Alonso Hernández Sosa

Expediente 728/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 29 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
728/2020
Año
2020
Actuaciones
29
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Alonso Hernández Sosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede se desprende que dentro del presente juicio obran glosados documentos originales, que si existe un billete de depósito en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo y el original del incidente de suspensión, son SUSCEPTIBLES DE DEPURARSE, en razón de que se NEGÓ, el amparo y protección de Justicia Federal; en lo referente a los cuadernos incidentales se concedieron las suspensiones tanto provisional como la definitiva; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio principal y el original del incidente. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiéranse los expedientes a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. SE DEJA BILLETE DE DEPÓSITO Y DOCUMENTO ORIGINAL A DISPOSICIÓN DE LA PARTE QUEJOSA. Por otra parte, como de la certificación de cuenta se desprende que obran glosados dentro del presente juicio documentos originales específicamente a fojas once a cuarenta y cuatro, dos avisos recibos diversos, escritura pública número veintitrés mil noventa y tres con cuatro anexos, que la parte quejosa exhibió en su escrito inicial de demanda; con fundamento en el artículo 18, antepenúltimo párrafo del acuerdo antes mencionado, requiérasele para que dentro del término de noventa días hábiles, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a la destrucción total de las constancias. Finalmente, de dicha certificación se advierte que obran en resguardo en la caja de seguridad de este Jugado, los billetes de depósito números N-857907, valioso por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) y N-857956, por la cantidad de $6,187.58, (seis mil ciento ochenta y siete pesos 58/100 M.N.), hágasele saber a la parte quejosa, que cuenta con el término de dos años para recoger dicha cédula bancaria, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se declarará la prescripción de dicha cédula bancaria a favor del Erario Federal y posteriormente se efectuará la orden la orden de Transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy Fe./*arga*/*

  2. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR SÍ O A TRAVÉS DE SU AUTORIZADO, EL PROVEÍDO DE VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede se desprende que dentro del presente juicio obran glosados documentos originales, que si existe un billete de depósito en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo y el original del incidente de suspensión, son SUSCEPTIBLES DE DEPURARSE, en razón de que se NEGÓ, el amparo y protección de Justicia Federal; en lo referente a los cuadernos incidentales se concedieron las suspensiones tanto provisional como la definitiva; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio principal y el original del incidente. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiéranse los expedientes a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. SE DEJA BILLETE DE DEPÓSITO Y DOCUMENTO ORIGINAL A DISPOSICIÓN DE LA PARTE QUEJOSA. Por otra parte, como de la certificación de cuenta se desprende que obran glosados dentro del presente juicio documentos originales específicamente a fojas once a cuarenta y cuatro, dos avisos recibos diversos, escritura pública número veintitrés mil noventa y tres con cuatro anexos, que la parte quejosa exhibió en su escrito inicial de demanda; con fundamento en el artículo 18, antepenúltimo párrafo del acuerdo antes mencionado, requiérasele para que dentro del término de noventa días hábiles, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a la destrucción total de las constancias. Finalmente, de dicha certificación se advierte que obran en resguardo en la caja de seguridad de este Jugado, los billetes de depósito números N-857907, valioso por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) y N-857956, por la cantidad de $6,187.58, (seis mil ciento ochenta y siete pesos 58/100 M.N.), hágasele saber a la parte quejosa, que cuenta con el término de dos años para recoger dicha cédula bancaria, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se declarará la prescripción de dicha cédula bancaria a favor del Erario Federal y posteriormente se efectuará la orden la orden de Transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy Fe./*arga*/*

