Altagracia Fraire Rivera
Expediente 1126/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1126/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Altagracia Fraire Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
El diez de abril de dos mil diecisiete, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintisiete de marzo al siete de abril de dos mil diecisiete, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de quince de marzo del año en curso, dictada por este Juzgado, dentro del juicio de amparo número 1126/2016; Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión por lo cual no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diez de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el Secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el quince de marzo del año en curso, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo y por otra se negó el amparo y protección de la justifica federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que por una parte se sobreseyó y por otra se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1126/2016-1, promovido por Altagracia Fraire Rivera, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Altagracia Fraire Rivera demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales que enseguida se precisan: Autoridades responsables. Agente del Ministerio Público Especializado en la Investigación del Delito de Abigeato, con residencia en Fresnillo, Zacatecas (autoridad sustituta de la inicialmente señalada como Agente del Ministerio Público Número Ocho de Fresnillo, Zacatecas). Procurador General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Actos reclamados: De la primera autoridad se reclama la determinación de consulta para el no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa 148/II/2014. De la segunda autoridad reclamo la resolución de RESERVA de la averiguación previa número 148/II/2014. Derechos fundamentales que se estiman violados. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital; en auto de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis se registró y admitió a trámite bajo el número 1126/2016-1; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación; y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo conforme al acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como en los diversos 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiuno de noviembre de dos mil catorce, por reclamarse actos emitidos por autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. El análisis integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que la quejosa Altagracia Fraire Rivera comparece a esta instancia federal a reclamar: Del Agente del Ministerio Público Especializado en la Investigación del Delito de Abigeato, con residencia en Fresnillo, Zacatecas (autoridad sustituta de la inicialmente señalada como Agente del Ministerio Público Número Ocho de Fresnillo, Zacatecas): a) La determinación de consulta para el no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa 148/II/2014, emitida el cuatro de febrero de dos mil dieciséis. b) La falta de notificación de la mencionada determinación. Del Procurador General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad: c) La resolución de reserva de la averiguación previa número 148/II/2014, de diecisiete de marzo del año próximo pasado. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido al Procurador General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 14 de autos). Por su parte, la diversa autoridad responsable Agente del Ministerio Público Especializado en la Investigación del Delito de Abigeato, con residencia en Fresnillo, al rendir su informe con justificación negó expresamente la existencia de los actos que se le atribuyen, sin embargo, de las constancias que acompañó a su informe se desprende la existencia de la determinación de consulta para el no ejercicio de la acción penal que se le reclama, emitida el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, así como la omisión de la propia responsable de notificársela a la quejosa; por tanto, se tienen como ciertos dichos actos. Además, la certeza de mérito se corrobora con las constancias que allegaron las mencionadas responsables, consistentes en la copia certificada de la averiguación previa 148/II/2014 de su índice; medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Improcedencia. Ahora, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede ser consultada en la página 533, del tomo VI, parte TCC, de la Octava Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, del texto siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso a estudio, la suscrita Juez Federal estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo vigente, únicamente por lo que hace al acto que se reclama al Agente del Ministerio Público Especializado en la Investigación del Delito de Abigeato, con residencia en Fresnillo, Zacatecas, consistente en la determinación de consulta para el no ejercicio