Alvaro German Escalante Castillo

Expediente 1349/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1349/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • Alvaro German Escalante Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de cuatro de octubre del presente año, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    MESA V. Agréguese a estos autos el escrito de Álvaro Germán Escalante Castillo, mediante el cual cumple con la prevención realizada en proveído de uno de octubre del año en curso, para los efectos legales correspondientes; por tanto, déjese sin efecto legal alguno el apercibimiento contenido en dicho auto. Ahora bien, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por Álvaro Germán Escalante Castillo, contra los actos que reclama de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida; y con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se procede a proveer en relación con la misma. El artículo 113 de la citada Ley de Amparo señala, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará dicho escrito, y si existiere una causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo que, con base en el anterior precepto legal, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama de la juez, el haber señalado el siete de octubre del año en curso, fecha para el remate del cincuenta por ciento por concepto de gananciales del inmueble marcado con el número sesenta y tres de la calle dieciséis de la localidad y puerto de Santa Clara, municipio de Dzidzantún, Yucatán; pues se duele que a pesar de tener el carácter de acreedor (pues con ese carácter le notificaron la fecha del remate) no se le respetó su derecho a participar en todo el procedimiento del remate, esto es, no se le concedió la oportunidad de ofrecer un perito con el objeto que presente su dictamen, respecto al valor comercial real de lo que se pretende rematar; no está demás señalar, que la juez fijó fecha para la celebración del citado remate en acuerdo de nueve de agosto del año en curso, y por un diverso proveído veinte de septiembre del año que nos ocupa, ordenó a su actuario notificar el anterior auto al aquí quejoso, en su carácter de acreedor, las anteriores determinaciones le fueron notificadas al agraviado el veintitrés de septiembre, que fue cuando tuvo conocimiento de lo anteriormente relatado. Ahora bien, como se indicó líneas precedentes, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello debe tenerse presente, que respecto de lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte de una manera patente y clara, de la simple lectura de la demanda de amparo; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Tiene aplicación a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, enero de 1999, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Sentado lo anterior, debe decirse que en el caso se advierte que, con relación al acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en contra del acto reclamado, el quejoso estuvo en aptitud de interponer el recurso de revocación, o en su caso, el de apelación establecidos en el artículo 1334 y 1336 respectivamente del Código de Comercio, lo cual no aconteció en la especie. Ciertamente, para corroborar lo anterior se transcribe el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo citada: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." De lo anterior se desprende que el juicio de garantías se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso efectivo o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone: "Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." El precepto citado establece en particular que el recurso efectivo implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. En ese sentido, uno de los aspectos que garantizan la efectividad de los medios de defensa previstos por las leyes, es que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan resolver la controversia. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos efectivos, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados. Es sustento de lo argumentado, es dable citar el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.), visible en la página 536, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, décima época, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados". Por ende, el Juzgador tiene la obligación de realizar la interpretación en sentido estricto a la norma aplicable, y no debe soslayar los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los recursos; mismos presupuestos que resultan ser previos al estudio de fondo, pues esto también garantiza la tutela judicial efectiva, al crear una situación de seguridad jurídica respecto de las actuaciones de los órganos jurisdiccionales. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo el agraviado debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida, caso que en la especie acontece de manera inexacta por parte de la parte quejosa. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Ahora bien, del análisis tanto de la demanda de amparo, como de las constancias que el quejoso ofreció se advierte, que en el caso no agotó los recursos que el Código de Comercio le conceden. En efecto, se recuerda que el quejoso se duele que la juez responsable señaló fecha y hora para que tenga verificativo el remate del cincuenta por ciento por concepto de gananciales del predio marcado con el número sesenta y tres de la calle dieciséis de la localidad y puerto de Santa Clara del municipio de Dzidzantún, Yucatán, sin haberle dado la oportunidad de participar en el procedimiento de remate, con el objeto de que pueda nombrar un perito valuador. Dicha fecha la juez la señaló mediante auto de nueve de agosto del año en curso, en los siguientes términos: "(.) asimismo se tiene al compareciente aclarando la descripción del predio a rematar tal y como manifiesta en su ocurso, en tal virtud fíjese como nueva fecha y hora para rematar el cincuenta por ciento por concepto de gananciales del predio marcado con el número (.) el día siete de octubre de dos mil diecinueve a las diez horas y en el local de este juzgado (.)" Así mismo, en un diverso acuerdo de veinte de septiembre del año que nos ocupa, la citada a quo ordenó al actuario adscrito a la central de actuaría, notificar al aquí quejoso el referido proveído de nueve de agosto, en su carácter de acreedor: "(.) se le tiene indicando los nuevos domicilios de los acreedores que aparecen en el certificado de libertad o gravamen expedido por la Registradora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, de fecha de expedición veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, (.) en tal virtud, comisiónese al actuario adscrito (.) a fin de que se sirva dar cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha nueve de agosto del año en curso, por lo que respecta al ciudadano Álvaro Germán Escalante Castillo (.)" Ahora bien, el artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio por disposición expresa de los numerales 1054 y 1063, dice: "Articulo 220.