Alsy Mercedes Mezeta Quijano

Expediente 1835/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1835/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Alsy Mercedes Mezeta Quijano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva, de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá transferirse, tal como lo establece la fracción I, inciso a), del artículo 18, Capítulo Séptimo, del aludido Acuerdo General. De igual modo, de conformidad con lo previsto en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del acuerdo antes mencionado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado Acuerdo General, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Asimismo, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo, ni tampoco la incidencia derivada del mismo. Ahora bien, toda vez que ya que no existe razón legal para que continúe en estos autos el anexo que la autoridad responsable Juez Primero de Oralidad Familiar, en turno, del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, adjuntó a su oficio 3478/2022 (folio 23002 - foja 147), consistente en un disco versátil (DVD), que contiene la videograbación de la audiencia de escucha de menor, de fecha doce de octubre del año en curso, celebrada en autos del expediente de origen 260/2022, de su índice; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, para los fines legales a que haya lugar. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Juez Primero de Oralidad Familiar en turno del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que el catorce de octubre del año en curso, en autos del expediente de origen 260/2022, resolvió dejar insubsistente la medida provisional de guarda y custodia del menor de edad Juan Luis Pool Mezeta, otorgada a favor de los ciudadanos Secilia Guadalupe López López y Santos Gaspar Pool Chuc, en auto de cuatro de mayo del año en curso, así como el requerimiento y apercibimiento hecho a la directo quejosa Elsy Mercedes Mezeta Quijano, por auto de ocho de julio de este año. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la quejosa Elsy Mercedes Mezeta Quijano reclamó en su demanda de amparo, fue la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictado en autos del expediente 260/2022, promovido por Celia Guadalupe López López también conocida como Secilia Gaudalupe López López y Santos Gaspar Pool Chuc. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintidós dictado en autos del expediente 260/2022, promovido por Celia Guadalupe López López también conocida como Secilia Gaudalupe López López y Santos Gaspar Pool Chuc, en el que se dictó la medida provisional de guarda y custodia del menor Jual Luis Pool Mezeta, a favor de sus abuelos. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Juez responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el catorce de octubre del año en curso, en autos del expediente de origen 260/2022, resolvió dejar insubsistente la medida provisional de guarda y custodia del menor de edad Juan Luis Pool Mezeta, otorgada a favor de los ciudadanos Secilia Guadalupe López López y Santos Gaspar Pool Chuc, en auto de cuatro de mayo del año en curso, así como el requerimiento y apercibimiento hecho a la directo quejosa Elsy Mercedes Mezeta Quijano, por auto de ocho de julio de este año, siendo que en lo referente a la guarda y custodia del menor antes referido, se deberá estar a lo sentenciado por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado dictado en el expediente 41/2015, hasta en tanto, se dictara la resolución en dicho asunto o se acredite un cambio en las circunstancias en que fue otorgada dicha custodia que obligue a tomar las medidas pertinentes a fin de salvaguardar la integridad física y psicoemocional del menor. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, al haberse demostrado que se dejó insubistente la resolución de cuatro de mayo último, de la que se duele la parte quejosa, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo en vigor, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra trascurriendo el término a que alude el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, en relación con el proveído de veintidós de septiembre del año en curso; por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy, y se fija como nueva fecha y hora para su celebración, las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el escrito signado por la parte quejosa Elsy Mercedes Mezeta Quijano, por propio derecho y en representación del menor J.L.P.M, a través del cual ofrece diversas pruebas. Ahora bien, en primer término, en relación con las pruebas documentales privadas y pública, así como la presuncional en su doble aspecto; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, mismas que se admiten y desahogan en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Por otra parte, en relación con las pruebas testimoniales ofrecidas, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, párrafo sexto, se desechan dichas probanzas; lo anterior, toda vez que la quejosa no exhibió los interrogatorios al tenor de los cuales deberían ser examinados los testigos. Dicha determinación, encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 17/2018 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a pagina 15, Tomo I, Libro 55, Materia común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; misma que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas." Asimismo, por lo que respecta a la prueba consistente en la audiencia de escucha del menor quejoso J.L.P.M., con fundamento en los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2, de la propia Ley de la materia en vigor, se desecha dicha probanza, por las siguientes razones: Como punto de partida, la litis constitucional se constriñe al