de la acción penal. En efecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Para respaldar esta postura, es menester transcribir lo previsto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República, así como 6 de la Ley de Amparo vigente, que a la letra dicen: ARTICULO 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. De los dispositivos antes transcritos, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectadas por el acto de autoridad reclamado; lo que debe entenderse en el sentido de que, para la procedencia del juicio constitucional, es menester que la parte quejosa demuestre ser titular de un derecho tutelado por la ley y de que ha sufrido un agravio en ese derecho. Así, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, debe entenderse en el sentido de que antes de proceder al estudio de la constitucionalidad del acto, es pertinente examinar si en la especie se demuestra el interés jurídico del promovente del juicio de garantías, dado que ello es presupuesto indispensable para el examen de la acción constitucional, es decir, debe existir un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. En esa tesitura, como ya quedó precisado, la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan; y un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, pues es entonces cuando nace la posibilidad de intentar la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías. De lo dicho puede concluirse que el promovente del juicio de amparo debe necesariamente ser el titular del derecho que alega le fue violado y que derivado de esa violación resultó afectado en sus intereses jurídicos, ya sea en su patrimonio o en su persona. Lo anterior es así, si atendemos a que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa, que colma en esencia su objetivo con la nulificación de los actos de autoridad que se reclamen y que resulten violatorios de los derechos subjetivos públicos del gobernado, que nuestra Carta Magna contiene en su favor, por lo que es evidente que para el logro de este objetivo específico, que tiene su fundamento precisamente en el artículo 77 de la Ley de Amparo, resulta necesaria la demostración o acreditamiento de cuatro presupuestos fundamentales, a saber: a) La existencia del acto que se reclama; b) Que ese acto produzca una afectación; c) Que esa afectación incida en algún derecho subjetivo público del que es titular el quejoso; d) Que tal afectación contraríe las disposiciones contenidas en la Norma Fundamental. En el presente caso, se estima que tales requisitos no se colman, por lo siguiente: En efecto, es improcedente la acción constitucional contra la determinación de consulta para el no ejercicio de la acción penal emitida por el agente del Ministerio Público responsable el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, en la averiguación previa 148/II/2014. Con el propósito de poner de manifiesto tal aserto, es necesario tener en cuenta que el artículo 127 del Código de Procedimientos Penales del Estado, dispone, en lo conducente, lo siguiente: ARTICULO 127. Cuando, en vista de la averiguación previa, el Agente del Ministerio Público respectivo, estimare que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos o por los que se hubiere presentado querella, remitirá el expediente, con su opinión fundada, al Procurador General de Justicia solicitándole autorización para el no ejercicio de la acción penal y el archivo del expediente. El Procurador, en vista de las constancias respectivas, concederá o no la autorización solicitada. . Del anterior precepto se desprende con claridad que si bien el agente del Ministerio Público en Zacatecas tiene la atribución de proponer el no ejercicio de la acción penal o el archivo de una averiguación previa al Procurador General de Justicia del Estado, éste es el encargado de resolver en definitiva sobre el particular, en ejercicio de un arbitrio regulado por las disposiciones constitucionales y legales aplicables, pero no supeditado a la consulta ministerial que, por consecuencia, resulta ser sólo una opinión que el titular de la representación social puede o no seguir. Desde esa óptica, es fácil arribar a la conclusión de que la consulta que el agente del Ministerio Público responsable elevó al Procurador General de Justicia del Estado, respecto del no ejercicio de la acción penal, de la averiguación previa 148/II/2014, no es susceptible de afectar el interés jurídico de la ofendida, aquí quejosa, puesto que, como se ha expuesto, no constituye un acto definitivo, ni tampoco una determinación que vincule al mencionado Procurador General a resolver en ese sentido, ya que éste es el único facultado para resolver en definitiva al respecto, siendo entonces la resolución del mismo, la que de autorizar el no ejercicio de la acción penal, puede causar algún perjuicio. Por tanto, cabe concluir, que la resolución dictada el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, por el Agente del Ministerio Público Especializado en la