Álvaro Garciarce Monraz
Expediente 415/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/05/2018
Partes del expediente
- Álvaro Garciarce Monraz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Zapopan, Jalisco, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el comunicado que suscribe el Tesorero Municipal de Zapopan, Jalisco mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que emitió el acuerdo de devolución ACDEC-IP1400/2018/T-1895, emitida a su favor en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que notifique a la parte quejosa el presente proveído, a efecto de que, dentro del término de tres días (de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo), acredite ante esta instancia jurisdiccional haber comparecido ante la autoridad señalada en líneas pretéritas, a efecto de recoger el documento mercantil emitido en su favor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ello, para que este juzgado federal emita pronunciamiento en torno al cumplimiento de la sentencia amparadora. Bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir, o bien, no manifestar impedimento legal alguno, se procederá de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), esto es, se emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia esta cumplida. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Kavdxary Youdvary Gonzalez Macedo, que certifica que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta que precede a este acuerdo, coincide en su integridad con los que obran en el expediente electrónico. Doy fe. LAPT/KYGM/mala*
- Principal
TAL Y COMO LO ORDENA EL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL DIVERSO PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE.- Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite copia del testimonio de la ejecutoria aprobada en sesión de catorce de febrero de dos mil dieciocho, en el recurso de queja 3/2017 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado del toca de queja 368/2016, de su índice. Los puntos resolutivos de la citada ejecutoria, expresan lo siguiente: "PRIMERO. Es procedente y fundado el recurso de queja a que este toca se refiere. SEGUNDO. Se modifica la resolución recurrida, por las razones y para los efectos señalados en el último punto considerativo" Hágase del conocimiento del peticionario de amparo lo anterior para los efectos legales procedentes y acúsese el recibo correspondiente. En acatamiento a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deja sin efectos la resolución reclamada, y lo que procede es calificar el cumplimiento de la sentencia de amparo, en los términos siguientes. Mediante sentencia de veintidós de marzo de mil novecientos sesenta y nueve (folios 61 a 66), se resolvió este juicio de amparo; resolución que fue impugnada mediante recurso de revisión, el cual se ordenó remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de veintitrés de abril de mil novecientos setenta (foja 93), y el cual correspondió conocer a la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, quien resolvió ese medio de impugnación en la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 5687/69, el nueve de junio de mil novecientos setenta y uno (fojas 111 a 118), en el cual se determinó modificar la sentencia, para sobreseer el juicio por una parte y por otra, conceder al ente ejidal quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos señalados en la propia sentencia recurrida, los cuales precisan lo siguiente: ".que se ejecute la Resolución Presidencial entregándoles las tierras a que tal Resolución se refiere, resulta innecesario examinar el otro acto que reclaman, o sea, que se pretende dotar con esas mismas tierras a los poblados de Chacala y Cusolapa, del mismo Municipio de Cuautitlán, Jalisco, pues el cumplimiento del presente fallo imposibiligará (sic) a las responsables para que lleven a cabo ese otro acto reclamado en caso de que el mismo sea cierto." De lo anterior se advierte que la obligación impuesta a las responsables en la ejecutoria de amparo, consistió en cumplimentar en su totalidad la resolución presidencial de veintiocho de agosto de mil novecientos sesenta y tres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, a través de la cual se determinó dotar al ente ejidal de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco, una superficie de 50,332-50 cincuenta mil trescientas treinta y dos hectáreas, cincuenta áreas que únicamente se tomarían de terreno de propietarios desconocidos. Con motivo de la resolución presidencial en cita y en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se entregó al ejido quejoso 34-700-00 treinta y cuatro mil setecientas hectáreas, de terrenos de propietario desconocido, tal como se deprende del "acta de posesión y deslinde parcial definitivo, relativa a la dotación de ejidos para el poblado de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Estado de Jalisco", levantada el seis de mayo de mil novecientos setenta y siete (fojas 194 y 195), en la cual además se precisó que restaba de entregar una superficie de 15,632-50-00 quince mil seiscientos treinta y dos hectáreas, cincuenta áreas y respecto de la cual existía una imposibilidad material para otorgarla. En relación con dicha superficie el Director General de Asuntos Jurídicos de la otrora Secretaría de la Reforma Agraria, mediante oficio de uno de septiembre de dos mil (fojas 510 a 516), hizo del conocimiento de este juzgado que el Coordinador Agrario en el Estado de Jalisco, comisionó a los ingenieros Eduardo Díaz Guzmán y Arturo Valle Guzmán, a efecto de que realizaran los trabajos técnicos de investigación a fin de conocer su situación legal y material, quienes emitieron su informe correspondiente, los cuales acompañó el citado Director General de Asuntos Jurídicos, en copia certificada (fojas 520 a 523), y que después de haber llevado a cabo la localización física y un acople de diversos planos, se concluyó que la superficie