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de enero de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. VISTOS: por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de tres de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se NEGÓ el juicio de amparo promovido por Alonso Hernández Sosa, sin que lo haya hecho. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SE ORDENA DEVOLVER CUADERNO DE PRUEBAS Devuélvase al Juez responsable las documentales que acompañó a su informe justificado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA EDITH CAMARGO VERGARA LO SIGUIENTE: SRM V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VI-728/2020, promovido por Alonso Hernández Sosa, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y recibido en este Juzgado Tercero de Distrito, en esa misma fecha, Alonso Hernández Sosa promovió demanda de amparo indirecto en contra de los actos reclamados al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otras autoridades. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo en lo que respecta a la autoridad responsable Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en ese mismo auto se admitió a trámite la demanda en cuestión por lo que ve a las restantes autoridades responsables, misma que fue registrada bajo el número VI-728/2020; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó emplazar a los terceros interesados; finalmente, se señaló hora y día para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta que antecede. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Contradicción de tesis 371/2019. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2020. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidentes: Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Uruchurtu Soberón. Tesis y/o criterios contendientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 615/96, el cual dio origen a la tesis aislada 1a. II/97, de rubro: "SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA SOLA MENCIÓN DE ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA ANTEFIRMA GOZA DE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 189, con número de registro digital: 199517; y, La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2011, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 67/2011, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 853, con número de registro digital: 161460. El Tribunal Pleno, el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 17/2020 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019."; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 36 y 114, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario precisar los actos reclamados, que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.". Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el peticionario de garantías reclama: El emplazamiento practicado dentro del juicio ejecutivo mercantil 19/2017 y sus consecuencias legales. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido de los informes justificados rendidos por el Juez y la Actuaria, ambos adscritos al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, así como por el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado de Michoacán, todos con residencia en esta ciudad, se advierte que aceptaron la existencia del acto que se les reclama, a cuyo efecto el primero remitió copia certificada de las principales constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 19/2017. Asimismo, la autoridad registral remitió copia de las inscripciones relativas. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Brinda orientación al respecto la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el promovente del amparo, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación expresados por Alonso Hernández Sosa, son infundados, aun supliendo en lo necesario su deficiencia en términos de la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se aprecia que el quejoso reclama el ilegal emplazamiento practicado dentro del juicio ejecutivo mercantil 19/2017 y sus consecuencias. Ahora bien, de las constancias relativas al juicio de origen, mismas que fueron previamente valoradas, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Por escrito presentado el diez de enero de dos mil diecisiete, los endosatarios en procuración de Carmen Edith Camargo Vergara, demandaron de Janette Ayala Delgado, en cuanto deudora principal, y de Alonso Hernández Sosa, en cuanto aval, el cumplimiento de diversas prestaciones. 2. Por auto de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, se registró dicha demanda bajo el número 19/2017, el índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; asimismo, el juez responsable autorizó a la actuaria de su adscripción para que se constituyera en el domicilio de la parte demandada, y les requiriera del pronto y efectivo pago de la cantidad de $87,000.00 (ochenta y siete mil pesos 00/100 M.N.); y no haciéndolo en el momento, se embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas; y, hecho lo anterior los emplazara a juicio. 3. Ante la imposibilidad de verificar dicha diligencia, por escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, la parte actora señaló nuevo domicilio de los demandados, ello a efecto de que el requerimiento de pago, emplazamiento y embargo, se verificara en este último; siendo así, que por auto de cuatro de abril de dos mil diecisiete, el juez responsable proveyó de conformidad y ordenó a la actuaria de su adscripción cumplimentar en sus términos el auto de exequendo en el domicilio ubicado en Avenida Paseo Campo Nubes número 701, interior 110, del fraccionamiento Componubes de esta ciudad. 4. En mérito de ello, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, la actuaria responsable se constituyó en el aludido domicilio, a fin de verificar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento respecto del demandado, aquí quejoso, Alonso Hernández Sosa, siendo atendida por el propio quejoso quien se identificó con la credencial de elector con clave electoral HRSSAL82082616H600 y al efecto manifestó que no reconocía el adeudo, pero que sí reconocía la firma que obraba en el documento base de la acción, que no tenía dinero para pagar el adeudo y que no podía señalar bienes para embargo; seguida la diligencia, en se practicó el emplazamiento respectivo, a lo que el demandado, aquí quejoso, expresó que quedaba enterado del término para contestar la demanda, que recibía las copias de traslado, copia al carbón de la diligencia y cédula de ley, además de firmar el acta respectiva. Dándose posteriormente por terminada la diligencia. 6. Una vez seguido el juicio por sus trámites legales, el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró procedente la acción y se condenó a los demandados a cubrir la cantidad de $87,000.00 (ochenta y siete mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal, entre otras; y, una vez que causó ejecutoria por ministerio de ley, se inició la ejecución forzosa de la sentencia. Ahora bien, el artículo 14 Constitucional, en su segundo párrafo, dispone lo siguiente: "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.". Una de las formalidades esenciales del procedimiento a que alude el artículo 14 Constitucional, es el emplazamiento, el cual constituye un acto procesal de gran importancia pues a través de él se da a conocer a la parte interesada la existencia de un juicio en su contra, con la finalidad de que pueda comparecer a defenderse. Por esa razón se le ha revestido de una serie de requerimientos de validez que procuran garantizar su objetivo, que es dar a conocer al demandado el juicio entablado en su contra en aras de no violentar la llamada garantía de audiencia, tales como que se realice personalmente en el domicilio del demandado, se le haga entrega de todos los documentos que indica la ley, se le haga de su conocimiento del término que le concede la ley para comparecer al juzgado a deducir sus derechos, así como los datos del expediente dentro del que se actúa, que dicha diligencia deberá constar por escrito y sea firmada tanto por el funcionario actuante como por la persona con la que se entendió. Ahora bien, en sus conceptos de violación, el quejoso sostiene que las autoridades responsables violaron en su perjuicio las garantías contenidas en el citado numeral 14 Constitucional, así como lo previsto en el 16 de la misma, dada la ilegalidad del llamamiento al juicio de referencia, al que no compareció ya que nunca se enteró de su existencia porque no fue emplazado, aduciendo que el domicilio donde se practicó no corresponde al suyo, ya que él no habita ese inmueble. Empero, no obstante que ante la falta de conceptos de violación es procedente suplir la deficiencia de la queja en el presente asunto, lo cierto es que sus pretensiones resultan infundadas, como se verá enseguida. Cuando se reclama lo actuado en un procedimiento por falta de emplazamiento, corresponde a la autoridad responsable probar la existencia de tal acto, pero si se reclama la ilegalidad del mismo, la carga de la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad recae en el quejoso, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Así, cuando la parte quejosa afirma que no fue emplazada a juicio y de las constancias de éste se desprende lo contrario, le corresponde la carga probatoria sobre tales hechos, pues la suplencia de la queja a su favor en este caso opera en relación a los conceptos de violación, pero no alcanza la facultad oficiosa de allegar pruebas, lo que redunda en que es al quejoso a quien corresponde allegar el material probatorio que sirva para demostrar la inconstitucionalidad de un acto de autoridad que goza de presunción de legalidad. Sin embargo, tales extremos no quedaron debidamente satisfechos en el presente asunto. De la diligencia de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, se advierte que la actuaria responsable se constituyó en el domicilio proporcionado por el actor como Avenida Paseo Campo Nubes número 701, interior 110, del fraccionamiento Camponubes de esta ciudad, cerciorándose de que ese era el domicilio y que el mismo correspondía al demandado, por así indicárselo la placa metálica con el nombre del fraccionamiento y la de la calle, el número exterior oficial del inmueble y el número al interior del domicilio, además de que así se lo informó la persona con quien atendió la diligencia quien resultó ser