Alonso Enrique Cruz Delgado

Expediente 558/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
558/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Alonso Enrique Cruz Delgado
  • Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    PRAL 558/2023 MESA 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. 1° Colegiado acusa recibo. Agréguese el oficio de cuenta, signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio; mediante el cual, por una parte, acusa recibo del diverso comunicado con el que se remitió: 1) el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada en este expediente el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés y 2) los autos originales del juicio de amparo 558/2023; y, por otra, informa que admitió a trámite dicho medio de impugnación, registrándolo con el número 308/2023. 2° Se toma conocimiento. Aspectos de los cuales se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    P 558/2023, mesa 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. 1° Estado de autos. Visto el estado de autos así como el inciso a) de la certificación que antecede, se advierte que las partes en este juicio quedaron notificadas 1) de la resolución dictada el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en la que se negó la protección constitucional a la parte quejosa y 2) del acuerdo de trece de septiembre del año en curso, en el que se tuvo a dicha parte procesal interponiendo recurso de revisión contra la aludida sentencia. 2° Se remite expediente. Por tanto, en cumplimiento a lo ordenado en el referido proveído -trece de septiembre de dos mil veintitrés- se remite: a) el escrito registrado con el folio de recepción 11151, en el cual se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia de referencia, b) el expediente electrónico relativo a este juicio y c) los autos originales del expediente en que se actúa, previo cuaderno de antecedentes que se integre únicamente con las constancias necesarias; para la substaciación y trámite del citado medio de impugnación. Precisión. Con la precisión que se ordena la remisión del expediente físico aperturado el ocho de junio de dos mil veintitrés y no solo del expediente electrónico relativo; lo anterior, atento a que constituye un hecho notorio, en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, que, en diversos recursos previamente remitidos a los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo de este circuito, se ha solicitado la remisión del expediente físico respectivo. 3° Habilitación de expediente. Se instruye a la oficial judicial "A", encargada del sistema integral de seguimiento de expedientes, de la adscripción habilite los permisos necesarios del expediente electrónico, relativo a este juicio, a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de consultarlo en forma electrónica. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    P 558/2023, mesa 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintitrés. 1° Revisión vs sentencia. Agréguese el escrito firmado electrónicamente por Aarón Estrada Morales, defensor particular del quejoso ***; visto su contenido, se provee: 2° Interposición de recurso de revisión. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la referida parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés y expresando agravios. 3° Traslado a las partes. Por lo que, distribúyase entre las demás partes copia del escrito de cuenta (a excepción de la parte quejosa); y, en su oportunidad, remítase el expediente electrónico de este juicio de amparo, así como el escrito en comento al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, con sede en este municipio, para el trámite del referido medio de impugnación. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    SENTENCIA. R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado de forma electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación el seis de junio de dos mil veintitrés y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma data, ***, por conducto de su defensor particular, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Registro de la demanda, prevención y admisión. En auto de ocho de junio de dos mil veintitrés se registró la demanda de amparo con el expediente 558/2023 y se previno a la parte quejosa en los términos precisados en la citada determinación. Previo cumplimiento de la prevención formulada, el dieciséis de junio de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda de amparo promovida, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento de terceros interesados. En proveído de diez de julio del año en curso se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados 1) asesor jurídico de las víctimas, licenciado *** y 2) agente del Ministerio Público de la Federación, que tuvieron intervención en la carpeta judicial ***; lo que se realizó el doce y catorce de julio de dos mil veintitrés, respectivamente. CUARTO. Audiencia constitucional. En proveído de catorce de agosto de dos mil veintitrés se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta, y, en el caso, se trata de un asunto de naturaleza penal, y la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito de competencia en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama de la juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado: El auto de vinculación a proceso dictado el *** en la causa penal ***. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al rendir su informe, convino en la existencia del acto que se le atribuyó. CUARTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieren hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Cabe precisar que, de ser procedente, se hará el uso del principio de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, incluso ante la ausencia de éstos en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, al tratarse la parte quejosa del imputado en el proceso penal de origen. SEXTO. Estudio de fondo. Se estima conveniente analizar de manera conjunta los conceptos de violación formulados por el quejoso, dada la estrecha relación que existe entre sí, lo cual encuentra su fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, y no causa perjuicio a la parte quejosa, pues la ley no prohíbe el estudio en forma conjunta de los conceptos de violación, siempre y cuando se analicen todos los puntos planteados. Resulta oportuno destacar que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; ello, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones, así como hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales, asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. Además, de los derechos jurídicos consagrados en la Constitución Federal, como principio rector a salvaguardar, está el conducente a la presunción de inocencia, que conlleva a que el juez de control y, en su momento, el juez del juicio oral, tengan la obligación de velar por los derechos fundamentales de todo gobernado que se encuentre sujeto a su potestad y, con ello, el deber de fundamentar y motivar debidamente sus determinaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 constitucional. En ese entendido, en el análisis que se efectuará en esta sentencia serán considerados los requisitos que ahora señala el referido artículo 16 de la Constitucional Federal, pues, acorde a la reforma, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; como así lo ilustra la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 45, agosto 2017, tomo I, página 360, del rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) ". Y la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 430, registro 167829, del rubro siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 TAMBIÉN DEPENDE DE LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA A QUE ALUDEN LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL PROPIO DECRETO, LO CUAL ES DETERMINANTE PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD RELATIVO ". En ese contexto, el estudio del acto reclamado se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, celebrada en la carpeta judicial *** y que fueron ponderadas por la juez responsable; ello, atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, es decir, este Juzgado de Distrito debe limitarse a analizar los datos de prueba que le fueron ofrecidos a la juez responsable, porque, de considerar otros elementos probatorios, se vulneraría el artículo que contiene el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, lo que permite el equilibrio procesal entre los sujetos procesales. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis II.1º.8 P (10ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de 2014, tomo III, visible en la página 2902, registro 2007612, del rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA DENTRO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA NO VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, DEBE LIMITARSE A ANALIZAR LOS DATOS DE PRUEBA VALORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE ". Ahora, el auto de vinculación a proceso de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta judicial ***, está regido por el artículo 19 constitucional, que dispone: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Es importante destacar que el auto de vinculación a proceso constituye un acto de molestia, y los requisitos para su dictado se contemplan en el artículo 19 constitucional; dicho numeral dispone que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, se requiere que los datos de prueba acrediten que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista la probable responsabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Además, para la emisión del auto de vinculación a proceso, el juez de control no debe imponerse de los medios de prueba que obren en la carpeta de investigación, pues tal cuestión es permitida únicamente al representante social, al imputado y a su defensa; quienes en la audiencia inicial, específicamente, el fiscal que formule la imputación, deberá reseñar y relatar en forma precisa los denominados antecedentes de investigación o elementos de prueba que existan en la carpeta de investigación, y será con base en tal información que proporcionen las partes, con lo que el juzgador deberá emitir el auto de vinculación, motivo por el cual no puede exigírsele en este estado procesal describir de forma tan detallada los elementos de prueba, precisamente, por no tenerlos a la vista, pues, se insiste, el juzgador emitirá su determinación con base en la información que de viva voz le proporcionen las partes. Así, resulta necesario mencionar los siguientes antecedentes del acto reclamado de forma sucinta y que obran en el disco remitido por la autoridad responsable, a saber: A. El dieciséis de mayo de dos mil veintitrés se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación inicial en la carpeta judicial ***, instruida contra ***, como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como delito de ***, en las cuales se indivualizaron a las partes (minuto 00:01:59 ***). B. Una vez que la juez le explicó la naturaleza de la audiencia y los derechos que le asisten como persona imputada, en uso de la voz, ***, refirió entender lo que le fue informado y que era su deseo reservarse su derecho a declarar (minuto 00:06:28 del disco remitido). C. El agente del Ministerio Público solicitó a la jueza se le permitiera formular imputación a *** por el hecho que la Ley Nacional de Migración en su artículo 159, fracción III, señala como el delito de ***, agravado de conformidad con el numeral 160 fracción I, de la legislación en cita, por los siguientes hechos (minuto 00:07:50 ***): El veintinueve de enero de dos mil veinte, a las veintiuna treinta horas fue detenido, por elementos de la entonces policía federal, ***, de la ***, como referencia frente al "***" cuando circulaba a bordo y, como conductor, de un vehículo de motor, viajando junto con ***, *** y el menor de edad ***., dos personas de nacionalidad extranjera, sin que aquéllos pudieran acreditar su legal estancia en el país. D. El representante social solicitó la vinculación a proceso del imputado y expuso los medios de prueba en que sustentaba su teoría del caso (minuto 00:16:31 ***), que son: 1. Informe policial homologado, de veintinueve de enero de dos mil veinte, suscrito por los elementos aprehensores *** y ***, ambos elementos de la entonces Policía Federal (minuto 00:16:32 del disco remitido). 2. Tres certificados médicos suscritos por ***, galeno adscrito al Instituto Nacional de Migración de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, relacionados con las tres personas que acompañaban al chofer del vehículo inspeccionado (minuto 00:25:10 del disco remitido). 3. Tres identificaciones, a saber, pasaportes, cada uno de ellos a nombre de las personas que acompañaban al conductor del vehículo inspeccionado (minuto 00:26:32 del disco remitido). 4. Boleta de infracción *** respecto del vehículo revisado de veintinueve de enero de dos mil veinte, elaborada por ***, con motivo de la falta parcial de luces de un vehículo particular (minuto 00:28:03 del disco remitido). 5. Dictamen pericial en materia de contabilidad, con número de folio ***, de treinta de enero de dos mil veinte, suscrito por el perito *** (minuto 00:28:55 del disco remitido). 6. Oficio con terminación ***, de treinta de enero de dos mil veinte, suscrito por la licenciada ***, subrepresentante local del Instituto Nacional de Migración en La Ventosa Oaxaca, al que se adjuntan tres certificados médicos (minuto 00:29:46 del disco remitido). 7. Dictamen en materia de identificación de dispositivos electrónicos, con número de folio 567, de treinta de enero de dos mil veinte, suscrito por el perito *** (minuto 00:30:29 del disco remitido). 8. Dictamen en materia de identificación vehicular, con número de folio ***, de treinta de enero de dos mil veinte, suscrito por el perito *** (minuto 00:31:51 del disco remitido). 9. Dictamen en materia de valuación, número de folio 569, de treinta de enero de dos mil veinte, suscrito por la perito Raquel Espinoza Cruz (minuto 00:33:45 del disco remitido). 10. Dictamen en materia de documentos cuestionados, documentoscopía y billetes, con número de folio ***, de treinta y uno de enero de dos mil veinte, suscrito por el perito *** (minuto 00:34:25 del disco remitido). 11. Informe de investigación criminal con terminación ***, de treinta y uno de enero de dos mil veinte, suscrito por ***, policía federal ministerial al que se adjuntó la diligencia de inspección ocular del lugar de los hechos (minuto 00:35:14 del disco remitido). 12. Inspección del numerario de treinta de enero de dos mil veinte, suscrito por ***, Policía Federal Ministerial (minuto 00:37:00 del disco remitido). 13. Inspección de teléfono de treinta de enero de dos mil veinte, suscrito por ***, Policía Federal Ministerial (minuto 00:38:26 del disco remitido). 14. Inspección de vehículo de treinta de enero de dos mil veinte, suscrito por ***, Policía Federal Ministerial (minuto 00:39:47 del disco remitido). 15. Inspección de tarjetas de treinta de enero de dos mil veinte, suscrito por ***, Policía Federal Ministerial (minuto 00:41:51 del disco remitido). 16. Dos entrevistas a las personas *** y *** realizadas por ***, Policía Federal Ministerial, en presencia del asesor jurídico de víctimas *** (minuto 00:44:05 del disco remitido). 17. Formato de datos generales de la persona detenida (minuto 00:44:50 del disco remitido). 18. Informe de investigación criminal, con terminación 355/2020, de dieciocho de febrero de dos mil veinte, suscrito por ***, Policía Federal Ministerial (minuto 00:45:20 del disco remitido). 19. Dictamen en materia de extracción de información de equipos de telefonía, con número de folio ***, suscrito por el perito *** (minuto 00:47:12 del disco remitido). 20. Dictamen en materia de extracción de telecomunicaciones, con número de folio ***, de veintinueve de abril de dos mil veinte, suscrito por la perito *** (minuto 00:48:28 del disco remitido). 21. Dos entrevistas a las personas *** y *** realizadas por ***, Policía Federal Ministerial, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil veinte (minuto 01:00:47 del disco remitido). E. Después de haberse desahogado las pruebas ofrecidas por el agente del Ministerio Público investigador, la juez de Control responsable preguntó al imputado si deseaba que su situación se resolviera en el acto, o bien dentro del plazo de tres días o ampliado, a lo que manifestó el aquí quejoso que en el día de la audiencia (minuto 01:09:06 del disco remitido). F. Posterior a ello, la defensa del imputado expuso substancialmente que: 1. De la narrativa de la fiscalía y los datos aportados, se advierte que aquéllos no son idóneos ni pertinentes y no guardan una relación con lo que se le pretende atribuir a su defendido. 2. Primero, porque del informe policial homologado se advierte que el personal de la entonces policía federal se encontraba realizando un operativo, un retén, para evadir el crimen, y si bien a su defendido lo detienen porque no tenía las luces delanteras, no obstante, no se acredita, con documento alguno, que deberían estar en algún retén con la finalidad de realizar la revisión para evitar la comisión de delitos. 3. Por lo que hace al certificado médico elaborado respecto de la víctima ***, existe inconsistencia con lo manifestado por el representante social, pues aduce que la nacionalidad del extranjero antes mencionado es hondureña y no cubana como se dijo en la audiencia. 4. No existe dato de prueba -informe emitido por el Instituto Nacional de Migración- que acredite que las personas de origen extranjero no tenían su estatus migratorio regular. 5. Las primeras declaraciones -de treinta de enero de dos mil veinte-, hacen notar que estuvieron legalmente asistidas por un asesor jurídico de víctimas, de las que se deduce que no existieron elementos objetivos externos ni normativos o subjetivos específicos, para consignar a su defendido, por el contrario consideraron las autoridades ministeriales -el treinta de marzo de dos mil veinte- el archivo de la carpeta judicial por falta de elementos. 6. En tanto que, en las segundas entrevistas, de treinta y uno de marzo de dos mil veinte, no tuvieron la asistencia de un asesor jurídico, ni se estampó su firma autógrafa, pues se trata de un documento escaneado, y las firmas de los entrevistados no coinciden con las diversas que obran en la primera entrevista realizada. 7. No existe dato de prueba que robustezca que los extranjeros hayan pagado a su defendido, por trasladarlos por territorio nacional, con la finalidad de eludir los retenes migratorios. 8. No existe documento que acredite que su defendido quería el dinero para sí o un tercero; reiterando que no existe dato prueba que relacione las conclusiones de los dictámenes practicados a los dispositivos móviles con los extranjeros y su defenso; por lo que los elementos probatorios no son suficientes para vincular a proceso a su defendido." (Minuto 01:10:03 ***). A continuación, en uso de la voz la Fiscalía, en la audiencia inicial celebrada el ***, manifestó: 1. Las funciones de prevención del delito por parte de los elementos de la entonces Policía Federal se encuentran contempladas en la Constitución Federal, pues se encuentran realizando funciones jurisdiccionales. 2. Los extranjeros al ser entrevistados refirieron no contar con documento que acreditara su legal estancia en el territorio nacional. 3. Con relación al archivo temporal de la carpeta judicial precisó que, aquél, se emitió de esa forma atendiendo al momento procesal en que se pronunció, empero, posteriormente se emitió uno diverso atento a que la investigación no se detiene. 4. La segunda entrevista pese a no haberse realizado a mano por los entrevistados, no le resta valor probatorio, pues se efectuó por un servidor público y la firma concuerda con las que obran en la primera entrevista practicada a los extranjeros. 5. En el oficio con terminación ***, suscrito por ***, se refiere que no se encontró con registro de legal estancia de las personas extranjeras en el país. 6. Con relación a la extracción de información de los dispositivos móviles -teléfono y laptop- se envió para su análisis a la instancia respectiva y poder obtener datos que permitan acreditar la existencia del ilícito que se atribuye al ahora quejoso. 7. Precisó que las firmas autógrafas que aparecen en las primeras entrevistas corresponden a los policías. (Minuto 01:25:26 ***). A continuación, en uso de la voz la defensa manifestó: 1. Las firmas difieren en las entrevistas realizadas, además que no cumple con las formalidades, por lo que no debe otorgárseles valor. 2. No hay elementos de prueba suficientes que acrediten que el estatus migratorio de los extranjeros era conocido por su defenso, pues corresponde a la fiscalía acreditar el estatus de la estancia en territorio nacional de las personas detenidas. 3. No se acredita que el quejoso les hubiera pedido dinero para trasladarlos por el país. (Minuto 01:37:25 ***). La juez de Control responsable preguntó al imputado si deseaba declarar, a lo que manifestó el aquí quejoso, nuevamente, que se reserva ese derecho (minuto 01:44:24 ***). Hecha la anterior reseña, se estima apegada a derecho la determinación de la autoridad judicial responsable, en la que se dictó auto de vinculación a proceso contra el ahora quejoso ***, pues atendió lo dispuesto por el artículo 19, párrafo primero, constitucional, que dispone que, para vincular a proceso a una persona, debe establecerse lo siguiente: a) El delito que se reprocha al imputado. b) El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. c) Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, d) Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Con relación a este último requisito, se precisa que para dictar el auto de vinculación a proceso sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, se debe resolver la vinculación o no a proceso, con base en los datos de prueba a que haga referencia el agente del Ministerio Público en su respectiva solicitud. Aunado a ello, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". Así, en la resolución de situación jurídica deben respetarse los principios de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el artículo 16 constitucional, que imponen la obligación que tienen las autoridades de fundar y motivar debidamente sus actos; como así lo ilustra la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, del rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Además, es importante destacar que existen requisitos de forma y fondo para emitir el auto de vinculación a proceso, en el sistema de justicia penal oral y acusatorio. Los primeros (requisitos de forma) son los siguientes: De forma. 1.1. Que sea emitido por una autoridad judicial competente. 1.2. Que se realice la imputación, esto es, que exista un comunicado por el Ministerio Público en presencia del juez, en el sentido de que desarrolla una investigación contra el imputado respecto de uno o más hechos delictuosos; con lo que se da cumplimiento a los principios acusatorio y de inmediación, que rigen el procedimiento. 1.3. Que el imputado haya rendido declaración o manifestado su deseo de no hacerlo, y habiéndose asegurado que el procesado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso; situación que reviste de especial importancia, debido a que, por medio de ésta, se atiende al principio de contradicción. 