Álvaro López Fuentes

Expediente 1097/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1097/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Álvaro López Fuentes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, por el que se tuvo por no presentada la demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otro lado, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse concedido la suspensión de plano y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese; y, vía electrónica al promovente.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la razón actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial de la adscripción para notificar a********************y/o ********************, el proveído de veintitrés de los actuales, toda vez que fue atendido por una persona de sexo femenino, quien no se identificó pero de edad aproximada de sesenta y ocho años de edad, un metro con sesenta y cinco centímetros de altura, complexión delgada, tez blanca, cabello corto, quien le manifestó que si conoce a la persona buscada (persona a favor de quien se presentó el amparo), pero que ya no vive ahí ni algún familiar, ya que el señor******************** rentaba en ese lugar y que desconoce a dónde se cambió y tampoco recuerda la fecha; por tanto, se acuerda: Del análisis integral del juicio de amparo en que se actúa se desprende sustancialmente: -El siete de diciembre de dos mil veintidós ********************, presentó demanda de amparo en representación de********************y/o ********************. en la que señaló como actos reclamados la incomunicación, desaparición forzada o algún de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y aquellos numerales. -En consecuencia, en esa data, se inició el trámite del presente sumario, se decretó la suspensión de plano por los actos reclamados, se comisionó al actuario judicial adscrito a este órgano judicial para que se constituyera en las cárceles o centros de detención, así como, en las instalaciones de los nosocomios existentes en la Ciudad de México, a fin de que el quejoso ratificará la demanda de amparo y señalará si era su deseo tener como autorizado en términos amplios a ******************** así como a diversas personas e indicará si señalaba como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la demanda de amparo. -En atención a lo anterior, la actuaria de la adscripción se constituyó en el Hospital General Dr. ********************, en donde se entrevistó con el licenciado ******************** adscrito al área de apoyo jurídico, quien le mostró la hoja inicial de urgencias a nombre de ********************, quien fue llevado a ese hospital siendo atendido por el doctor ******************** quien refirió que se trataba de un paciente de sesenta años de edad, que presentaba fracturas de tibia y peroné, negándose a recibir atención médica pues manifestó que es derechohabiente del ISSSTE y no quería ser hospitalizado en esa unidad por lo que se retiró en ese momento del lugar. -Así pues ante la imposibilidad de la fedataria de localizar al impetrante y dado que en la libreta de registro de urgencias aparecían sus datos personales y en lo que interesa su domicilio ubicado en ********************; se comisionó al actuario judicial adscrito para que se constituyera en éste y lograra llevar a cabo la diligencia encomendada. -Hecho lo anterior el fedatario de la adscripción, se constituyó en dicho domicilio, sin que lo localizara, pero fue informado por ********************, quien dijo ser sobrino del buscado, que su tío se dio de alta voluntaria del hospital ******************** y su familia lo trasladó a otro nosocomio, ya que tenía que ser intervenido quirúrgicamente, por una fractura sufrida en un accidente. -Por otro lado, de los informes de suspensión de plano rendidos por las autoridades responsables, se desprende que la mayoría informó que********************y/o ******************** no se encontraba a su disposición; sin embargo, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, hizo del conocimiento que el quejoso ******************** se encontraba relacionado con la carpeta de investigación ******************** en su calidad de víctima por el hecho delictivo de lesiones culposas por tránsito vehicular. -En tales condicione, mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós, se requirió al Fiscal de Investigación Territorial en ********************, al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que el primero de ellos, informará sí contaba con un domicilio o número de contacto en el que se pudiera localizar al directo quejoso o a un familiar que pudiera proporcionar la ubicación exacta del impetrante; mientras que a las restantes se les requirió giraran instrucciones al personal a su digno cargo, con el objetivo de que comunicaran a este órgano de control constitucional, si en alguno de sus centros hospitalarios se había proporcionado atención médica a********************y/o ******************** o en su caso informaran si se encontraba en sus instalaciones, y remitieran el registro donde obrara el domicilio del impetrante. -En consecuencia, el Jefe de Servicios de Coordinación Operativa del Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado informó que al realizar una búsqueda minuciosa en la base de datos única de derechohabientes