Alonso Zapata Chávez

Expediente 938/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
938/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
04/05/2018

Partes del expediente

  • Alonso Zapata Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 9546.-Conste. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite el presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por el que acusa recibo del diverso 14483/2018 por el que le fueron devueltas las constancias que en su momento remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICA: Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para parte quejosa del once al veinticuatro de los actuales, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Que sí existen dos tomos de pruebas y seis discos compactos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, así como con el estado de autos. Conste. EL Secretario. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia pronunciada el veintisiete de marzo del año en curso, por el juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En otro aspecto, devuélvanse a la autoridad responsable presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, doce de abril de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, CERTIFICA: Que el término de tres días concedido al tercero interesado José Anacleto Cardona Medellín, para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, transcurrió del treinta de noviembre al cuatro de diciembre del año pasado; sin que lo hubiera hecho. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. El Secretario En esta misma fecha, se da cuenta con la razón actuarial asentada el cuatro del mes y año en curso, certificación que antecede, así como con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de abril de dos mil dieciocho. Vista la razón asentada por el actuario judicial adscrito el cuatro de los actuales, se advierte que no le fue posible notificar personalmente al tercero interesado José Anacleto Cardona Medellín, el contenido de la sentencia de veintisiete de marzo del presente año, pronunciada por el juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, así como el auto de tres abril del año que transcurre; en razón de que éste no señaló domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones; no obstante, según se advierte de las constancias que integran el presente sumario dicha parte procesal fue legalmente emplazada al juicio de amparo en que se actúa el veintiocho de noviembre del año pasado (foja 84); en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete; por lo que, la notificación de la resolución y auto en comento, el presente acuerdo y las subsecuentes notificaciones que sean de carácter personal, practíquense al referido tercero interesado por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 29 de la Ley que rige el juicio constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    El tres de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta con el oficio con folio 6680 con anexos que se acompañan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a tres de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, en el que emitió la sentencia constitucional respectiva y dos tomos de pruebas; asimismo, este juzgado se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014. Acúsese el recibo de estilo al órgano jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a la autoridad responsable, a efecto de que se impongan del sentido en el que la misma se pronunció. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE. " "San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 938/2017, promovido por Alonso Zapata Chávez, contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO [Presentación de la demanda]. Mediante escrito recibido el ocho de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas [folio 15], Alonso Zapata Chávez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: Autoridad responsable: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: La resolución de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal número 144/2016. El quejoso señaló como preceptos constitucionales vulnerados los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 apartado B, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO [El tribunal colegiado declina su competencia para conocer del asunto]. La demanda de amparo indicada fue remitida para la tramitación correspondiente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Zacatecas, quien en resolución de once de octubre de dos mil diecisiete, declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, por lo que ordenó enviar la demanda al Juez de Distrito en turno en ese Estado, para que se avocara a su conocimiento [folios 43 a 51]. TERCERO [Admisión de demanda]. Mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete [folios 57 a 60], el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, registró la demanda con el número 938/2017, aceptó la competencia declinada y admitió a trámite el juicio de amparo, sin solicitar el informe justificado a la autoridad responsable por ya constar en autos; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, quien formuló los alegatos 392/2017 [folios 35 a 40], 1267/2017 [fojas 70 y 71], y 1465/2017 [fojas 89 a 91]; ordenó emplazar a la parte tercero interesada; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, conforme al acta que obra a foja 92. CUARTO [Recepción del juicio de amparo en el juzgado auxiliar]. Mediante oficio 22/2018, de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho [recibido en este órgano jurisdiccional a las quince horas del nueve de marzo del año en curso], signado por el Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas; en cumplimiento al oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; remitió el juicio de amparo 938/2017, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Primero de Distrito del citado Centro Auxiliar, a fin de que se emita la sentencia correspondiente. QUINTO [Radicación en el juzgado auxiliar]. En auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, este Juzgado Primero de Distrito Auxiliar tuvo por recibido el juicio de amparo indicado, que para efectos de registro de este órgano auxiliar se radicó con el número 156/2018-I, y se acusó el recibo respectivo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO [Competencia]. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 33 fracción IV, 35, 107, 108, 112 de la Ley de Amparo; en el Acuerdo General 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como de conformidad con el oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se determinó otorgar auxilio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre. SEGUNDO [Precisión de los actos reclamados]. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligación del Juez de Distrito de analizar la demanda de garantías en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa que el acto reclamado en el presente asunto es: La resolución de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, emitida en el toca penal 144/2016, en la que se confirmó la resolución de diez de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el procedimiento de ejecución 26/2014, por el Juez de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, en la que se negó al quejoso el beneficio de remisión parcial de la pena y libertad condicional, al haber sido sentenciado por el delito de secuestro, previsto y sancionado en la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro [fojas 89 a 96 del anexo II]. Acto que reclama a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. En lo que a la precisión de los actos reclamados se refiere, sirve de apoyo el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO [Registro No.181810. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Abril de 2004. Página: 255. Tesis: P. VI/2004. Tesis Aislada. Materia(s): Común], en el cual estableció que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, e incluso a la totalidad del expediente del juicio, a fin de atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. TERCERO [Certeza de actos]. El Magistrado Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado, manifestó que era cierto el acto que se le reclama a la Sala de su adscripción [folio 13]. Certeza que se corrobora con el original toca penal 144/2016 [en el que obran ocho discos compactos, seis en un sobre que se localiza al reverso de la portada del expediente y dos discos en un sobre que se localiza en la foja 43 del anexo II] y la carpeta judicial de ejecución de sanciones número 26/2014; documentales y discos compactos a los que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO [Estudio de fondo]. Al no advertir que se actualice alguna causa de improcedencia o que las partes las hayan hecho valer, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por el quejoso, los que se contienen en el escrito de demanda de amparo, y que en este apartado se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, ya que no existe obligación de transcribirlos, ello con apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" [Registro No. 164618. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Página: 830. Tesis: 2a./J. 58/2010. Jurisprudencia. Materia(s): Común]. El solicitante del amparo expresó los conceptos de violación que enseguida se sintetizan: I. Que la resolución reclamada resulta violatoria del artículo 18 constitucional, porque no se le concede acceder a su derecho de reinserción social, al negársele el beneficio de remisión parcial de la pena. II. Que la autoridad responsable pierde de vista que ha cumplido a cabalidad con los requisitos para obtener su libertad de manera anticipada y ha modificado sus rasgos de personalidad criminal y con ello ha logrado el objetivo de reinserción social. III. Que la autoridad responsable conculca sus garantías individuales, al aplicar el criterio jurisprudencial identificado con el número 8/2015, porque atenta directamente contra su derecho de obtener anticipadamente su libertad. QUINTO [Análisis sistemático de los conceptos de violación]. Los motivos de inconformidad antes sintetizados, son infundados, los cuales serán analizados de manera conjunta dada la estrecha relación entre ellos. Para sostener lo anterior, resulta necesario transcribir lo que dispone el segundo párrafo del artículo 18 constitucional: "Artículo 18. [.] El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.". El precepto transcrito, prevé que el sistema penitenciario busca la reintegración del sentenciado a la vida en sociedad, a través de los diversos medios establecidos para tal efecto, en términos de la tesis sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: Época: Décima Época Registro: 2012511 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CCXXI/2016 (10a.) Página: 509 REINSERCIÓN SOCIAL. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De la evolución histórica del artículo constitucional citado, se advierte que los cambios en su redacción reflejan los diversos propósitos que han perseguido la pena y el sistema penitenciario en su conjunto; en principio, se consideró que el autor del delito era una persona degenerada, de ahí que la Constitución General tuviera como finalidad su regeneración; en un segundo momento, se le percibió como un sujeto mental o psicológicamente desviado que requería de una readaptación, en ambos casos debía ser objeto de tratamiento; mientras que las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y el 10 de junio de 2011, respectivamente, básicamente resultaron en: i) La sustitución del término "readaptación" por "reinserción"; ii) El abandono del término "delincuente"; iii) La inclusión del fomento al respeto por los derechos humanos, como medio para lograr la reinserción; iv) La inclusión de un objetivo adicional a "lograr la reinserción", a saber: "procurar que la persona no vuelva a delinquir"; y, v) La adición del concepto "beneficios" como parte de la lógica del sistema penitenciario. De este modo, la intención del Constituyente consistió en cambiar el concepto penitenciario de readaptación social por uno más moderno y eficiente, denominándolo "reinserción" o "reintegración" a la sociedad apoyado, entre otros elementos, en el respeto a los derechos humanos y el trabajo. Por tanto, a raíz de la citada reforma de 2008, la reinserción social, como fin de la pena, no acepta la idea de que al culpable se le caracterice por ser degenerado, desadaptado o enfermo, y que hasta que sane podrá obtener no sólo la compurgación de la pena, sino inclusive alguno de los beneficios preliberacionales que prevé la norma. En consecuencia, el ejercicio de la facultad legislativa en materia de derecho penitenciario no puede ser arbitraria, pues la discrecionalidad que impera en la materia y que ha sido reconocida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente en materia de beneficios preliberacionales, debe aspirar a conseguir un objetivo constitucional, consistente en la reinserción social del individuo, antes que en su regeneración o readaptación. Cabe precisar que el artículo 18 Constitucional, establece que las actividades y programas que se implementen en los centros penitenciarios deben ser idóneos para permitir a las personas condenadas a pena de prisión su regreso a la sociedad, pues, como se expuso en la tesis citada, tal cometido no es posible sin una instrucción previa, creadora o revitalizadora de habilidades y hábitos laborales, así como una atención de la salud, la educación y el deporte. Sin embargo de dicha finalidad no se sigue que el derecho fundamental de reinserción implique la libertad anticipada de manera necesaria, pues debe entenderse que la reinserción debe buscarse durante todo el tiempo que dure la pena, pero no que ésta pueda reducirse en virtud de aquélla. Esto es así, pues no se establece que la reinserción del reo incida en la duración de la pena; por el contrario, se dispone que, como parte de tal prerrogativa, deben observarse los beneficios que en favor del sentenciado marque la ley. De tal suerte que debe remitirse a la ley secundaria para la configuración de los requisitos que regulen tales prerrogativas, sin que se establezca una directriz particular que incida en dichos beneficios. Por tanto, el principio de reinserción social contenido en el artículo 18 constitucional únicamente conlleva la obligación de que el conjunto de actividades y programas del sistema penitenciario tengan como objetivo y sean eficaces para regresar al sentenciado a la vida en sociedad. En ese contexto, el artículo 19 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 19. Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena. Quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestros y para la localización y liberación de las víctimas conforme al Código Penal Federal y la legislación aplicable en materia de ejecución de sanciones, tendrán derecho a los beneficios citados en el primer párrafo del presente artículo, siempre que concurran todas las condiciones que a continuación se enuncian: I. Respecto de los delitos sancionados con una pena que no exceda de cuatro años de prisión; II. El sentenciado acepte voluntariamente la colocación de un dispositivo de localización por el tiempo que falte cumplir la pena de prisión y pague el costo de su operación y mantenimiento; III. El sentenciado sea primodelincuente; IV. En su caso, cubra la totalidad de la reparación del daño o de manera proporcional, cuando haya sido condenado en forma solidaria y mancomunada y sea determinada dicha reparación; V. Cuente con una persona conocida que se comprometa y garantice a la autoridad judicial el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el sentenciado VI. Compruebe fehacientemente contar con un oficio, arte o profesión o exhiba las constancias adecuadas que acrediten que continuará estudiando; VII. Cuente con fiador, y VIII. Se obligue a no molestar a la víctima y a los testigos que depusieron en su contra, así como a sus parientes o personas vinculadas a éstos". Del precepto anterior se deduce la prohibición expresa de que los sentenciados por los delitos sancionados por la citada ley puedan obtener los beneficios de libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena; salvo que se trate de quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestro y para la localización y liberación de las víctimas, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos para tal efecto. Lo expuesto implica que el legislador ordinario estableció un régimen especial en relación con los beneficios de libertad para los sentenciados por delitos en materia