estudio de los planteamientos expresados por la peticionaria del amparo en su demanda, que tienden a demostrar la ilegalidad o la inconstitucionalidad del acto reclamado, que es la materia del juzgamiento constitucional, frente al propio acto autoritario de molestia y los planteamientos que tanto la autoridad responsable como las demás partes en el juicio de garantías formulen para sostener la legalidad o la constitucionalidad de tal acto; de modo que las pruebas que se ofrezcan en el juicio de amparo, deben estar encaminadas ya sea a demostrar o a desvirtuar lo expuesto por el quejoso o por la autoridad responsable, pues de otra forma su admisión resulta, además de dilatoria, inútil, dado que carecerían de vinculación con la litis. De ahí que en el caso, se tiene que la referida Mezeta Quijano señaló como acto reclamado el proveído de cuatro de mayo del año en curso, dictado en autos del expediente de origen 260/2022, relativo al Juicio Ordinario Oral Familiar de Guarda y Custodia, promovido por Cecilia Guadalupe López López, alias Secilia Guadalupe López López y Santos Gaspar Pool Chuc, en contra de la aquí quejosa y Guilmer Emilio Pool López, del índice del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que se ordenó poner provisionalmente a su menor hijo bajo la guarda y custodia de sus abuelos paternos. Bajo esa óptica, se tiene que dicho medio de convicción (audiencia de escucha del menor quejoso J.L.P.M.) no guarda congruencia y relación con los hechos controvertidos, ya que dicho medio probatorio resulta inconducente, por encontrarse orientado a demostrar aspectos diversos, como lo es la sustracción ilegal del que afirma fue objeto su menor hijo, cuestión que no será materia de la litis constitucional, sino que lo ciñe al estudio de una determinación judicial de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictado en autos del expediente 260/2022, relativo al Juicio Ordinario Oral Familiar de Guarda y Custodia, promovido por Cecilia Guadalupe López López, alias Secilia Guadalupe López López y Santos Gaspar Pool Chuc, en contra de la aquí quejosa y Guilmer Emilio Pool López. Por los motivos antes reseñados, se reitera, se desecha la probanza ofrecida por la parte quejosa, al resultar ineficaz dicho medio de convicción para el fin que fue propuesto. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Cuarta Parte, página 262, que señala lo siguiente: "PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, CUANDO NO GUARDEN RELACION CON LOS HECHOS CONTROVERTIDOS, POR SER INCONDUCENTES O INCONGRUENTES. De acuerdo con uno de los principios procesales fundamentales, debe existir congruencia entre los hechos de la demanda, los de la contestación y las pruebas. Dicho requisito de congruencia está consagrado, por ejemplo, en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 155, fracción V, que ordena la narración de los hechos con claridad y precisión; en el 260, que dispone que el demandado formulará la contestación en los términos prevenidos para la demanda; en el 266, que obliga al demandado a referirse a los hechos aducidos por el actor; en el 278, que establece el poder del juzgador para traer a juicio prueba sobre los puntos controvertidos; en el 279, que consagra la facultad de los tribunales para ordenar diligencias para mejor proveer sobre los puntos cuestionados; en el 284, según el cual sólo los hechos están sujetos a pruebas; en el 285, que establece que el tribunal debe recibir las pruebas si se refieren a los puntos cuestionados; y en el 291, que obliga a ofrecer las pruebas relacionándolas con cada uno de los puntos controvertidos y que sanciona con el desechamiento de las mismas, la falta de relación, en forma precisa. Luego entonces, si el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado, los de sus excepciones, debe concluirse que, tanto por el sistema legal como por el principio de economía procesal, deben desecharse las pruebas que no guarden nexo o relación con los hechos controvertidos, por ser incongruentes respecto de ellos, pues todo medio de prueba que no conduce directamente a justificar los hechos puestos en el litigio -ya sea en litis cerrada o en litis abierta- debe ser desechado o desestimado por el juzgador, ya que todo el proceso debe guardar congruencia y relacionarse con los hechos controvertidos según la realidad o la fijación formal de la litis; de modo que sobre aquello que no existe controversia la prueba es inconducente y en tratándose del derecho, el Juez tiene el deber de conocerlo sin que el mismo esté sujeto a prueba como carga de las partes". Así como la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, visible en la página 1443, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL AMPARO. DEBEN ESTAR RELACIONADAS CON LA LITIS CONSTITUCIONAL. De acuerdo con el principio de congruencia que debe regir en toda sentencia de amparo, la litis constitucional se constriñe al estudio de los planteamientos expresados por el peticionario del amparo en su demanda, que tiendan a demostrar la ilegalidad o la inconstitucionalidad del acto reclamado, que es la materia del juzgamiento constitucional, frente al propio acto autoritario de molestia y los planteamientos que tanto la autoridad responsable como las demás partes en el juicio de garantías formulen para sostener la legalidad o la constitucionalidad de tal acto; de modo que las pruebas que se ofrezcan en el juicio de garantías, deben estar encaminadas ya sea a demostrar o a desvirtuar lo expuesto por el quejoso o por la autoridad responsable, pues de otra forma su admisión resulta, además de dilatoria, inútil, dado que carecerían de vinculación con la litis" Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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