Alonso Coria García

Expediente 1390/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1390/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
12/01/2022

Partes del expediente

  • Alonso Coria García

Actuaciones

  1. Principal

    . La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo, por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. ANOTACIONES Y ARCHIVO. .. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; se provee lo siguiente: RADICACIÓN. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida electrónicamente por Alonso Coria García, contra actos del Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 1390/2021-VII. DESECHAMIENTO. Es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. ...En la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los preceptos legales en cita, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. En efecto, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En tanto, el numeral 3°, de la ley de la materia, dispone que los escritos que en forma electrónica se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la Firma Electrónica; la cual, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. De lo anterior se tiene que, la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa, por tanto, resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional, que dicha firma sea la del propio quejoso, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la voluntad para la promoción de la demanda. Bajo ese contexto, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de garantías, el artículo 3°, de la Ley de Amparo, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo se destaca el contenido de los artículos 16 y 52, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se advierte que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es necesario que el promovente ingrese su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generó al momento de registrarse conforme al artículo 64 del citado Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad; además, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo y agregarán a su escrito su firma electrónica vigente a efecto de enviar su demanda. El último de los numerales citados indica que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica. Ahora bien, en el caso en concreto, la demanda de amparo que nos ocupa carece de la firma electrónica de Alonso Coria García; y por tanto, no se advierte la manifestación de la voluntad del promovente, ya que como se ha precisado tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3° de la ley de la materia dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; con la cual las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Lo anterior implica que, ante la falta de la firma electrónica, la parte promovente omitió manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. Ello, se insiste, en virtud de que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del promovente, y ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del impetrante de amparo, o como en el caso, a través de la firma electrónica correspondiente y de esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de la firma electrónica que muestre el nombre del titular, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. Por lo que, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional; y, por ende, procede el desechamiento de la demanda de amparo presentada vía electrónica, en la que se señala como quejoso a Alonso Coria García. Lo anterior toda vez que, no se advierte que el promovente se encuentre impedido para instar acción constitucional. Ahora, en el caso, es pertinente indicar que los actos reclamados, no se encuentran en ninguna de las causales de excepción que rige al juicio de amparo, como sería si se trata de un acto que atenta contra la libertad personal fuera de procedimiento; máxime que dichos actos no se encuentran dentro de los supuestos del articulo 15 de la Ley de Amparo. Con lo antes explicado, se reitera con certeza de que el acto aquí reclamado, no se está dentro de los supuestos de excepción que prevé la Ley de Amparo, para que, en el caso, pueda ser signada por diversa persona. En tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo presentada vía electrónica por Alonso Coria García, contra actos del Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. DOMICILIO PROCESAL. Por los motivos expuestos, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que designa el aparente promovente en el escrito de cuenta, pues si es el incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo lo que amerita el desechamiento de la demanda (por la falta de firma del promovente), es evidente que tampoco puede atenderse a tales señalamientos si no hay la certeza de la existencia de voluntad para designarlos. Por tanto, acorde con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2° y 28, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por medio de la lista de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal para consulta de las partes. ...Notifíquese.

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