Alondra Selene Moreno Zepeda

Expediente 2546/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2546/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/11/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Valdéz Esparza
  • Alondra Selene Moreno Zepeda

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguense a sus autos el libelo y anexo de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informa haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, con el comunicado de mérito y anexo, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento; apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********, respecto del acto reclamado consistente en la aplicación de los artículos 15 y 19 de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; así como respecto de los arábigos 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16 fracción I, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción XVIII párrafo primero, artículo 21 fracción I y II en relación con el arábigo 22 fracciones I, II, XVIII y XL de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, específicamente los arábigos, respecto de las autoridades responsables y por las razones expuestas en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, respecto del acto reclamado consistente en la aplicación de los artículos 15 y 19 de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; así como de los arábigos 9, 10, 15 y 16 fracción I, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción XVIII párrafo primero, artículo 21 fracción I y II en relación con el arábigo 22 fracciones II, y XL de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, respecto de la autoridades responsables y por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, respecto del artículo 22, fracciones I y XVIII, en relación con el 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, así como del acto de aplicación vinculado con dichos preceptos, atribuido a las autoridades denominadas Congreso, Gobernador Constitucional y Recaudador de Rentas la Secretaría de Administración y Finanzas, todos del Estado de Nayarit. El amparo se concede por las razones expuestas y para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia de control constitucional.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEITIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 213 y 214), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de tres de octubre del año en curso (foja 215), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el trece de mayo de la presente anualidad (fojas 124 a 143), se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder al quejoso ****, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Los artículos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y por inscripción de crédito hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de *****, por el pago del concepto de inscripción de documento público y el diverso remanente que exceda de la aplicación de $****, por el pago del concepto de inscripción de crédito hipotecario, con sustento en el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Por otro lado, se hace necesario destacar que no es objeto de devolución la cantidad pagada por concepto de "cancelación de inscripción", toda vez que la misma no derivó de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales dentro del presente juicio. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa sólo respecto de lo que erogó por los conceptos de inscripción de documento público o privado así como por inscripción de préstamo hipotecario. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Sentencia que causó ejecutoria por ministerio de ley el veintidós de agosto de dos mil diecinueve (foja 190), por lo que se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que la acatara. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consiste en desincorporar de la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el dos de octubre del presente año (fojas 213 y 214), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, el uno de octubre de dos mil diecinueve, entregó al aquí quejoso, la cantidad de diecisiete mil novecientos cuarenta pesos con cuarenta y cinco centavos, lo cual acreditó con la copia de la transferencia bancaria que obra a foja doscientos catorce. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticinco de enero del año en curso y que el uno de octubre de la presente anualidad se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto de dicho recibo, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de diciembre de dos mil dieciocho al mes de agosto del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de agosto del año en que se actúa entre el índice para el mes de diciembre del año próximo pasado (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto del año en curso fue de**y para el mes de diciembre de dos mil dieciocho fue de **, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: ****. Ahora, dado que al monto de ****), al cual se le resta las cuotas mínima a pagar de $****), así como la cantidad de $****) correspondiente al concepto de "cancelación de inscripción" más los impuestos adicionales; por tanto, nos da como resultado la cantidad de $**), al multiplicar el aludido factor anterior por la cantidad anterior, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de *****, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de ***** En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $***); sin embargo, éste reintegró la diversa de **, es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de ***). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de mas, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Lo que se corrobora con las manifestaciones efectuadas por la parte quejosa (foja 217). Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por un parte se sobreseyó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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