Alma Rosa Zavala Zavala

Expediente 662/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
662/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
25/11/2019

Partes del expediente

  • Alma Rosa Zavala Zavala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA. VISTOS; por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa que es a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución de fecha de treinta y uno de octubre del año en curso, se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ALMA ROSA ZAVALA ZAVALA; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de prueba que la autoridad responsable adjuntó a su informe, consistente en copia certificada del expediente 60/2018, así como el toca IV-12/2018 de su índice. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 662/2019-IV, promovido por Alma Rosa Zavala Zavala por conducto de sus apoderados, contra actos que reclama de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el siete de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, en esta ciudad, y remitido a este juzgado el mismo día, Alma Rosa Zavala Zavala por conducto de sus apoderados, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad, en los términos siguientes: "ACTO RECLAMADO: La sentencia de fecha 15 quince de mayo del año 2019, dictada dentro de los autos del toca número IV-12/2018, formado con motivo de la incompetencia por declinatoria promovida por Alma Rosa Zavala Zavala, dentro de los autos del expediente número 60/2018, relativo al juicio ordinario oral familiar sobre divorcio sin expresión de causa, promovido en su contra por Antonio Gaytán Lugo, en el juzgado civil de Primera Instancia del distrito judicial de Puruándiro, Michoacán". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 4 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante auto de diez de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y se registró bajo el número 662/2019; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: * La resolución de quince de mayo de dos mil diecinueve, emitida por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad, en el toca 12/2018, formado con motivo del incidente de incompetencia por declinatoria, promovido por Alma Rosa Zavala Zavala, en el juicio ordinario oral familiar 60/2018 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia de Puruándiro, Michoacán; determinación a través de la cual se desestimó la excepción de incompetencia propuesta por la actora incidentista, aquí quejosa. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que las autoridades responsables exhibieron en apoyo a su informe justificado, consistentes en el toca 12/2018, así como copias certificadas del juicio ordinario oral familiar 60/2018. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la parte quejosa fue notificada del acto reclamado, el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, según se desprende de la constancia que obra a foja 196 del cuaderno de pruebas; por tanto, la notificación surtió efectos al día siguiente hábil, esto es, el veinte del mes y año en cita, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán; de ahí que el término para la interposición del juicio de amparo inició el veintiuno de ese mes y año y concluyó el diez de junio del año en cita, término al que se le descuentan los días inhábiles correspondientes, por haber correspondido a sábados y domingos o días festivos. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el siete de junio de dos mil diecinueve; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, pues tal presentación aconteció dentro del término con que se contaba para la interposición de la demanda. QUINTO. Antecedentes. Previo al estudio del análisis de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. 1. Por escrito de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, Antonio Gaytán Lugo, presentó en contra de Alma Rosa Zavala Zavala, en la vía ordinaria civil, demanda sobre disolución del vínculo matrimonial y demás prestaciones. 2. El treinta de agosto de dos mil dieciocho, la allá demandada y ahora quejosa, presentó escrito de contestación de demanda, planteando incompetencia por declinatoria en vía de excepción, con lo que se dio vista a la parte actora. 3. Por auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el juez de origen ordenó remitir los autos a su superior, a efecto de proceder a la substanciación y resolución de la incompetencia por declinatoria planteada por la allá demandada. 4. En resolución emitida el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, declaró improcedente la incompetencia por declinatoria planteada por Alma Rosa Zavala Zavala. 5. Inconforme con esa resolución, la demandada promovió demanda de amparo indirecto, del cual conoció este juzgado, al que le correspondió el número 1093/2018, en el que se dictó sentencia el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en la que se concedió la protección constitucional para el efecto de que la responsable: "1. Deje insubsistente la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho; y, Ordene la reposición del procedimiento para que, en pronto término, se realicen todas las gestiones necesarias para recabar la información obtenida de la valoración médica encomendada a la Clínica de Medicina Familiar "B" de Morelia, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, 3. Hecho lo cual, dicte la resolución que en derecho corresponda.". 6. En cumplimiento al fallo concesorio, la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución reclamada y ordenó la reposición del procedimiento a efecto de recabar la información obtenida de la valoración médica encomendada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto del estado de salud de la aquí quejosa; y una vez que se dio cumplimiento a lo anterior, señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley. 7. Posteriormente, el quince de mayo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dictó una nueva resolución en el incidente de excepción de incompetencia promovido dentro del toca IV-12/2018, misma que ahora constituye el acto reclamado en el presente asunto. Hasta aquí los antecedentes del caso. SEXTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". Ahora, como en la especie las partes no hicieron valer causales de improcedencia, y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, lo que procede es entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. SÉPTIMO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". OCTAVO. Estudio del fondo del asunto. Las alegaciones que hace valer la parte quejosa vía conceptos de violación resultan inoperantes en una parte e infundados en otra, por las razones que a continuación se expondrán. En primer lugar, se estima necesario establecer que en el presente asunto no aplica la suplencia de la queja, en virtud de que no se actualiza ninguno de los supuestos previstos por el artículo 79 de la Ley de Amparo, máxime que la propia quejosa alega que no se encuentra en el supuesto de ser incapaz, sino únicamente de ser discapacitada, lo que no se prevé como una hipótesis para la suplencia de la queja en el amparo. Ahora, por una parte, aduce la quejosa que la autoridad responsable resolvió de manera incongruente la incompetencia que en vía de excepción hizo valer, al establecer que con las pruebas aportadas dentro del incidente correspondiente, no se demostraba que la discapacidad alegada por la aquí quejosa, encuadraba en alguno de los supuestos previstos en el artículo 17 del Código Civil del Estado de Michoacán, para determinar en base a ello, que la competencia para conocer del juicio de divorcio, se surtía a favor del Juez del lugar de residencia del acreedor alimentista con dicha condición, como lo establece el diverso precepto 795 del Código Familiar del Estado de Michoacán. Sin embargo, refiere la quejosa que la responsable valoró los medios de convicción ofertados, partiendo de la idea de que con los mismos se pretendía probar una incapacidad legal, cuando en realidad se ofrecieron para acreditar una discapacidad física prevista en el artículo 2 de la Ley para Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán; discapacidad esta última, que de conformidad con el artículo 795 referido, es la que debe acreditarse. Lo anterior resulta inoperante, habida cuenta que en la ejecutoria de amparo dictada en el diverso juicio 1093/2018, se estableció que para que se actualice la excepción prevista en el artículo 795 del Código Familiar del Estado de Michoacán, resulta indispensable que el acreedor alimentario acredite que padece alguna discapacidad -entendida ésta como la pérdida o disminución de las capacidades físicas o psicológicas de las personas que les impidan el ejercicio de los derechos o toma de decisiones-; y, que el domicilio de este último se encuentra fuera de la jurisdicción del juzgado que conoció de la demanda en primer término; para que con base a lo anterior se determine que la competencia debe declinarse a favor de un órgano jurisdiccional diverso, con jurisdicción en el lugar donde se ubique la residencia de aquél, como se aprecia de la transcripción de dicha ejecutoria previa que a continuación se realiza: "[.] QUINTO. ESTUDIO DEL FONDO. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la promovente, por considerarse que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: [.]" Ahora, del análisis integral de la demanda, se obtiene que la peticionaria del amparo aduce medularmente que al emitir la resolución combatida, la Magistrada responsable omitió valorar los medios de prueba a través de los cuales se acreditó fehacientemente que la parte demanda del juicio natural, ahora quejosa, padece una discapacidad física; y, que con motivo de ello, en el caso se actualiza la hipótesis de excepción prevista en el artículo 795 del Código Familiar para la Entidad, razón por la que resultaba necesario que se declinara la competencia en favor de un órgano jurisdiccional con residencia en esta ciudad de Morelia, donde la demandada tiene su domicilio. Añade, que dicha autoridad se encontraba obligada a suplir las deficiencias de la queja en su favor, en términos del artículo 932 de la mencionada codificación; pues en su decir, existen elementos de convicción que, al menos, permiten suponer que la aquí solicitante de la protección constitucional padece una enfermedad que, a su vez, se traduce en una discapacidad; por tanto, resultaba indispensable que el tribunal responsable ordenara de manera oficiosa, que se recabaran aquellos medios de prueba que permitieran acreditar, en forma fehaciente, la existencia o no de la condición médica antes aludida; empero, esto no ocurrió así, pues dicha autoridad se limitó a señalar que la parte demanda no acreditó de manera evidente que se encontrara discapacitada y que, por esa razón, debiera declinarse el conocimiento de asunto en favor de un juzgado con residencia en Morelia, Michoacán, Tales asertos resultan infundados. En principio, resulta indispensable considerar que los artículos 794, 795 y 932 del Código Familiar para el Estado, son del tenor siguiente: "Artículo 794. Para decidir las diferencias conyugales, divorcio y nulidad de matrimonio, será competente el juez del domicilio del actor o solicitante." "Artículo 795. Cuando en los trámites a que se refiere el artículo anterior, también se exija fijación de alimentos en beneficio de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores, será competente para dirimir la controversia el juez del lugar de la residencia habitual de dichos acreedores alimentistas." "Artículo 932. El juez tendrá las más amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho corresponda, además, debe actuar de oficio, supliendo la deficiencia de los planteamientos de las partes, en tratándose de: I. Menores de edad; personas con discapacidad; y, adultos mayores; II. Asuntos relativos a alimentos; y, III. Cuestiones relacionadas con violencia familiar. Respecto de menores de edad, se deberá tomar en cuenta su interés superior." De las porciones normativas transcritas se obtiene que, para conocer de los juicios que versen sobre diferencias conyugales, divorcio o nulidad de matrimonio, es juez competente aquel que ejerza jurisdicción dentro del territorio donde se encuentre el domicilio del solicitante; salvo en el caso de que también se exija la fijación de alimentos en favor de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores, porque en ese supuesto el competente será el de la residencia habitual de los acreedores alimentarios. También se desprende que el juzgador cuenta con las más amplias facultades para dirigir el procedimiento, con el propósito de que se encuentre en aptitud de decidir lo que en derecho corresponda, en forma pronta y expedita; y, que es su obligación suplir las deficiencias de la queja en favor de los menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores y cuando se trate de asuntos relacionados con alimentos o violencia familiar. En relación con lo expuesto hasta el momento, conviene señalar que el artículo 15 de la codificación familiar citada con antelación, es del contenido que se reproduce en seguida: "Artículo 15. Las discapacidades establecidas por la ley son solo restricciones a la capacidad de ejercicio. Son personas con discapacidad: I. Los menores de edad; y, II. Las personas físicas que, siendo mayores de edad, presenten una perturbación, afección, alteración o daño, que trastorne las capacidades y funciones de pensamiento, raciocinio y toma de decisiones, provocando que no puedan obligarse por sí mismas o manifestar su voluntad por algún medio. Las personas con discapacidad podrán ejercer sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes." Como se observa, el último de los dispositivos legales reproducidos supralíneas medularmente prevé que son personas con discapacidad aquellas que, siendo mayores de edad, presenten alguna perturbación afección, alteración o daño, que trastorne o genere una merma en sus capacidades y funciones de pensamiento, raciocinio y toma de decisiones; impidiendo de esta manera que se obliguen por si mismas, o bien, que se encuentren en aptitud de expresar su voluntad. Por esa razón, tales personas podrán ejercer sus derechos a través de sus representantes. Sentado lo anterior, resulta pertinente señalar que la determinación combatida se cimentó sustancialmente en las consideraciones que se reproducen a continuación: '.si bien, en el particular, la promovente de la incompetencia por declinatoria alega tener una incapacidad que le impide desempeñar un trabajo a fin de lograr la satisfacción de sus necesidades y, por ello, en contrapropuesta al convenio presentado por el actor, pide la fijación de una pensión alimenticia a razón del cincuenta por ciento de las percepciones salariales de aquél; aludiendo además, que virtud a tal pensión alimenticia es en beneficio de una persona con incapacidad, debe conocer y dirimir esta controversia el juez en materia familiar del lugar de su residencia, que lo es la ciudad de Morelia. Sin embargo debe decirse, aun cuando resulta veraz, al tenor de lo dispuesto por el artículo 795 del Código Familiar del Estado, en los juicios de divorcio en donde se exija la fijación de una pensión en beneficio de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores, será competente para dirimir la controversia el juez del lugar de la residencia habitual de dichos acreedores; empero, en el caso concreto, ninguno de tales supuestos cobra actualización, pues ni en autos del expediente del juicio ni en el cuaderno de incompetencia formado en esta sala, se obtienen datos o elementos de prueba que pongan de manifiesto la incapacidad que se atribuye a la señora Alma Rosa Zavala Zavala, para que aplicar en su favor la excepción a la regla de competencia impuesta por el invocado 794. Esto es así, pues de acuerdo con los lineamientos del artículo 17, fracción II, del Código Civil del Estado, tienen incapacidad: II. los mayores de edad, disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos; y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial o por adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes; siempre que debido a la limitación o alteración en la inteligencia que esto les provoque no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos, o manifestar su voluntad por algún medio. Por su parte, el numeral 18 del mismo Código señala: Las incapacidades establecidas por la ley son sólo restricciones a la capacidad jurídica; y los incapaces podrán ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes. Y si bien, con el propósito de demostrar que se coloca dentro de los supuestos de ley para considerársele discapacitada y, por consiguiente sea el juez del lugar de su domicilio quien conozca del presente juicio, la incidentista Alma Rosa Zavala Zavala anexó prueba documental consistente en el certificado expedido por el doctor Jonathan Reyes Rodríguez (foja noventa y cuatro del expediente), que se coloca dentro de los supuestos de la fracción III, del artículo 1008 del Código Familiar, por lo que cuenta con valor demostrativo y por ello, se tiene por acreditado que la señora Alma Rosa Zavala Zavala presenta: cervicalgia ocasional desde nueve meses de evolución, con parestesias de ambas manos, lumbalgia de mas de diez años de evolución en manejo previo por el traumatismo sin mejoría; columna cervical con datos de espondiloartrósis de C5 y C6 con disminución de espacio intersomatico; columna lumbar con disminución de espacio intersomatico de L5 y S1, así como Osteopenia e Hipotiroidismo desde hace 5 cinco años; con la misma intención ofreció prueba instrumental o documental pública consistente en el informe que se solicite y que rinda el médico de la Clínica de Medicina Familiar 'B' de Morelia, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la que le fue admitida por este tribunal en auto del veinticinco de septiembre de este año, por lo que se ordenó girar oficio a dicha institución, recibiéndose respuesta en oficio número 2.11.15.41602/899/2018, mismo que cuenta con pleno valor demostrativo porque al igual que el anterior, se coloca dentro de los supuestos de la fracción III, del invocado numeral 1008, de cuyo informe se desprende: se encontraron datos de discartrosis C-5 y C-6, con profusión discal hacia canal medular lo cual ocasiona compresión del mismo; ofrendando además, la confesión judicial expresa del actor, hecha en su escrito de demanda al señalar como su último domicilio conyugal 'el ubicado en la calle M. Campos número 120 Fraccionamiento Peña Blanca, Morelia, Michoacán, domicilio que hasta la fecha sigue habitando la ahora demandada y mis mayores hijos'; la instrumental de actuaciones, consistente en todas las actuaciones integradoras del expediente del juicio, y presuncional legal y humana, que se derive de la ley o de los hechos conocidos que sirvan para determinar la procedencia de la incompetencia planteada; elementos de convicción que se prevén por el citado dispositivo en sus fracciones I, II, III y VI; teniéndose por cierto, el lugar del último domicilio conyugal lo fue precisamente en esta ciudad. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 1043 del código en consulta, debe decirse, las pruebas particularizadas y valoradas, no crean convicción en este tribunal para tener por demostrado que la señora Alma Rosa Zavala Zavala se coloca detro de los supuestos establecidos por el artículo 17 del Código Civil, para considerarla legalmente discapacitada, pues de las pruebas documentales consistentes en los informes médicos que se rindieron, que por cierto, eran los idóneos para acreditar la discapacidad alegada, no se obtiene dato alguno que así lo indique, sino que en realidad hacen saber que la paciente padece de dolor en el cuello y en la zona lumbar, así como que tiene una disminución en la densidad mineral ósea; empero, se reitera no se arrojan datos para tener por cierto el padecimiento de una enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial, pues sólo así podría colocársele en el supuesto a que se refiere el artículo 795 del código Familiar, para declinar la competencia del juicio de divorcio en favor del domicilio del juez de su domicilio, virtud al pago de la pensión alimentaria pedida. Por consiguiente, debe prevalecer la regla prevista por el diverso numeral 794 ya invocado, esto es, al ejercitarse la acción de divorcio sin expresión de causa, el juez competente para conocer del juicio lo es el del domicilio del actor o solicitante.' Como se puede ver, contrario a lo argumentado por la peticionaria del amparo, la Magistrada responsable sí valoró los elementos de convicción que fueron aportados por ésta; empero, dicha autoridad consideró que ninguno de ellos, ni siquiera valorados en forma conjunta eran eficaces para acreditar que la parte demandada, aquí quejosa, padece una discapacidad y que, por tanto, se actualizaba la hipótesis de excepción prevista en el artículo 795 de la codificación familiar para el Estado. Es así, porque no cualquier tipo de padecimiento médico (ya sea físico o psicológico) actualiza en automático la hipótesis de excepción prevista en del artículo 795 del Código Familiar, sino que resulta indispensable que se acredite que el acreedor alimentario padece alguna discapacidad -entendida ésta como la pérdida o disminución de las capacidades físicas o psicológicas de las personas, que les impiden el ejercicio de los derechos o la toma de decisiones-; y, que el domicilio del referido acreedor alimentario se encuentra fuera de la jurisdicción del juzgado que conoció de la demanda de que se trate, en primer término; para que se determine que la competencia debe declinarse en favor de un órgano jurisdiccional diverso, con jurisdicción en el lugar donde se ubique la residencia de aquél. Luego, aun cuando de las pruebas analizadas por la autoridad señalada como responsable en el presente juicio se obtiene que la aquí quejosa, parte demandada en el juicio natural, presenta múltiples padecimientos; la realidad es que no es factible obtener certeza respecto de que alguno de ellos ha generado la discapacidad o incapacidad física o psicológica de la peticionaria de la protección constitucional, por lo menos no en forma fehaciente. Ahora, si la excepción de incompetencia planteada por la parte reticente en la controversia de origen estriba medularmente en el hecho de que padece una discapacidad y que por ese motivo el órgano competente para conocer del asunto es uno con jurisdicción en la ciudad de Morelia, por ser el lugar donde actualmente se encuentra su domicilio, resulta patente que la aquí amparista tenía la carga procesal de acreditar dicha circunstancia en forma inconcusa; empero, si esto no ocurrió así, porque las probanzas aportadas por ésta por sí solas no fueron eficaces para demostrar la discapacidad médica alegada por la solicitante de la protección de la justicia federal; entonces, no podía tener por acreditada tal discapacidad. [.]" En tal virtud, si el concepto de violación de cuenta tiende a cuestionar un tema que fue materia de análisis en diversa ejecutoria, el que por constituir cosa juzgada para el presente asunto, ya no puede estar a discusión, ni mucho menos reexaminarse la cuestión relativa al concepto sobre discapacidad que debía demostrarse para que resultara fundado el incidente de origen, esto es, que no se refiera a cualquier tipo de padecimiento médico (ya sea físico o psicológico), pues ello no actualiza en automático la hipótesis de excepción prevista en del artículo 795 del Código Familiar, sino que resulta indispensable que se demuestre que el acreedor alimentario padece alguna discapacidad -entendida ésta como la pérdida o disminución de las capacidades físicas o psicológicas- que impida ejercicio de los derechos o toma de decisiones, entonces deviene incontrovertible que es inoperante, al ser jurídicamente imposible su estudio en la presente instancia constitucional, el planteamiento que ahora se formula en el sentido de que el concepto de discapacidad que debió ser tomado en cuenta era el previsto en el artículo 2 de la Ley para Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán. Al caso, es aplicable la jurisprudencia número VII.1o.C.J/15, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, bajo la voz y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 184935 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Febrero de 2003 Materia(s): Común Tesis: VII.1o.C. J/15 Página: 808 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, SI EN ELLOS SE COMBATEN CUESTIONES ANALIZADAS EN UNA EJECUTORIA DE AMPARO ANTERIOR. Si en los conceptos de violación que se hacen valer en un juicio constitucional promovido en contra de la resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, se combaten cuestiones que ya fueron analizadas en ésta, los argumentos formulados en la nueva demanda de garantías resultan inoperantes, pues la decisión pronunciada no puede ser cuestionada ni modificada en atención a la firmeza de las sentencias dictadas por la potestad federal al conocer de los juicios de amparo.". PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 851/97. Antonio Ballesteros Aguirre. 10 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Arnulfo Joachin Gómez. Amparo directo 709/2000. Eugenio Aguilar Aguilar y otras. 4 de julio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Rubén Rogelio Leal Alba. Amparo directo 801/2000. Margarita Mendoza Mendoza o Margarita Mendoza Méndez. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Rubén Rogelio Leal Alba. Amparo en revisión 415/2001. Comisión Federal de Electricidad. 11 de julio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique R. García Vasco. Secretaria: Unda Fabiola Gómez Higareda. Amparo directo 1317/2002. Silvio Benítez Hernández. 4 de diciembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique R. García Vasco. Secretaria: Unda Fabiola Gómez Higareda. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, febrero de 1994, página 292, tesis II.2o.189 K, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE YA SE EXAMINARON EN UN JUICIO DE AMPARO ANTERIOR, SON INOPERANTES.". De igual manera, sirve de apoyo la jurisprudencia I.4o.A. J/58, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: Época: Novena Época Registro: 170370 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008 Materia(s): Común Tesis: I.4o.A. J/58 Página: 1919 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 435/2004. Brown and Sons de México, S.A. de C.V. 2 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinosa. Amparo en revisión 552/2004. Bertha Escobedo Haro. 9 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez. Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. Amparo directo 397/2006. Carlos Álvarez Delucio y otro. 8 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez. Revisión fiscal 318/2006. Titular de la Administración Local Jurídica del Sur del Distrito Federal. 8 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez. Cabe destacar que el citado juicio de amparo indirecto 1093/2018, del índice de este juzgado federal constituye un hecho notorio que puede ser invocado y atendido de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, aunque no haya sido aportado por las partes a este juicio, máxime que la sentencia respectiva obra también en las constancias relativas a los tomos de prueba exhibidos con el informe justificado. Es aplicable al caso la jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, que es del tenor literal siguiente: Época: Novena Época Registro: 164049 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Agosto de 2010 Materia(s): Común Tesis: XIX.1o.P.T. J/4 Página: 2023 "HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS. Los hechos notorios se encuentran previstos en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes. Por otro lado, considerando el contenido y los alcances de la jurisprudencia 2a./J. 27/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 117, de rubro: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.", resulta inconcuso que, en aplicación de este criterio, los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden invocar como notorios en los términos descritos, tanto las ejecutorias que emitieron como los diferentes datos e información contenidos en dichas resoluciones y en los asuntos que se sigan ante los propios órganos y, en esa virtud, se trata de aspectos que pueden valorarse de forma oficiosa e incluso sin su invocación por las partes, con independencia de los beneficios procesales o los sustantivos que su valoración pudiera reportar en el acto en que se invoquen. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Amparo en revisión 222/2009. Citro Victoria, S. de P.R. de R.L. 14 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Alfonso Bernabé Morales Arreola. Amparo directo 751/2009. **********. 14 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Alfonso Bernabé Morales Arreola. Amparo directo 843/2009. Mario Alberto Guzmán Ramírez. 14 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Lucila Mejía Acevedo. Secretaria: Hortencia Jiménez López. Amparo directo 643/2009. Instituto Mexicano del Seguro Social. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Lucila Mejía Acevedo. Secretaria: Hortencia Jiménez López. Queja 1/2010. Ma. Guadalupe Martínez Barragán. 27 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Aurelio Márquez García. Por otra parte, en diversa porción de su escrito de demanda, la quejosa señala en vía de concepto de violación, que la responsable no atendió al principio pro homine, para suplir la queja deficiente en su favor, conforme a los derechos de igualdad entre el hombre y la mujer; aunado a que se violaron las prerrogativas que en su favor establece la Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, porque con la emisión del acto reclamado no se protege ni asegura el pleno goce y condiciones de igualdad. Lo anterior resulta inoperante, dado que lo alegado por la quejosa se hace depender del argumento relativo a que debido a su calidad de discapacitada conforme a los dispuesto por el artículo 2 de la Ley para Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán, la Sala responsable tenía la obligación de suplir la queja deficiente a su favor. Sin embargo, dicho motivo de disenso también fue declarado inoperante al ser analizado en la presente resolución, al no haber acreditado la aquí quejosa la discapacidad que alega, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 15 del Código Familiar del Estado de Michoacán, por lo que la Sala responsable no se encontraba obligada, de oficio, a practicar, ampliar, perfeccionar o recabar medio de convicción alguno tendente a demostrar las pretensiones de la actora, aquí quejosa, en el toca de origen, ya que la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 932, fracción I, del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, no opera en su favor. Aunado a lo anterior, dicho motivo de disenso ya fue analizado y desestimado en la sentencia de amparo emitida en el juicio de amparo 1093/2018, pues al efecto se dijo: "[.] Además, tampoco puede considerarse que resulte fundado lo argumentado por la peticionaria del amparo, en torno a que debió suplirse la deficiencia de la queja en su favor, por tratarse de una cuestión alimentaria y por la discapacidad que, en su decir, padece. Esto obedece a que si bien puede estar previsto en la ley o en los criterios jurisprudenciales que en determinados casos deben suplirse las deficiencias de la queja en favor de determinadas personas o grupos de la población; la realidad es que dicha suplencia no opera en forma irrestricta, sino que se encuentra supeditada a la actualización de determinadas circunstancias o condiciones; además, el hecho de que se encuentre prevista la obligación de las autoridades jurisdiccionales de suplir la queja deficiente no significa que deba concederse a las partes beneficiadas con dicha institución jurídica, todo lo que soliciten, sino únicamente que debe vigilarse y generarse las condiciones que permitan a las partes actuar en un plano de igualdad, lo cual no significa, se insiste, que deba concederse irrestrictamente lo solicitado por los intervinientes en una contienda judicial. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis que se inserta en seguida: "Época: Décima Época Registro: 2011524 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CXXXIV/2016 (10a.) Página: 1104 ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.." Ahora, en la especie, el hecho de que la responsable no haya resuelto en forma favorable a las pretensiones deducidas por la parte demandada en el juicio natural, no implica que se haya soslayado la obligación de suplir la queja deficiente en favor de la quejosa, sino que, al analizar las constancias que integran el expediente que se examina no se observó alguna circunstancia que colocara a la parte reticente en el juicio natural, aquí amparista; pues ya quedó establecido que tales probanzas sólo fueron eficaces para acreditar que Alma Rosa Zavala Zavala presenta un padecimiento médico, sin que ello implique en automático que este padecimiento constituye una discapacidad, una merma o una circunstancia que le impide ejercer sus derechos libremente; mucho menos, que por esa razón debió declinarse la competencia en favor de un órgano jurisdiccional con residencia y jurisdicción en el ciudad de Morelia, Michoacán. No es óbice, que una parte de la contienda verse sobre la cuestión alimentaria y que la codificación familiar prevea que en los casos que versen sobre fijación de alimentos deba suplirse la queja; porque ya quedó precisado que en el caso, la responsable no observó alguna circunstancia por la cual la aquí amparista se ubicara en un plano de inferioridad respecto de su contendiente y que por esa razón debieran generarse condiciones que le permitieran actuar en un plano de igualdad frente a aquel, y ya quedó establecido que la suplencia de la queja sólo opera en aquellos casos en los que resulte evidente la desigualdad entre los contendientes. Además del hecho de que la contienda no ha sido resuelta en cuanto al fondo ni en forma definitiva, lo que implica que, de considerarse necesario, el órgano jurisdiccional que actualmente conoce del proceso natural podrá suplir las deficiencias de la queja en favor de cualquiera de los contendientes que se ubique en un estado de indefensión o de desigualdad respecto de su contraparte...". En esos términos, si sobre dichos motivos de disenso ya se realizó un pronunciamiento, no es dable analizar de nueva cuenta los puntos pretendidos por la quejosa. Resulta aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia XVII.1º.C.T. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que señala: Época: Novena Época Registro: 178784 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Abril de 2005 Materia(s): Común Tesis: XVII.1o.C.T. J/4 Página: 1154 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos.". PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 720/2003. Verónica Ramírez Méndez. 11 de diciembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Ignacio Rosas González. Secretario: José Luis Estrada Amaya. Amparo directo 587/2004. Jacobo González Reyes. 10 de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Armando Juárez Morales. Secretario: José Luis Estrada Amaya. Amparo directo 633/2004. Raúl Rosas Moreno. 9 de diciembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Armando Juárez Morales. Secretario: José Luis Estrada Amaya. Amparo directo 704/2004. María de la Luz Varela Arreola. 13 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Ignacio Rosas González. Secretario: José Luis Estrada Amaya. Amparo directo 5/2005. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, antes Banpaís, S.A., Institución de Banca Múltiple. 7 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Rodríguez Soto. Secretario: Amador Muñoz Torres. Derivado de lo anterior, dada la inoperancia actualizada, no se está en aptitud de establecer la aplicabilidad o inaplicabilidad de los criterios invocados por la parte impetrante, conforme a las razones que informa la jurisprudencia VIII.1o. (X Región) J/3 (9a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, cuyo rubro y texto son como sigue: Época: Novena Época Registro: 160604 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5 Materia(s): Común Tesis: VIII.1o.(X Región) J/3 (9a.) Página: 3552 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA. Del análisis a la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 130/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 262, de rubro: "TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.", se advierte que la obligación que se impone al órgano jurisdiccional de fundar y motivar la aplicación o inaplicación de las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas en una demanda de amparo, parte del supuesto específico de que el tema planteado en ellas, haya sido efectivamente abordado por el tribunal constitucional; esto es, que el tribunal se pronuncie sobre el tema de mérito, expresando las razones por las que se acoge al criterio señalado o se aparta de él, pues en atención a la causa de pedir se estima que las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas constituyen o son parte de los argumentos de la demanda de amparo como conceptos de violación; de ahí que la obligación se actualiza, únicamente, cuando los temas contenidos en ellas son motivo de análisis por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso el tribunal de amparo deberá resolver si el argumento que se pretende robustecer con dicho criterio, resulta fundado o infundado, conforme a las pretensiones del quejoso. Sin embargo, cuando exista una diversa cuestión que impida atender a las cuestiones efectivamente planteadas en los conceptos de violación, así como en las tesis aisladas y de jurisprudencia que se invocan, esto es, que tales argumentos resulten inoperantes o inatendibles, por causa distinta a la insuficiencia dado que el objeto de la invocación de las tesis aisladas o jurisprudenciales es robustecer su argumento con un determinado criterio, no sólo no resulta obligatorio abordar el análisis y