Álvaro Alfredo Moya Chilaca
Expediente 982/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 982/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Álvaro Alfredo Moya Chilaca
Actuaciones
- Principal
Córdoba, Veracruz, siete de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos del presente juicio de amparo el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, con un anexo, consistente en la resolución dictada en el toca 310/2021, de su índice, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por el promovente *****, en contra del proveído dictado el nueve de noviembre de dos mil veintiuno; acúsese recibo. Ahora bien, dicha resolución en lo conducente, señala: "(...) ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja 310/2021, interpuesto por el quejoso *****, contra el auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciado por la Jueza Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto 982/2021, por medio del cual desechó de plano su demanda de amparo." Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívese las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. Además, se determina que el presente expediente una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso d), del artículo 21 de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Por otro lado, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que obra en autos documento exhibidos por el quejoso, por tanto, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el ????????? término concedido, dicha constancia, correrá la misma suerte que este expediente. Finalmente, debido a que en la Secretaría de este Juzgado, se encuentran las copias del escrito de demanda, exhibidas por el promovente y dado que con el presente proveído queda firme el auto en el que se desechó la misma, procédase a su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E, signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene informando que admitió el recurso de queja interpuesto por Álvaro Alfredo Moya Chilaca, contra la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, el cual quedó radicado bajo el número R.Q. 310/2021, de su índice administrativo.
- Principal
Córdoba, Veracruz, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos copia del escrito signado por el quejoso. siete copias, sin anexos; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 103 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso. el citado escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, en turno, para la substanciación del medio de impugnación en cita. Por tanto, póngase a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda la versión electrónica del expediente en que se actúa, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, por lo que se instruye a la encargada del Sistema de Seguimientos de Expediente. para que en su momento habilite dicha función. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el. En el entendido de que para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular. emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondía Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. Se precisa que, en caso que la Superioridad lo considere necesario, se remitirán físicamente las constancias que requiera para la resolución del recurso de trato; lo anterior, en términos del numeral 39 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, tomando en consideración que no existe diversa parte a quien deba notificarse la interposición del citado recurso, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero de la Ley de Amparo, remítase informe con justificación, en relación a la materia de la queja, en el sentido de que es cierta la resolución que se impugna.
- Principal
NO ATENDIÓ CITATORIO LA PARTE QUEJOSA. Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1002/2019, promovido por .., contra actos de la Licenciada Dulce María Mendoza Rosas, Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 17 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, .. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadora: 1. Licenciada Dulce María Mendoza Rosas, Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Ejecutora: 2. Fiscal Especializada para Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro-Córdoba, Veracruz. S E N T E N C I A ACTOS RECLAMADOS: "(...) De la autoridad señalada como responsable en el concepto de ordenadora, le reclamo la orden de cateo. que fuera emitida fuera de todo procedimiento judicial. toda vez que de manera ilegal se ordenó la detención de un vehículo de mi propiedad (.). De la autoridad señalada como ejecutora, le reclamo el exceso en el cumplimiento de la orden de cateo (.). " SEGUNDO. PREVENCIÓN, ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, registró la demanda con el número 1002/2019, y previno a la parte quejosa para que indicara si era su deseo señalar como actos reclamados: "a) La omisión de la Fiscal Especializada en Atención de Denuncias de Personas Desaparecidas, adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno, de acordar su escrito presentado el doce de noviembre del año en curso, en donde solicitó la devolución de un vehículo que aduce ser de su propiedad. b) La orden verbal o escrita de privación de su libertad"; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, en el término concedido para ello, se admitiría la demanda únicamente por cuanto hace a los actos reclamados señalados en el capítulo respectivo de su demanda. En razón de que el impetrante no desahogó la citada prevención, a pesar de haber sido notificado, en diverso auto de doce de diciembre de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito hizo efectivo el apercibimiento decretado y admitió la demanda, en los términos ahí indicados; por ende, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. AMPLIACIÓN DE DEMANDA. En proveído de veinte de enero de dos mil veinte, se tuvo al quejoso, . ampliando su demanda, contra la autoridad y acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: 3. Fiscal Especializada para Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro-Xalapa, con sede en Xalapa, Veracruz. ACTO RECLAMADO: "(.) La negativa de hacer entrega material del vehículo marca . (.)