Alonso García García

Expediente 507/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
507/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
03/06/2021

Partes del expediente

  • Alonso García García

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 507/2021-2B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de junio de dos mil veintiuno. 1. Causa estado resolución. Visto el estado de autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el término a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Alonso García García, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código de Procedimientos Federales, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado esa determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso b) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a la destrucción de este expediente, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo; mientras, será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste que este último es destruible. 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Concepción Aragón Santiago, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 507/2021-2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte transcurrió el plazo de cinco días concedido al quejoso Alonso García García, mediante proveído de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, a efecto de que aclarara su instancia constitucional, sin que hubiere realizado manifestación al respecto, no obstante haber quedado notificado el trece de mayo siguiente. Por no presentada. En consecuencia, como la parte quejosa no aclaró la demanda de amparo en el plazo concedido, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y, ante el incumplimiento de dicha parte procesal a la prevención formulada, que repercute determinantemente en la acción de amparo por vía de parte agraviada y legitimada, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de mérito. Tiene aplicación al respecto, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LI, Quinta época, página 208 de rubro y siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE ACLARACION DE LA". Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Concepción Aragón Santiago, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 507/2021-2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Alonso García García, por propio derecho, contras del juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca y de otra autoridad, recibida el diez de mayo del año en curso, en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 507/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Prevención. A fin de proveer sobre su admisión, con fundamento en el artículo 108, fracción I, en relación con el diverso numeral 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito y con las copias necesarias del mismo, bajo protesta de decir verdad, aclare su instancia constitucional, en los términos siguientes: a) A efecto de precisar la competencia de este Juzgado (que es de orden público), en vía de antecedentes, el quejoso deberá indicar su domicilio particular (lugar en donde se pretende ejecutar el acto reclamado), ya que en los hechos que narra únicamente precisa que se presentaron en su casa habitación unos elementos de la Fiscalía General de la República (Delegación Oaxaca), con un escrito que, adujeron, se trataba de una orden legalmente emitida en su contra; empero, en el apartado referente a su domicilio, manifiesta que fue señalado al inicio de su escrito inicial de demanda; en tanto que en el proemio del citado escrito señala para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado. b). También deberá precisar a qué autoridad le atribuye el carácter de ordenadora y a cuál el de ejecutora respecto del acto que reclama en esta instancia constitucional, pues es omiso en precisarlo en su escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. También se invoca en apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 393 tomo CVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". 3.1 Precisión. Se precisa que la prevención se realiza a fin de que, en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, las autoridades responsables defiendan la constitucionalidad del acto que se les reclama al emitir su informe justificado, y se integre la litis de manera correcta; pues, al respecto, este órgano jurisdiccional, aunque realizara una interpretación íntegra del escrito de demanda, no sucede lo mismo para las demás partes, a las que se les deben de precisar las circunstancias respectivas. 3.2. Apercibimiento. En el entendido que de no cumplir con el requerimiento formulado dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. 3.3. Hechos falsos. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que la Ley de Amparo, en su artículo 261, fracción I, sanciona la afirmación de hechos falsos en relación con el acto reclamado, esto es, aportar datos que no le conste con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida; motivo por el cual se le exhorta que, al cumplir con la prevención antes formulada, se conduzca con verdad. 4. Domicilio. Debido a que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones, los estrados de este Juzgado; con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en este asunto, hágansele mediante lista de acuerdos, como así lo ilustra la tesis XXII.1o. 22 K. publicada en la foja 1067 del Tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". 5. Autorizado legal. Con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado de la parte quejosa únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Eduardo Félix Cruz, por no encontrarse cédula profesional a su nombre registrada en la base de datos del sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, como se hizo constar en la certificación de cuenta; además, tampoco proporcionó dato alguno del documento con el que se acredite que es licenciado en derecho. Sin embargo, una vez que acredite tal carácter con la información o documental idónea, si es que a sus intereses así conviene, se le tendrá por autorizado en los términos amplios que establece el numeral indicado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 77, agosto de 2020, tomo V, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con registro 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." 6. Autorización de correo electrónico y teléfono. Por otro lado, el correo personal y el teléfono proporcionado en la demanda de amparo, no reúnen los requisitos previstos en los artículos 3º y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; sin embargo, debido a la situación de contingencia en que se encuentra el país, se autorizan dichos medios únicamente para que el actuario judicial tenga comunicación especial con la parte quejosa y, en su caso, sirvan como auxiliar para lograr las notificaciones personales. 7. Se autoriza el uso de medios electrónicos. De acuerdo a la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa la utilización de aparatos electrónicos para obtener la toma de acuerdos y captura de constancias; con la precisión de que esa autorización no compromete a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga dicha parte, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, y se hace de su conocimiento que este Juzgado podrá restringir el uso de dichos medios cuando se trate de documentos que tengan información reservada o confidencial, por lo que, ante este supuesto, las constancias no podrán ser transmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 26/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Por ello, se indica al (a la) actuario(a) que cuando se lleve a cabo la utilización de los aparatos electrónicos de referencia por la parte quejosa, solicitará la identificación de la persona respectiva y asentará razón del nombre y de las constancias que se capturarán. Con la precisión que para el uso de dichos medios, deberá de atenderse a los lineamientos establecidos en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 8. Medios para entablar comunicación con la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 22, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, reformado en su periodo de vigencia por el diverso 1/2021, se tomará en cuenta el correo electrónico que proporciona la parte quejosa, únicamente como un canal de comunicación y así establecer el contacto respectivo, por parte del (la) actuario (a) de la adscripción, en los casos en que se estime necesario, pero no para practicar notificaciones, pues no lo contempla de esa forma dicho precepto. 9. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese mediante lista de acuerdos a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Concepción Aragón Santiago, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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