Álvaro Hugo Estrada Romero

Expediente 1098/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1098/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
26/01/2016

Partes del expediente

  • Álvaro Hugo Estrada Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se declara que ha causado ejecutoria, dése aviso a las partes y ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido.Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSO EL PROVEÍDO DE TREINTA DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE."VISATOS PARA RESOLVER LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO SE RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo... SEGUNDO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE... NOTIFÍQUESE"; TODA VEZ QUE ME CONSTITUI EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS Y AL NO HABERSE ENCONTRADO, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 27 FRAC. I INCISO c) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, LE NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS DICHO PROVEÍDO, NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la cual, se resuelven los autos del juicio de amparo 1098/2015-V. A N T E C E D E N T E S: PRIMERO. Demanda. Myrna Ruiz Espinosa, en representación de ÁLVARO HUGO ESTRADA ROMERO, por escrito presentado ante el secretario de guardia de este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, el veintiuno de noviembre de dos mil quince, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que a continuación, se citan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Vigésimo Segundo Penal. Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Director de la Penitenciaria. Director de Centros Penitenciarios. Todos del Distrito Federal. ACTOS RECLAMADOS: La orden de traslado y su ejecución. PRECEPTOS QUE CONTIENEN LOS DERECHOS HUMANOS CUYA VIOLACIÓN SE RECLAMA: Los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y trámite. Por proveído de veintiuno de noviembre de dos mil quince, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró en el libro de gobierno con el número 1098/2015-V. Seguido el trámite de este expediente en los términos respectivos, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, por razón de materia y territorio, pues el quejoso reclama la determinación de una autoridad jurisdiccional penal que instruyó proceso penal en su contra. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Del contenido integral de la demanda de amparo, así como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente impugna: La orden de traslado decretada el diecinueve de noviembre de dos mil quince, emitida en los autos de la causa penal 302/2012. TERCERO. Autoridad inexistente. La autoridad señalada como responsable, Director de Centros Penitenciarios, mediante acuerdo de veinticuatro de noviembre del año en curso (foja 29), esto antes de la celebración de la audiencia constitucional, se tuvo como inexistente; por ello, se excluye de la materia del juicio de amparo. CUARTO. Sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados. La Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al rendir su informe justificado (foja 30), negó la existencia del acto reclamado por el demandante, consistente en la orden de traslado. En consecuencia, al no existir prueba alguna tendente a desvirtuar tal pronunciamiento; incluso, tampoco se advierte manifestación alguna por parte del quejoso en torno al contenido de los informes, se SOBRESEE en el juicio en que se actúa, respecto del acto que se le reclama a esa autoridad, con fundamento en los artículos 63, fracción IV, y 64, de la Ley de Amparo. QUINTO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Vigésimo Segundo Penal del Distrito Federal, al emitir su informe justificado (foja 32), admitió el acto reclamado, puesto que en el expediente de referencia, en la fecha anteriormente puntualizada, derivado de la solicitud que formuló a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Distrito Federal, y dado que ÁLVARO HUGO ESTRADA ROMERO, adquirió la calidad de sentenciado, ordenó su traslado del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a la Penitenciaria, ambos del Distrito Federal. Por su parte, los Directores de los centros carcelarios en comento, negaron los actos endilgados (fojas 22 y 27); empero, en virtud de que la ordenadora admitió su emisión, se sigue que se tiene por desvirtuada al encontrarse dentro de su esfera de atribuciones, la ejecución controvertida. En consecuencia, los actos reclamados a esas autoridades, se tienen plenamente probados. Para demostrar la constitucionalidad de lo anterior, la autoridad judicial en comento, remitió copia certificada de diversas constancias del proceso penal aludido, a la que se concede valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su 2° precepto. SEXTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Ahora bien, en virtud de que la determinación controvertida se emitió dentro de un procedimiento penal, se sigue que la demanda debe presentarse dentro del término genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo anterior, en virtud que no se actualiza ninguna excepción al mismo. Por las razones jurídicas que la sustentan, se invoca el criterio asumido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 137/2015, que reza: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. La reforma en materia penal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entrañó cambios sustanciales en el sistema penitenciario y en los derechos fundamentales de los procesados y sentenciados. Así, en ese sistema se introdujo el modelo de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, el cual impuso que todo acto conexo a su ejecución, incluyendo los de traslado de un centro penitenciario a otro, se considerara de competencia exclusiva del Poder Judicial y que las personas sujetas a proceso, privadas de su libertad, tienen derecho a que en el procedimiento se sigan cumpliendo las formalidades esenciales, entre ellas, la relativa a la prisión preventiva. De esta forma, la pretensión de una autoridad administrativa de trasladar al sentenciado o procesado de un centro penitenciario a otro, afecta indirectamente su libertad, por lo que debe solicitarlo al órgano judicial correspondiente, el cual procederá a resolver lo conducente. En consecuencia, la resolución emitida en el procedimiento relativo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, bajo la regla general del plazo de quince días prevista en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sin embargo, si una orden de traslado se ejecuta sin intervención alguna de la autoridad judicial rectora, aun cuando se emita en la fase de instrucción o de ejecución de la pena, no puede considerarse hecha en razón del procedimiento, por lo que la demanda relativa podrá interponerse en cualquier tiempo, al actualizarse la excepción prevista en la fracción IV del artículo 17 citado. [Jurisprudencia número 1a./J. 83/2015 (10a.), publicada el viernes cuatro de diciembre de dos mil quince a las diez horas con treinta minutos, en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época]. Así, el proveído controvertido, se notificó al hoy quejoso ÁLVARO HUGO ESTRADA ROMERO, el veinte de noviembre de dos mil quince (foja 140 del tomo de pruebas); en virtud de ello, el plazo para la presentación de la demanda de amparo, fue del veintitrés de noviembre al once de diciembre del año en curso; lo anterior, de conformidad con lo establecido con el arábigo 57, primer párrafo, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. El ocurso, génesis de este asunto, como se dijo con antelación, se presentó el veintiuno de noviembre último. Consecuentemente, se estima que la demanda fue presentada en tiempo. SÉPTIMO. Ponderaciones previas. Previo a que este juzgador se pronuncie sobre la procedencia de los motivos de disenso, es de ingente relevancia señalar que: Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este juzgador advierte actualización alguna de oficio. En el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, rige el principio de suplencia de la queja, ya que el quejoso tiene el carácter de sentenciado. Toda vez que las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, no obstante que se les hizo saber sobre la existencia de dicha posibilidad; puede hacerse pública la presente resolución omitiendo los datos sensibles. OCTAVO. Análisis del acto reclamado y de los conceptos de violación. Los argumentos torales en que descansan los conceptos de violación expresados por el inconforme, se hacen consistir en que el acto combatido, es inconstitucional en virtud de que la sentencia de segunda instancia se encuentra subjúdice al juicio de amparo directo y el cual, indica, se promovió y actualmente conoce el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. En primer término, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. El nuevo mandato contenido en el dispositivo 1° de la Carta Magna, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad. Luego, las autoridades judiciales, entre otras, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. El parámetro de análisis de este tipo de control, se integra por los derechos humanos:  Contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en el precepto 1°), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación.  Reconocidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  Los tratados competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecida en el texto de los mismos o mediante jurisprudencia de la Corte.  Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consagrados en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido o no, Estado parte. Al tema resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto: PARÁMETRO DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. El mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los jueces del país, se integra de la manera siguiente: a) todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 33), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; b) todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte. [Número P. LXVIII/2011 (9a.), que aparece en la página 551 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, Diciembre de 2011, Materia Constitucional, Décima Época]. Como se mencionó con antelación, el autor de la demanda, aduce que la autoridad responsable transgredió en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en las disposiciones constitucionales que precisa en la demanda de que se trata. Entre ellas, alega infracción al numeral 16 de la Ley Suprema, el que establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Del análisis sistemático del contenido del artículo preinserto, se advierte que todo acto de molestia debe constar por escrito, ser emitido por autoridad competente y estar correctamente fundado y motivado. Cabe precisar que la fundamentación es el señalamiento o la expresión concreta del precepto legal aplicable, que sirve de apoyo a la autoridad para dar sustento jurídico a sus determinaciones; en tanto que motivar implica puntualizar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas consideradas para resolver; y es necesario, además, que exista congruencia entre ambos aspectos. Luego, si la resolución que se controvierte implica que el directo quejoso sea traslado del centro de reclusión en que se encontraba (Reclusorio Preventivo Varonil Oriente) a la Penitenciaria del Distrito Federal; es un acto de molestia, es inconcuso que se deberá resolver el asunto de manera fundada y motivada, mediante la expresión clara, precisa y congruente de las consideraciones legales necesarias. Así, de la revisión de las constancias procesales, se obtiene que el doce de noviembre del año en curso, la responsable proveyó: "AUTO.- México, Distrito Federal a 12 doce de noviembre del 2015 dos mil quince. Vista la razón que antecede de la que se desprende que la Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala Penal, remite la resolución de segunda instancia, determinación que se tiene por reproducida en obvio de inútiles repeticiones; en consecuencia y como dicha resolución se trata de una ejecutoria en términos del artículo 443 fracción II del Código de Procedimientos Penales; en cumplimiento a lo resuelto por la Sala, y en términos de los artículos 580 y 581 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, gírese oficio a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal a fin de que informe en el término de tres días contados a partir de su notificación, qué centros de reclusión se encuentran disponibles para que el sentenciado compurgue la pena que le fue impuesta apercibido que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de 15 días, con base en la unidad de cuenta de la Ciudad de México, ello con la finalidad de que este Juzgador, en términos del artículo 10, fracción I, inciso a) relacionado con el diverso 64, fracción I, de la Ley de Ejecución vigente en esta Ciudad de México, pueda determinar en donde compurgará el sentenciado la pena que le fue impuesta; asimismo, gírese oficio al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, para su conocimiento, a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Distrito Federal para que por su conducto se suspendan los derechos políticos del sentenciado, por otra parte gírese cédula de notificación personal al Representante Legal de la menor ofendida N. G. Q. R., a fin de hacerle saber que respecto a la reparación del daño moral, se deja la cuantificación del monto de la misma para el incidente respectivo, por otra parte remítase la información que fue solicitada mediante oficio número SJ/9620/2015, al Subdirector Jurídico del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, y con fundamento en el artículo 232 del Código Procesal Penal, agréguese el oficio y resolución de cuenta y a la causa principal para que surta sus efectos legales correspondientes, hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y expídase la boleta de ley." Al respecto, la autoridad administrativa encargada de la ejecución de penas, mediante oficio DEJDH/12055/2015, de dieciocho de ese mismo mes y año, respondió: ".Por instrucciones del Subsecretario de Sistemas Penitenciario, con la finalidad de brindar la debida atención a su ocurso número 2671, relacionado con la causa penal 302/2012, que le instruyó al interno ÁLVARO HUGO ESTRADA ROMERO, mediante el cual solicita se informe en que Centro de Reclusión del Distrito Federal, puede cumplir la pena de prisión el interno de referencia, impuesta por ese Órgano Jurisdiccional. Al respecto, respetuosamente, le comunico a su señoría que el Centro destinado para sentenciados ejecutoriados es la Penitenciaria del Distrito Federal, no omito mencionar, que el interno que nos ocupa, se encuentra cumpliendo pena diversa, por la comisión del delito de Violación Calificada, en los autos