- Las Resoluciones Judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos, si se refieren a simples determinaciones de tramite; autos cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio." Del contenido del numeral transcrito se desprende, que son decretos aquéllas determinaciones de simple trámite, con las que se da cuenta con la promoción respectiva y que no disponen otra cosa más que la de dar contestación a los libelos que se presentan ante las autoridades judiciales que no trastoquen el desarrollo de un proceso que ante ellas se llevan; autos son las resoluciones que dilucidan algún punto en el proceso y por lo tanto, sus consecuencias trascienden al negocio en lo principal; y sentencias, son las que deciden el fondo del negocio, además que estas exigen los requisitos de forma que la leyes señalan. Consecuentemente, los acuerdos transcritos párrafos previos, encuadran en la definición de un auto, pues sus consecuencias trascienden al negocio en lo principal, esto es, el haber señalado fecha y hora para verificarse el remate y haber ordenado notificar lo anterior al acreedor aquí quejoso. Por tal motivo, como se indicó líneas precedentes, en contra del acto reclamado procedía el recurso de revocación, o en su caso, el de apelación como medio idóneo para combatirlo, de conformidad con los artículos 1334 y 1336 del Código de Comercio. En efecto, del contenido del artículo 1334 se desprende, que los autos que no son apelables pueden ser revocados; y del 1336 se advierte que el recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, reforme o revoque una determinación del inferior. Con base en lo anterior, es claro que el legislador federal implementó un medio de impugnación para revocar las determinaciones que surjan de los juicios ejecutivos mercantiles, ya sea ante el propio juez mediante el recurso de revocación, o ante su superior mediante el diverso de apelación. En esa tesitura, como la parte quejosa no impugnó el acto reclamado por la vía idónea ante la alzada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con el diverso numeral 113 del mismo ordenamiento, obliga a desechar este juicio de amparo. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser el acto reclamado en este juicio, susceptible de análisis por esta vía, en virtud que respecto del mismo, previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé. Tiene aplicación, en lo conducente y por analogía, la tesis de jurisprudencia XIX.2o.13 K, Tribunales Colegiados del Circuito, visible en la página 340, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...". También sirve de sustento al anterior razonamiento, en lo aplicable, la tesis de jurisprudencia 3ª. /J. 14/92, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 25 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 56, Agosto de 1992, relativa a la Octava Época, Materia Común, con rubro y texto siguientes: "EJECUCION DE SENTENCIA. LA RESOLUCION QUE LA NIEGA DEBE SER IMPUGNADA MEDIANTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY ANTES DE RECLAMARLA A TRAVES DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACION DEL DISTRITO FEDERAL). El artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establece: "De las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad, y si fuere sentencia interlocutoria, el de queja por ante el superior"; de ahí que a la resolución en que se niega la ejecución de una sentencia, no puede considerársele como de aquellas que directamente tienden a ejecutarla, porque, en primer lugar, no se pronuncia con el fin de que se dé cumplimiento a la sentencia, al negar la autoridad judicial su ejecución; y, en segundo término, porque dicha resolución, en rigor, tiene autonomía propia, pues no será materia de estudio en el acuerdo que ponga fin al procedimiento de ejecución de sentencia. Por tanto, tal resolución debe ser impugnada mediante el recurso ordinario procedente establecido en la ley, previamente a la interposición del juicio de amparo." Ahora, debe decirse que en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio, puesto que el acto reclamado no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Ni el quejoso es una persona extraña al procedimiento de ejecución, pues si bien es cierto que inicialmente las partes contendientes fueron como el propio agraviado refirió, Caja la Sagrada Familia, Sociedad Cooperativa de Consumo, de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (parte actora) y Rosa María Jiménez Uc, María Candelaria May Canul y Erika Yajaira Magaña Jiménez (parte demandadas), también lo es, que a partir de la notificación que la juez responsable le realizó el veintitrés de septiembre del año en curso, de los acuerdos de nueve de agosto y veinte de septiembre de los corrientes, dejó de tener la calidad de tercero extraño y desde luego, tiene el derecho de acceder a los autos del juicio natural, así como interponer los recursos que la ley de origen concede para inconformarse con las determinaciones ahí establecidas. Sirve de orientación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que reza lo siguiente: "REMATE, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL ACREEDOR CITADO A JUICIO CONTRA LA RESOLUCION EN