Alonso Lopez Arizmendi
Expediente 201/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 201/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/03/2017
Partes del expediente
- Alonso Lopez Arizmendi
Actuaciones
- Principal
II. De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió el proveído de trece de febrero de dos mil diecisiete, donde se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Asimismo, las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
II. Por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, Estado de México, rinde informe justificado, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa delegado, invoca causal de sobreseimiento y remite copias certificadas de diversas constancias. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado rendido por la autoridad responsable de referencia; asimismo con apoyo en el diverso 9 de la ley de la materia, téngase por designado como delegado de la autoridad responsable a la persona mencionada en el oficio de cuenta. De igual manera, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la responsable. Ahora bien, en el presente juicio el quejoso Alonso López Arizmendi, reclama el arresto administrativo en el operativo denominado alcoholímetro. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable Director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, Estado de México, se advierte que el cuatro de febrero de dos mil diecisiete a las cinco horas con quince minutos, dejó en libertad al ahora quejoso, por lo que dejó insubsistente el arresto administrativo al cual fue acreedor por violaciones al artículo 164 del Bando Municipal de Metepec, Estado de México. A las constancias remitidas se le otorgan pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Y la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. Al respecto, debe decirse que en la especie el juicio de amparo se torna improcedente dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues han cesado los efectos del acto reclamado; el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho. Es decir, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad deja insubsistente el acto y constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. El quejoso aduce que la autoridad vulneró sus derechos al decretar su arresto administrativo el cuatro de febrero del año en curso, en las Galeras del Centro de Sanciones Administrativas de la Dirección General de Seguridad Pública de Metepec, Estado de México; sin embargo, el propio cuatro de los actuales a las cinco horas con quince minutos, la autoridad responsable dejó sin efectos el referido arresto y ordenó fuera puesto en inmediata libertad. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues el Director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, México, el cuatro de febrero de dos mil diecisiete, dejó sin efectos el arresto administrativo decretado en esa misma fecha a las tres horas con veinticinco minutos en contra del quejoso Alonso López Arizmendi, dejándolo en libertad; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía una restricción al derecho fundamental previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, ésta ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto positivo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, dejara insubsistente en acto reclamado, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 415, publicada en la página 356 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En virtud de lo anterior, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, conforme con lo establecido en la fracción V del dispositivo 63, en relación con el numeral 61, fracción XXI, de la invocada ley. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las once horas con cinco minutos del seis de marzo de dos mil diecisiete, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Finalmente, si bien es cierto que la notificación de la presente determinación debe ser en forma personalísima al quejoso, no menos cierto resulta que señaló como su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de febrero de dos mil diecisiete. Téngase por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el diverso 2°, de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual remite el cuaderno original del juicio de amparo 1251/2014-I, del índice de este Juzgado de Distrito, así como todas y cada una de las constancias remitidas con motivo del recurso hecho valer por el quejoso Mariano Rebollar Martínez. De igual forma, remite una copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, en el recurso de revisión principal 303/2016, el cual se resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO. Se confirma el fallo recurrido. SEGUNDO. Se sobresee en el en el juicio de amparo indirecto 1251/2014-I, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, promovido Mariano Rebollar Martínez y/o Félix Mariano Rebollar Martínez (sic), por propio derecho, contra los actos y autoridades señalados en el primer resultando de esta ejecutoria." Atento a lo anterior, acúsese el recibo correspondiente a la superioridad oficiante y, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la revisión interpuesta desglósense las actuaciones posteriores a la remisión del presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, para la substanciación del referido medio de impugnación y, una vez hecho lo anterior, agréguense éstas al sumario constitucional en el cual se actúa y, el citado cuaderno de antecedentes manténgase por separado. Ahora bien, a la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, devuélvase, las constancias que remitió como complemento a su informe justificado, solicitándose a la responsable para que dentro del plazo de tres días inserto en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acusen recibo de las constancias referidas en el párrafo que antecede, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, se sobreseyó en este juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, inciso III). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). Asimismo, es menester referir que en los cuadernos aludidos no existen documentos originales que encuadren en las hipótesis descritas en el punto segundo de las disposiciones generales del inciso XVIII del Acuerdo citado; por lo que, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo multicitado. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
- Principal
II. Vista la demanda promovida por Juan Leonel García Alanis, en representanción de Alonso López Arizmendi,se concede la suspensión de oficio a efecto de que sea puesto en inmediata libertad al quejoso, se comisiona al actuario judicial para que se constituya en el domicilio exacto donde se encuentra el quejoso y de fé de las condiciones en las que se encuentra y lo requiera para en el acto en dentro de los tres días legalmente computados manifieste si ratifica la demanda de amparo promovida en su nombre, apercibido que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada y se dejarán sin efectos las medidas decretadas, asimismo deberá manifestar si autorizad en términos del artículo 12 de la Ley de Ampara a la persona del proemio de la demanda.
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