el propio demandado, aquí quejoso, Alonso Hernández Sosa, quien incluso se identificó en ese momento con la credencial para votar con fotografía y número de clave de elector HRSSAL82082616H600. Asimismo, que una vez enterado del motivo de su presencia e impuesto del contenido del auto de exequendo, manifestó que no reconocía el adeudo, pero que sí reconocía su firma en el pagaré base de la acción, que no tenía dinero para pagar y que no señalaba bienes para embargo; posteriormente, al emplazársele a juicio, señaló que quedaba enterado del término para contestar la demanda y señalar domicilio, que recibía las copias de traslado respectivas, copia al carbón de la diligencia y la cédula de ley, a cuyo efecto incluso firmó al margen y al calce. Ahora bien, atento a la trascendencia de la diligencia de emplazamiento, la actuaria debe ajustarse a las reglas contenidas en los artículos 1069, 1392, 1393 y 1394 del Código de Comercio, los cuales disponen: "Artículo 1069. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promueven. Cuando un litigante no cumpla con la primera parte de este artículo las notificaciones se harán conforme a las Reglas para las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto sea señalado domicilio para los efectos referidos. Si no se designare domicilio de la contraparte, se le requerirá para que lo haga, y si lo ignoran se procederá en los términos del artículo siguiente. Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo. Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia. Los tribunales llevarán un libro de registro de cédulas profesionales de abogados, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados. Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores. El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada.". "Artículo 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste." "Artículo 1393. No encontrándose el deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos." "Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al deudor sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores. Conforme a los artículos transcritos, todos los litigantes, en el primer escrito, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones personales y se practiquen las diligencias que sean necesarias; igualmente deben designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan el juicio; asimismo, dichos preceptos establecen las reglas básicas de la primera notificación personal o emplazamiento, ya que la finalidad de éstas es la de garantizar que tal notificación se haga a la persona directamente interesada o a su representante legal, y por esa razón se exige que el actuario se cerciore por cualquier medio de que la persona que debe ser notificada tiene su domicilio en el lugar designado para hacer la notificación. De conformidad con lo previsto en el artículo 1393 del Código de Comercio, el actuario que practique la diligencia se cerciorará por cualquier medio de que la persona que debe ser notificada tiene su domicilio en el inmueble designado, y después de ello practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón de la misma. Asimismo, si se tratara de la notificación de la demanda y a la primera búsqueda no se encontrare a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio para que espere en la casa designada, a hora fija y, si no espera, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, posteriormente se le emplazará por su conducto, entregando las copias respectivas. Debiendo aclarar, que en materia mercantil las notificaciones se realizan de manera personal o por medio de cédula, pues así lo dispone la fracción I del artículo 1068 del Código de Comercio, que en seguida se transcribe: "Artículo 1068. Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán lo más tarde el día siguiente al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, cuando el juez en éstas no dispusiere otra cosa. En el caso de notificaciones personales, dicho término se contará a partir de la fecha en que se entregue el expediente al notificador, lo cual deberá hacerse, dentro de un plazo que no exceda de tres días. Se impondrá de plano a los infractores de este artículo una multa que no exceda del equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en el lugar en que se desahogue el procedimiento. Las notificaciones en cualquier procedimiento judicial serán: I. Personales o por cédula;.". Es decir, en los casos en que no está presente el interesado o su representante, deberá dejársele el citatorio respectivo fijándole fecha y hora hábil, y si no aguarda, se le notificará por cédula que se dejará con los parientes, empleados o domésticos, o cualquier otra persona que se encuentre en el domicilio, corriéndole traslado con copia de la demanda y de los documentos base de la acción. Ahora, para mejor comprensión del objetivo que debe perseguirse en torno a la importancia de la diligencia del emplazamiento en todo juicio, debe decirse que resulta indudable que