faltante es propiedad de las Comunidades Indígenas de Cuzalpa y Chacala, así como de los Ejido Plan de Méndez y Ayotittlán, del Consorcio Minero "Peña Colorada" y de la familia Michel Michel, por lo que se encontraba material y jurídicamente imposibilitado a fin de llevar a cabo la ejecución complementaria sobre las de 15,632-50-00 quince mil seiscientos treinta y dos hectáreas, cincuenta áreas, faltantes. En virtud de ello, el cinco de marzo de dos mil uno, se emitió resolución en este expediente, en la que se resolvió que existía una imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo (fojas 597 a 603); sin embargo, inconforme con dicha resolución el ente quejoso promovió en contra de ello recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia, al cual se dio trámite el veintisiete de febrero de dos mil dos (foja 654) y mediante resolución de veintiocho de junio de dos mil dos (fojas 667 a 677), se resolvió ese recurso, el cual se declaró infundado, considerándose que la sentencia que resolvió este juicio de amparo se encontraba debidamente cumplida. Dicha resolución fue revocada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el toca de queja 16/2003, en la cual se repuso el procedimiento en la queja por defecto en el cumplimiento, a efecto de que se llamaran a juicio a las comunidades agrarias y diversas personas físicas y morales con posesión de los predios colindantes al ente quejoso, así como para que se recabaran las constancias necesarias a fin de corroborar la propiedad de los terrenos colindantes. En auto de dos de mayo de dos mil tres (fojas 236 y 237), así como en posteriores, se requirió al Director de Asuntos Jurídicos de la antes denominada Secretaría de la Reforma Agraria, a efecto de que remitiera copia certificada de las resoluciones presidenciales que demuestren la dotación de tierras de los aludidos entes ejidales, así el título de propiedad del predio de Consorcio Minero Peña Colorada y del diverso que ostentaba la familia Michel Michel. Al respecto y después de diversos requerimientos, fueron allegadas a este juzgado copias certificadas de lo siguiente: Resoluciones presidenciales por las cuales se dotaron tierras al Ejido Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, del poblado de Chacala, municipio de Cuautitlán y al poblado de Cuzalapa, municipio de Cuautitlán, del Estado de Jalisco, de las escrituras públicas números mil seiscientos treinta y siete, mil seiscientos treinta y ocho, mil ochocientos sesenta y cinco y mil ochocientos sesenta y seis, otorgadas por el Notario Público número dos de Chapala, Jalisco, relativas a la titularidad de la fracción de terreno que tiene en posesión la familia Michel Michel, sentencia de treinta de octubre de dos mil uno, pronunciada en el juicio agrario 50/99, relativa a la ampliación del Ejido Plan de Méndez, y convenio por la ocupación temporal de superficie derivada de una concesión minera, entre el Ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán y el Consorcio Minero Peña Colorada, sociedad anónima de capital variable (fojas 161 a 181, tomo II, 1110 a 1117, 1232 a 1246. 1265 a 1280, 1145 a 1181, del tomo III y que obran en el cuaderno de pruebas derivado de este juicio). El catorce de abril de dos mil ocho (foja 1786, tomo IV), se ordenó el desahogo de una prueba pericial a efecto de dilucidar si efectivamente no existen predios con propietario desconocido a fin de ejecutar la resolución presidencial de veintiocho de agosto de mil novecientos sesenta y tres, y por ende, determinar si existe imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo. Los peritos designados por las partes y por este juzgado emitieron sus dictámenes periciales y mediante resolución de trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 3068 a 3088) se emitió la resolución correspondiente al recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la cual se determinó declarar infundado ese medio de impugnación y dar trámite a un incidente de cumplimiento sustituto. Resolución que fue recurrida mediante los recursos de queja interpuestos por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, antes Secretaría de la Reforma Agraria, y radicados por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (fojas 3100 y 3279), los cuales fueron remitidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y turnados a la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, bajo los recursos de queja 2/2017 y 4/2017. El segundo de esos medios de impugnación fue declarado sin materia, en virtud de lo resuelto en el primero; y este último se resolvió mediante la ejecutoria que en este acuerdo se recibe, pronunciada el catorce de febrero de dos mil dieciocho, en la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que no existe materia para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues al valorar los dictámenes emitidos por los peritos designados por las partes y por este juzgado, basados en las documentales recabadas, llegó a la conclusión de que no se dejaron de considerar terrenos de dueño desconocido, y por ende, susceptibles de afectación para incluirlos en la resolución dotatoria, ya que los predios colindantes pertenecen a diversas comunidades, así como a pequeños propietarios, cuya titularidad se confirmó a partir de las resoluciones presidenciales, actas de ejecución, sentencias y escrituras relacionadas en párrafos anteriores. Agregó que no es posible que se abarquen terrenos distintos a los ahí precisados, pues la superficie total otorgada en la resolución presidencial no se encuentra ingresada dentro del patrimonio del ejido; aunado a que el artículo 313 de la Ley de Reforma Agraria, prevé la posibilidad de que al ejecutar una resolución presidencial pudiesen surgir conflictos que conlleven a la imposibilidad de entregar totalmente las tierras que en esta se conceden; y por lo anterior no es posible considerar que exista un perjuicio en contra del ente dotado, ni tampoco es posible considerar el cumplimiento sustituto. Ante ese panorama, se tiene entonces que en la resolución presidencial de veintiocho de agosto de mil novecientos sesenta y tres, se ordenó la dotación de tierras al ente ejidal quejoso, por una superficie de 50,332-50-00 cincuenta mil trescientas treinta y dos hectáreas, cincuenta áreas, de terrenos de propietario desconocido y se llevó a cabo su ejecución por lo que ve a 34-700-00 treinta y cuatro mil setecientas hectáreas, en tanto que, por la restante superficie, es decir, 15,632-50-00 quince mil seiscientas treinta y dos hectáreas, cincuenta áreas, se demostró que existe una imposibilidad jurídica y material para llevar a cabo la ejecución de la resolución dotatoria, dado que no existen terrenos de propietario desconocido para llevar a cabo la dotación correspondiente, por ende, en cumplimiento a lo ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene por cumplida la sentencia de amparo, al no existir materia para cumplimentarla en todos sus términos, según las consideraciones contenidas en este acuerdo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el mencionado numeral 113 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 105 y 108 de la Ley de Amparo. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental. Notifíquese; y, personalmente. kygm
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera el recurso de revisión que prevé la fracción I, inciso e) del artículo 81 del ordenamiento legal invocado, contra la sentencia dictada en autos, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el fallo amparador ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales. Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para el efecto siguiente: "Realice las gestiones tendentes al desahogo de la prueba pericial admitida a la parte actora dentro del expediente laboral número 2791/2014/17-d, en actuación de cinco de febrero de dos mil dieciséis". En virtud de lo anterior, requiérase a la responsable Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso tercero transitorio, en el término de tres días siguientes al en que quede legalmente notificado del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia de amparo dictada dentro del presente juicio de amparo. El cual deberá acreditar con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, lo anterior, a efecto de calificar el cumplimiento de amparo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tengan, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se les haga efectiva dicha sanción, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. De igual manera, resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 36/2011 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro IV, Tomo 4, enero de dos mil doce, visible a página 3515, de rubro y texto siguiente: "JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que no haya fenecido el término de diez días a la autoridad responsable, toda vez que, que tiene como característica esencial la imparcialidad, esto es, administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público, pues es autoridad que ejerce actos materialmente jurisdiccionales. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia J/3, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN EL AMPARO INDIRECTO. Las autoridades responsables como parte en el juicio de garantías, en términos generales y conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., 5o., fracción II, 11, 83, fracción IV y 87 de la Ley de Amparo, pueden válidamente intervenir en el juicio de garantías e interponer los recursos establecidos en la ley; sin embargo, cuando dichas autoridades responsables ejercen funciones jurisdiccionales, carecen de legitimación para recurrir las sentencias de amparo indirecto, pues desaparece su interés jurídico en el asunto que motivó la concesión del amparo, ya que en tal hipótesis las autoridades tienen como característica esencial la imparcialidad que es intrínseca a la función jurisdiccional. En efecto, estas autoridades tienen como finalidad la búsqueda de la verdad jurídica, mediante el ejercicio de la función de decir el derecho entre las partes en litigio, con la única y exclusiva pretensión de administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público, lo que les impide asimilarse a las partes contendientes. Por ello, las autoridades, como las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no pueden válidamente recurrir en revisión la sentencia dictada en el juicio biinstancial en que se declaró inconstitucional la resolución impugnada, pues con ello están favoreciendo a una de las partes contendientes con el correlativo perjuicio de la otra, demeritando así el deber de imparcialidad que la ley les impone y violando las obligaciones legales que les incumben como resolutoras, intérpretes y aplicadoras de la ley, ubicándose oficiosamente, como coadyuvantes del tercero perjudicado, lo cual resulta contrario a los principios que la ley, la jurisprudencia y la doctrina han reconocido." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Ileana Cruz López quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/ICL/abn
- Principal
Zapopan, Jalisco, nueve de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el oficio que remite la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Gobierno del Estado de Jalisco, a través del cual allega un legajo de copia certificadas; comunicado que se ordena agregar sin mayor acuerdo sustancial, toda vez que mediante auto de siete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 116 y 117), se declaró cumplida la sentencia en el presente asunto y se ordenó su archivo. Notifíquese.- Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Roberto Martínez Gutiérrez, quien autoriza y da fe y certifica: que la presente actuación coincide en su integridad con la que obra en el expediente electrónico. LAPT/RMG/IIEJ
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