Investigación del Delito de Abigeato, con residencia en Fresnillo, Zacatecas, en la averiguación previa 148/II/2014, que contiene la determinación de consulta para el no ejercicio de la acción penal, no afecta los intereses jurídicos de la quejosa, en su calidad de denunciante y presunta ofendida, actualizándose por tanto, como ya se dijo, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que conduce, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la propia ley, a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, en lo que respecta al mencionado acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, página 110, del rubro y texto: ACCIÓN PENAL. LA RESOLUCIÓN POR LA QUE UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO PROPONE AL PROCURADOR EL NO EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO ES DEFINITIVA Y, POR TANTO, NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL OFENDIDO, DENUNCIANTE O QUERELLANTE (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De lo dispuesto en los artículos 4o. del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León y 6o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la referida entidad federativa, se desprende que los agentes del Ministerio Público tienen la función de proponer el no ejercicio de la acción penal al procurador general de Justicia, pero es éste el encargado de resolver en definitiva sobre el particular, en uso de un arbitrio regulado por las disposiciones constitucionales y legales aplicables, no encontrándose supeditado a la propuesta ministerial, la que, por consecuencia, resulta ser sólo una opinión que el titular de la representación social puede o no seguir, que no es susceptible de afectar el interés jurídico de los gobernados, en especial, el del ofendido, denunciante o querellante, puesto que no constituye un acto definitivo, ni tampoco una determinación que vincule al procurador a resolver en ese sentido. Por tanto, la resolución relativa a la propuesta de inejercicio de la acción penal no afecta intereses jurídicos, por lo que al respecto se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. El anterior sobreseimiento se hace extensivo respecto al diverso acto reclamado del mencionado Agente del Ministerio Público, consistente en la omisión de notificar a la quejosa la determinación de consulta para el no ejercicio de la acción penal, pues al haberse decretado el sobreseimiento en cuanto a dicha determinación, igual declaración debe hacerse respecto de la falta de notificación de la misma. Al no existir diversa causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advertida de oficio alguna, se procede el estudio del diverso acto reclamado consistente en la determinación que resuelve la consulta de no ejercicio de la acción penal, emitida por el Procurador General de Justicia del Estado. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación si bien no se transcriben se tienen por insertos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante lo anterior, para su análisis se sintetizarán más adelante. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, visible en la página ochocientos treinta, de rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. La quejosa señala en esencia, en sus conceptos de violación, lo siguiente: a) El Procurador General de Justicia del Estado no funda ni motiva la determinación de reserva de la indagatoria, dado que trata de justificar su actuar por medio del tiempo, refiriendo que fue hace más de quince años que se construyó la barda en el inmueble materia de los hechos que dieron origen a la aludida averiguación, lo que la quejosa estima contradictorio con lo que refiere en su denuncia. b) No se tomó en consideración que la reparación del daño estuviera satisfecha para concluir la indagatoria penal, como lo refiere el artículo 20 constitucional en su fracción VII. El concepto de violación sintetizado en el inciso a), resulta infundado, pues contrario a lo que aduce la peticionaria del amparo, la entonces Procuradora General de Justicia del Estado si fundó y motivó la determinación de reserva de la indagatoria, pues, por una parte, citó los preceptos legales aplicables que le sirvieron de apoyo, es decir, 21 constitucional, así como 125, 127 y 131 del Código de Procedimientos Penales del Estado; y, además, expresó los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que procedía negar el ejercicio de la acción penal y, en su lugar, autorizar la reserva, pues a este respecto, luego de relacionar y valorar las pruebas existentes en la indagatoria, tales como: denuncia de la ahora quejosa, declaraciones de Luis Gilberto García López, Manuel Arellano Ibarra, Miguel Ángel Padilla Camacho; comparecencias de Aída Pérez Pérez, Domingo Martínez Escobedo; inspección del lugar de los hechos, informe de investigación rendido por elementos de la Policía Ministerial del Estado, informe del Encargado del módulo en Fresnillo Zacatecas, de la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra y Dictamen Pericial topográfico del predio materia de la denuncia, señaló: "De ahí que se tenga en actuaciones que tanto la ofendida como Aída Pérez Pérez dicen tener la posesión del predio; sin embargo, no se ha podido establecer fehacientemente quien ostente la misma, pues cada una de las partes aportan elementos de prueba aludiendo ser propietarias y posesionarias del bien inmueble, incluso Domingo Martínez Escobedo refiere haber sido contratado para que construyera una barda en el terreno antecitado y Aída Pérez Pérez manifiesta haber comprado el inmueble tal y como se encontraba. Por tanto y como ya se dijo no ha sido posible conocer la verdad histórica de los hechos, ya que si bien Aída Pérez Pérez dentro de su comparecencia de fecha diecisiete de junio de dos mil quince (v.f 52 a 56) anexó fotografías ilustrativas del lugar y manifiesta que el terreno que colinda con el de ella se aprecia abandonado y no cuenta con ninguna barda como lo señala el esposo y el albañil de la ofendida, con valor probatorio de acuerdo a lo establecido por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales en vigor; asimismo del dictamen pericial topográfico de predio urbano (v.f 58 a 69) se concluyó: ". dicho precio urbano corresponde con sus colindantes, sin embargo no corresponde con sus medidas estas por los vientos norte, sur y oeste, así como de su superficie ya que dicho levantamiento se obtuvo una superficie de 487.37 metros cuadrados faltando un área de 144.63 metros cuadrados para completar la superficie de 632.00 metros cuadrados . propiedad de Altagracia Frayre Rivera . no se puede determinar el tiempo de construcción de la barda que se encuentra en el inmueble de la calle Vid número ciento treinta del fraccionamiento El Vergel, lo anterior ya que para calcular el tiempo de construcción depende de varios factores como lo son condiciones climáticas, calidad de los materiales, mano de obra de construcción, mantenimiento y uso de dicha construcción, ya que para saber la calidad y resistencia de materiales empleados se deben realizar las pruebas necesarias de laboratorio al momento de ejecutarse los trabajos en cualquier tipo de construcción.", dictamen que adquiere valor probatorio de acuerdo a lo establecido por el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales en vigor, por haber sido emitido por un perito en la materia. Entonces al no tener plenamente demostrados los elementos del delito en análisis, la suscrita autoriza sólo la reserva, en espera de nuevos medios de prueba que permitan resolver la presente conforme a derecho proceda". En vista de la anterior relación de constancias y reproducción de la resolución reclamada, se advierte que la misma está fundada y motivada, pues la mencionada responsable aduce que no ha sido posible establecer fehacientemente quien ostenta la propiedad del predio materia de los hechos denunciados por la aquí quejosa, dado que tanto dicha ofendida como Aída Pérez Pérez aportan elementos de prueba aludiendo ser propietarias y posesionarias de ese inmueble. Asimismo indica que Domingo Martínez Escobedo refiere fue contratado para que construyera una barda en el terreno del mérito, y Aída Pérez Pérez manifiesta haber comprado el inmueble tal como se encontraba, anexando fotografías ilustrativas del lugar y manifiesta que el terreno que colinda con el de ella se aprecia abandonado y no cuenta con ninguna barda como lo señala el esposo y el albañil de la ofendida, a lo que le otorga valor probatorio de acuerdo a lo establecido por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Sin embargo, apoya su determinación de reserva, principalmente, en el dictamen pericial topográfico del predio urbano a que se alude, el que señala, adquiere valor probatorio de acuerdo a lo establecido por el artículo 280 del mencionado código adjetivo, por haber sido emitido por un perito en la materia y del cual destaca, que dicho inmueble corresponde con sus colindantes, pero no corresponde con sus medidas en cuanto a los vientos norte, sur y oeste, así como respecto de su superficie, dado que del levantamiento realizado al respecto, se obtuvo una superficie de "487.37 metros cuadrados faltando un área de 144.63 metros cuadrados para completar la superficie de 632.00 metros cuadrados" propiedad de Altagracia Frayre Rivera; de igual forma, que no se puede determinar el tiempo de construcción de la barda que se encuentra en el inmueble de la calle Vid número ciento treinta del fraccionamiento El Vergel, debido a que para calcular el tiempo de construcción depende de varios factores como lo son condiciones climáticas, calidad de los materiales, mano de obra de construcción, mantenimiento y uso de dicha construcción; y, que para saber la calidad y resistencia de materiales empleados se deben realizar las pruebas necesarias de laboratorio al momento de ejecutarse los trabajos en cualquier tipo de construcción. De donde se desprende que, adverso a lo afirmado por la quejosa, las