la finalidad de esa actuación se centra en que la parte demandada tenga conocimiento íntegro de la pretensión deducida en su contra por la parte actora, así como de las actuaciones de inicio y trámite previos al primer llamamiento a juicio. Por ello, corresponde a la parte que formula la demanda señalar el domicilio en donde debe ser llamado a juicio su adversario, lo que se justifica en razón de que es la persona que tiene el conocimiento adecuado del lugar en el que vive el demandado y, además, porque sin duda resulta ser el primer interesado en contar con la seguridad que el juicio promovido satisface la garantía de debida audiencia a fin de evitar posteriormente su nulidad. Con ese mismo objetivo, se exige que el demandante adjunte a su demanda copias de la demanda y de los documentos fundatorios de la misma, los cuales se constituirán en las copias de traslado. Satisfecho lo anterior, el juez natural al pronunciar el auto admisorio de la demanda, deberá ordenar el emplazamiento a juicio a la parte demandada, en el domicilio señalado para tal efecto en la promoción inicial, o en cualquier otro proporcionado por la parte actora para ese fin. Las formalidades del emplazamiento, atento los principios que lo rigen, exigen de manera común el cumplimiento de formalidades solemnes, entre las cuales se encuentra desde luego la prevista en el precepto legal antes mencionado, que debe hacerse consistir en la obligación del actuario de cerciorarse que en el domicilio en el que se constituye y que hubiera sido señalado en la demanda, vive el demandado, para cuyo efecto deberán quedar plasmadas en el acta respectiva las razones de los medios por los que obtuvo la certeza del domicilio correcto, entendido éste, como el lugar donde reside la persona con el propósito de establecerse, y a la falta de éste, el lugar en donde se tiene el principal asiento de sus negocios y a falta de uno y otro, el lugar en que se encuentre; y después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón de la misma. Como se dijo, si a la primera búsqueda no se encuentra al demandado, tratándose del emplazamiento, se le dejará citatorio para que espere en el domicilio designado en hora y fecha fija y, si no espera, se le notificará por cédula. Si cerciorado el actuario del domicilio, no hay persona capaz con quién practicar la diligencia, se dejará el citatorio referido con el vecino más inmediato. Si quien debe ser notificado no aguarda en el domicilio para la hora y fecha del citatorio, ni hay en el mismo persona capaz con la cual practicar la diligencia notificatoria, ésta se llevará a cabo con el vecino más inmediato. Lo anterior constituye la etapa inmediata precedente, a la práctica conclusiva del emplazamiento, puesto que hasta el momento en que el notificador cuente con la certeza de que se constituyó en el lugar correcto, tiene la posibilidad legal de efectuar la diligencia, entregar al demandado o a la persona con la que entienda la diligencia (como conducto) las copias de traslado, así como la copia del auto admisorio de la demanda en la que conste el juez del conocimiento, las partes en el juicio y el número de expediente, datos que obrarán en cédula formal. De esa manera, debe estimarse que las actuaciones judiciales tienen valor mientras no sean desvirtuadas con pruebas fehacientes y contundentes, y resultaría carente de sentido común la exigencia de la pormenorización de determinados elementos de identificación de una persona, pues ante la fe pública de que está investido el actuario en el ejercicio de sus funciones, difícil resulta pensar que pudieran desvirtuarse las características por éste asentadas, cuando éstas sean negadas por quien impugna la notificación, pues sería la prueba de hechos negativos, es decir, que no existe una persona con tales características, a diferencia de las circunstancias respecto de que se cercioró de ser el domicilio correcto, por ser una situación objetivamente demostrable. Cabe decir también, que el hecho de que no se encuentre obligado a proceder en la forma indicada, no le impide señalar cuantos datos estime necesarios para apoyar su dicho respecto de la persona que lo atendió al practicar la diligencia, dado que esa es una forma de corroborar, en su caso, la razón pormenorizada de su actuación. Luego, de lo narrado se colige la legalidad de la diligencia de emplazamiento reclamada, en principio de cuentas porque se practicó atendiendo a lo ordenado en el auto de radicación, así como en el auto de cuatro de abril de dos mil diecisiete, en el que se ordenó a la actuaria responsable se constituyera el diverso domicilio para practicar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, además de que la referida actuaria se cercioró de que ese era en el que actuaba al así corroborarlo con la placa metálica que indicaba el nombre del fraccionamiento, la calle, así como el número exterior e interior, además de que encontró presente al demandado, aquí quejoso Alonso Hernández Sosa, quien