Alvaro Dario Estrada Bustos

Expediente 2848/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2848/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/01/2023

Partes del expediente

  • Alvaro Dario Estrada Bustos

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Notifíquese. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/5781/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que señala el artículo 202 de la Ley de Amparo, el cual establece el plazo para que las partes se inconformaran o no, con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo, y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, hágase la anotación respectiva de archivo en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. De igual forma, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en este juicio de amparo, mismas que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado a las responsables; el original del incidente es depurable conforme a lo señalado en la fracción I, inciso b), del citado artículo 18, debiendo conservarse por el término de tres años y una vez transcurrido debe ser depurado. De conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es DESTRUIBLE, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Asimismo, glósese copia autorizada del presente auto en los cuadernos incidentales. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es depurable, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de Libia Beatriz Cua Mejía, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Álvaro Darío Estrada Bustos contra el acto que reclama de la Jueza Primero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado. Fórmese expediente electrónico; y, regístrese en el Libro de Gobierno electrónico de este Juzgado como juicio de amparo 2848/2022. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo de mérito, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) La anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio traiga como consecuencia, también por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada. Partiendo de la premisa de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio constitucional, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, esto es, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. Por tanto, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, significa que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Así, para que se actualice la causa de improcedencia establecida, es necesario: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la tesis I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Ahora bien, se arriba a la conclusión de que en este caso concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, pues de la lectura integra de la demanda de amparo, la parte quejosa reclama el auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, en el que la Jueza responsable le requirió a fin de que pague o acredite haber pagado la cantidad de ciento cuarenta y cinco mil pesos, moneda nacional, en concepto de pensión alimenticia adeudada; bajo el apercibimiento de la imposición de una multa en caso de incumplimiento. Todo ello, en autos del expediente 277/2018 de su índice. También se advierte la procedencia del medio de impugnación que puede hacerse valer en contra del citado acto reclamado, el cual es el recurso de revocación, por medio del cual pueden ser modificados o revocados los acuerdos impugnados, cuya procedencia se establece en la Ley. En efecto, los artículos del 421 al 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán establecen lo siguiente: "CAPÍTULO I Disposiciones Generales Impugnación de resoluciones .Recursos Artículo 421. Este Código reconoce como recursos los siguientes: Revocación, y Apelación. Irrenunciabilidad de recursos Artículo 422. Los recursos no son renunciables. CAPÍTULO II De la revocación Recurso de revocación Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. Procedencia de la revocación en la audiencia Artículo 424. Durante la audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra del auto que: Resuelva excepciones; No admita pruebas; Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes, y Resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. En estos casos, la revocación sólo puede plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta la revocación, el juez debe dar vista a la parte contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y posteriormente dicte la resolución. Los demás decretos y autos dictados en audiencia son irrecurribles. Interposición de la revocación fuera de audiencia. Artículo 425. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días y transcurridos éstos, el juez debe resolver dentro del tercer día lo que proceda. Irrecurribilidad de la revocación Artículo 426. La resolución en la que se decida la revocación no admite recurso alguno. CAPÍTULO III De la apelación Objeto de la apelación Artículo 427. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Procedencia de la apelación Artículo 428. La apelación procede en contra de: Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y Las resoluciones interlocutorias y definitivas." De los preceptos transcritos se advierte que el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, que rige el procedimiento en los juicios del orden familiar, como aquél del que deriva el acto reclamado, reconoce como recursos los de apelación y revocación. Asimismo, de dichos numerales deriva que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio Juez que los haya dictado. También se aprecia que únicamente procede el recurso de apelación en contra de las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto, contra el auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y contra las resoluciones interlocutorias y definitivas. De lo anterior, se desprende que contra el auto reclamado dictado procedía el recurso de revocación, tomando en consideración que no resultaba apelable, al no tratarse de una resolución que ponga fin a la controversia, al no ser un auto interlocutorio que resuelve sobre incompetencia, ni una resolución interlocutoria y definitiva; esto, con base en que el citado numeral 423 del mencionado ordenamiento legal, establece en forma genérica la procedencia de dicho medio de defensa en contra de todos los autos y decretos que no sean apelables, sin exclusión alguna, tratándose de acuerdos o decretos dictados fuera de la audiencia. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente respecto del referido auto reclamado, al no ser susceptible de análisis por esta vía, en virtud que previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé, esto es, el de revocación. Tiene aplicación la tesis XIX.2o.13 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, enero de 1996, Materia Común, Novena Época, Tribunales Colegiados del Circuito, visible en la página 340, de rubro y texto: RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, debe decirse que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio, puesto que el acto reclamado no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni la quejosa es persona extraña al procedimiento, sino que se trata del asesor de la parte demandada como él mismo manifiesta en su escrito de demanda. Y la ley es muy clara en precisar la procedencia del recurso de revocación en contra de acuerdos como el reclamado, pues no se requiere una interpretación adicional, o que su fundamento sea insuficiente para determinarla, y que de esa manera la quejosa quedará en libertad para interponer dicho recuso o acudir de manera inmediata al juicio de amparo. En ese orden de ideas, en contra del acuerdo reclamado dictado el expediente 277/2018, procedía el recurso de revocación, el cual la parte quejosa estuvo en aptitud de agotar; y al no haberlo hecho así, el juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser susceptible de análisis un acto respecto del cual previamente debió interponerse el medio de impugnación que la ley prevé, actualizándose así, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Álvaro Darío Estrada Bustos, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Como lo señala la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala para tal efecto en su demanda de amparo y como su autorizado, en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Manuel de Jesús Martínez Cámara. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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