de la causa penal 224/2012, que le instruyó esa Autoridad Jurisdiccional. Por lo que solicito de la manera más atenta, se deje sin efectos la medida de apremio impuesta al Titular de ésta Subsecretaría de Sistema Penitenciario, en su oficio número 2671." Ante ello, el juzgador responsable, emitió el acto que por esta vía se controvierte y que indica: "AUTO. México, Distrito Federal a 19 diecinueve de noviembre del 2015 dos mil quince. Vista la razón que antecede, se tiene por recibido el oficio de cuenta por medio del cual la autoridad oficiante informa que el sentenciado ÁLVARO HUGO ESTRADA ROMERO podrá pertenecer a la población de la Penitenciaría del Distrito Federal; en consciencia se tienen por hechas las manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar, por ello con base en lo ordenado por la Segunda Sala Penal, así como lo establecido en los numerales 37 del Código Procedimientos Penales, 10, fracción I, inciso a) relacionado con el diverso 64, fracción I, de la ley de Ejecución vigente en esta Ciudad de México, gírese oficio al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para que en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de su legal notificación, ordene a quien corresponda, se realice el traslado del interno ÁLVARO HUGO ESTRADA ROMERO a la Penitenciaría del Distrito Federal para que quede en su custodia y realice el tratamiento que le permita cumplir los fines previstos en el artículo 18 Constitucional (reinserción social y procurar que el sentenciado no vuelva a delinquir), debiendo informar sobre dicho traslado dentro de las veinticuatro horas siguientes, apercibido que en caso no hacerlo se le impondrá una multa de 10 días con la base en la unidad de cuenta de la Ciudad de México; situación que deberá hacerse del conocimiento a la Subsecretaria del Sistema Penitenciario, a fin de informarle lo anterior; y a esta última también comuníquese, así como que en la causa 224/2012 instruida en este mismo Juzgado, el sentenciado obtuvo su libertad en cumplimiento a la determinación emitida por la Segunda Sala Penal, en estricto cumplimiento de la Ejecutoria pronunciada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el Juicio de Amparo Directo número D.P. 465/2014; finalmente en términos del artículo 232 del código invocado agréguese a los autos el oficio para que surta los efectos legales procedentes." Con el basamento antes expuesto, quien resuelve, considera que los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, devienen infundados. Lo anterior, puesto que contrario a las apreciaciones del autor de la demanda, ÁLVARO HUGO ESTRADA ROMERO, adquirió la calidad de sentenciado. En efecto, de conformidad con el artículo 443, fracción II, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la sentencia emitida en su contra por su responsabilidad en la comisión del delito de violación calificado, causó ejecutoria. La disposición legal en comento, establece: Artículo 443. Son irrevocables y, por tanto, causan ejecutoria: I. Las sentencias pronunciadas en primera instancia, cuando se hayan consentido expresamente, o cuando, expirado el término que la ley fija para interponer algún recurso, no se haya interpuesto; y II. Las sentencias de segunda instancia y aquellas contra las cuales no concede la ley recurso alguno. En consecuencia, si el seis de noviembre del año en curso, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, emitió el fallo correspondiente al recurso de apelación interpuesto, se sigue que, de conformidad con la disposición legal en comento, causó ejecutoria y por ende, el hoy impetrante adquirió la calidad de sentenciado ejecutoriado. Al respecto, resulta ilustrativo por las razones jurídicas que lo sustentan, el criterio asumido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, que reza: PRISIÓN PREVENTIVA. LA OBLIGACIÓN DE COMPUTARLA PARA QUE SE DESCUENTE DE LA PENA IMPUESTA NO ES SÓLO PARA EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA NI CONCLUYE CON EL DICTADO DE SU SENTENCIA, SINO QUE AQUÉLLA PERSISTE PARA EL TRIBUNAL DE ALZADA AL ASUMIR JURISDICCIÓN Y RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). El objeto de la prisión preventiva es evitar que el procesado se sustraiga de la acción de la justicia, asegurar el adecuado desarrollo del proceso, ejecutar la pena y evitar un grave e irreparable daño al ofendido o a la sociedad; el de la prisión como sanción es que el procesado no represente un peligro para la sociedad, lograr su educación y readaptación social, de acuerdo con lo que señala el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. La prisión preventiva es la privación de la libertad deambulatoria por el tiempo que dure el proceso hasta que se emita sentencia definitiva, la cual afecta un bien de alta jerarquía axiológica, como lo es la libertad. Ahora bien, del análisis sistemático de los artículos que regulan el procedimiento penal, se advierte que éste termina con la emisión de la sentencia en la que se