de dicha institución, encontró el registro de ******************** con RFC ******************** y CURP ********************, pensionado directo del ISSSTE, zona Sur, con domicilio particular registrado en calle ********************, número ********************, colonia ******************** código postal 1****************************************00, alcaldía ********************, en esta ciudad, adscrito a la Clínica de Medicina Familiar ********************. -Por tanto, se comisionó al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituyera en la referida clínica, a efecto de que verificara si el quejoso se encontraba en dicho lugar o indagara con el personal de dicha institución el paradero en el que pudiera ser localizado el impetrante. De igual forma se le requirió al promovente ******************** señalara si contaba con información del paradero donde pudiera ser localizado el directo quejoso, con el objeto de que ratificara o no la demanda de amparo promovida en su favor. -Como resultado de lo anterior, el actuario judicial informó que en la Clínica de Medicina Familiar ******************** del ISSSTE, no existe alguna área de hospitalización y no existe registro de personas hospitalizadas, además, la directora de dicha clínica manifestó que la persona buscada no ha recibido atención médica en ese centro. -Así también, en auto de veintitrés de diciembre pasado, se volvió a requerir al promovente para que señalara si contaba con alguna información sobre el paradero del directo quejoso. -Mediante autos de once de los actuales, se dio vista al agente del Ministerio Público Federal la adscripción para que en el ámbito de su competencia manifestara lo correspondiente; y por el de veintitrés siguiente, se requirió de nueva cuenta al promovente ********************, para que indicara bajo protesta de decir verdad si conocía el paradero del directo quejoso y se comisionó nuevamente al actuario judicial para que se constituyera en el domicilio del directo quejoso, sin que se lograra su localización. De lo anterior se obtiene, que a la data no se han obtenido resultados de la búsqueda de********************y/o ********************, no obstante que se han desahogado diversas medidas para lograr su comparecencia, aunado a que ya se cuenta con la totalidad de los oficios de las autoridades a las que se les requirió información respecto a su paradero, así como de la suspensión de plano. Por tanto con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, promovida a su favor, se dejan sin efectos las medidas concedidas y hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior sin que se inadvierta que la demanda que dio origen al presente sumario se señaló como acto reclamado la "desaparición forzada", sin embargo, de autos es posible establecer su inexistencia como a continuación se justificara: La desaparición forzada o involuntaria constituye una de las más graves y crueles violaciones de los derechos humanos, pues no sólo produce una privación arbitraria de la libertad sino que pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del detenido, además, lo coloca en un estado de completa indefensión, acarreando otros delitos conexos. La desaparición forzada de personas por una parte constituye un ultraje a la dignidad humana, así´ como una violación grave manifiesta de los derechos humanos y libertades fundamentales, y por otra, un delito proscrito por diversos dispositivos nacionales e internacionales, el cual ha sido catalogado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de lesa humanidad. En ese sentido, dicho crimen destruye la confianza en la autoridad y, por ende, imposibilita el orden social, ya que quienes gozan del monopolio de la fuerza, la utilizan contra la población, lo cual, causa intencionalmente grandes sufrimientos y atenta gravemente contra la integridad física o mental del ser humano, pues viola múltiples derechos esenciales de carácter inderogable. Dicha afectación no solo causa perjuicio a la persona respecto de la cual no se conoce su paradero, sino también a las víctimas indirectas del delito como pueden ser los familiares, pues si bien, en el caso de desaparición forzada ellos no sufren directamente en su persona la acción criminal, si´ sufren las consecuencias nocivas de esa acción menoscabando sus derechos humanos reconocidos constitucional y convencionalmente. Circunstancia que se acrecienta por la negación de las autoridades a reconocer dicha privación de la libertad, o en su caso, por la ocultación de información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida, a efecto de evitar que la vïctima pueda ser protegida por las leyes. Además, la desaparición forzada es pluriofensiva y continuada o permanente de múltiples derechos humanos y, en diferentes instrumentos internacionales se ha señalado como elementos concurrentes y constitutivos de ésta: a) La privación de la libertad; b) La intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos, y c) La negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. De lo anterior se desprende que, uno de los objetivos de la desaparición forzada es impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, cuando una persona ha sido sometida a secuestro, retención o cualquier forma de privación de la libertad con el objetivo de ocasionar su desaparición forzada, si la víctima misma no puede acceder a los recursos disponibles, resulta fundamental que los familiares u otras personas allegadas puedan acceder a procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces como medio para determinar su paradero o su estado de salud o para identificar a la autoridad que ordeno´ la privación de libertad o la hizo efectiva. Así, de los elementos recabados en este juicio, se advierte que en el escrito de demanda el promovente ********************, manifestó bajo protesta de decir verdad en los antecedentes que dieron origen al acto reclamado que "el día de ayer 0******************** de septiembre de dos mil veintidós, aproximadamente a las 10:30 de la noche, en la calle Galeana, barrio Xaltocan, ********************, CDMX, casi esquina con la calle Ciclamen, una persona del sexo masculino fue atropellada por un vehículo automotor de la marca Nissan tipo Tsuru, siendo que aproximadamente cinco minutos después llegaron Policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y estos mismos retiraron a dicha persona, sin indicar en donde se encontraba detenido, motivo por el cual los familiares de quien ahora se su nombre es ********************, me llamaron y dijeron que su familiar era la persona que había sido atropellada, desconociendo su paradero y que fue retirado por Policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo cual DEMANDO LA DESAPARIÓN DE MI REPRESENTADO". Lo que originó el trámite del asunto; sin embargo, como ha quedado establecido y derivado de ello, el siete de diciembre de dos mil veintidós, se inició el trámite del presente sumario, se decretó la suspensión de plano por los actos reclamados, se comisionó al actuario judicial adscrito a este órgano judicial para que se constituyera en las cárceles o centros de detención, así como, en las instalaciones de los nosocomios existentes en la Ciudad de México, a fin de que el quejoso ratificará la demanda de amparo. Por tal motivo, la actuaria de la adscripción se constituyó en el Hospital General Dr. ********************, en donde se entrevistó con el licenciado ******************** adscrito al área de apoyo jurídico, quien le mostró la hoja inicial de urgencias a nombre de ********************, quien fue llevado a ese hospital siendo atendido por el doctor ******************** quien refirió que se trataba de un paciente de sesenta años de edad, que presentaba fracturas de tibia y peroné, negándose a recibir atención médica, pues manifestó que es derechohabiente del ISSSTE y no quería ser hospitalizado en esa unidad, por lo que se retiró en ese momento del lugar. De igual manera, ante la imposibilidad de la fedataria de localizar al impetrante y dado que en la libreta de registro de urgencias aparecían sus datos personales y en lo que interesa su domicilio ubicado en ********************; se comisionó al actuario judicial adscrito para que se constituyera en éste y lograra llevar a cabo la diligencia encomendada. Hecho lo anterior, el fedatario de la adscripción, se constituyó en dicho domicilio, sin que lo localizara, pero fue informado por ********************, quien dijo ser sobrino del buscado, que su tío se dio de alta voluntaria del hospital ******************** y su familia lo trasladó a otro nosocomio, ya que tenía que ser intervenido quirúrgicamente, por una fractura sufrida en un accidente. Así también, con el fin lo lograr la ratificación de la demanda, nuevamente se comisionó a fedatario judicial para que se constituyera en dicho domicilio, sin que se lograra la encomienda, toda vez que fue atendido por una persona de sexo femenino, quien no se identificó pero de edad aproximada de sesenta y ocho años de edad, un metro con sesenta y cinco centímetros de altura, complexión delgada, tez blanca, cabello corto, quien le manifestó que si conoce a la persona buscada (persona a favor de quien se presentó el amparo), pero que ya no vive ahí ni algún familiar, ya que el señor******************** rentaba en ese lugar y que desconoce a dónde se cambió y tampoco recuerda la fecha. En consecuencia, este juzgador considera que no está satisfecho el primer requisito exigido para el inicio de la configuración de esta grave afectación a los derechos humanos, ya que como se desprende en las líneas que anteceden el directo quejoso no fue privado de su libertad, lo que se robustece con la razón actuarial y nota inicial de urgencias de siete de diciembre de dos mil veintidós, en la que el impetrante manifestó que no quería permanecer hospitalizado en el Hospital General ********************, sitio al que fue llevado tras el percance que sufrió, negándose a la atención médica y retirándose del lugar. En cuanto al segundo de los elementos necesarios para la actualización de la citada figura, esto es, la intervención o aquiescencia de agentes estatales en los hechos, del análisis de los mismos elementos de juicio, se tiene que ********************, fiscal de Investigación Territorial en ********************, inició la carpeta de investigación ********************, pero en dicho asunto********************y/o ********************, tiene la calidad de víctima por el hecho delictivo de lesiones culposas por tránsito vehicular, evento por el que trasladado al referido nosocomio y del que se insiste, el directo quejoso se