QUE EL JUEZ APRUEBA EL. Desde el momento mismo en que un acreedor del demandado es citado al procedimiento de ejecución, deja de ser tercer extraño a éste pues tiene acceso a los autos, o sea, puede ya interponerse de ellos y, por tanto, ya está en aptitud de hacer valer los derechos inherentes a su carácter de acreedor, y si el artículo 554, fracción II, relacionado con el 568, ambos del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, le concede el derecho para apelar del auto de aprobación del remate, debe interponer dicho recurso contra esa determinación, si es que considera que ésta le causa agravios, de manera que el amparo indirecto promovido por el propio acreedor contra esa aprobación es improcedente al tenor del artículo 73, fracción XIII, de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales, por inobservancia del principio de definitividad que, al igual que otros, rige al juicio de garantías". Así como la diversa del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que dice lo siguiente: "REMATES, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO TRATANDOSE DE. Como tratándose de remates, el amparo procede contra la resolución final dictada en el procedimiento respectivo, habiendo otro embargo sobre el mismo inmueble, en diverso juicio, el acreedor, si ha sido citado al remate en el procedimiento donde no ha sido parte, queda incorporado al de ejecución, y en tal virtud ya no es tercero extraño sino parte en la relación jurídica procesal correspondiente, como son todos los acreedores que figuren en el certificado de libertad de gravámenes constante en el juicio donde se hace la citación; y ese acreedor también puede promover la ineficacia de la notificación del auto de citación, si le fue hecha fuera del término legal, y que, por lo mismo, lo dejó sin oportunidad para nombrar perito valuador, promoción que tendría lugar no en el procedimiento de ejecución, porque este aspecto de violación a las normas legales a que deben ceñirse los notificadores, no es susceptible de reparación en la resolución que aprueba o desapruebe el remate". Y la de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "REMATES, CITACION DE ACREEDORES A LOS. El carácter de acreedor del quejoso no es bastante para considerarlo como parte en un juicio, mientras no se le cite como tal; y no importa que haya tenido conocimiento del embargo practicado en dicho juicio, si lo que reclama en el amparo, es el remate de los bienes secuestrados y sus consecuencias. En tales condiciones, no puede admitirse que estuviera en posibilidad de interponer recursos legales, ni la convocatoria de postores puede estimarse como una citación para los acreedores que aparezcan del certificado de gravámenes. Ahora bien, demostrado el carácter de acreedor que ostenta el quejoso, por haber embargado los mismos bienes secuestrados en el juicio de que emanan los actos reclamados; debió notificársele el estado de ejecución en dicho juicio, y si no se hizo así, se le privó de los derechos que le confiere el artículo 568 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, para intervenir en el acto del remate y para recurrir al auto de aprobación del mismo". En ese orden de ideas es inconcuso que en contra del acto reclamado, procedía el recurso de revocación o el de apelación, el cual la parte quejosa estuvo en aptitud de agotar; y al no haberlo hecho así, el juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser susceptible de análisis un acto respecto del cual previamente debió interponerse el recurso que la ley prevé, actualizándose así, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que impone en consecuencia, desechar esta demanda de amparo. Resulta pertinente aclarar que las tesis que se citaron en este acuerdo, son aplicables, pues conforme al artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo a pesar de que fueron emitidas conforme a la anterior Ley de Amparo, no se oponen a la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Finalmente, no obstante lo anteriormente expuesto, este juzgador de la misma manera advierte del análisis de las constancias, que también se actualiza la diversa causal de improcedencia de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el párrafo tercero, fracción IV, del artículo 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los anteriores preceptos legales textualmente dicen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De los transcritos numerales de la Ley de Amparo se puede advertir, que se tuvo como propósito fundamental delimitar la procedencia del juicio de amparo contra actos emitidos en ejecución de sentencia y en los procedimientos de remate; en el primero, se dispuso que la última resolución contra la que procede el amparo, consiste en aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; mientras que en el segundo que es el que nos interesa, la última resolución es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. La nota común en ambas, es que siempre se sujeta la procedencia del amparo indirecto a la última resolución que culmine con dichas etapas, a fin de no entorpecer la ejecución de las sentencias. En este contexto, el acuerdo mediante el cual la juez de origen señaló fecha y hora para verificarse el remate, y el diverso en el que ordena notificar al aquí quejoso de la anterior determinación, no constituye la última resolución dentro de dicho procedimiento, puesto que por última resolución en dicha etapa debe considerarse, como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en donde podrán plantearse todas las demás violaciones ocurridas en ese procedimiento. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Bajo esa óptica jurídica, es innegable que en el caso concreto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable las causas de improcedencia antes invocadas, por lo que con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada ley, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Álvaro Germán Escalante Castillo, contra el acto que reclama de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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