declara la responsabilidad o irresponsabilidad de un sujeto, pero en caso de que se interponga el recurso de apelación, concluirá con la revisión del tribunal de alzada. Así, la prisión preventiva inicia con la detención del indiciado, al imputársele un hecho que sea sancionado con pena de prisión, y ésta persiste hasta en tanto se dicte sentencia definitiva; lo anterior, de conformidad con los artículos 18, 19, 20, apartado A, fracción X y 21 de la Constitución Federal, en su texto anterior a la señalada reforma, en relación con los numerales 1o., 4o., 5o., 305 y 482 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora; para ese efecto, una sentencia tiene esa denominación cuando es irrevocable, y ello se logra cuando el propio Juez emita el auto que declare que ésta causó ejecutoria en términos del citado artículo 305, esto es, cuando se ha consentido expresamente o cuando, concluido el término que la ley señala para interponer algún recurso, no se hubiera promovido alguno, o cuando no exista recurso para impugnarlas. Pero si existe recurso que modifique, confirme o revoque la sentencia de primera instancia, es hasta la resolución de éste en la que puede determinarse que una sentencia es definitiva, con la excepción de que si se encontrara en el supuesto de reponer el procedimiento por alguna violación procesal en perjuicio del sentenciado, la prisión preventiva continuará; de ahí que no pueda establecerse que el procedimiento judicial concluye con la emisión de la sentencia en primera instancia, pues de los referidos artículos se advierte que la segunda instancia también es parte del procedimiento judicial. Tan es cierto ello que, conforme a los artículos 311 y 312 del referido código, solamente son apelables en ambos efectos las sentencias definitivas (término usado en la ley para diferenciarlas de las interlocutorias) que imponen una sanción, y las que absuelven al acusado o dan por compurgada la pena se admitirán en efecto devolutivo; en otras palabras, cuando se recurre una sentencia de condena, la prisión preventiva continúa hasta que se resuelve la segunda instancia; en cambio, cesará cuando en la sentencia de primera instancia se absuelve o se tiene por compurgada la pena, ya que, en ese caso, el recurso no impide que se ponga en inmediata libertad al reo, quien queda sujeto a la resolución de la segunda instancia, pero libre mientras tanto, considerándose, desde luego, la prisión preventiva sufrida para el caso de que se revoque tal determinación y se le condene. Así, el juzgador está obligado a considerar en la condena impuesta, todo el tiempo que un sujeto permaneció privado de su libertad, pero no exclusivamente la prisión preventiva sufrida en primera instancia, pues tal interpretación, entre otras cuestiones, haría incomprensible el cómputo cuando la resolución de la apelación ordenase la reposición del procedimiento, más aún cuando revocara la sentencia absolutoria de primera instancia, en la que no se consideró la prisión preventiva, precisamente por haber sido absuelto el inculpado; de ahí que en las sentencias de los Jueces de primera instancia sólo se establezca la fecha en que se inició la prisión preventiva, pero no cuando concluye. Por tanto, la obligación del Juez penal, al dictar sentencia, de computar el tiempo de la prisión preventiva para que se descuente de la pena impuesta, no es sólo para el órgano de primera instancia ni concluye con el dictado de su sentencia, sino que aquélla persiste para el tribunal de alzada al resolver y asumir jurisdicción cuando analiza el recurso de apelación que le es propuesto, por lo que debe actualizar el cálculo hasta la fecha en que se emita su resolución, en el que determinará el tiempo que duró la prisión preventiva, para que la autoridad administrativa haga las operaciones conducentes y vigile la compurgación de la pena de prisión. Incluso, es correcto que el reo se ponga a disposición del Ejecutivo una vez que se pronuncie ejecutoria o quede firme la sentencia de primera instancia, pues se considera que, al resolverse en definitiva, concluye la prisión preventiva y se inicia la ejecución de la condena. (Número V.1o.P.A.41 P, que aparece en la página 2404 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia Penal, Novena Época). A más, es dable señalar que es facultad exclusiva de la autoridad judicial, autorizar los traslados de sentenciados a los diversos Centros Penitenciarios y a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario designar el lugar en que éstos deberán extinguir las sanciones privativas de libertad que les hayan sido impuestas. En el caso, de las constancias que obran en autos del presente juicio de amparo, se advierte que el aludido Subsecretario, autorizó el traslado del quejoso del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a la Penitenciaría de esta ciudad capital. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido criterio en la jurisprudencia en el sentido de que, con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once de la reforma a los numerales 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en términos del artículo quinto transitorio del decreto respectivo, corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados, reformas que plantean restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, con la finalidad de que el procedimiento penal quede bajo control jurisdiccional y no administrativo. Es aplicable a lo anterior el criterio que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en términos del artículo quinto transitorio del decreto respectivo, corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados, lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consisten en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos suceden muchos eventos que debe supervisar la autoridad judicial como, por ejemplo, la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde deba extinguirse la pena, siendo esta iniciativa la única en la que se hizo referencia a reservar la atribución citada a la autoridad judicial, entre las valoradas expresamente en el dictamen de origen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la referida Cámara, presentado en la sesión del 11 de diciembre de 2007, que a la postre daría lugar a las citadas reformas constitucionales, en el cual se precisó que estas reformas plantean restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional. (Jurisprudencia P./J. 20/2012 (10a.), visible en la foja 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Décima Época). Sentado lo anterior, se arriba a la conclusión, la determinación judicial controvertida, en modo alguno transgrede las disposiciones constitucionales en comento, pues fue emitido por el juez en uso de sus facultades legales. Lo anterior, de conformidad con la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto: SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. De las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, agosto de 2005, página 107, de rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." y XXIV, octubre de 2006, página 351, de rubro: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.", respectivamente, se advierte una definición clara del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de autoridad competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto a fundar y motivar, la referida Segunda Sala del Alto Tribunal definió, desde la Séptima Época, según consta en su tesis 260, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, página 175, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", que por lo primero se entiende que ha de expresarse con exactitud en el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, lo cual tiene como propósito primordial, confirmar que al conocer el destinatario del acto el marco normativo en que el acto de molestia surge y las razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe asumir una postura dogmatizante, en la que se entienda que por el solo hecho de establecerse dichas condiciones, automáticamente todas las autoridades emiten actos de molestia debidamente fundados y motivados, pues la práctica confirma que los referidos requisitos son con frecuencia inobservados, lo que sin embargo no demerita el hecho de que la Constitución establezca esa serie de condiciones para los actos de molestia, sino por el contrario, conduce a reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia de la disposición en análisis, pues en la medida en que las garantías instrumentales de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible que los gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su inobservancia; igualmente se da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de control, como entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la seguridad jurídica vulnerado. [Tesis IV.2o.A.50 K (10a.) consultable en la página 2241 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Décima Época]. En consecuencia, al ser infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa y al no advertirse motivo alguno por el cual deba suplirse la queja deficiente en su favor, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita ÁLVARO HUGO ESTRADA ROMERO, contra el acto que reclama del Juez Vigésimo Segundo Penal; así como de los Directores del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y de la Penitenciaria, todos del Distrito Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por ÁLVARO HUGO ESTRADA ROMERO, en términos del considerando cuarto. SEGUNDO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ÁLVARO HUGO ESTRADA ROMERO, contra los actos reclamados al Juez Vigésimo Segundo Penal; y, Directores del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y de la Penitenciaria, todos del Distrito Federal, de conformidad con los argumentos expuestos en el diverso octavo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

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