razones que la responsable expone no se refieren únicamente al tiempo de construcción de la barda como lo aduce la impetrante del amparo, sino, principalmente al dictamen pericial existente en el sumario, del que se deduce que no es posible resolver la averiguación por no poderse determinar a quién pertenece realmente el predio materia de los hechos denunciados, toda vez que se requieren pruebas de laboratorio para determinar la calidad del material con que fue construida la referida barda y como consecuencia el tiempo que tiene de construcción, así como diversas pruebas para determinar la identificación del inmueble, de acuerdo a sus medidas. De igual forma, contrario a lo que aduce la quejosa, la responsable tomó en cuenta las declaraciones de los testigos Luis Gilberto García López y Manuel Arellano Ibarra, respecto de los cuales se refirió como el esposo y albañil de la ofendida, ahora quejosa, como ya quedó precisado. En lo referente a lo que aduce la peticionaria del amparo en cuanto a que la responsable argumenta que la ofendida Aída Pérez Pérez compró el terreno en esas condiciones y que debido a ello es que el asunto se debe ventilar por la vía civil; y, que dicha persona no probó con documento de compraventa su dicho, porque agregó a la averiguación previa dos contratos de renta, de los cuales el primero es una copia simple que además aparece rellenada y que debido a ser copia simple no se le puede otorgar valor probatorio y la segunda está en las mismas condiciones, pero ahí aparece el nombre de persona diversa a ella cuyo documento es posterior al inicio de la averiguación previa; cabe decir que no le asiste razón, pues de la resolución reclamada que se analiza no se desprende dicha argumentación por parte de la entonces Procuradora General de Justicia del Estado. Por último, también carece de sustento el concepto de violación sintetizado en el inciso b), donde la amparista aduce que no se tomó en consideración que la reparación del daño estuviera satisfecha para concluir la indagatoria penal, como lo refiere el artículo 20 constitucional, en su fracción VII, ya que dicho apartado, refiriéndose a uno de los derechos de la víctima, dispone: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. De donde se aprecia que lo relativo a que esté satisfecha la reparación del daño, está relacionado con el desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, más no, como en el caso, de reserva del ejercicio de la acción, precisamente para que se aporten más pruebas, ya que por una parte, no se está archivando la averiguación y, por otra, dicha reserva no implica que no se consignará posteriormente, sino, por el contrario, entraña la posibilidad de que tal consignación se lleve a cabo una vez recabadas, pruebas suficientes para ello. Así las cosas, no evidenciado a la luz de los conceptos de violación examinados, que la determinación de reserva reclamada viole en perjuicio del quejoso derecho fundamental alguno, ni advertida queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1126/2016, respecto de los actos reclamados del Agente del Ministerio Público Especializado en la Investigación del Delito de Abigeato, con residencia en Fresnillo, Zacatecas, precisados en el considerando segundo de esta resolución, por las razones expuestas en el diverso cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Altagracia Fraire Rivera, contra el acto reclamado del Procurador General de Justicia del Estado, indicado en el considerando segundo de este fallo, por los motivos precisados en el último considerando. Notifíquese vía oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria con quien actúa y da fe hasta hoy quince de marzo de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe."
- Principal
En cinco de diciembre de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Juez con un pedimento registrado con el número 20105.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el pedimento de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, téngasele por formulando los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será expedida la copia de mérito. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretaria que autoriza, licenciada Luz Adriana Puga Magaña.- DOY FE. Bjm
- Principal
En veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Juez con un telegrama registrado con el número 19587.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a los autos el telegrama de cuenta para que obre como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Especializado en la Investigación del Delito de Abigeato de Fresnillo, Zacatecas; con su contenido, así como con el informe justificado rendido por el Procurador General de Justicia del Estado, y las constancias que al mismo adjuntó, dese vista al quejoso para que manifieste lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretaria que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo.- DOY FE. Bjm
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