Álvaro González Azpeitia
Expediente 255/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 255/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/04/2018
Partes del expediente
- Álvaro González Azpeitia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo de once de abril de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa con las constancias aportadas por la responsable, en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo fue notificado el doce de abril de dos mil dieciocho, lo que se aprecia de la constancia de notificación correspondiente, sin que desahogara dicha vista. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de cinco de marzo de dos mil dieciocho (fojas 18 a 20), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "De inmediato, emita el laudo en la contienda laboral 124/2016-A2; lo que deberá efectuar con plenitud de jurisdicción" Mediante acuerdo de once de abril de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia y se dio vista a la parte quejosa con el comunicado remitido por la responsable, al que acompañó copia certificada del laudo definitivo dictado el uno de marzo de dos mil dieciocho dentro del juicio laboral 124/2016-A2 de su índice, cumpliendo así con lo exigido en la sentencia dictada en autos. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente expediente, acató el fallo protector en su totalidad, sin excesos ni defectos, lo que se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Roberto Martínez Gutiérrez, que autoriza, da fe y certifica: que la presente actuación que aquí se provee coincide en su integridad con la que obra en el expediente electrónico. Doy fe. LAPT/RMG/jlm
- Principal
RAZÓN POR CITATORIO PRAL: En Zapopan Jalisco, a las nueve horas del doce de abril de dos mil dieciocho, atento a lo manifestado en la razón que antecede y toda vez que la parte tercera interesada Miguel Ángel Briseño García y Miguel Ángel Briseño Hernández ó sus autorizados, no acudieron dentro de los dos días hábiles siguientes, a notificarse a las instalaciones del órgano jurisdiccional de mi adscripción, como lo previene el artículo 27, fracción I, inciso b) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por medio de lista el acuerdo de seis de abril de dos mil dieciocho, para conocimiento de la parte interesada, mismo que dice: Visto lo de cuenta se provee: por auto de uno de marzo pasado, se requirió al perito oficial para que en la data y hora señalada para la audiencia constitucional, compareciera a fin de que las partes estuvieran en posibilidad de interrogarlo en torno a la opinión técnica rendida en autos; sin embargo, como se advierte de la certificación secretarial dicho especialista no se presentó, ni el tercero interesado Francisco Javier Velasco Padilla, por conducto de su autorizado a fin de repreguntar a dicho especialista, no obstante de estar debidamente notificados para ello. En tales condiciones, para dar lugar a que el perito oficial pueda comparecer a efecto que las partes estén en aptitud de interrogarlo en torno al dictamen pericial rendido en autos, lo procedente es diferirse la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Por tanto, cítese a los atestes sobre los cuales se desahogará la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa de nombres Luis Fernando Campos Navarro, Héctor Emilio Beas Vargas, Jesús Fernando Campara Pérez y Aída López López, por conducto del actuario judicial de la adscripción, para que en la hora y data que se señale para el desahogo de la audiencia constitucional, misma que quedó precisada en líneas que anteceden, se presenten en el local de este juzgado (Ciudad Judicial Federal, Jalisco, Anillo Periférico Poniente 7727, Edificio X1, piso 5 Fraccionamiento Ciudad Judicial Federal, en Zapopan, Jalisco) con identificación oficial vigente, toda vez que la parte quejosa manifestó el impedimento que le asiste para hacerlos comparecer. Lo anterior, es bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 237, fracción I, de la Ley de amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá al desobediente una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción. Asimismo, se requiere al perito oficial a efecto de que el día y hora programada para el desahogo de la audiencia constitucional, comparezca a fin de que las partes estén en posibilidad de interrogarlo en torno al dictamen pericial rendido en autos, así como la aclaración realizada; por tanto, deberá presentarse en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional, lo anterior es con el apercibimiento que no hacerlo o de no manifestar el impedimento legal que para ello tenga, se hará efectivo el diverso apercibimiento referido en auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Asimismo, se hacer saber a las partes que de no comparecer el día y hora señalado para el desahogo de la audiencia constitucional se les tendrá por perdido el derecho a repreguntar al perito oficial. Finalmente, por recibido el oficio que firma Martha Alicia Flores Guevara, tercera interesada en el presente asunto, mediante el cual ofrece como elementos probatorios seis anexos originales y un anexo simple, las que, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, mismas que se ordena agregar a los presentes autos, para que obren como correspondan. Con el oficio y anexo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa, a los terceros interesados, a los testigos Héctor Emilio Beas Vargas, Jesús Fernando Campara Pérez, Luis Fernando Campos Navarro y Aida López López, así como al perito oficial José Arturo Saldaña Madrigal. Lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido por Guillermo Aguirre Castañeda, secretario que autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/GAC/prox
