emplazó a la víctima ********************., al Fiscal adscrito al Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Yucatán, y se dio intervención al Asesor Federal, quien compareció a juicio. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede, la cual será analizada al dictar sentencia. Luego, se abre el período probatorio en el cual se da cuenta al Juez con la documental ofrecida por la Jueza Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del sistema Acusatorio y Oral, en funciones de Juez Primero de Control, con residencia en Mérida, consistente en las actuaciones de la carpeta administrativa ********************, así como copia del registro de audio y video de la audiencia de dieciséis de junio de dos mil veintitrés. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1******************** de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas, en los términos en que fueron aportadas al juicio de amparo, las cuales se desahogan por su propia naturaleza. Se cierra el período probatorio y se abre el de alegatos, haciendo constar que el coadyuvante los formuló y el Agente del Ministerio Público de la Federación presentó pedimento. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 1******************** de la Ley de Amparo, se tiene al asesor legal realizando manifestaciones en vía de alegados; así como al representante social de la adscripción formulando pedimento, en el que solicita se niegue la protección constitucional al quejoso; sin embargo, estas manifestaciones no serán analizadas, toda vez que no forman parte del análisis de constitucionalidad. Finalmente, no habiendo cuestión pendiente de dilucidar, se declara cerrada la audiencia constitucional, se procede al estudio de las constancias para emitir la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1625/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, por conducto de su defensor ********************, contra actos de la Jueza Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del sistema Acusatorio y Oral, en funciones de Juez Primero de Control, con residencia en Kanasín, Yucatán. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El cuatro de julio de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de su defensor ********************, contra actos de la Jueza Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del sistema Acusatorio y Oral, en funciones de Juez Primero de Control, con residencia en Kanasín, Yucatán, consistente la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro de la carpeta administrativa ********************. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán. En auto de seis de julio de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente 1625/2023, y se admitió a trámite la demanda. En la secuela procesal, se recibió el informe con justificación de las autoridades responsables; se dio intervención al representante social de la adscripción, quien formuló pedimento; a la víctima ********************., al Fiscal adscrito al Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Yucatán, y se dio intervención al Asesor Federal, terceros interesados en términos del artículo 5, fracción III, incisos c) y e), de la Ley de Amparo. Seguidos los trámites legales en esta fecha se celebró la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, primer párrafo, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Jueza Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del sistema Acusatorio y Oral, en funciones de Juez Primero de Control. Kanasín, Yucatán La resolución de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro de la carpeta administrativa ********************, del índice del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín, Yucatán, en la que se negó decretar el sobreseimiento, con efectos de sentencia absolutoria. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados La Jueza Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del sistema Acusatorio y Oral, en funciones de Juez Primero de Control, aceptó la existencia la resolución reclamada. Además, la responsable adjuntó fotocopia certificada de la carpeta administrativa ********************, así como copia del registro de audio y video de la audiencia de dieciséis de junio de dos mil veintitrésl; documentales a las que se les concede pleno valor legal, de conformidad con los artículos 130, 129, 202, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 43/2013 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Hipótesis de procedencia del juicio de amparo En el presente asunto se reclama la resolución que negó el sobreseimiento de la carpeta administrativa que se sigue en contra del quejoso; consecuentemente, la procedencia de la acción constitucional se ubica en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues constituyen actos dentro de juicio que causan una afectación de imposible reparación; habida cuenta que se encuentra privado de la libertad con motivo de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta por la Jueza de Control. Apoya lo considerado, por las razones que la integran, la tesis V.3o.P.A.1 P (11a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. CONTRA LA NEGATIVA DE DECRETARLO, DERIVADO DE LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN POR LA FISCALÍA Y SU SUPERIOR JERÁRQUICO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UN ACTO INTRAPROCESAL QUE TRANSGREDE DE MANERA DIRECTA LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL IMPUTADO. Hechos: En el juicio de amparo indirecto la quejosa cuestionó la constitucionalidad del proveído por el que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto por el que un Juez de Control negó la celebración de una audiencia para decretar el sobreseimiento en la causa penal, en virtud de la presentación extemporánea de la acusación por parte de la Fiscalía y su superior jerárquico. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al considerar actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, relativa a que el acto reclamado únicamente transgrede derechos fundamentales de tipo adjetivo. Inconforme con dicha determinación, la quejosa interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la negativa del Juez de Control de sobreseer dentro de un proceso penal seguido conforme a las reglas del procedimiento penal acusatorio, derivado de la presentación extemporánea del escrito de acusación por parte del agente del Ministerio Público y su superior jerárquico, en términos de los artículos 3******************** y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no sólo trasciende a la afectación de derechos procesales, sino que implica una afectación directa a los derechos sustantivos del promovente, en tanto que sus efectos existen, son reales y actuales y recaen sobre la libertad personal del imputado y su derecho a una justicia pronta y expedita desde el momento mismo de su dictado, lo que hace procedente el juicio de amparo indirecto en su contra, sin que para ello sea necesario esperar a las resultas de la etapa intermedia del proceso penal de origen. Justificación: De acuerdo con la mecánica procesal prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal acusatorio se compone de tres diferentes etapas: de investigación, intermedia y de juicio oral. En cuanto al cierre de la primera, la propia codificación invocada prevé diferentes consecuencias jurídicas que eventualmente habrán de impactar en la esfera jurídica de las partes en el proceso, bien sea para eximirlas y liberarlas de la relación jurídico-procesal, o para obligarlas a proseguir con ésta, hasta su total conclusión. Concretamente, sus artículos 323 a 326 y 328 establecen que habiendo fenecido el plazo para el cierre de la investigación complementaria (cualquiera que éste haya sido) dentro de los quince días siguientes, el agente del Ministerio Público quedará constreñido a solicitar el sobreseimiento total o parcial en la causa, la suspensión del proceso o a formular la acusación respectiva; en la inteligencia que de no proceder en los anotados términos -cualquiera que sea su determinación-, el Juez de Control pondrá el hecho en conocimiento de la Fiscalía General, para que dentro de un plazo idéntico al primigeniamente obsequiado al agente subordinado se pronuncie sobre el particular; ello, bajo el apercibimiento de que en caso contrario se sobreseerá en la causa. Lo que resulta relevante, si se considera que conforme al citado artículo 328 el sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria y pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado; mientras que en el supuesto de que se determine formular una acusación en su contra, quedará sujeto a proseguir con el proceso hasta su total conclusión. De ahí que la determinación que se dicte por parte de la Fiscalía una vez decretado el cierre de la fase de investigación complementaria, cualquiera que sea su sentido, sobreseimiento, acusación e, incluso, de suspensión, habrá de incidir sobre los derechos sustantivos del procesado, concretamente los inherentes a su libertad personal y de acceso a la justicia de manera expedita, ya que con ello se le exoneraría de todo proceso recobrando su libertad inmediata o se le constreñiría a continuar con una secuela procesal con todas las cargas legales e, incluso, económicas que ello implica. Por consiguiente, dada su estructura y finalidad legal, en la etapa intermedia ya no será posible reexaminar la legalidad de la acusación que formule la Fiscalía, en tanto que ésta es parte de las actuaciones culmen de la de investigación e, incluso, el presupuesto básico necesario para la existencia de aquélla. Es decir, la etapa intermedia no podría ser abierta sin que previo a ello la Fiscalía hubiese cerrado la de investigación mediante la presentación de un escrito de acusación y, por ende, en atención al principio de continuidad procesal, no podría examinarse la legalidad de dicha actuación en una etapa siguiente. QUINTO. Oportunidad para presentar la demanda de amparo La demanda se presentó oportunamente, como se expone enseguida: A. En términos del artículo del artículo ******************** de la Ley de Amparo, el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, porque se reclaman resoluciones dictadas dentro de un procedimiento penal. B. Conforme a la primera hipótesis del precepto 18 de la Ley de Amparo, la resolución reclamada se notificó el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, por lo que en términos de los artículos 63, y 82, fracción I, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, surtió sus efectos al día hábil siguiente en que se practicó, es decir, el diecinueve de junio del año en curso. C. Excluyendo sábados y domingos, al ser inhábiles conforme al artículo ******************** de la Ley de Amparo, el plazo para ejercer la acción constitucional trascurrió del veinte de junio al quince de julio de dos mil veintitrés. D. La demanda se presentó el cuatro de julio de dos mil veintitrés, en el Portal de Servicios Electrónicos del Poder Judicial de la Federación el el cuatro de julio de dos mil veintitrés, por lo que la acción de amparo se ejerció oportunamente. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado A fin de resolver el presente asunto, se reseñan los antecedentes relevantes del acto reclamado: Carpeta administrativa. En el Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín, Yucatán, se integra la carpeta administrativa ********************, en la que ******************** fue imputado y vinculado a proceso por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley describe como abuso sexual equiparado, previsto y sancionado en los artículos 309, segundo párrafo, en relación con el 310 del Código Penal del Estado de Yucatán, cometido en agravio del menor de identidad reservada. Etapa intermedia. Durante la etapa escrita, con fundamento en el artículo 338 y 339 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Fiscal formuló acusación en contra de ********************. En lo que interesa, los hechos materia de la acusación fueron los siguiente: "Es el caso que entre las 23:30 horas del día 10 de junio del año 2022, y a las 07:00 horas del día 11 de junio del año 202 (sic), usted ******************** o ******************** se encontraba con el menor ********************., además de otros sujetos en un cuarto del hotel "********************" ubicado en la calle ********************, número ********************, por ******************** y ******************** del ********************, de la localidad de ********************, y fue en este intervalo de temporalidad usted aprovechó para ejecutar diversos actos lascivos consistentes en tocamientos y manoseos obscenos explícitamente sexuales en el menor víctima." Audiencia intermedia. Se llevó a cabo el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en la que síntesis se formuló acusación; se declaró improcedente el sobreseimiento propuesto por la defensa; se proveyó sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, y se dictó auto de apertura a juicio, pero sin remitirlo al Tribunal de Enjuiciamiento. En lo que interesa el debate y resolución de la solicitud de sobreseimiento, ocurrió en los términos siguientes: Acusación (02:******************** a 06:51). El Fiscal acusó a ********************, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley describe como abuso sexual, previsto en los artículos 310, en relación con el 309, segundo párrafo del Código Penal del Estado de Yucatán, cometido en agravio del adolescente ********************. En lo que concierne a la acusación, el Fiscal reiteró que los hechos consisten en que "(.) entre las 23:30 horas del día 10 de junio del año 2022, y a las 07:00 horas del día 11 de junio del año 202 (sic), usted ******************** o ******************** se encontraba con el menor ********************., además de otros sujetos en un cuarto del hotel "********************" ubicado en la calle ********************, número ********************, por ******************** y ******************** del ********************, de la localidad de ********************, y fue en este intervalo de temporalidad que usted aprovechó para ejecutar diversos actos lascivos consistentes en tocamientos y manoseos obscenos explícitamente sexuales en el menor víctima". Solicitud de sobreseimiento (06:54 a 16:15). Después de oír la acusación, con apoyo en los artículos 327, 328 y 329, en relación con el diverso 335, del Código de Procedimientos Penales, la defensa solicitó el sobreseimiento de la carpeta de investigación, porque estimó que la acusación fue defectuosa. Apoyó su premisa en que, el relato de la acusación no fue claro y preciso, ya que carece de una descripción de las circunstancias específicas de los hechos. Lo anterior, porque la Fiscalía no describió la mecánica en que supuestamente ocurrieron los actos lascivos, tampoco narró detalladamente, las circunstancias de cuáles fueron esos tocamientos, en qué parte del cuerpo de la víctima se ejecutaron, así como la actitud de la víctima. Dijo que la deficiente acusación de la fiscalía, lo dejó en estado de indefensión, ya que no conoce los hechos que serán materia del juicio ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Además, el derecho de la fiscalía para ejercer la acción penal en su contra, y al ejercerlo de forma deficiente, conduce al sobreseimiento con carácter de sentencia absolutoria. Intervención del Fiscal y victima (16:******************** a 20:38). Ambos se opusieron a la solicitud de sobreseimiento, ya que la acusación cumple con los requisitos legales. Además, en el delito de abuso sexual, no es necesario, como lo exigió el defensor, describir detalladamente las acciones que ejecutó el activo, pues la prescripción del código sustantivo penal sanciona