Alonso Huerta Ancona
Expediente 881/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 881/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alonso Huerta Ancona
Actuaciones
- Principal
III.- SE PREVIENE A LA PARTE QUEJOSA COMPAREZCA A ESTE TRIBUNAL EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS A RECOGER BILLETE DE DEPOSITO, CON APERCIUBIMIENTO
- Principal
MESA III. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En cumplimiento al punto décimo del capítulo tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no existen documentos originales y se ubica dentro del archivo judicial reciente, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto décimo, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto vigésimo del capítulo quinto y en razón del sentido de la sentencia dictada en el presente asunto, consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto décimo séptimo del capítulo cuarto del propio acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto vigésimo primero capítulo quinto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva, de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá transferirse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de garantías y así como también lo tiene el incidente de suspensión derivado del mismo.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ya obran los oficios suscritos por las autoridades responsables Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Director del Centro de Reinserción Social, la Vocalía Estatal del Registro Federal de Electores, todos del Estado de Yucatán, los tres, con sede en esta ciudad, y del Director de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, con sede en la ciudad de México, con los que informan acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo. Por otra parte, se advierte que mediante proveído de veintidós de junio de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con los oficios y anexos remitidos por las mencionadas autoridades, para que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este juzgador determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva el seis de abril de dos mil dieciséis y terminada de transcribir el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se le negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a la parte quejosa por lo que respecta de los actos del Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Director del Centro de Reinserción Social, Vocalía Estatal del Registro Federal de Electores, los tres Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y del Director de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, con sede en la ciudad de México, respecto del auto de formal prisión de diecinueve de julio de dos mil quince, dictado en la causa penal 52/2014, así como su ejecución, consistente en su inscripción, el cumplimiento de la orden de suspensión de derechos políticos, la identificación del quejoso y la remisión del reporte de sus antecedentes penales; ello, por los motivos precisados en el considerando sexto de la sentencia dictada por este Juzgador. Inconforme con esa determinación el aquí quejoso ALONSO HUERTA ANCONA, mediante escrito de trece de junio de dos mil dieciséis, interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de referencia; y de la cual conocieron los Magistrados integrantes del Pleno del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región de San Andrés Cholula Puebla, quienes emitieron la resolución correspondiente, misma que se comunicó a este Juzgado por oficio 3439, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con sede está ciudad, de fecha veintitrés de febrero del propio año, que contiene la sentencia dictada el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, en cuyo segundo punto resolutivo, declaró que la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ALONSO HUERTA ANCONA, contra el Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Director del Centro de Reinserción Social, Vocalía Estatal del Registro Federal de Electores, los tres del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y del Director de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, con sede en la ciudad de México, respecto de: a) el auto de formal prisión de diecinueve de julio de dos mil quince, dictado en la causa penal 52/2014; y b) la ejecución de esa determinación que se traduce en la orden de inscripción correspondiente en el registro del Centro de Reinserción Social; el cumplimiento de la orden de suspensión de derechos políticos y la identificación del quejoso, así como la remisión del reporte de sus antecedentes penales. De manera que las autoridades responsables estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: Efectos de la concesión: La protección constitucional que se concede al aquí quejoso, tiene como los siguientes: a) dejar insubsistente el auto de formal prisión de diecinueve de julio de dos mil quince, dictado en la causa penal 52/2014, por la probable responsabilidad del impetrante en la comisión del delito de robo equiparado de suministro de energía eléctrica; y b) emitir una nueva resolución en la que, atendiendo a las consideraciones plasmadas en esta ejecutoria, determine que no existen, datos bastantes para tener por acreditado el cuerpo del delito en comento; y, por ende, para hacer probable responsabilidad del quejoso en su comisión. Lo anterior, en la inteligencia de que la concesión del amparo debe hacerse extensiva a los actos de ejecución imputados al Director del Centro de Reinserción Social del Estado y a la Vocalía Estatal del Registro Federal de Electores, ambos con sede en Mérida, así como al Director de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, con sede en la ciudad de México, al no haberse reclamado por vicios propios. Seguidamente, el uno de marzo de dos mil diecisiete, se dio trámite en este juzgado a la ejecutoria de referencia, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma, de manera que estaba obligada a acatar la resolución referida. Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que las autoridades responsables, en cumplimiento a la ejecutoria de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, el Juez Primero de Distrito en el Estado, dejó insubsistente la resolución de diecinueve de julio de dos mil quince, dictada en la causa penal 52/2014, que se instruye en contra del aquí quejoso Alonso Huerta Ancona y procedió a dictar una nueva resolución dentro del término concedido, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo; esto es, decretó auto de libertad a favor del ahora quejoso por el delito referido; asimismo el Director del Centro de Reinserción Social, manifestó que no existe orden de inscripción en el registro que para tal efecto se lleva en esa institución, luego entonces no hay ejecución de dicha determinación, y en cuanto al Vocal del Registro Federal de Electores, comunicó que el aquí quejoso se encuentra actualmente gozando de sus Derechos Políticos, toda vez que se encuentra debidamente inscrito en el Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, por lo que su credencial para votar ésta vigente como medio de identificación para votar; y, finalmente, el Director de Prevención y Readaptación Social, con sede en la ciudad de México, manifestó que no cuenta con ningún acto pendiente por realizar para cumplimentar la ejecutoria de amparo. Por tanto, las autoridades responsables cumplieron con los efectos de la sentencia, lo que en especie ya aconteció, de ahí que con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo.
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