Álvaro Batista Alarcón
Expediente 1267/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1267/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Álvaro Batista Alarcón
- Juan Carlos Pérez Batista
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado, remite copia certificada del proveído de diecisiete de mayo del año en curso, dictado en el expediente laboral 332/2008, de su índice, y su notificación realizada a las partes contendientes, del que se advierte que requirió a la moral demandada Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco, para que exhiba documento idóneo con el que acredite que la quejosa es trabajadora de base, así como el pago de las aportaciones de seguridad social. Asimismo, la autoridad oficiante informa que aún se encuentra transcurriendo el término otorgado para que el citado Ayuntamiento cumpla con el requerimiento efectuado en el proveído de mérito. Se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales conducentes y estese a la espera de lo que informe el Ayuntamiento demandado en relación al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional mediante proveído de veinticinco de julio del año en curso. Finalmente, debido a la voluminosidad del presente expediente en que se actúa, y a fin de facilitar su manejo, se ordena la apertura de un nuevo tomo, el cual quedará identificado como Tomo II. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Marcela Hernández Velázquez, mediante el cual se le tienen por hechas sus manifestaciones en relación al recurso de queja hecho valer por el Director de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, en representación del Gobernador Interino del Estado de Tabasco, y señala las constancias que deberán ser remitidas para la substanciación de dicho recurso. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual remite: El juicio de amparo 1251/2022 de su índice estadístico, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Miladis Batista González, por su propio derecho y en favor de Juan Carlos Pérez Batista y Álvaro Batista Alarcón. Lo anterior, en virtud de que por auto de tres de agosto de dos mil veintidós, determinó que este juzgado es el que le corresponde conocer de dicho juicio por conocimiento previo. Acúsese recibo. Por tanto, con apoyo en el artículo 49 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común específicamente en su numeral 36, fracción XIII, párrafo quinto y sexto, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto. Por lo anterior, téngase a Miladis Batista González, por su propio derecho y en favor de Juan Carlos Pérez Batista y Álvaro Batista Alarcón, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Secretario de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 1, 11, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1267/2022-10. PRECISION DE LOS ACTOS RECLAMADOS Del análisis integral de la demanda, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, es obligación de esta Juzgadora, realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados. De tal suerte que, al analizar el libelo constitucional, los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión; es decir, al fijar el acto reclamado, se deberá atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustentan lo considerado, la jurisprudencia de la Novena Época, con registro 192097, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, materia común, tesis P./J. 40/2000, página 32, de título y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Por lo que, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la promovente impugna a favor de los directos quejoso slo siguiente: Privación de la libertad y/o Detención y/o Aseguramiento y/o Retención. Deportación. En esa medida, se tiene que mediante el oficio 39016/2022-Bis signado por el Secretario Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por proveído de tres de agosto de dos mil veintidós, el referido órgano homologo conforme lo señala el dispositivo 126 de la Ley de Amparo, este se pronunció respecto de la suspensión de plano en relación de los actos reclamados. REQUERIMIENTO DE INFORME RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena; se les impondrá una multa equivalente a 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, en términos de lo previsto por los artículos 237, fracción I, en relación con el numeral 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de proceder en su contra por el delito de desobediencia, en términos del artículo 262, fracción III, de este último ordenamiento. "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. [.]" COMISIÓN DEL ACTUARIO PARA QUE DE FE DE ESTADO FÍSICO En ese contexto, toda vez que del escrito de demanda se observa que los quejosos Juan Carlos Pérez Batista y Álvaro Batista Alarcón, se encuentran detenidos en las instalaciones de la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, se comisiona al actuario judicial de la adscripción de este juzgado, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades responsables, y notifique la presente determinación a los referidos quejosos; además, para que a través de sus sentidos, dé fe del estado físico y condiciones en que se encuentren, y la fecha en que ingresaron a la estación migratoria, debiendo asentarlo en la razón que levante para tal efecto; lo anterior, para lograr un efectivo cumplimiento de la medida suspensional otorgada y no sea incumplida o violada por parte de las responsables. De igual forma, requiera a los quejosos Juan Carlos Pérez Batista y Álvaro Batista Alarcón, para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación respectiva: Manifiesten SI RATIFICAN O NO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA en el entendido que de no hacerlo se tendrá por NO PRESENTADA, acorde lo establecido en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, y se dejarán sin efectos las providencias tomadas en el presente acuerdo. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Con el apercibimiento que cualquier obstrucción, obstáculo, limitación, entorpecimiento o prohibición para que el actuario realice sus funciones de manera plena, podrán constituir el delito de "desaparición forzada", en términos de los artículos 2, 3, 6 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; artículos I, II y II de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas; los cuales establecen: Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas "Artículo 2. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Artículo 3. Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables. Artículo 6. 1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para considerar penalmente responsable por lo menos: a ) A toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en la misma; b ) Al superior que: i) Haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente; ii) Haya ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación; y iii) No haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento; c) El inciso b) supra se entiende sin perjuicio de las normas de derecho internacional más estrictas en materia de responsabilidad exigibles a un jefe militar o al que actúe efectivamente como jefe militar. 2. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea ésta civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar un delito de desaparición forzada. Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas ARTICULO I Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención. ARTICULO II Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. ARTICULO III Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona." Asimismo, prevéngase a las responsables, así como a cualquier otra autoridad que sea requerida, para que otorguen las facilidades necesarias al funcionario que se comisione, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído, apercibidas que de no cumplir, con independencia de dar vista al Fiscal Federal de la adscripción, para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir, e independientemente de que sean denunciados por el delito de desaparición forzada, se les impondrá como medida de apremio una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el ocho de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA (vigente a partir del uno de febrero del año actual), en términos de los dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238, en relación al 259 de la Ley de Amparo. Además, se les comunica que el no obedecer una medida suspensional es constitutivo de un delito en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" Por ende, el desacato a la suspensión concedida a la parte accionante, además de la multa citada, podría dar origen a que este órgano jurisdiccional ordene que se dé vista al Ministerio Público por la probable comisión -por parte de las responsables en cuestión- del delito de desobediencia a un auto de suspensión debidamente notificado; con fundamento en los artículos 237, fracción III, y 262, fracción III, de la Ley de Amparo. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rindan informes, presenten promociones o acusen recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por no contar con cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. En relación a los números telefónicos que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para los efectos de citas y notificaciones. SE GIRA EXHORTO. Ahora bien, toda vez que la promovente, señaló en su demanda como domicilio para oír citas y notificaciones el ubicado en la Justo Sierra, número 66, barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, Código Postal 16059 de la Ciudad de México, en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, líbrese atento exhorto vía interconexión al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a cualquiera de los actuarios de su adscripción y notifique a la aludida promovente el presente auto. Asimismo, deberá requerirla para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído señale domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en Villahermosa, Tabasco, o bien manifieste que las notificaciones se hagan de manera electrónica, con apercibimiento que de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se le harán por lista de acuerdos, en términos de la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de su adscripción, realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. Finalmente, una vez diligenciado la comunicación en comento la devuelva a este órgano constitucional, por la misma vía. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Notifíquese y por exhorto a la parte promovente.
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