incluso se identificó con su credencial de elector, misma de la que se asentaron los datos respectivos, además de que se evidencia que se pusieron a la vista del demandado los documentos respectivos, ya que manifestó que desconocía el adeudo, pero que reconocía como suya la firma que obraba en el pagaré base de la acción e incluso posteriormente señaló que quedaba enterado, que recibía las copias de traslado, copia al carbón de la diligencia y cédula de ley, a cuyo efecto firmó al calce y al margen de las constancias relativas a dicha diligencia, lo que pone en evidencia el cercioramiento del domicilio y la legalidad del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis con registro 2008598, de rubro y texto: Registro digital: 2008598 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Civil Tesis: VI.2o.C. J/15 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, página 2242 Tipo: Jurisprudencia EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO EXACTO DEL DOMICILIO (CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE JUNIO DE 2003). En la jurisprudencia número 1a./J. 55/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 33, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la fracción II del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, determinó que en los casos en que el actuario judicial entienda personalmente con el demandado la primera notificación dentro del procedimiento respectivo, quien así lo manifestó al momento de la diligencia, es innecesario que se asienten los datos acerca del cercioramiento del domicilio, en tanto que dicha corroboración surge simultánea, precisamente del hecho de que el propio enjuiciado asevere que es su domicilio el lugar en que se constituyó el notificador. Ahora bien, el artículo 1393 del Código de Comercio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, dispone que el notificador debe cerciorarse de que el domicilio en el que practica la diligencia es el del deudor, mientras que el primero de los numerales mencionados prevé que quien haga la notificación debe cerciorarse previamente de que en el lugar designado para practicarla, se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada; de lo anterior se aprecia que los preceptos citados son equivalentes y, por ende, pueden interpretarse en el mismo sentido. De tal suerte que, si en un juicio ejecutivo mercantil el emplazamiento se entiende directamente con el demandado debe estimarse cumplido el cercioramiento exacto del domicilio, sin ser necesario que el diligenciario asiente en las actas correspondientes los medios de cercioramiento de aquél, pues al practicar la diligencia con el propio enjuiciado, dando fe de su manifestación de ser la persona buscada, se llega a la conclusión de que el domicilio en el que se constituyó el fedatario judicial ciertamente era el de la persona a quien se debía emplazar. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 265/2007. María del Carmen Flores Nolasco y otra. 20 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio. Amparo en revisión 170/2008. Higinio Castillo Tejeda y otra. 19 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Carlos Alberto González García. Amparo en revisión 474/2011. Guadalupe Carrillo Méndez. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo en revisión 277/2013. Francisco Javier Mejía Ochoategui. 3 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo en revisión 430/2014. 15 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Hugo Hernández Jiménez. Esta tesis se publicó el viernes 06 de marzo de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de marzo de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Pues lo cierto es que basta que la diligencia se haya entendido con el demandado, aquí quejoso, para arribar a la conclusión de que el domicilio en que se constituyó corresponde al del quejoso, máxime que en dicho acto el demandado se identificó plenamente, por lo que se asentaron los datos relativos al documento oficial con el que lo hizo, además de haber realizado diversas manifestaciones y haber firmado el acta respectiva. Y si bien es cierto que en su escrito de demanda de amparo el quejoso señala que ese no es su domicilio, que el mismo corresponde a otro, a cuyo efecto ofreció como prueba de su parte un recibo de luz, lo cierto es que dicho medio de prueba es insuficiente para desvirtuar lo asentado por la Actuaria responsable, en principio porque dicho documento no está expedido a su nombre, ni se adminiculó con algún otro medio de prueba; asimismo, el quejoso nada dijo en relación a que no hubiera sido él la persona con la que se atendió la diligencia, esto es, que hubiera sido suplantada por otra; además tampoco ofreció medio de prueba alguno tendente a desvirtuar que la firma asentada en la diligencia de emplazamiento no correspondiera a su puño y letra, siendo por el contrario que a simple vista la firma que calza dicha diligencia coincide en rasgos con la que obra en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Por tanto, no bastaba la mera manifestación del quejoso de que el domicilio donde se constituyó la actuaria no correspondía al suyo, sino que era menester que dicha manifestación estuviera robustecida con algún medio de prueba apto e idóneo para desvirtuar lo asentado en la diligencia respectiva. Ello es así, pues como se precisó con antelación, le correspondía a la parte quejosa acreditar su dicho a fin de desvirtuar la presunción de legalidad de que goza dicha actuación judicial, derivada de la fe pública con que está investida la funcionaria que la practicó. Cabe citar la jurisprudencia que dice: Registro digital: 205152 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: IV.2o. J/4 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Mayo de 1995, página 265 Tipo: Jurisprudencia NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 87/92. María de los Angeles Treviño Monteverde de Garza y otros. 27 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. Amparo en revisión 195/92. Mauro Guerrero Vázquez. 6 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. Amparo directo 345/93. José Guadalupe Murillo Cardona y otra. 30 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: José Garza Muñiz. Amparo directo 399/94. José Angel Garza Rodríguez y otra. 15 de junio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Clemente Gerardo Ochoa Cantú. Amparo directo 148/95. Graciela Guel de León. 1o. de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. Nota: Por ejecutoria del 27 de junio de 2012, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 310/2011 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva. Finalmente, de la diligencia que se analiza se aprecia que la actuaria responsable corrió traslado al demandado con las copias de la demanda y sus anexos, así como con copia al carbón del acta respectiva y la cédula correspondiente, con lo cual se demuestra que en la especie sí se colmaron los requisitos legales del emplazamiento, de ahí que no se le dejó en estado de indefensión. Atento a lo anteriormente narrado, resulta claro que dicho emplazamiento logró su fin y, virtud a ello se concluye que en el presente caso, la diligencia de emplazamiento practicada al quejoso resulta legal, por lo que no habiendo agravio que reparar, lo procedente en negarle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. No pasa inadvertido para el suscrito que en el escrito inicial de demanda el quejoso ofreció como prueba de su parte una testimonial a cargo de dos testigos, misma que en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se reservó de proveer hasta en tanto obraran en autos los informes justificados de las autoridades responsables, así como el emplazamiento de los terceros interesados; asimismo, que pese a que ya obraban en autos dichas constancias, se omitió proveer lo conducente; sin embargo ello en nada trasciende al resultado del presente fallo, ya que al momento de su ofrecimiento no se acompañó el interrogatorio respectivo, lo que acorde al artículo 119 de la Ley de Amparo, hubiera generado el desechamiento de dicho medio de prueba. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial con registro 2017133, que a continuación se transcribe: Registro digital: 2017133 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 15 Tipo: Jurisprudencia PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas. Contradicción de tesis 428/2016. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 14 de mayo de 2018. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. Tesis y criterio contendientes: Tesis VII.2o.C.26 K (10a.), de título y subtítulo: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL MOMENTO DE ANUNCIARLA NO DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO, SINO A QUE SE REQUIERA AL ANUNCIANTE.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Tomo IV, noviembre de 2015, página 3613, Tesis II.4o.C.3 K (10a.), de título y subtítulo: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE ANUNCIA EN TIEMPO, NO ES VÁLIDO DESECHARLA POR NO EXHIBIR EL INTERROGATORIO Y SUS COPIAS, SINO QUE DEBE REQUERIRSE AL PROMOVENTE POR EL TÉRMINO DE TRES DÍAS PARA TAL EFECTO, CON EL APERCIBIMIENTO DE TENERLA POR NO OFRECIDA (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo II, diciembre de 2015, página 1296, y El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver la queja 219/2016. El Tribunal Pleno, el veintiocho de mayo en curso, aprobó, con el número 17/2018 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de junio de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Negativa que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia del emplazamiento. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alonso Hernández Sosa, en contra de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, en términos del considerando que antecede. Notifíquese personalmente

Quedan 25 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano