Alvaro Cortes Mayo
Expediente 226/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Alvaro Cortes Mayo
- Daniel Gilberto Nieto Cornejo
- Jessica Margarita Cortes Mayo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos: toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la suspensión definitiva, por ende, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.
- Principal
mesa 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos: la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Jessica Margarita Cortes Mayo y Álvaro Cortes Mayo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.
- Principal
MESA 7 R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el cinco de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el seis siguiente, Jessica Margarita Cortes Mayo y Álvaro Cortes Mayo, por su propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "El auto de fecha quince de enero de dos mil veinte, específicamente en su punto segundo dictado por la Juez Segundo de lo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, en el cuadernillo de incidente de cancelación de pensión alimenticia, deducido del expediente 1375/2010, relativo al juicio especial de alimentos, promovido por Margarita Mayo López y Jessica Margarita Cortes y Álvaro Cortes Mayo actualmente mayores de edad, en contra de Álvaro Ramón Cortes Hernández y/o Álvaro Ramón Cortes Hdez." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA, DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO. 2 ACTUARIO JUDICIAL DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA, DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO. SEGUNDO. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Y QUEJA. El siete de febrero de dos mil veinte, se registró la demanda bajo el expediente 226/2020-7, y se desechó al considerarse que el acto reclamado no era de imposible reparación, inconformes con dicha determinación los quejosos interpusieron recurso de queja, conociendo de la misma el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, quien por ejecutoria de veintiocho de mayo de dos mil veinte, declaró fundado el citado recurso de queja. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito el dos de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata; se solicitó a las autoridades responsables rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, se ordenó emplazar al tercero interesado y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CUARTO. EMPLAZAMIENTO. En nueve de septiembre de dos mil veinte se emplazó al tercero interesado Álvaro Ramón Hernández y/o Álvaro Ramón Cortes Hernández. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: El punto segundo del acuerdo de quince de enero de dos mil veinte, dictado en el cuadernillo de incidente de cancelación de pensión alimenticia, deducido del expediente 1375/2010, del índice del juzgado responsable. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez Segundo Familiar del Centro, Tabasco, al rendir informe justificado admitió la existencia del acto que se le reclama, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe. Por su parte la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Segundo Familiar del Centro, Tabasco, al rendir informe justificado señaló adherirse al informe de la autoridad ordenadora, por lo que se le tiene por cierto el acto reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el aludido Pleno de nuestra Corte Suprema, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, titulada "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". Documentales a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, así como conforme a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO"; por lo que así deberá tenerse para los efectos legales procedentes. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, del mismo ordenamiento legal y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dichos preceptos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando dicha improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo. Ahora bien, cabe señalar que para que se actualice la improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del aludido precepto 61, es menester efectuar el complemento relativo con otras disposiciones, debiéndose acudir para ello únicamente a la propia Ley de Amparo, la Constitución Federal o a la jurisprudencia, de ahí que en la especie se haya apelado al contenido del normativo 107, fracción V, de la ley de la materia. Tal proceder encuentra apoyo en la tesis aislada 2a. LXXXVI/99, de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, publicada en la página trescientos setenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción". En ese sentido, debemos entender que para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación se entiende como aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos no afectan a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia o resolución que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer recursos e incluso recurrirlos en vía de amparo. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, conforme al artículo 107 de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió en antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Apoya a lo anterior, por analogía la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2006589, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, visible a página 39, que reza: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese sentido, se concluye que por disposición expresa de la legislación vigente aplicable, en la hipótesis que se viene comentando, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio solamente cuando afectan derechos sustantivos; por lo que, aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal, deben reclamarse, a través de la sentencia o resolución que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer recursos e incluso recurrirlos en vía de amparo. Establecido lo anterior, en el caso la parte quejosa reclama el acto consistente en el punto segundo del acuerdo de quince de enero de dos mil veinte, dictado en el cuadernillo de incidente de cancelación de pensión alimenticia, derivado del juicio especial de alimentos 1375/2010, dictado por la Juez Segundo Familiar del Centro, Tabasco, en el que la citada responsable negó dejar si efectos la retención de la pensión alimenticia, decretada en el proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, en donde se tuvo por admitido el aludido incidente, indicándoles que deberán estarse a lo ahí acordado, hasta en tanto se resuelva dicha incidencia. En tal virtud, dicha determinación ahora combatida en el presente juicio de amparo no constituye una violación de ejecución irreparable, ya que sólo tiene efectos intraprocesales, toda vez que no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la parte quejosa que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para evidenciar la actualización en la especie, de la causa de improcedencia invocada, es necesario señalar que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que cuando las partes reclaman actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, al igual que contra los que se dicten fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Ahora bien, en principio debe mencionarse que los actos procesales dentro del juicio sólo tienen una ejecución de imposible reparación, para los efectos del juicio de amparo indirecto, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, ya que en caso de consumarse los mismos, queda irreparablemente afectado el derecho sustantivo salvaguardado en la garantía individual de que se trate. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una inicial postura, sostuvo que sólo podían ser reclamados como actos dentro del juicio que tuvieran sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, aquellos que afectaran de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y a manera de ejemplo señaló, entre otros, el arresto, la apertura de la correspondencia, el secuestro de bienes, por cuanto que, con su ejecución, respectivamente, se afectan los derechos de libertad, de secrecía y de disponibilidad de los bienes, de modo irresarcible, ya que una vez ejecutados los actos, no podrá reponerse al arrestado el tiempo que estuvo detenido, ni volver al secreto el contenido de la correspondencia abierta, ni la disponibilidad de los bienes puede devolverse al afectado, durante el tiempo que dura el secuestro. En este contexto, no se autoriza a las partes a intentar la acción de amparo contra otros actos del procedimiento distintos a los señalados, ya que ello ha llevado al extremo de proscribir el juicio de amparo judicial, como consecuencia de su abuso por los justiciables. Ahora bien, como no es conveniente que quede sin analizar por la justicia federal, ninguno de tales actos derivados del procedimiento judicial, y ante la imposibilidad, según se vio, de que todos puedan dar origen a acciones individuales de amparo, el legislador estableció el concepto de "violaciones procesales", que, de modo enunciativo se encuentran contenidas en el artículo 172 de la Ley de Amparo, y cuya impugnación no se hace de modo destacado a través de alguna acción autónoma, sino queda reservada para ser planteada al reclamar en amparo directo la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio, previo agotamiento de los recursos pertinentes, pero sin permitir que las infracciones de esta índole puedan generar acciones de amparo individuales. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el auto de quince de enero de dos mil veinte, dictado en el cuadernillo de incidente de cancelación de pensión alimenticia, derivado del juicio especial de alimentos 1375/2010, dictado por la Juez Segundo Familiar del Centro, Tabasco, en el que la citada responsable negó dejar si efectos la retención de la pensión alimenticia, decretada en el proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, en donde se tuvo por admitido el aludido incidente, indicándoles que deberán estarse a lo ahí acordado, hasta en tanto se resuelva dicha incidencia, no es una determinación de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no ocasiona en agravio de la parte inconforme alguna violación a sus derechos subjetivos públicos. Esto es así, pues se trata de una determinación que no afecta de manera directa sus derechos sustantivos, sino en todo caso los meramente procesales, y su pertinencia se determinará al emitirse la resolución respectiva, esto es, los agraviados deberán esperar hasta que se emita la última resolución definitiva del incidente de cancelación de pensión alimenticia, para estar en posibilidad de impugnar dicha determinación, y de estimar que la misma resulta contraria a sus intereses, podrá controvertir también todas las violaciones al procedimiento que estime hayan acontecido, entre las que bien podría incluir la resolución que aquí se impugna. Se invoca en apoyo a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia 57/2015 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 736, Tomo I, Noviembre de 2015, Materia Común, Décima Época, registro 2010472, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INCIDENTE DE CESACIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROMOVIDO EN EL EXPEDIENTE DEL JUICIO CONCLUIDO EN EL QUE SE CONDENÓ AL DEUDOR ALIMENTARIO A SU PAGO. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LO RESUELVE, PROCEDE EL AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. En los casos en los que en un juicio se emita una sentencia definitiva en la que se condene al deudor alimentario al pago de una pensión alimenticia, debe considerarse que ese juicio concluyó, por lo que si con posterioridad, dentro del propio expediente, se promueve y resuelve un incidente de cesación de la pensión alimenticia decretada previamente, es inconcuso que esa resolución incidental constituye un acto dictado después de concluido el juicio que, además, no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino declarar la cesación de la condena respectiva. En ese sentido, del artículo 107, fracciones V y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo abrogada, así como 170 de la vigente, deriva la regla general de que las resoluciones dictadas después de concluido el juicio no pueden tener la naturaleza de sentencias definitivas, pues desde una perspectiva de lógica jurídica procesal, para aquéllas constituye un presupuesto la conclusión del juicio, o sea, que previamente exista una sentencia definitiva o alguna otra resolución que hubiere puesto fin al juicio, máxime que respecto de los actos de tribunales dictados después de concluido el juicio, las legislaciones de amparo indicadas no aportan elementos para considerar que constituya un dato relevante para la procedencia de la vía indirecta de tramitación del juicio de amparo, la condición de que en los actos dictados después de concluido el juicio se resuelva, o no, sobre algún derecho sustantivo. De ahí que si la resolución señalada no puede considerarse sentencia definitiva, sino una actuación dictada después de concluido el juicio, entonces, de conformidad con la Ley de Amparo abrogada (artículo 114, fracción III), y con la vigente (artículo 107, fracción IV), procede el juicio de amparo en la vía indirecta para intentar su impugnación constitucional; lo anterior, sin perjuicio del examen que deba hacerse en relación con la procedencia del juicio de amparo, como es el caso del análisis sobre la definitividad del acto." En consecuencia, las violaciones que aduce la parte quejosa, son meramente de carácter procesal que no afectan sus derechos sustantivos y que pueden ser reclamadas al emitirse la sentencia correspondiente en caso de serle desfavorable, previa interposición de los recursos pertinentes; razón por la cual, por el momento no es procedente el amparo indirecto. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia número 38/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril de 2001, Tomo XIII, Materia Común, visible en la página 5, que dice: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio." Asimismo, se invoca la jurisprudencia 302, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2009, Tomo XXIX, Materia común, visible en la foja 2594, registro 167997, cuyo rubro y texto son: "VIOLACIONES PROCESALES. SI ACONTECEN DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN INCIDENTE DEBEN ALEGARSE EN EL AMPARO QUE PROCEDA CONTRA LA INTERLOCUTORIA RESPECTIVA. Cuando durante la tramitación de un proceso incidental cuya resolución sea susceptible de impugnarse mediante el amparo indirecto, se cometan violaciones intraprocesales, tales infracciones no podrán ser reclamadas de inmediato, sino que el agraviado deberá esperar a que se pronuncie la interlocutoria, y ante el Juez de Distrito competente impugnar junto con ella, las posibles violaciones procesales cometidas dentro de ese procedimiento incidental." En tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, en virtud de que no se está en presencia de aquéllos cuyos efectos sean de imposible reparación; pues, como se vio, no producen una afectación material de derechos sustantivos. En ese sentido, sin prejuzgar sobre la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, resulta una violación procesal cuyos efectos se extinguen en el caso de obtener una resolución definitiva favorable en el incidente de origen, es decir, el perjuicio formal que le hubiera podido originar, desaparecerá de obtener una resolución favorable a la acción intentada en el juicio natural, dejando intacta la esfera jurídica de la parte quejosa al no alterarse ningún derecho sustantivo con el acto de autoridad combatido. Sin que sea óbice a la presente determinación que el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, al resolver fundada la queja 31/2020, haya señalado que de la sola demanda de amparo no se advertía de manera notoria e indudable la causa de improcedencia que se invoca en la presente resolución, ya que la retención de la pensión alimenticia de la que se duelen los impetrantes, ponía en riesgo el no poder concluir sus estudios, así como su subsistencia. Sin embargo, del estudio de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como con las pruebas que ofertó el tercero interesado, a través de su autorizada para tal efecto, en especial la documental consistente en el informe rendido por la Directora de Servicios Escolares de la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa, se desprende que a la quejosa Jessica Margarita Cortes Mayo, el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, le fue entregado su título y cédula profesional, obteniendo excelencia académica; asimismo, en cuanto al quejoso Álvaro Cortes Mayo, de dicho informe se aprecia que actualmente no se encuentra inscrito en esa institución, al haber culminado su historial académico, sin que a la fecha dicho impetrante haya gestionado su proceso de titulación, a fin de obtener su cédula profesional, situación que evidencia que los quejosos ya concluyeron sus estudios universitarios, por lo que dicho auto reclamado, no pone en riesgo la culminación de ellos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la parte tercero interesada, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de dos de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jessica Margarita Cortes Mayo y Álvaro Cortes Mayo, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando CUARTO de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se ordenó suspender las actividades jurisdiccionales del nueve al trece de noviembre del presente año, mediante oficios 006/2020-CM y 007/2020- CM, emitidos por el Coordinador de Magistrados de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito incluidos los pertenecientes al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de Villahermosa, al considerar que se actualizaba el caso de emergencia a que se refiere la fracción XXIV del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo para ese dia y se señala como nueva fecha para su celebración las CATORCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese
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