de secuestro. En consecuencia, es posible advertir que se consideró que las personas citadas debían ser sancionadas de manera más severa por la naturaleza de los ilícitos cometidos, lo que revela un doble propósito: desincentivar que se realicen las conductas mencionadas [secuestro] y que exista certeza de que la condena se cumpla en su integridad. Lo anterior es acorde con el artículo 18 constitucional, ya que debe entenderse que se consideró que las condenas por los delitos de secuestro eran el tiempo mínimo indispensable para lograr la reinserción social de los sentenciados. Por tanto, el derecho de reinserción se respeta en la medida en que, durante todo el tiempo de la pena, el sistema penitenciario busque la reintegración del sentenciado, pero la prerrogativa mencionada no puede modificar la duración de aquélla. En consecuencia, los sentenciados por delitos en materia de secuestro no pueden acceder a los referidos beneficios, salvo los supuestos expresamente previstos en la ley de la materia. En el caso, se advierte que el quejoso fue sentenciado, por el delito de secuestro, en términos de los artículos 9, fracción I, inciso c), y 10 fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro [fojas 2 a 12 del anexo I]. Por tanto, en términos del artículo 19 de la legislación citada, no puede acceder a los beneficios que impliquen la reducción de la condena. Lo anterior es así, pues no existe constancia de que el sentenciado haya colaborado proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestros y para la localización y liberación de las víctimas ni que, en ese supuesto, cumpla con los requisitos establecidos para gozar de los beneficios en comento; porque la pretensión del quejoso se concretó en la obtención de los beneficios en virtud del derecho de reinserción social. En consecuencia, contrariamente a lo alegado, resulta correcto que en la resolución reclamada se haya confirmado la negativa de la libertad anticipada solicitada, porque es evidente que tal beneficio resulta improcedente, al tratarse de un delito en materia de secuestro. Además, si bien lo anterior implica un trato diferenciado frente a otro tipo de ilícitos, no resulta en sí mismo discriminatorio, porque se utiliza como parámetro de distinción la naturaleza de los delitos involucrados, sostener lo contrario implicaría que todos los delitos debieran sancionarse en iguales términos y magnitud, lo que evidentemente resultaría un contrasentido, ya que se trata de conductas con diferente impacto en la sociedad. Por tanto, lo relevante es que la Ley que sanciona los ilícitos de secuestro trata igual a todos los sentenciados por delitos de la misma materia, es decir, a los que se encuentran en igualdad de condiciones. Así pues, no es jurídicamente factible que a la luz del derecho de reinserción se libere anticipadamente al aquí quejoso, porque existe una ley especial que prohíbe expresamente tal beneficio y la prerrogativa alegada, no implica que la condena necesariamente deba reducirse, al estar sujetos dichos beneficios a lo que se establezca en la ley secundaria. Entonces, el hecho de que no se reduzca la condena materia del acto reclamado no implica trasgresión al artículo 18 constitucional, en la medida en que debe entenderse que en toda su duración se buscará la reinserción social del quejoso. De ahí que, aun cuando el quejoso haya justificado que sus rasgos delictivos se modificaron y que cumplió con los programas establecidos en el centro carcelario donde se encuentra, esas circunstancias son insuficientes para otorgarle el beneficio que pretende, pues por las razones que se precisaron con anterioridad, el artículo 19 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la prohibición de otorgar algún beneficio de libertad anticipada a los sentenciados que fueron encontrados responsables de cometer el delito de secuestro, como sucede con el quejoso. Además, en términos del artículo 18 Constitucional, dentro de la reinserción de los sentenciados está la de ser capacitados durante el tiempo que compurguen la sanción impuesta a fin de que en su momento, puedan ser reintegrados a la sociedad; de ahí que la capacitación que haya tomado le es benéfica para el momento que obtenga su libertad. Tampoco es violatorio de garantías que la Sala responsable haya apoyado su determinación en la jurisprudencia de rubro "REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESTE BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO), EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE NO TIENE APLICACIÓN RETROACTIVA EN SU BENEFICIO LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL" [Época: Décima Época, Registro: 2011135, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: PC.I.P. J/20 P (10a.), Página: 1732], pues en dicho criterio se analizó que era improcedente otorgar el beneficio de remisión parcial de la pena, puesto que la Ley que sanciona los delitos de secuestro, contiene prohibición expresa de otorgarlos, lo que en el caso se actualiza, de ahí que su aplicación no se considere violatoria de garantías, como erróneamente lo refiere el quejoso. En las relacionadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 103, fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78, 107 fracción I, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alonso Zapata Chávez, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expresadas en esta sentencia. Notifíquese a las partes en términos de ley, por conducto del juzgado de origen. Cúmplase."

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