la acción de realizar un acto lascivo o la obligue a ejecutarlo para sí o en otra persona. Debate (20:38 a 30:30). Escuchadas las partes, cada formularon réplicas y contraréplicas. En esencia, la defensa insistió en los defectos de la acusación, que no se subsanan con la cita de la descripción legal; por su parte, la fiscalía y la asesora jurídica consideraron que la acusación no contiene los vicios puntualizados por el defensor, por lo que no lo deja en estado de indefensión. Resolución (30:30 a 33:28). La Jueza de Control consideró infundado el sobreseimiento. La decisión judicial se apoyó en dos premisas: A. El artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no prevé que las deficiencias en la acusación tengan como consecuencia el sobreseimiento; y B. Contrario a lo que el defensor propuso, en la acusación sí quedaron establecidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que fueron atribuidos al imputado que serán del conocimiento del Tribunal de Enjuiciamiento. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SÉPTIMO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento al mandato legal, el suscrito considera que no hay alguna causa de improcedencia que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. No es desatendido por el suscrito que, en la propia audiencia en la que se emitió el acto reclamado, la Jueza de Control dictó auto de apertura a juicio, sin embargo, no se actualizó un cambio de situación jurídica. Ciertamente, el segundo párrafo del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, menciona que solamente la sentencia de primera instancia hará que ocurra un cambio de situación jurídica, y por ello, la autoridad judicial que conozca del proceso penal lo suspenderá en lo que corresponda al quejoso en los casos que se reclamen violaciones a los artículos ******************** ó 20 Constitucionales, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga al juicio de amparo pendiente. El citado precepto no debe interpretarse en el sentido de que el sólo dictado del auto de apertura a juicio, conduce al cambio de situación jurídica, volviendo improcedente la acción de amparo. Lo anterior, porque conforme a los artículos 211, fracciones I y II, 347, primer y último párrafos y 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia concluye una vez que el Juez de Control dicta el auto de apertura a juicio, cuenta con cinco días para hacerlo llegar, junto con los registros y el acusado, al Tribunal de Enjuiciamiento correspondiente, siendo que cuando éste los recibe, da inicio formal y materialmente la etapa de juicio oral. Así, será hasta que el Tribunal de Enjuiciamiento llega a tener conocimiento del asunto al comenzar a fungir como autoridad rectora del procedimiento penal, en podría considerarse que la etapa intermedia concluyó. De modo que aunque la etapa intermedia concluye con el auto de apertura a juicio, ello no significa que las actuaciones o trámites subsecuentes, que son tendentes a que los autos queden a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento, no se den dentro de esa misma etapa procesal, pues si bien se le considera como concluida dado que su objeto se cumplió, esto no implica que se halle plenamente cerrada, pues en atención al principio de continuidad que rige el sistema de justicia penal acusatorio y oral, esto ocurre hasta cuando da inicio la etapa subsecuente, o sea, en el momento en que el Tribunal de Enjuiciamiento recibe el referido auto de apertura a juicio. Por lo que el dictado de dicho acto procesal no conlleva un cambio de situación jurídica, más aún cuando la autoridad judicial no lo envía al Tribunal de Enjuiciamiento para evitar la apertura de la última fase del procedimiento penal, lo que significa que continúa siendo la rectora del procedimiento respectivo. OCTAVO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado El análisis se realizará a la luz de los conceptos de violación expuestos en la demanda, por lo cual es innecesaria su trascripción; simultáneamente, en caso de existir alguna violación que no se haya hecho valer en esos conceptos, pero se haya actualizado, será abordada en suplencia de la queja deficiente, como lo prevé el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En la demanda de amparo, el impetrante refiere que la resolución reclamada vulnera los artículos 14, 16, ******************** y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que contrario a lo que concluyó la Juez de Control, la acusación que formuló el Ministerio Publico no se ajusta a lo que dispone el artículo 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, porque no contiene una clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica, ya que el Fiscal sólo refirió que los hechos consistieron en que ejecutó diversos actos lascivos consistentes en tocamientos y manoseos obscenos explícitamente sexuales en el menor víctima, pero sin mencionar qué tipo de tocamientos o manoseos se trataba, en cuantas ocasiones supuestamente lo hizo, ni en qué partes del cuerpo. Lo genérico de la acusación no le permite ejercer su derecho de defensa adecuada, ya que le impide desarrollar la teoría del caso y ofrecer las pruebas de descargo correspondientes. Es infundado el concepto de violación, pues la acusación sí reúne los requisitos del artículo 325, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, en relación con la acusación ministerial, el artículo 21, segundo párrafo, de la Constitución Federal, establece que la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. Por su parte, los artículos 127, 131, fracción XVI y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales es una obligación que corresponde al Ministerio Público. Esta atribución tiene lugar cuando una vez concluida la fase de investigación complementaria si de los antecedentes de la investigación se obtienen medios de prueba idóneos y suficientes que justifiquen la existencia del delito y la responsabilidad penal de la persona imputada, la autoridad ministerial estará en aptitud de ejercer la acción penal correspondiente, lo que materializará a través de la acusación, misma que sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: la de investigación, la etapa intermedia o de preparación al juicio y la etapa de juicio. En lo que lo que interesa, uno de los objetivos de la etapa intermedia (también llamada de preparación del juicio) es evitar que cualquiera pueda ser acusado sin fundamento bastante, pues la acusación constituye el punto de partida de la decisión judicial penal. Así, la acusación es una pieza clave en el proceso penal: es un acto de postulación de la representación social que funda y motiva una pretensión punitiva para, de existir elementos para ello, obtener del órgano jurisdiccional competente una sanción a cargo de un imputado. La acusación materializa los efectos de la investigación y permite individualizar y particularizar el ejercicio de la acción penal y, constituye una guía de los autos y de las sentencias dictadas a lo largo del procedimiento al vincular a estas resoluciones judiciales, con lo dispuesto por la propia acusación, a través de la obligación de congruencia. También tiene una estrecha relación con el derecho de defensa pues por virtud de ella se conocen y controvierten los hechos, el derecho, los medios de prueba y, en general, se construye o fortalece con base en ella, una teoría del caso. Así, la etapa intermedia en relación con la acusación, se erige como un mecanismo procesal que garantiza -entre otras cosas- el principio de interdicción de la arbitrariedad, impidiendo acusaciones sin fundamento bastante. De esta manera, la acusación es el acto procesal por virtud del cual el Ministerio Público decide ejercer la pretensión punitiva del Estado contra una persona que probablemente intervino en la comisión de un hecho considerado por la ley como delito, con la finalidad de que se apliquen las sanciones penales que procedan en caso de que se declare su culpabilidad por la autoridad judicial. Asimismo, la acusación es un acto necesario para la continuación del proceso penal, en virtud de que una vez que el Ministerio Público formula su acusación iniciará la etapa intermedia. Ahora, para estar en aptitud de verificar la referida lógica argumentativa, el Juez de Control deberá identificar los requisitos de validez de la acusación para asegurar que no se vulnere ningún derecho -particularmente el de defensa-. Así, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 334 y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la acusación formulada por el Ministerio Público debe cumplir requisitos formales y materiales. Los requisitos formales de la acusación, consistente en que debe presentarse por escrito; debe identificar al acusado y a su defensor, y debe identificar a la víctima y a su asesor jurídico. Por su parte, los requisitos materiales de la acusación, son que debe contener los hechos materia de la vinculación a proceso, detallando: a) Los hechos relativos al caso delictivo, con circunstancias de modo, tiempo y lugar. b) Los hechos relativos a la reparación del daño y el monto de esta. c) Los hechos relevantes para la individualización de la sanción. d) Los hechos y medios de prueba relevantes para considerar beneficios penitenciarios, de ser el caso. E) Debe precisar los medios de prueba ofrecidos por la representación social: los medios ofrecidos para desahogarse en juicio; señalar, de ser el caso, pruebas anticipadas. F) Debe precisar los aspectos jurídicos del delito, como las calificativas, agravantes, atenuantes, excluyentes. G) La autoría o participación. H. Debe hacer referencia a la pena o medida de seguridad que se solicite, incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos; así como a la posibilidad de solicitar el decomiso de bienes asegurados. I. Debe expresarse, de ser el caso, una propuesta de acuerdos probatorios o la solicitud de aplicación de alguna forma de terminación anticipada del proceso, de ser procedente. J. Debe constreñirse a las personas que hayan sido sujetas a la vinculación a proceso. De esa forma, si el escrito de acusación cumple con todos los requisitos de ley, entonces podrá ser considerado suficiente para continuar con el procedimiento. Expuesto lo anterior, el Fiscal formuló acusación en contra de ********************, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley describe como abuso sexual equiparado, previsto en los artículos 310, en relación con el 309, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Yucatán, cometido en agravio del adolescente ********************.. En este punto es necesario tener presente lo considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis ********************0/20********************, en la que señaló que cuando la ley habla de "hecho delictivo", se refiere a la clasificación legal de los hechos al tenor de la figura típica prevista en el Código Penal respectivo; mientras que el vocablo "hecho" tiene relación con el elemento fáctico que dio origen a la imputación, en ese caso a la acusación, es decir, con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se desarrolló el evento delictivo. Dicho de otro modo, el "hecho" como elemento fáctico, aporta los datos necesarios para lograr su encuadramiento en una descripción típica. En el caso, el delito de abuso sexual equiparado, por el que se formuló acusación al quejoso, se refiere para su acreditación (en la etapa que se encuentra el proceso), que una persona, sin el propósito de llegar a la cópula, realice con o sin consentimiento de una persona menor de quince años, de uno u otro sexo, un acto lascivo; es decir, no exige para la acreditación del hecho delictivo la explicación detallada de esos actos. Sentando lo anterior, los términos de la acusación fueron los siguientes: "Es el caso que entre las 23:30 horas del día 10 de junio del año 2022, y a las 07:00 horas del día 11 de junio del año 2022, usted ******************** o ******************** se encontraba con el menor ********************., además de otros sujetos en un cuarto del hotel "********************" ubicado en la calle ********************, número ********************, por ******************** y ******************** del ********************, de la localidad de ********************, y fue en este intervalo de temporalidad que usted aprovechó para ejecutar diversos actos lascivos consistentes en tocamientos y manoseos obscenos explícitamente sexuales en el menor víctima." Así, como se anunció, la acusación reúne los hechos relativos al caso delictivo, con circunstancias de modo, tiempo y lugar, que exige el artículo 355, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ciertamente, de su contenido se obtiene que el lugar en el que ocurrieron los hechos fue en un cuarto de hotel "********************" ubicado en la calle ********************, número ********************, por ******************** y ******************** del ********************, de la localidad de ********************. El momento en que sucedieron, en entre las veintitrés horas con treinta minutos del día diez de junio de dos mil veintidós y las siete horas del día once de junio de dos mil veintidós. Respecto al modo de ejecución, el imputado ejecutó diversos actos lascivos consistentes en tocamientos y manoseos obscenos explícitamente sexuales. De lo anterior, se obtiene que contrario a lo que dice el quejoso, la acusación contiene información clara, detallada, integral y suficiente, para conocer que la acción penal responsable consistió en que realizó tocamientos y manoseos lascivos en el cuerpo de un adolescente, con lo que es apta para considerar que se le proporcionaron las bases necesarias para plantear su defensa. Además, es desproporcional exigir que el Fiscal relate en forma concreta cómo ocurrieron todos y cada de los tocamientos, esto es, cómo fue que el quejoso tocó al adolescente, en qué parte lo hizo, así como el comportamiento de la víctima, ya que esa descripción no es relevante para que se configure el hecho delictivo, el cual consiste en la existencia de actos lascivos, que en este caso, son los tocamientos y manoseos explícitamente sexuales. De esta manera, las explicaciones como las que solicita el quejoso, para tener colmada la circunstancia de modo, rebasan el contenido de la conducta penalmente reprochable. En efecto, la norma sustantiva sanciona como hecho delictivo de abuso sexual, cualquier acto lascivo sin consentimiento, no sólo aquél que se realizó de una forma u otra. Entonces, basta que en la acusación se haya indicado que los hechos que ejecutó son actos lascivos, que consisten en tocamientos y manoseos obscenos explícitamente sexuales en contra de un adolescente. Así, ante lo infundado de los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que suplir, debe negarse la protección constitucional solicitada por ********************, por conducto de su defensor ********************, contra actos de la Jueza Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del sistema Acusatorio y Oral, en funciones de Juez Primero de Control, con residencia en Kanasín, Yucatán, consistente la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro de la carpeta administrativa ********************. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por conducto de su defensor ********************, contra actos de la Jueza Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del sistema Acusatorio y Oral, en funciones de Juez Primero de Control, con residencia en Kanasín, Yucatán, consistente la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro de la carpeta administrativa ********************, por las razones expuestas en último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE

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