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: agréguese el escrito que suscribe José de Jesús Santillán Sahagún, apoderado de la persona moral Constinmac, sociedad anónima de capital variable, carácter que acredita de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo, con copia certificada del instrumento público dos mil quinientos, pasado ante la fe del Notario Público uno, de Unión de Tula, Jalisco, mediante el cual se le tiene apersonándose al presente incidente de suspensión en su carácter de tercero interesado. Además, se le tiene señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su ocurso y designando como su autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Martín Emmanuel Miranda Silva, toda vez que cuenta con cédula profesional de abogado registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, respecto a las diversas manifestaciones que realiza en torno a la suspensión del acto reclamado dictada en el presente asunto; al respecto y vista la certificación que antecede en la que el secretario adscrito a este tribunal federal hizo constar que el término de cinco días a efecto de que la quejosa exhibiera la garantía de $180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional), para que continuara surtiendo efectos la medida cautelar otorgada en la interlocutoria de diez de mayo de dos mil diecisiete (fojas 189 a 194), transcurrió del dieciocho al veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete; por ende, al no exhibirse tal garantía, la medida cautelar otorgada en dicha resolución ha dejado de surtir sus efectos legales y las responsables tienen expeditas las facultades para ejecutar los actos reclamados; sin perjuicio de que la parte quejosa pueda exhibir en cualquier momento, la garantía fijada por este órgano jurisdiccional, mientras no se ejecuten los actos reclamados. En el entendido de que si la parte quejosa exhibe garantía antes de que se ejecute el acto, de inmediato, la medida suspensional vuelve a surtir efectos; todo ello en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las responsables la anterior circunstancia, para los efectos legales conducentes. Es aplicable la tesis aislada número I.15o.A.31K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible a pagina 1823, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Diciembre de 2007 Novena Época, cuyo epígrafe y contenido expresan. "SUSPENSIÓN. EL DERECHO DE EXHIBIR LA GARANTÍA EXIGIDA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS NO SE PIERDE POR EL SOLO TRANSCURSO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS FIJADO EN EL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO. Este precepto legal previene que la determinación que concede la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el agraviado no cubre dentro del plazo de cinco días los requisitos que se hayan exigido para suspender el acto reclamado, esto es, los conocidos como de efectividad a que se refieren los artículos 125, 135 y 136 de la Ley de Amparo, que dependen de la naturaleza del acto reclamado y se constituyen por aquellas condiciones que el quejoso debe cumplir para que surta efectos la suspensión, es decir, para que opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias; requisitos que, a diferencia de los de procedencia, se refieren a la generación de los efectos de dicha medida. En esos términos, es posible que se conceda la suspensión por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse cumplido los señalados en la ley para su efectividad; de ahí que no tiene el mismo significado "dejar sin efectos la medida de suspensión decretada" y "que ésta deje de surtir efectos", pues en el primer caso, deja de tener vigencia y en el segundo sigue vigente pero no surte efectos por no haberse acatado la condición que se impuso. Por consiguiente, tratándose de la garantía que se requiere para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, si la parte quejosa deja de exhibirla dentro del mencionado plazo, esto no significa que la medida cautelar quede anulada o revocada, sino sólo que no puede surtir sus efectos y que se encuentran expeditas las facultades de la autoridad responsable para ejecutar el acto reclamado. Sobre tales premisas, no debe entenderse que la parte quejosa pierde el derecho de otorgar la garantía requerida una vez transcurridos los cinco días que contempla el artículo 139 de la Ley de Amparo, sino que la medida sólo dejará de surtir efectos y los recobrará cuando se cubra ese requisito exigido para su efectividad." Asimismo, respecto la copia simple del instrumento público dos mil quinientos, pasado ante la fe del Notario Público uno, de Unión de Tula, Jalisco, que allega a su ocurso de cuenta en el cual se le otorgó el poder para representar a la sociedad quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su diverso 2°; realícese el cotejo del documento narrado en líneas que anteceden, con la copia simple que acompaña, y previa certificación del mismo agréguense al incidente de suspensión; en ese sentido, dígasele que la copia certificada que acompañó para el cotejo queda a su disposición en la secretaría de este juzgado para que la misma le sea devuelta, previo recibo y razón que conste en autos. Finalmente, toda vez que en proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho (foja 226), se reservó proveer el escrito signado por el autorizado del tercero interesado de referencia, hasta en tanto se reconociera su carácter y toda vez que ello ya aconteció, dígasele que se esté a lo ordenado en párrafos que anteceden. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el secretario Miguel Ángel Herrera Valdez quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico Bog
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Zapopan, Jalisco, cinco de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: de una revisión a los presentes autos se advierte que el presente asunto se encuentra debidamente integrado para ser remitido al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno; es decir, ya obran agregadas la totalidad de las notificaciones respecto de la sentencia dictada en el presente sumario, así como del acuerdo en el cual se interpuso recurso de revisión en contra de la misma; en consecuencia, con fundamento en el artículo 89 de la ley de la materia, remítase el presente asunto a la superioridad para que resuelva lo que en derecho corresponda. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Ileana Cruz López quien autoriza y da fe y certifica: que la presente actuación coincide en su integridad con la que obra en el expediente electrónico. LAPT/ICL/abn
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