retiró de manera voluntaria , como incluso señalo su sobrino en la diversa diligencia ante fedatario de este juzgado. En esas condiciones, en este juicio no se puede concluir, ni aún a título indiciario, que exista intervención del estado en dicha acción. Finalmente, por lo que respecta al tercer requisito referente a la negativa de reconocer la detención o falta de proveer información y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada, de autos se desprende que las autoridades requeridas dieron cumplimiento a lo solicitado y remitieron la información solicitada, sin que se insista se trate de una desaparición forzada, pues incluso cuando el actuario se constituyó en el domicilio personal del buscado, fue atendido por ********************, quien dijo ser sobrino del buscado, que su tío se dio de alta voluntaria del hospital ******************** y su familia lo trasladó a otro nosocomio, ya que tenía que ser intervenido quirúrgicamente, por una fractura sufrida en un accidente. En conclusión, de los elementos de juicio que constan en este procedimiento, no existen pruebas directas ni indicios suficientes para concluir una "desaparición forzada". Notifíquese; y, vía electrónica al promovente.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos se advierte que el plazo de tres días concedido al promovente ********************, para que desahogara el requerimiento formulado mediante proveído de once de enero de dos mil veintitrés, transcurrió del dieciocho al veinte de los actuales, sin que haya dado cumplimiento a lo solicitado, pese a encontrarse debidamente notificado lo que se hace constar para los efectos legales a los que haya lugar En mérito de lo anterior, a fin de lograr la localización del directo quejoso, comisiónese al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en ********************, en esta ciudad, para que en el acto de la propia diligencia o dentro del plazo de tres días, contado a partir de que sea notificado del presente proveído, manifieste si ratifica la demanda promovida a su favor por ******************** y le aperciba que, de no hacerlo, quedarán sin efectos las providencias que se hubiesen dictado y se tendrá por no presentada la demanda de amparo motivo de este expediente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio ***, signado por la Directora de la Clínica de Medicina Familiar Xochimilco, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de tres de los actuales, e informa que no encontró antecedente o registro que pueda indicar el paradero del quejoso y que este no ha recibido atención médica en dicho lugar, de lo que se toma de conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que el promovente puso del conocimiento de este órgano jurisdiccional actos probables de desaparición forzada, por ello, es que en acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 1, párrafo tercero de la Constitución General de la República, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5, párrafos primero y segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocidos por el Estado Mexicano y los diversos 1°, 6° y 8° de la Convención Interamericana para prevenir y Sancionar la Tortura, 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, se otorgó vista al agente del Ministerio de la Federación de la adscripción, para los efectos legales conducentes. Sin que a la fecha se tenga conocimiento del trámite correspondiente que le haya dado a dicha vista. En tales condiciones, con copia certificada de la totalidad de las constancias que integran este sumario, dese vista nuevamente al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, para que de conformidad con los efectos de su competencia realice las gestiones pertinentes y las haga del conocimiento de este órgano de control constitucional. Por otra parte, toda vez que el promovente *** ha sido omiso en proporcionar alguna información que pudiera indicar el paradero de donde pueda ser localizado el directo quejoso, con el objeto de que este ratifique o no la demanda de amparo promovida en su favor, aun y cuando le fue requerido mediante proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós del cual se tuvo por notificado el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. En consecuencia con fundamente en el artículo 297 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérasele de nueva cuenta, para que dentro del término de tres días contados al día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído indique bajo protesta de decir verdad, si conoce el paradero del directo quejoso, advirtiéndole del delito en que incurren quienes declaren falsamente ante autoridad judicial, ello, con fundamento en lo establecido en el artículo 261, fracciones I y II, de la Ley de Amparo que indica: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Se apercibe al promovente que de no hacer manifestación alguna, de conformidad con el numeral 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá al una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Lo anterior al resultar indispensable a efecto de proveer lo que en derecho corresponda en este expediente. Notifíquese; vía electrónica al promovente y a personalmente al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

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