." En consecuencia, en ese mismo proveído se requirió a la citada autoridad responsable su respectivo informe justificado. CUARTO. REQUERIMIENTO DE AMPLIACIÓN. Por auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, a fin de no dejar en estado de indefensión al citado quejoso, se le requirió para que indicara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Licenciada Norma Landa Villalba, Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Orizaba, Veracruz, -quien emitió la orden de cateo reclamada-, apercibido que en caso de no hacerlo se resolvería el juicio únicamente respecto de las autoridades responsables inicialmente señaladas; sin embargo, dado que el inconforme no atendió dicha prevención, a pesar de haber sido debidamente notificado; en diverso acuerdo de treinta de julio del presente año, se hizo efectiva la citada consecuencia jurídica. QUINTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; 1º, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que los actos reclamados tuvieron ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este Juzgado Federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitarán los actos reclamados por la parte quejosa, en acato a lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo y su ampliación, e informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se precisa que aquéllos consisten en: a) La resolución de tres de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el cuaderno de investigación ., mediante la cual se decretó orden de cateo a practicarse en el .; y su ejecución. b) La negativa de entregar al impetrante, . la unidad automotor que se encuentra asegurada en la carpeta de investigación .del índice de la Fiscalía Especializada para Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro-Xalapa, es decir, el vehículo marca . Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos que se reclaman. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado de la 1. Licenciada Dulce María Mendoza Rosas, Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, pues con independencia de lo que manifestó en su informe justificado, de la lectura de la resolución reclamada no se advierte que haya tenido intervención alguna en su emisión. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto del acto y la autoridad de que se trata en este considerando, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados -respectivamente- de las autoridades responsables, 2. Fiscal Especializada para Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro- Córdoba, con sede en Córdoba, Veracruz, y 3. Fiscal Especializada para Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro-Xalapa, con sede en Xalapa, Veracruz, así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Lo que, además, se corrobora con las constancias deducidas de la carpeta de investigación ., remitidas por la Fiscal Especializada para Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro-Xalapa, en apoyo a su informe, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Autoridad no designada En el caso, este Juzgado de Distrito advierte -de oficio- que en relación con el acto reclamado consistente en a) la resolución de tres de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el cuaderno de investigación ., mediante la cual se decretó orden de cateo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" De la interpretación conjunta de los preceptos legales transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa prescinda de designar con el carácter de responsables a las autoridades que intervinieron en la emisión o ejecución del acto reclamado. En el caso, como se anticipó, el quejoso, .acude al presente controvertido constitucional y reclama, entre otros actos, la resolución de tres de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el cuaderno de investigación ., mediante la cual se decretó orden de cateo a practicarse en el . Sin embargo, de las constancias que obran en el presente sumario, se desprende que dicha resolución fue emitida por la Licenciada Norma Landa Villalba, Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Orizaba, Veracruz. Al respecto, es pertinente destacar que, como quedó precisado en el capítulo de resultandos de este fallo, por auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la citada Juez, apercibida que en caso de no hacerlo el juicio se seguiría únicamente respecto de las autoridades inicialmente señaladas como responsables; sin embargo, dado que el impetrante no cumplió tal requerimiento, en diverso acuerdo de treinta de julio siguiente, se hizo efectivo el apercibimiento decretado. Luego, al no haberse citado a juicio a la mencionada Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Orizaba, Veracruz, a efecto de que defendiera la constitucionalidad del acto que realizó; este Juzgado de Distrito está impedido para estudiarlo de oficio, en la medida que no se ha creado la relación procesal necesaria entre las partes, aunado a que la responsable no ha sido escuchada en esta instancia constitucional. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. Sirve de apoyo la tesis 3a. LXXXIII/91, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, consultable en la página 45, Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO PUEDE OPERAR PARA SUBSANAR LA OMISION DE LA PARTE QUEJOSA DE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE TIENE EL CARACTER DE RESPONSABLE. El señalamiento de las autoridades responsables es una obligación que pesa sobre la parte quejosa y no en el juez de Distrito, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, de manera que la falta del llamado a juicio de una autoridad deriva (sic) de la omisión de señalarla como responsable, no puede llevar a establecer que se infringen las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de garantías, ni puede operar la suplencia de la queja para subsanar la omisión, en tanto que la figura de referencia, prevista por el artículo 76 bis de la citada ley, se da en relación con los conceptos de violación o de los agravios hechos valer en el recurso correspondiente, lo que permite perfeccionarlos, aclararlos o completarlos." Igualmente, sustenta lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 468, Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." II. Cesación de efectos Por otro lado, este Juzgado Federal -también de oficio- advierte que respecto del acto reclamado consistente en b) la negativa de entregar al impetrante, ., la unidad automotor que se encuentra asegurada en la carpeta de investigación . se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con el citado artículo 61, fracción XXI, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Precisado lo anterior, se reitera, el quejoso, . acude al presente juicio de amparo y reclama de la Fiscal Especializada para Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro-Xalapa, con sede en Xalapa, Veracruz, la negativa de entregarle la unidad automotor que se encuentra asegurada en la carpeta de investigación ., de su índice, es decir, el vehículo marca .el cual afirma es de su propiedad. Sin embargo, de las constancias que remitió la citada responsable en vía de informe, relativas a la carpeta de investigación ., se desprende -en lo que al caso trasciende- que el veintidós de diciembre de dos mil veinte, esto es, con posterioridad a la fecha en el inconforme amplió su demanda (diecisiete de enero de dos mil veinte), la Fiscal Especializada para Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro-Xalapa, con sede en Xalapa, Veracruz, entregó personalmente al impetrante, ., el multicitado automóvil marca ., tal y como se advierte de la constancia de "entrega de bienes asegurados en depósito judicial", que fue levantada al respecto. Luego, dicha actuación pone de manifiesto que la conducta reclamada a la responsable cesó, pues ya actuó para el efecto pretendido por el impetrante de amparo, es decir, los efectos de la omisión reclamada desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada, sobre todo si se toma en cuenta que los efectos de una posible concesión de amparo, se constreñirían a que la responsable devolviera la unidad automotriz de trato; lo que, se insiste, ya aconteció. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. En lo conducente, se invoca como apoyo la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, consultable en la página 38, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, al actualizarse las causas de improcedencia anteriormente invocadas, lo que impide analizar el fondo del asunto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia V.2o. J/15, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se consulta en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado de la 2. Fiscal Especializada para Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro-Córdoba, Veracruz, dado que no se reclamó por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 50, Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Es pertinente destacar que dado el sentido del presente fallo y por economía procesal, se estima innecesario llamar a juicio a quien pudiera asistirle el carácter de tercero interesado, en razón que a nada practico conduciría al haberse actualizado las causales de improcedencia antes indicadas, y de hacerlo únicamente se retrasaría el dictado de la sentencia y el resultado sería el mismo, esto es, sobreseer en el juicio. Por las consideración que la sustentan, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 58/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos cuarenta y dos, Libro 24, noviembre de dos mil quince, Tomo I, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA HIPÓTESIS PREVISTA EN LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 87/2012 (10a.) NO SE ACTUALIZA CUANDO LA EVENTUAL PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE ACTÚA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL CUAL DERIVÓ LA RESOLUCIÓN RECLAMADA, NO PUEDE TENER EFECTOS EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA DE AMPARO, COMO EN CASO DE QUE PROCEDA EL SOBRESEIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en dicha jurisprudencia, (1) emitida conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, estableció que la omisión de notificar al Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal, sobre la presentación de la demanda en donde se impugna la resolución jurisdiccional reclamada en el juicio de amparo, para que esté en posibilidad de formular alegatos, constituye una violación a las reglas esenciales del procedimiento, porque su intervención podría influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por tanto, ante esa circunstancia, lo procedente es que el órgano de control constitucional que conoce del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada por el Juez de Distrito, resuelva revocar dicha decisión y decretar la reposición del procedimiento para subsanar la violación de referencia. Ahora bien, el alcance del supuesto de reposición del procedimiento a que se refiere el mencionado criterio jurisprudencial no se actualiza en aquellos casos donde la eventual participación de la representación social no pueda tener efectos en el dictado de la sentencia de amparo, como en caso de que proceda el sobreseimiento en el juicio relativo, lo cual acontece cuando el órgano de revisión considera legal el sobreseimiento decretado en primera instancia, o cuando en la revisión se considere actualizada una causa de improcedencia que obligue a revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo, lo que es acorde con los principios de celeridad y expeditez en la impartición de justicia reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Finalmente, cabe destacar que no pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por las partes, a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario analizarlos, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 1002/2019, promovido por . contra los actos y las autoridades precisadas en los resultandos primero y tercero, por los fundamentos y motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo...
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