Alvarado López Copado

Expediente 2535/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2535/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
14/02/2019

Partes del expediente

  • Alvarado López Copado
  • Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta Y Seis, Con Sede En Tepic, Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dentro del recurso de revisión 883/2017 de su índice, relativo al juicio de amparo 495/2017, así como los autos originales del sumario constitucional en un tomo. Ahora bien, de lo resuelto por el referido tribunal colegiado, se aprecia que desechó el recurso de revisión interpuesto por el Tesorero Municipal y Jefe del Departamento de Catastro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, por conducto de su delegado Fredi Bernal Noriega, en contra de la sentencia dictada en este juicio el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete (fojas 152 a 174), en la que por una parte, se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a "Desarrollo Inmobiliario Marina Vallarta", Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de los actos del Congreso del Estado de Nayarit y otras autoridades. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tesorero Municipal y Jefe del Departamento de Catastro Municipal, ambos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a efecto de que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, den cumplimiento al fallo protector concedido en los términos indicados en la sentencia emitida por este órgano federal. Asimismo, con sustento en el precepto 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, requiérase a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, en su carácter de superior jerárquico del Tesorero Municipal y del Jefe del Departamento de Catastro, ambos del mencionado Ayuntamiento, para que les ordenen dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo; envíeseles copia simple de la ejecutoria de cuenta y de la sentencia dictada por este juzgado. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el numeral 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa a cada una de ellas equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Se les hace del conocimiento que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la ley citada. Finalmente, agréguese a este juicio de amparo el cuaderno de antecedentes correspondiente a partir de la interposición del citado recurso de revisión. **

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 96 a 97 y 106 a 107), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho (foja 108), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 50 a 67), se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder al quejoso Adrián Gildardo Arce Tonche, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: **2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $21,193.52 (veintiún mil ciento noventa y tres pesos 52/100), por concepto de la inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; lo cual deriva de la inscripción de la escritura pública número quince mil cuatrocientos cuarenta y nueve, que pagó el catorce de mayo de dos mil dieciocho. Por otro lado, se hace necesario destacar que no es objeto de devolución las cantidades pagadas por concepto de "regis. subdivisión de predios hasta 2 lotes" y "por el registro de poderes de cualquier clase", toda vez que tales conceptos no derivaron de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales dentro del presente juicio. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Sentencia que causó ejecutoria el treinta de julio de dos mil dieciocho (fojas 86 a 88), por lo que se requirió al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y al Recaudador de Rentas de dicha secretaría, con sede en esta ciudad, a fin de que la acataran. De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el tres de septiembre y trece de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 96 a 97 y 106 a 107), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, entregó al aquí quejoso, la cantidad de veinte mil novecientos trece pesos con cincuenta y dos centavos, lo cual acreditó con la copia de la transferencia bancaria que obra a foja noventa y siete. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el catorce de mayo de dos mil dieciocho y que el veintinueve de agosto del dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto de dicho recibo, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil dieciocho al mes de julio del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio del año en que se actúa entre el índice para el mes de abril del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil dieciocho fue de 99.909 y para el mes de abril de dos mil dieciocho fue de 99.155, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.007604. Ahora, dado que al monto de $20,574.72 (veinte mil quinientos setenta y cuatro pesos con setenta y dos centavos 72/100, moneda nacional), al cual se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió, que resultan ser dos; por tanto, nos da como resultado la cantidad de $20,014.72 (veinte mil catorce pesos con setenta y dos centavos 72/100, moneda nacional), al multiplicar el aludido factor anterior por la cantidad anterior, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $20,166.91 (veinte mil cientos sesenta y seis pesos 91/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $152.19 (ciento cincuenta y dos pesos 19/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $20,166.91 (veinte mil ciento sesenta y seis pesos 91/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $20,913.52 (veinte mil novecientos trece pesos con cincuenta y dos centavos 52/100 moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $746.61 (setecientos cuarenta y seis pesos con sesenta y un centavos 61/100 moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de mas, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por un parte se sobreseyó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. **

  3. Principal

    POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, SE RESUELVE: SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVOCIONAL A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta presentados por el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, por conducto del Director Jurídico Contencioso, así como por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, ambos con sede en esta ciudad y anexos que respectivamente acompañan, mediante el cual informan el cumplimiento dado a la sentencia concesoria del amparo y acompañan copia de la transferencia bancaria realizada a la parte quejosa. Luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte gestionante del amparo, con los oficios de cuenta y anexos, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

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