desestimación pormenorizada de cada uno de los criterios invocados sino, incluso, demostraría una deficiente técnica en el estudio, pues los conceptos de violación y argumentos de fondo que se pretenden demostrar con la aplicación de los criterios invocados resultan inatendibles, precisamente por existir una cuestión diversa al tema que en dichos argumentos se plantea, que resulta suficiente para sustentar el sentido del fallo constitucional; de ahí que no proceda realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las jurisprudencias o tesis aisladas invocadas en la demanda de amparo.". PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN. Amparo directo 790/2010. Marisela López Soto. 24 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Alberto Albores Castañón. Secretario: Manuel Torres Cuéllar. Amparo directo 342/2011. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 17 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Loreto Martínez. Secretario: Ricardo López García. Amparo directo 239/2011. Scrap II, S. de R.L. de C.V. 19 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Santiago Gallardo Lerma. Secretario: Efraín Frausto Pérez. Amparo directo 491/2011. 26 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Alberto Albores Castañón. Secretario: Manuel Torres Cuéllar. Amparo en revisión 286/2011. 2 de septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Santiago Gallardo Lerma. Secretario: Marco Aurelio Sánchez Guillén. Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-PL citada aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 565. Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 174/2014, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 20 de mayo de 2014. Por otra parte, en una segunda porción del concepto de violación, la quejosa refiere que con las pruebas aportadas, quedó acreditada la discapacidad que padece y por lo tanto, resulta competente para dirimir la controversia, el juez del lugar de la residencia de la ahora quejosa, pero la responsable no valoró las pruebas aportadas, tales como el certificado emitido por el médico Jonathan Reyes Rodríguez y los informes emitidos por el director de la clínica médica familiar "B" de Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que viola sus derechos humanos reconocidos en la Constitución. El anterior motivo de disenso resulta infundado, porque contrario a lo que sostiene, del contenido del acto reclamado se advierte que el Magistrado responsable sí analizó los referidos medios de prueba, puesto que no sólo invocó su contenido y diagnóstico al que se arribó tanto por el médico Jonathan Reyes Rodríguez, como por el especialista en neurocirugía, doctor Carlos Alberto Guerrero Rojas, sino que además procedió a concluir que si bien dichos medios de convicción se encontraban comprendidos dentro del artículo 1008, del Código Familiar, lo cierto es, que no creaban convicción, para tener por demostrado que la ahora quejosa se ubicara en alguno de los supuestos establecidos en la Ley, para considerarla discapacitada. Que lo anterior era así, porque los medios de prueba ofertados no arrojaban dato alguno que permitiera concluir que la ahora quejosa se ubicaba en la discapacidad alegada; aunado a que de esos medios de prueba se obtenía que los síntomas que presentaba la quejosa, podrían manejarse con cirugía, más no que padeciera de una enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial, y por lo tanto debería de prevalecer la regla prevista por el artículo 794 del Código Familiar. En esos términos, sí asistía a la aquí quejosa la carga de la prueba a fin de acreditar que se ubica en la hipótesis de excepción a que hace referencia el artículo 795 del Código Familiar, y ésta no cumplió con dicha carga legal, porque los medios de prueba aportados no fueron suficientes para tener por acreditado que efectivamente presenta una discapacidad por la pérdida o disminución de sus capacidades físicas o psicológicas que le impidan el ejercicio de los derechos o la toma de decisiones; de ahí lo infundado del motivo de disenso. En las relatadas condiciones, al resultar inoperantes e infundadas las alegaciones hechas valer por la quejosa vía conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Alma Rosa Zavala Zavala, contra el acto y autoridades precisados en el resultando primero, en términos del último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos incidentales, de los que se advierte que mediante resolución de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados en el juicio del que derivan los presentes cuadernos incidentales; asimismo, que como medida de seguridad, este órgano jurisdiccional impuso a la parte amparista la obligación de que en los cinco días siguientes a que surtiera efectos la notificación de dicha resolución, debía exhibir la garantía fijada, sin que como se desprende de la certificación de cuenta, hubiese cumplido con esa carga procesal. DEJA DE SURTIR EFECTOS SUSPENSIÓN. En consecuencia, con fundamento en el artículo 136, párrafo segundo, comuníquese a las autoridades responsables que la medida suspensiva que en definitiva fue decretada en autos, mediante la interlocutoria de mérito, ha dejado de surtir sus efectos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de julio de dos mil diecinueve. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve; en tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.NMC

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