Alma Rosa Hernández Montesinos

Expediente 1056/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1056/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/12/2021

Partes del expediente

  • Alma Rosa Hernández Montesinos

Actuaciones

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de dos de diciembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la ley invocada, en relación con el 356 Fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. Una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data, el expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 de dicho Acuerdo, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo intentada, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Por otro lado, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos originales exhibidos por la parte promovente, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 18, del referido Acuerdo General, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los documentos correrán la misma suerte que este expediente. Finalmente, debido a que en la secretaría de este Juzgado, se encuentran las copias del escrito de demanda, y con el presente proveído queda firme la resolución en la que se desechó la demanda de amparo intentada; en consecuencia, procédase a su destrucción.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a diez de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, con un anexo, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 1122/2021 (orden 1515/2021); por tanto, se tiene a la quejosa ..., por notificada del acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente incidente de suspensión; dese de baja la referida comunicación, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE 2.0). Ahora, de la diligencia realizada por la actuaria adscrita al Juzgado Auxiliar, se advierte que la quejosa ..., ratificó la firma y contenido del escrito recibido en este Juzgado, el doce de noviembre del año en curso, registrado bajo el número de control interno 20308; por tanto, se provee: Visto el escrito signado por la referida quejosa, como lo solicita, entréguese a ... el billete de depósito número N .., expedido a favor de ... (hijo de la quejosa), por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos, cero centavos), debidamente endosado a nombre de .. , previa identificación y constancia que de su recibo obre en autos.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, a dos de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por **********, ocho copias y anexos descritos en la cuenta; con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse, salvo aquéllas que por su volumen, protección de la integridad del documento o protección de datos personales, no puedan o deban digitalizarse; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo número 1056/2021. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo, la tesis número I.13.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que se desprende que las causas de improcedencia se deberán analizar de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la promovente, *********** reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Jefa de los Servicios de la Dirección Normativa de Administración de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado de Veracruz, lo siguiente: -La notificación de la rescisión de la relación de trabajo de diez de noviembre de dos mil veintiuno, de la promovente, Alma Rosa Hernández Montesinos, como médico especialista "A" adscrita a la Clínica Hospital, Orizaba, Veracruz, dependiente de la Delegación del "ISSSTE" Veracruz. Además, cabe destacar que la quejosa señala que dicho acto le causa agravio, en esencia, porque desde el mes de septiembre se le comenzó a descontar los días que le correspondían laborar; se le aplicaron faltas; fue requerida para que justificara éstas; y que el acta administrativa de treinta de octubre de este año, que se le levantó con motivo de dichas faltas, no cumplió con las formalidades legales. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De tales preceptos, interpretados contrario sensu, se desprende que el juicio es improcedente cuando el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para los efectos del amparo. En relación con ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis 2a. CCIV/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, página 39, sostuvo lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De conformidad con el criterio anterior, para los efectos del juicio de amparo, las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Luego, si el amparo procede sólo contra actos de autoridad, es dable concluir que quedan excluidos los actos de particulares, siempre y cuando no se trate de actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese entendido, es pertinente destacar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para dirimirlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Por otro lado, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos; y se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para dirimir los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por tanto, la naturaleza jurídica de la relación entre la parte promovente y aquél a quien señala como autoridad responsable, son determinantes para efectos de la procedencia del presente juicio, pues se requiere que el acto que se reclame sea el que emita un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. Ahora, en el asunto que nos ocupa, el acto reclamado por la promovente deriva de la relación laboral que tenía con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; es decir, devienen de una relación entre particulares respecto de los derechos laborales de un trabajador, en la que ambos están en un mismo plano de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlos, de tal suerte que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan de las consecuencias jurídicas de estos. En efecto, la actuación que se atribuye al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Jefa de los Servicios de la Dirección Normativa de Administración de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado de Veracruz, se vincula con los trabajadores de dicho Instituto como Estado-patrón, por lo que es claro que para efectos del juicio de amparo no se les puede considerar como autoridades responsables. No pasan inadvertidos los vicios que la inconforme atribuye a dicho acto; sin embargo, éstos no cambian ni transforman la naturaleza de la relación laboral de coordinación, ni la convierten en una de supra a subordinación, para dar lugar a un acto de autoridad. De ahí que no se encuentra a discusión si fue correcta o no la notificación de la determinación de dar por terminado su nombramiento como médico especialista "A" adscrita a la Clínica Hospital, Orizaba, Veracruz, dependiente de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, pues lo que en el caso importa para la procedencia del juicio de amparo, es que no se trata de acto de autoridad, y como ya se dijo, tiene naturaleza laboral. Se invoca como apoyo, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, página 1956, número de registro 2011343, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra subordinación." No pasa inadvertido que la notificación del aviso de rescisión de la relación laboral se hizo dentro del procedimiento paraprocesal 5/2021, del índice del Juzgado de Distrito Especializado en Materia de Trabajo del Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; sin embargo, ello no hace procedente el juicio constitucional, debido a que la finalidad de dicho procedimiento únicamente es comunicar fehacientemente el aviso de rescisión, por lo que no se no prejuzga sobre la legalidad de ésta, ni la oportunidad de la notificación; y el trabajador conserva íntegros su derecho para defenderse en la vía contenciosa correspondiente; por tanto, la sola notificación no le causa un agravio personal y directo, en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la procedencia del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, conduce a desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo. Es pertinente indicar que la presente determinación se toma -además- en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido no podrá desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio y por el contrario, ello permite a la parte quejosa acudir oportunamente a la instancia correspondiente a defender sus intereses. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se coloca en los estrados de este juzgado; como su autorizado con facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Edgar Romero Vega toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana y como autorizados en términos restringidos de conformidad con el segundo párrafo del citado numeral a Juan Carlos García Estevez y Jorge René González González por no estar en igualdad de circunstancias. REQUERIMIENTO A LAS PARTES PARA QUE CONTINÚEN EL TRÁMITE MEDIANTE JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 22, fracción I y 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 22, fracción II, en relación con el 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se requiere a las partes para que proporcionen un correo electrónico y/o servicio de mensajería instantánea, tanto de ellas como de sus autorizados, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales en los casos en que se estime necesario. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal puedan llevar a cabo las diligencias ordenadas en el presente juicio. Finalmente, consérvense por separado las copias de la demanda a fin de facilitar el manejo del presente expediente. Notifíquese; y por lista de acuerdos a la parte promovente..

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano