Álvaro Martín Castro Huchin

Expediente 1765/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1765/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Álvaro Martín Castro Huchin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa y tercero interesada mediante acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo conducente respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, por lo que de oficio, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Demanda de amparo El siete de agosto de dos mil veintitrés se recibió a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, la demanda de amparo promovida por ***, por conducto de su defensor *******, contra el acto y autoridad siguiente: - Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en Kanasín, Yucatán. "El auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, a través de la cual se negó la apertura de audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta en su contra dentro de la carpeta administrativa ***. La resolución de trece de julio de dos mil veintitrés, mediante la cual se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra de auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, que desechó la solicitud de revisión de la medida cautelar dictada dentro de la carpeta administrativa ******". II. Sentencia y efectos de la protección constitucional Luego, por sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal, en su primer punto resolutivo, sobreseyó y, en su segundo punto resolutivo, otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la parte quejosa a fin de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "NOVENO. Efectos de la protección constitucional. (.) 69. A. Que el deje sin efectos la resolución de trece de julio de dos mil veintitrés, mediante la cual se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra de auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, que desechó la solicitud de revisión de medida cautelar dentro de la carpeta administrativa *****. 70. B. Dicte una nueva, mediante la cual prescinda de analizar el fondo de los argumentos; admita la revisión de la medida cautelar en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y señale fecha y hora para la celebración de la audiencia". III. Análisis del cumplimiento al fallo protector En proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la referida sentencia y posteriormente en acuerdo de siete de noviembre cursante, se tuvo por recibido el oficio signado por la Jueza del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, en el que informó sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y anexó las constancias para acreditarlo, otorgándose el término de tres días a las partes para que manifestaran lo que a su derecho convenga. Ahora, del análisis del oficio en comento, y anexos que acompañó la autoridad antes citada, a los cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene lo siguiente: En audiencia de treinta y uno de octubre del año en curso, se dejó sin efectos la resolución de trece de julio del año en curso, en la cual se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, que desechó la solicitud de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta en autos de la carpeta administrativa ****. Se fijó fecha para la audiencia de revisión de medidas cautelares, llevándose a cabo en la propia fecha. Previo debate entre las partes sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida cautelar referida y la necesidad, en su caso, de mantenerla, el juez resolvió que deberá seguir prevaleciendo la prisión preventiva oficiosa impuesta al directo quejoso en este asunto. En consecuencia, el suscrito considera que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo y, por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, sin que exista exceso o defecto en el cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dado los lineamientos de la sentencia y el análisis de las constancias remitidas, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia I.5o.C.7 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del rubro siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA."; visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, página 2596, registro 2007400. Con lo anterior, y con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de quince días manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que, en caso de no hacerlo, se tendrá por consentido el presente proveído. Finalmente, tómese nota que la sentencia de amparo quedó cumplida el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por la Jueza del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, con el que da cumplimiento al requerimiento hecho por este Juzgado e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. Atendiendo a que la autoridad oficiante, anexó un disco en formato DVD, manténgase el mismo BAJO RESGUARDO en la secretaría de este órgano jurisdiccional. Sin que dicho DVD se digitalice y forme parte del expediente electrónico en atención a su voluminosidad para formar el expediente electrónico, quedando a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23, del punto Cuarto, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con la documentación de cuenta por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo que ha transcurrido el término al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Ahora, el fallo protector se emitió con los siguientes efectos: "69. A. Que el deje sin efectos la resolución de trece de julio de dos mil veintitrés, mediante la cual se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra de auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, que desechó la solicitud de revisión de medida cautelar dentro de la carpeta administrativa ******. 70. B. Dicte una nueva, mediante la cual prescinda de analizar el fondo de los argumentos; admita la revisión de la medida cautelar en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y señale fecha y hora para la celebración de la audiencia." En tal virtud, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de amparo. Se apercibe a las responsables, que en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado se les impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a las autoridades responsables del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se les conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Luis Abraham Aquiahuatl Vázquez, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario CERTIFICA que: se tiene a la vista el expediente electrónico y el registro físico correspondiente de promociones, y no se encuentra promoción pendiente de acordar; asimismo, HACE CONSTAR que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado para dictar la sentencia; por lo que se hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo, el acuerdo de admisión, el informe con justificación rendido por la responsable. Asimismo, se emplazó a la víctima ***y al Fiscal adscrito al Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Yucatán. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede, la cual será analizada al dictar sentencia. Luego, se abre el período probatorio en el cual se da cuenta al Juez con la documental ofrecida por la Jueza del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en Kanasín, consistente en las actuaciones de la carpeta administrativa ******. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas, en los términos en que fueron aportadas al juicio de amparo, las cuales se desahogan por su propia naturaleza. Se cierra el período probatorio y se abre el de alegatos, haciendo constar que las partes no los formularon y el Agente del Ministerio Público de la Federación presentó pedimento. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al representante social de la adscripción formulando pedimento, en el que solicita se niegue la protección constitucional al quejoso; sin embargo, estas manifestaciones no serán analizadas, toda vez que no forman parte del análisis de constitucionalidad. Finalmente, no habiendo cuestión pendiente de dilucidar, se declara cerrada la audiencia constitucional, se procede al estudio de las constancias para emitir la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1765/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por *****, por conducto de su defensor ****, contra actos de la Jueza del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en Kanasín. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo Mediante escrito presentado el siete de agosto de dos mil veintitrés. en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ****, por conducto de su defensor ******, solicitó la protección constitucional contra actos de la Jueza del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en Kanasín, consistente en la resolución del recurso de revocación dictado de la carpeta administrativa ******, que confirmó el auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés en el que se negó la apertura de la audiencia de revisión de medidas cautelares. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán. En auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente 1765/2023, y se admitió a trámite la demanda. En la secuela procesal, se recibió el informe con justificación de las autoridades responsables; se dio intervención al representante social de la adscripción, quien formuló pedimento; a la víctima *****, al Fiscal adscrito al Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Yucatán, terceros interesados en términos del artículo 5, fracción III, incisos c) y e), de la Ley de Amparo. Seguidos los trámites legales en esta fecha se celebró la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, primer párrafo, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS (....) OCTAVO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado El análisis se realizará a la luz de los conceptos de violación expuestos en la demanda, por lo cual es innecesaria su trascripción; simultáneamente, en caso de existir alguna violación que no se haya hecho valer en esos conceptos, pero se haya actualizado, será abordada en suplencia de la queja deficiente, como lo prevé el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En la demanda de amparo, el impetrante refiere que la resolución reclamada vulnera los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de los Tribunales de la Federación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alega que contrario a lo dicho por la juez responsable en ambos actos reclamados, no existe facultad alguna dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, para desechar de plano una solicitud de audiencia de revisión de medidas cautelares. Argumenta que es un hecho notorio para los órganos jurisdiccionales que el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó oficialmente al Estado Mexicano la sentencia que dictó el siete de noviembre de dos mil veintidós, en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros contra México, en la que declaró inconvencional la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Sentencia que es de observancia obligatoria para todos los jueces y tribunales mexicanos. Así, expone que, contrario a lo que resolvió la Jueza de Control, las condiciones objetivas de imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa sí han variado, por lo que con apoyo en los artículos 161 y 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se debe convocar para la audiencia de revisión de la medida cautelar y no desechar su petición. En atención a la causa de pedir, es fundado el concepto de violación, porque el auto de admisión no es la actuación idónea para determinar si operó o no una variación objetiva, por lo que la Jueza de Control debió ordenar la apertura de la audiencia de revisión de medidas cautelares que establece el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A efecto de sustentar lo anterior, es importante tomar en cuenta el marco jurídico atinente a las medidas cautelares y su revisión, contenido en los artículos 153, 154, 155, fracción XIV, 161, 162, 163 y 164, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales deponente lo siguiente: "Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas. Párrafo reformado DOF 17-06-2016 Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: (.) XIV. La prisión preventiva. Artículo 161. Revisión de la medida Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. (.) Artículo 162. Audiencia de revisión de las medidas cautelares De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud. Artículo 163. Medios de prueba para la imposición y revisión de la medida Las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar. Artículo 164. Evaluación y supervisión de medidas cautelares La evaluación y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva corresponderá a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso que se regirá por los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad" El Código Nacional de Procedimientos Penales establece los pasos para la revisión de las medidas cautelares cuando haya sido solicitada; es decir, la solicitud se plantea no como un recurso, sino como un procedimiento en el que, el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. De igual manera, debe decirse que del análisis integral al marco normativo que nos ocupa, se deduce que, con la solicitud de revisión de las medidas cautelares, se da oportunidad a las partes para abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. Así, para que el juez de control pueda resolver las cuestiones sometidas a su consideración, indefectiblemente debe abrir un debate entre las partes, para que le den la información necesaria, y en su caso, controviertan los argumentos de su contraria, a partir de lo cual motivará y fundará su decisión. Lo anterior resulta vital para resolver, ya que si el juzgador no obtiene la información necesaria de los sujetos procesales, es evidente que se encontrará imposibilitado para resolver plenamente conforme a las pretensiones y supuestos planteado. Asimismo, debe subrayarse que uno de los elementos esenciales que justifican la modificación de una medida cautelar es que se haya actualizado una variación objetiva de las condiciones de que llevaron a su imposición; tema que constituye el fondo de la solicitud que se realice en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 315/2021, reconoció que el transcurso del tiempo constituye un elemento objetivo que podría conducir a modificar una medida cautelar privativa de libertad. Igualmente, la Sala del Alto Tribunal diseñó una metodología para realizar el escrutinio de la subsistencia de la medida, en que se tomarán en cuenta tres elementos: a) complejidad del asunto; d) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades. Determinó que corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso. Y, en su caso, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. Lo anterior, hace evidente que dicha revisión debe llevarse a cabo bajo la dinámica del proceso penal acusatorio, es decir, bajo el procedimiento que se establece en dichos numerales y en observancia de la característica de oralidad y bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, que lo distinguen, para lo cual debe abrirse un debate entre las partes. En efecto, el pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional debe estar precedido de un debate entre las partes respecto de un tema sometido a un contradictorio en el que debe escuchárseles mediante la celebración de una audiencia y determinar lo correspondiente a la solicitud realizada -como en el caso- respecto a la sustitución, modificación o cese, siendo que esto último puede ocurrir conforme al principio de máxima duración del artículo 20, apartado B, fracción IX, segundo párrafo, de la Constitución, para los procedimientos del sistema oral. Ahora, en la resolución reclamada, con apoyo en el artículo 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Jueza de Control confirmó el desechamiento de plano de la solicitud de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pues consideró que no existió una variación objetiva de las razones que motivaron su imposición, ya que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la prevé no ha sido reformado. Además, sostuvo que los criterios de la Corte Interamericana de Derecho Humanos sobre la prisión preventiva emitidos en sentencias dictadas en contra del Estado Mexicano, no constituyen una variación objetiva de las condiciones por las cuales se impuso la prisión preventiva ociosa, ello pues aún se encuentra vigente el criterio contenido en la contradicción de tesis 291/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las restricciones constitucionales. Pues bien, lo resuelto por la Jueza responsable es contrario al derecho de acceso a la justicia. En primer lugar, porque es cierto que el artículo 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la posibilidad de que el Juez de Control deseche de plano la solicitud de revisión; sin embargo, esa decisión no debe apoyarse en el análisis de la problemática del fondo del asunto. Dicho en otras palabras, no es dable desechar uno solicitud de revisión de medida cautelar, a través de la calificación de los argumentos en los que se sustenta la petición, pues atenta contra el derecho humano de acceso a la justicia. Lo anterior, debido a que el acceso a la revisión a la medida cautelar es precisamente para que el solicitante exponga los motivos o fundamentos por los cuales considera que han variado las condiciones que justificaron su imposición, puesto que del contenido del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que cuando se solicite una revisión de medida cautelar se deberá citar a todas las partes a una audiencia, para el efecto de que a través del debate expongan en qué han variado las circunstancias que dieron origen a la imposición de la medida cautelar, o bien, que no lo han hecho y subsiste la necesidad de mantenerla. Máxime que, de conformidad con el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales la oralidad se rige como principio rector en el procedimiento penal, lo que propicia que la argumentación se lleve de manera eminentemente verbal. Entonces, las partes deben exponer oralmente sus razonamientos para demostrar las pretensiones o superar las contradicciones de su contraparte. En ese sentido, calificar de plano como insuficientes los argumentos desde la recepción de la solicitud de la revisión de la medida cautelar, evidentemente contraviene el principio de oralidad. Así, acorde con el principio de justicia completa y expedita, no se puede supeditar el acceso a la tutela jurisdiccional a condición alguna que no resulte racional y objetiva, o que establezca una traba innecesaria que represente un obstáculo injustificado entre los gobernados y los tribunales; y al aplicar la norma en el sentido en que se hizo se conculca el derecho a la tutela judicial efectiva en perjuicio del quejoso, al no permitirle el acceso a la revisión de la medida cautelar a que se encuentra sujeto con base en una interpretación restrictiva del precepto legal. A mayor abundamiento, en el derecho fundamental de acceso a la justicia se encuentran inmersos las diversas garantías judiciales y de protección efectiva previstas en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Una de ellas es el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, lo que también se encuentra reconocido en nuestra constitución, específicamente en su artículo 14. En ese panorama, concluir que no hubo un cambio objetivo en las razones que motivaron la imposición de la prisión preventiva oficiosa, sin siquiera escuchar a la exposición de la parte solicitante, es contraria al derecho de acceso a la justicia y a las normas que rigen el procedimiento penal, pues coartan el derecho del imputado a que exponga en audiencia todos aquellos elementos que considera constituyen un variación objetiva a que se refiere el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuentemente, se concluye que en la resolución reclamada se quebrantó en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales de real acceso a la justica y debido proceso a que se refieren los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ante lo fundado del concepto de violación, no se analizarán los argumentos en los que el quejosos arguye que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen una variación objetiva de las condiciones de motivaron la prisión preventiva oficiosa, toda vez que es el tema toral de la revisión de la revisión de la medida cautelar. NOVENO. Efectos de la protección constitucional En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos de este. En ese tenor, la concesión de amparo es para los efectos siguientes A. Que el deje sin efectos la resolución de trece de julio de dos mil veintitrés, mediante la cual se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra de auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, que desechó la solicitud de revisión de medida cautelar dentro de la carpeta administrativa *****. B. Dicte una nueva, mediante la cual prescinda de analizar el fondo de los argumentos; admita la revisión de la medida cautelar en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y señale fecha y hora para la celebración de la audiencia. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********, por conducto de su defensor *******, respecto del acto reclamado al Jueza del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en Kanasín, consistente en el auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, a través de la cual se negó la apertura de audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta en su contra dentro de la carpeta administrativa *****, por el motivo expuesto en el considerando séptimo del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********, por conducto de su defensor *********, respecto del acto reclamado al Jueza del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en Kanasín, consistente en la resolución de trece de julio de dos mil veintitrés, mediante la cual se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra de auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, que desechó de plano la solicitud de revisión de la medida cautelar dentro de la carpeta administrativa ****, por los motivos expuestos en el considerando octavo y para los efectos del considerando noveno de esta sentencia. NOTIFÍQUESE

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