1.4. Que se pronuncie dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado bajo petición del implicado o su defensa o, bien, el imputado puede renunciar a dichos plazos y pedir que se resuelva su situación jurídica en la audiencia respectiva con los datos que obren en la carpeta administrativa del representante social, atendiendo a los principios de inmediación y publicidad, el cual es un requisito de orden constitucional. 1.5. Que de la exposición del Fiscal se exprese el hecho que se señale como delito que se reprocha al imputado; además: 1.6 El lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. Los segundos (requisitos de fondo), son los siguientes: De fondo Que de los antecedentes de la investigación expuestos por la agente del Ministerio Público se adviertan datos de prueba que establezcan: 2.1. La comisión de un hecho que la ley señala como delito; y, 2.2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 2.3. Además, deberá indicar si se actualiza o no una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Así, de la reproducción y estudio del disco óptico (DVD) que contiene la audiencia de ***, celebrada en la carpeta judicial ***, en la que se vinculó a proceso al ahora quejoso, al tenor del artículo 19 constitucional, como correctamente lo consideró la responsable, se estiman colmados los requisitos de forma y fondo antes precisados; es decir, la resolución de vinculación a proceso reclamada se dictó ajustada a derecho; por ello, no irroga violación alguna a los derechos humanos del ahora quejoso, en los términos que a continuación se precisarán. En cuanto a los requisitos de forma, el primero (1.1.) se cumplió, pues la resolución en la que se dictó el auto de vinculación a proceso fue emitida por una autoridad judicial competente, esto es, por la juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado; asimismo, por cuanto hace a la competencia (objetiva), respecto de la materia, al ser hechos delictuosos cuyo conocimiento está asignado a un juzgado especializado en materia penal del fuero federal por la territorialidad, ya que los hechos acontecieron a ***, de la ***; lugar donde ejerce jurisdicción la autoridad señalada como responsable; asimismo, se encuentra legitimada para resolver la situación jurídica. El segundo de los requisitos se encuentra satisfecho (1.2), ya que la representación social formuló imputación contra el ahora quejoso, esto es, el fiscal, en la audiencia de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dictada en la carpeta judicial ***, ante la presencia de la juez responsable, comunicó al aquí quejoso el desarrollo de la investigación respecto de los hechos que informó como constitutivos del delito de ***, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, agravado conforme al diverso numeral 160, fracción I, de la misma legislación (minuto 00:07:50 ***). El tercero de los requisitos también se encuentra satisfecho (1.3.), en razón de que en la audiencia de imputación se advierte que la jueza de control hizo saber al imputado su derecho a declarar o guardar silencio; derecho que ejerció, inicialmente, cuando manifestó que se reservaba el derecho de declarar, según se advierte del archivo del disco versátil (minutos 00:06:28 y 01:44:24 ***). En relación al cuarto de los requisitos (1.4.), debe indicarse que el imputado, previo asesoramiento de su defensa, solicitó que su situación jurídica se resolviera en la propia audiencia (minuto 01:09:06 ***). El quinto de los requisitos (1.5.) también se encuentra colmado, puesto que en el auto de vinculación a proceso dictado al quejoso se especificó el ilícito por el cual se le formuló imputación, esto es, el delito de ***, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, agravado conforme al diverso numeral 160, fracción I, de la misma legislación. Por lo que hace al sexto requisito (1.6.), el mismo se encuentra acreditado, en razón que en el acto reclamado, en el cual la representación social formuló imputación, se estableció el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de tales hechos, conforme a lo que se narró. Así, de forma apegada a derecho, la juez responsable precisó que para el dictado de un auto de vinculación, como lo peticionó la Fiscalía, basta con que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; así como verificar si se actualizan los supuestos que establece, en este caso, el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración y su agravante, prevista en el numeral 160, fracción I, de dicho ordenamiento legal, en razón de que en aquéllos se basa la representación social para solicitar dicha vinculación (minuto 01:45:34 del disco remitido). Determinó la responsable que, atento al estadío procesal y a que fueron aportados un cúmulo de datos de prueba y la información proporcionada por las partes, ello permiten identificar un hecho que la ley señala como delito y que el imputado lo cometió. Así, precisó que basta hasta ese momento, para dictar un auto de vinculación a proceso, lo informado por los fiscales para entender que el quejoso se encontraba acompañado de personas provenientes de un Estado extranjero -Cuba-, que no contaban con una legal estancia en el país; pese a que no exista un dato de prueba pleno, en tanto que ello no es exigido por la Constitución ni la legislación aplicable; pues así lo puede advertir de las entrevistas descritas por la Fiscalía; sobre todo, porque de la mecánica de hechos se desprende que en dicho operativo medió la intervención de personal de Migración, en donde las personas extranjeras son entrevistadas en la estación de Migración, que arroja la información que basta para tener por actualizada la conducta consistente en el transporte de personas por territorio nacional con el fin de evadir la revisión migratoria, cuya legal estancia en el país no estaba demostrada. Indicó también que los elementos subjetivos consistentes en pretender obtener directa o indirectamente un lucro, se advierte actualizado, en razón de que el quejoso contaba con un numerario consistente en la cantidad de $4,900.00 (cuatro mil novecientos pesos), además, en razón de la información aportada por las personas que lo acompañaban -extranjeros-, quienes no obstante de que inicialmente expresaron que el quejoso no les había solicitado dinero, posteriormente, manifestaron que sí existió un pacto, lo que genera incertidumbre de esos extremos; no obstante, no conlleva a despojar de eficacia legal a los datos aportados hasta ese momento, pues el cúmulo de datos de prueba aportados permiten advertir que el quejoso trabajaba para un servicio de transporte. En tanto que el conocimiento pleno de que las personas tenían una estancia ilegal en el país, que resulta transcendente para determinar la ilicitud de la conducta que se atribuye al quejoso, pues la legislación lo que persigue, en el caso específico, es evitar el movimiento de personas en el país cuya estancia no sea legal, y que existan personas que faciliten ese movimiento; no obstante que no se encuentra acreditado, sí se puede inferir del cúmulo de datos de prueba aportados. El diverso elemento, relacionado con el ánimo de lucro, que lo es el ayudar a los extranjeros a evadir la revisión migratoria, también lo estimó la responsable actualizado, pues no obstante que no existe una prueba directa de esa calidad, aunado a que no es exigido por el artículo 19 constitucional; se advierte del informe policial homologado, pues en aquél se narra que el veintinueve de enero de dos mil veinte, por la noche -veintiuna treinta horas-, el quejoso conducía sobre la carretera ***, un vehículo tipo jetta, acompañado de tres personas, entre ellos, un menor de edad, de nacionalidad extranjera, en el que se pone de manifiesto que esas personas no tenían una estancia legal en el país; además, los dictámenes periciales permiten advertir el numerario que portaba, el vehículo que tripulaba. Bajo la mecánica descrita por los fiscales, determinó la responsable, se infiere que el quejoso tenía la intención -dolosa- de realizar la conducta de transportar a las personas extranjeras, en razón a que se pusieron de acuerdo sobre el trayecto que transitarían, de un punto a otro determinado. Además, precisó que existe un catálogo de posibilidades que excluyen el delito, previsto en el artículo 15 del Código Penal Federal; empero, no se advierte actualizada ninguna de ellas en este caso. En cuanto a la presunta responsabilidad del quejoso en la comisión del delito que se le imputa (minuto 02:05:10 del disco remitido), refirió la responsable que los datos de prueba aportados permiten establecer, además de los hechos cometidos; que fue el quejoso quien los realizó. Por ello, se estima ajustada a derecho la resolución emitida por la responsable. Ello es así, en razón de que los elementos integrantes de la conducta atribuida al quejoso, consistente en transportar por territorio nacional a personas extranjeras con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, consistentes en: 1. Una acción dirigida a albergar o transportar por el territorio nacional, de un punto geográfico a otro, a uno o varios extranjeros. 2. Que ese albergue o transporte se realice con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro. Se encuentran actualizados; ello, de manera indiciaria y considerando la totalidad de las circunstancias, como lo dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto establece que la valoración de los datos y elementos de prueba será conjunta, armónica e integral, pues permiten establecer que el quejoso realizó la conducta consistente en transportar por territorio nacional a personas extranjeras con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, por el Estado de Oaxaca; además, el transporte de las personas extranjeras, lo realizó respecto de una menor de edad. En tanto que el informe rendido por personal del Instituto Nacional de Migración expone cuál es la calidad de las personas -extranjeras- y que una de las personas transportadas se trató de una menor de edad. De ese modo, los datos de prueba analizados por la juez responsable son suficientes para determinar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de ***, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, agravado conforme al diverso numeral 160, fracción I, de la misma legislación. En cuanto a la probable participación, dijo la juez responsable (minuto 02:06:17 ***) que también quedó colmada, pues del cúmulo de datos de prueba aportados se advierte que fue el quejoso la persona que conducía el vehículo, transportando a personas de nacionalidad extranjera y que fueran vistas a bordo del vehículo. Que dicha acción se realizó de manera dolosa, pues era consciente de que transportaba, en su vehículo, personas de nacionalidad extranjera, con la intención de llevarlas de un punto a otro, sin que se advierta alguna causa de exclusión del delito o que extinga la acción penal. Razones todas por las que consideró justificada la existencia del delito de ***, y la probabilidad de que *** intervino en su comisión; por lo cual dictó auto de vinculación a proceso en su contra. Conclusión que se estima ajustada a derecho, fundada y motivada con suficiencia, ya que, como quedó reseñado, en estricto acatamiento de la facultad que le confiere el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la juez de Control responsable valoró cada dato de prueba y los analizó en su conjunto, justificando los motivos de su determinación, especificando de qué forma servían para acreditar el hecho imputado; determinación que se encuentra apegada a derecho, pues, efectivamente, existen datos que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito de *** y la probabilidad de que *** lo cometió. En ese contexto, el análisis de los conceptos de violación formulados por el quejoso, en relación con las constancias de autos, conduce a determinar que devienen infundados, por lo siguiente: En el primer concepto de violación aduce, esencialmente, que no existe un dato de prueba contundente que permita establecer la calidad migratoria -irregular- con que se trasladaban por el país los extranjeros de nombre *** y el menor de edad ***. Sobre este particular la juez responsable determinó que del oficio con terminación ***, de treinta de enero de dos mil veinte, suscrito por la licenciada ***, representante local del Instituto Nacional de Migración en La Ventosa Oaxaca, al que se adjuntan tres certificados médicos, se puede concluir que la estancia de los extranjeros no era legal. Además, porque, como lo precisó la juez de control responsable, únicamente en esta etapa procesal se requiere, para la continuación de la secuela correspondiente, de un mero indicio, situación que, como al resolver dijo, se acredita con la constancia relacionada con antelación. En cuanto al segundo concepto de violación, refiere que de la narrativa de hechos realizada, en una primera ocasión, por las personas extranjeras, no se desprende el hecho del que se advierta que el quejoso haya participado de manera directa o indirecta en la comisión del ilícito que se le atribuye. Y, en la segunda entrevista que le fue realizada, se advierten inconsistencias, tales como:  Si bien aparece su firma, no obra su nombre, como sí lo aparece en la primera.  No estuvieron asistidos por ningún representante consular o asesor de víctimas.  El policía federal que las realizó, ***, solo estampó su firma, no su nombre, como sí lo efectuó en la primera ocasión.  Se realizaron a computadora y no de puño y letra. Además, que aquéllas no fueron valoradas por la responsable atendiendo a las máximas de la experiencia ni mucho menos de la lógica. Sobre este tópico, sostiene la responsable, que las pruebas circunstanciales son suficientes para tener acreditada la probable comisión de un delito, tomando para ello la conducta desarrollada por el imputado. Retoma el aspecto, de la ilegal estancia en el país, con base en el oficio remitido por el personal de Migración, al que se acompañaron los tres certificados médicos, en el que se estableció que no cuentan con registro de legal estancia en el país. Además, del dictamen en materia contable, en el que se concluye que la cantidad del numerario que le fue encontrada al imputado, permitió a la responsable considerar que se trata de un lucro obtenido, precisamente, por el traslado por el territorio nacional de personas extranjeras que no tienen acreditada su legal estancia en el país. También refiere que el aspecto relacionado con la evasión de la revisión migratoria, se encuentra presuntamente acreditado con el informe policial homologado, del que es permisible concluir que, precisamente, en ese día y a esa hora -veintinueve de enero de dos mil veinte a las veintiuna treinta horas-, cuando se le marcó el alto, al circular sin luces delanteras, se encontraba en una localidad distinta a su normal estancia, trasladando, en el vehículo que conducía, a personas de nacionalidad extranjera por el territorio nacional. Estas circunstancias permitieron a la responsable presumir que se trata de un pacto que existió entre los extranjeros con el imputado, aquí quejoso, en el que medió la entrega de un numerario con la finalidad de ser trasladados por el país. Así, del análisis realizado a la resolución reclamada, no se advierte que la autoridad judicial responsable hubiere realizado una inadecuada apreciación de los datos de prueba que fueron vertidos por el fiscal; que dicha apreciación no se hubiera ajustado a los principios que rigen el debido proceso legal, que los hubiera alterado o que se actualice una infracción a las reglas fundamentales de la lógica, los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia. En efecto, como se señaló con anterioridad, acorde con el artículo 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la emisión de un auto de vinculación a proceso exige, entre otras cuestiones, que los datos establezcan la comisión de un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, entre los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso, conforme al artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentra que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que a) se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y b) que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, se entenderá que obran datos que establecen la actualización de un hecho delictivo cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Ahora, de conformidad con los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los datos de prueba se valorarán de manera libre y lógica, esto es, con base en las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Las reglas de la lógica rigen el razonamiento de tipo deductivo, inductivo o abductivo bajo los principios de a) identidad, b) no contradicción, c) tercero excluido y d) razón suficiente. Por su parte, los conocimientos científicos implican el saber sistematizado, producto de un proceso de comprobación y que, por regla general, es aportado en juicio por expertos en un sector específico del conocimiento. Finalmente, las máximas de la experiencia son normas de conocimiento general, que surgen de lo ocurrido habitualmente en múltiples casos y que, por ello, pueden aplicarse en todos los demás, de la misma especie, porque están fundadas en el saber común de la gente, dado por las vivencias y la experiencia social, en un lugar y en un momento determinados, esto es, son definiciones o juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso. Los requisitos que se exigen en las máximas de la experiencia son: a) deben ser aceptadas en el ambiente sociocultural en que el juez se desarrolla y mueve, a modo de patrimonio de la cultura media, b) no deben estar contradichas por los conocimientos científicos vigentes y aceptados en la comunidad, y c) no deben oponerse a otras de semejante valor que se apoyan en el sentido común, en la experiencia o en la observación. Así, hasta este momento procesal, los datos aportados permiten advertir, como así lo determinó la responsable, la actualización de la conducta que se atribuye al quejoso, consistente en el transporte de un punto geográfico a otro, de varios extranjeros, incluido un menor de edad, por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria. En tanto que los datos de prueba constituyen indicios razonables para acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respecto de la forma en la que se transportó por territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria, incluida una menor de edad. En primer término, porque se actualiza la acción consistente en el transporte por el territorio nacional, de un punto geográfico a otro, a uno o varios extranjeros; pues dicha acción -transporte- acorde con el significado otorgado por el diccionario de la Real Academia Española , lo es "Llevar a alguien o algo de un lugar a otro"; en el delito imputado al quejoso, se refiere a la realización de movimientos que impliquen el desplazamiento por el territorio nacional de uno o varios extranjeros a un lugar distinto de aquel en que se encontraban. Sin que sea trascendente a) la distancia entre un punto geográfico y otro, o bien, b) que se desconozca el lugar en el que inició el recorrido el sujeto activo con los sujetos pasivos, en tanto que únicamente se requiere, como elemento esencial, que éste desplace dentro del territorio nacional a uno o varios extranjeros de un medio geográfico a uno diverso, lo que queda demostrado, precisamente, cuando es detenido a bordo de un vehículo en el que se encontraron uno o varios extranjeros que, por su naturaleza, se utiliza para transportar personas, circulando, en principio, sobre una carretera que, de igual manera, permitía trasladarse de un punto geográfico a otro. Ciertamente, el hecho de que los elementos de la entonces Policía Federal Ministerial hayan solicitado al quejoso que detuviera la marcha del vehículo de motor que conducía y en el que transportaba a las personas extranjeras, sobre la carretera federal que corre de Oaxaca a Tehuantepec, es un aspecto que, por sí mismo, revela que dichas personas fueron objeto de transportación de un punto geográfico a otro, sin que sea necesario demostrar con algún medio de prueba el lugar donde inició el desplazamiento o su destino, ya que se cuenta con el dato objetivo de que se detuvo al quejoso cuando a través de un vehículo trasladaba a los migrantes indocumentados. En segundo término, porque la finalidad de evadir la revisión migratoria, también se actualiza. Acorde con la definición otorgada por el diccionario de la Real Academia Española, evadir significa "Evadir un daño o peligro/ Eludir con arte o astucia una dificultad prevista/ Fugarse". Y, para comprender a qué se refiere evadir la revisión migratoria se realizan las siguientes precisiones. En principio, debe señalarse que de acuerdo con el Protocolo para Juzgar Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, los movimientos migratorios que pasan por México se componen por grupos de personas que abandonan sus países de origen por problemas relacionados con la violencia, la pobreza o la exclusión social. A menudo, el traslado de un país a otro se produce en la clandestinidad, debido a las restricciones impuestas por las políticas migratorias, al aumento en la seguridad de las fronteras, y la multiplicación de los retenes y controles migratorios. De acuerdo con la Ley de Migración, el control migratorio consiste en la revisión de los documentos que exhiben las personas nacionales o extranjeras que pretenden ingresar o salir del país. Éste se realiza en los lugares destinados al tránsito internacional de personas, que son los espacios físicos fijados para el paso de personas de un país a otro. Ejemplo de éstos son los aeropuertos, puertos marítimos y fronteras terrestres autorizadas. Para ingresar de manera regular al país, las personas extranjeras deben acreditar una condición de estancia, la cual depende de su intención de residencia, de la actividad que desarrollarán en el país, o bien, de criterios humanitarios o de solidaridad internacional. Las condiciones de estancia previstas en ley se dividen en dos grupos: visitante y residente. En los filtros de control migratorio, las personas extranjeras deben presentar los documentos siguientes: a) pasaporte o documento de identidad y viaje, y b) cuando así se requiera, visa válidamente expedida y en vigor, o c) tarjeta de residencia o autorización de la condición de estancia. Asimismo, deberán proporcionar la información y los datos personales que las autoridades competentes soliciten en el ámbito de sus atribuciones. Cuando las personas migrantes no cumplen con los requisitos para su internación a México, el Instituto Nacional de Migración determina su rechazo. El rechazo es la decisión adoptada por el propio instituto en los filtros de control migratorio ubicados en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, por la que se niega la internación regular de una persona a territorio nacional por no cumplir con los requisitos para ello. Mientras son devueltas a su país de origen o residencia, las personas extranjeras permanecen en los lugares destinados al tránsito internacional de personas. Por su parte, la revisión migratoria consiste en comprobar, fuera de los lugares destinados al tránsito internacional, la regularidad de la situación migratoria de personas extranjeras en el territorio nacional. Generalmente, se realiza en puntos de revisión carretera. La verificación migratoria, en cambio, se refiere a las visitas que realiza la autoridad migratoria en lugares o zonas determinadas para corroborar el cumplimiento de los requisitos para la estancia regular de personas extranjeras en México. Usualmente tiene lugar en los domicilios particulares o laborales de las personas migrantes. Las diligencias de verificación y revisión coinciden en que están destinadas a comprobar los requisitos para la estancia regular en el país de las personas que quieren ingresar a México. La diferencia entre ellas es que la revisión se enfoca en la vigilancia del tránsito de las personas extranjeras, generalmente en puntos estratégicos (carreteras o terminales de autobús, por ejemplo). En tanto que la verificación implica la realización de una visita a una determinada persona o lugar en virtud del conocimiento previo de ciertas circunstancias sobre su situación migratoria. En tal sentido, efectivamente, el lugar donde fue detenido el quejoso no constituye un "espacio ubicado en el lugar destinado al tránsito internacional de personas, donde el Instituto [Nacional de Migración] autoriza o rechaza la internación regular de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos", pues no se trata de un filtro de revisión migratoria; como tampoco se trató de un punto de revisión migratoria, pues el punto control instalado sobre la carretera que transitaba el quejoso, y que intentó evadir obedecía a las labores de investigación que realizaban elementos de la Policía Federal Ministerial bajo el mando del Ministerio Público, ajenas a las de revisión migratoria. Ahora, dado que el elemento normativo del tipo penal por el que fue vinculado el quejoso exige que el transporte de los extranjeros sea con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro con el fin de evadir la revisión migratoria, y que dicho aspecto no requiere un medio de comisión específico, en tanto que puede actualizarse en diversas formas. Y, atento a que todo conductor de una unidad de motor, se presume tiene conocimiento que al transitar por cualquier carretera, particularmente las vías federales, como en el caso, en términos de lo dispuesto en el numeral 58 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, debe obedecer las disposiciones contenidas en el aludido Reglamento, entre otras, que el vehículo en el que circula se encuentre provisto, por lo menos, por dos faros delanteros, para luces principales que emitan una luz blanca . En ese tenor, si, en el caso, el quejoso transitaba sobre la ***, sin luces delanteras; ello evidencia que su intención era la de evadir la revisión de su unidad de motor o de las personas que la tripulaban; pues, como se indicó, en razón de las obligaciones que tiene como usuario de una vía federal, debía verificar, previo a iniciar la marcha de su vehículo de motor su adecuado funcionamiento; ello, a fin de garantizar, en primer término, su seguridad, la de los tripulantes del vehículo y de la sociedad en general; lo que, en el caso, no ocurrió, pues su vehículo "no tenía" luces delanteras; lo que sugiere su intención, al no existir por el momento prueba en contrario, de no ser visto por las autoridades, en el caso, las que se encontraban en el puesto de control, esto es, de evadir la revisión respectiva. Apoya lo expuesto la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS. ASPECTOS OBJETIVO Y SUBJETIVO DEL TÉRMINO "OCULTAMIENTO" PARA LOS EFECTOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El ocultamiento a que se refiere el segundo párrafo del artículo citado no sólo puede darse por medios físicos que impidan que las autoridades vean a los extranjeros transportados ilegalmente, sino que también es factible de actualizarse a través de otras formas. Lo anterior es así, si se considera que si bien la ley de la materia no especifica qué elementos han de tomarse en cuenta para estimar cuándo existe el ocultamiento, por ello es menester acudir a la definición del vocablo de referencia: La voz ocultar, según el Diccionario para Juristas, editado por Mayo Ediciones, significa esconder, disfrazar, tapar, encubrir a la vista, callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir, o disfrazar la verdad. Así, el término ocultar que contiene el delito sujeto a estudio es un elemento normativo de intelección jurídica, es decir, que requiere de una valoración jurídica para ser comprendido o entendido; por ende, si falta este elemento, cuya función es hacer más comprensible la descripción objetiva de la conducta, entonces se estará ante la ausencia de uno de los elementos integrantes del ilícito descrito en el artículo 138, párrafo segundo, de la Ley General de Población, por lo que la conducta desplegada no daría nacimiento a la hipótesis delictiva de transportar por territorio nacional a uno o varios extranjeros indocumentados con propósito de tráfico y con el fin de ocultarlos para evadir la revisión migratoria. Así pues, debe afirmarse que el ocultamiento tiene dos matices: por un lado es de aspecto objetivo, cuando se refiere a disfrazar, tapar, encubrir a la vista; por otro lado, cuando se refiere a esconder, callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir, o disfrazar la verdad, resulta evidente que el ocultamiento deviene en subjetivo, el cual no necesita de medios físicos para actualizarse, sino situaciones que atañen al yo interno de las personas, y que se constituyen cuando la actividad del sujeto activo del delito se verifica en forma engañosa, en la que se advierta que se ha hecho uso de medios que encubran o protejan con mucho cuidado su actuar, para así conseguir violar la ley frente a las autoridades. Por tanto, el elemento normativo consistente en el ocultamiento debe entenderse en el sentido de llevar una cosa de manera escondida, disfrazada, tapada, encubierta a la vista, callando advertidamente lo que se pudiera o debiera decir, o disfrazando la verdad encubierta o secreta, para con ello evitar que sea detectada, ya sea por temor a la ley o con el fin de eludirla. El objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, también se advierte actualizado; ello, atento a que no se trató de un viaje realizado por razones humanitarias o que el quejoso pretendiera ayudar a las personas extranjeras, pues no refirió formar parte de una asociación u organización encargada de brindar asistencia a personas migrantes ni que tuviera un vínculo familiar con las personas extranjeras; por lo que si la acción que realizó la constituyó el transporte de extranjeros por territorio nacional, sin ubicarse en alguno de los supuestos apuntados y al haberse realizado ese transporte en un vehículo de motor, que implica gastos que deben ser cubiertos, como lo son, entre otros, la gasolina, desgaste de la unidad, casetas, hidratación o alimentos durante el camino; es inconcuso que la intención del quejoso era la de obtener un lucro directa o indirectamente por dicho transporte por territorio nacional; como así lo ilustra la tesis siguiente: "TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE MIGRACIÓN. EL ELEMENTO SUBJETIVO "LUCRO" EN ESTE DELITO, OBTENIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE, PUEDE INFERIRSE ACUDIENDO A LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL Y NO SÓLO DEMOSTRARSE MEDIANTE PRUEBAS DIRECTAS. El citado precepto prevé que comete dicho delito quien con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, por lo que será necesario que quede demostrada la intención del sujeto activo de obtener un beneficio económico en dinero o en especie, cierto, actual, o inminente. Sin embargo, para demostrar el elemento subjetivo "lucro", ya sea que se obtenga directa o indirectamente, no es indefectible que obren pruebas directas de las que se obtenga un señalamiento directo y específico en el sentido de que el inculpado fuera a obtenerlo, pues puede inferirse acudiendo a la prueba circunstancial, porque lo que pretendió el Órgano Reformador, solamente como nota novedosa al delito -dado su traslado normativo-, fue que la internación del sujeto pasivo sea con fines de lucro, ya sea de forma directa o indirecta; de ahí que si a la víctima se le proporciona alojamiento y comida, se le provee de traslado y se prueba que el sujeto activo fue detenido con aquélla en un punto geográfico muy cercano a la línea divisoria entre un país y otro, sin que se advierta un gesto meramente altruista, de labores de asistencia o de ayuda humanitaria, ello pone de manifiesto que existió el ánimo de lucro en la conducta desplegada por el inculpado; por lo que el juzgador no puede perder de vista elementos subjetivos que conducen a aquella inferencia, por ejemplo, que el sujeto activo era la persona que iba a internar a la víctima a otro país y que le fue entregada por diversas personas (quienes la movilizaron por territorio nacional y le proveyeron los elementos necesarios para tal fin, como transporte, hospedaje, alimentación y demás cuidados), todo lo cual excluye la posibilidad de acoger como hipótesis que se tratara de una ayuda de beneficencia. Por el contrario, la intención de haberla proveído de esos cuidados, revela el propósito de obtener algo a cambio, al inferirse la inminencia de recibir un beneficio económico o en especie, atenta a la previa inversión que implicaron aquellas atenciones (pago de transportación y hotel) y que la empresa criminal concluiría con el traslado de la víctima a otro país. " En torno al argumento del quejoso, relativo a que la juez responsable no ponderó los datos de prueba conforme a la lógica y las máximas de la experiencia que se requiere para la emisión de un auto de vinculación a proceso; contrario a ello, la ponderación que realizó la responsable con base en las máximas de la experiencia permitían señalar que el hecho de transitar por una carretera federal sin luces delanteras en un horario nocturno, sugiere la intención de evadir una revisión, sea del conductor, el vehículo o de las personas que lo tripulaban, por lo que la apreciación realizada por la juzgadora de ninguna manera riñe con la libertad de apreciación de los datos de prueba que le fueron referidos, en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el tercer concepto de violación, el quejoso, substancialmente, refiere que, pese a que la Fiscalía el treinta de enero de dos mil veinte ordenó el archivo temporal de la carpeta de investigación, indicando que no contaba con los elementos suficientes para continuar con la secuela procesal, pues ni indiciariamente tenía las bases para tener por acreditado el delito o la probable responsabilidad del aquí quejoso; posteriormente, con esos mismos datos de prueba solicitó audiencia de formulación de imputación, lo cual resulta contrario a derecho y violatorio de garantías. Contrario a lo que refiere el quejoso, la responsable consideró que contaba con los elementos necesarios y suficientes para, por el momento y de forma indiciaria, tener por acreditada la conducta delictiva y la relación del imputado en la comisión de hechos. Sin que en el caso se advierta que haya suplido de forma alguna cualquier actuación de la Fiscalía, ya que se trata de pruebas circunstanciales, las que a juicio de la juzgadora son suficientes para ese momento procesal. Así, para dictar un auto de vinculación a proceso no se exigen pruebas para demostrar que aconteció un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, pues es en la etapa del juicio en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso, por lo que es en esa etapa en la que podrá allegarse de toda la información necesaria, verificar omisiones o contradicciones de la declaración de la niña, para que sea creíble, como lo sostiene el quejoso. Es aplicable al respecto la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley ". Probable responsabilidad. Como lo refirió la juez responsable, los mismos datos de prueba que incorporó la agente del Ministerio Público demuestran el hecho que la ley señala como delito, y son suficientes para demostrar la probable responsabilidad del imputado, aquí quejoso, en su comisión. En efecto, fue apegado a derecho que la juez responsable considerara que, de forma razonable, en grado de aproximación, posiblemente se perpetró un hecho que la ley señala como delito, y el imputado posible autor, suficiente para vincularlo a proceso. Al respecto, debe decirse que por probabilidad de su intervención debe entenderse la concurrencia de datos suficientemente eficaces para considerar viable la demostración futura, de lo que en una etapa procesal preliminar representa al menos una razonable deducción de intervención en los hechos, al grado de justificar el potencial juicio de reproche más allá de la simple posibilidad o eventualidad; de esa manera, en forma adecuada refirió la juez responsable que existen datos de prueba con los que quedó justificada la probabilidad de la intervención del quejoso en la comisión del hecho delictuoso citado. Y quedaron cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 19 constitucional, porque de acuerdo con la mecánica de hechos, quedó demostrado que al momento de realizar la intervención por los entonces Policías Federales, marcándoles el alto en un puesto de control y que luego de realizar la revisión respectiva, encontraran a una persona que circulaba sin luces delanteras en un poblado del cual no es habitual su recorrido, llevando consigo a tres personas de origen extranjero, sin que se acreditara la legal estancia o no de ellos, y que, inclusive, el conductor del vehículo portara consigo el numerario considerable para efectuar un viaje por carretera dentro del territorio nacional, por un camino que fuera más largo del que conecta con la Ciudad de México, atravesando por una carretera donde las revisiones policiales son menos frecuentes. En ese tenor, se estima ajustada a derecho la resolución emitida por la juez responsable; aunado a que sí fue aplicable la disposición a que se refiere el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales , porque justificó adecuadamente la valoración de cada uno de los datos incorporados por la defensa y la fiscal, de manera libre y lógica, además de que realizó la apreciación en conjunto, para establecer que se llevó a cabo el hecho delictivo y el imputado participó en su comisión. Además, para la emisión del auto de vinculación, se reitera, no se exige la comprobación del hecho que la ley señale como delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino que basta con que la juez de Control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio. Lo anterior, sin que se transgrediera el principio de presunción de inocencia, porque con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, por lo que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, como lo señaló la responsable, en tanto que la defensa no probó, hasta ese momento procesal, su teoría del caso, no se transgrede el principio de presunción de inocencia. Es aplicable, por tratar sobre el tema, la tesis que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDE DICHO PRINCIPIO AL DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI ÉSTE SE SUSTENTA EN LOS DATOS DE PRUEBA APORTADOS POR LA FISCALÍA. Hechos: Se dictó auto de vinculación a proceso en virtud de que los datos de prueba examinados fueron suficientes para demostrar un hecho con apariencia de delito e indicios lógicos que hacen probable la comisión o participación del imputado en su realización. Contra esa determinación, éste promovió juicio de amparo indirecto y el Juez de Distrito le negó la protección constitucional; inconforme con lo anterior, interpuso recurso de revisión y, en sus agravios, refirió que con los datos de prueba aportados por la Fiscalía se afectó el principio de presunción de inocencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no se transgrede el principio de presunción de inocencia al dictar el auto de vinculación a proceso, si éste se sustenta en los datos de prueba aportados por la Fiscalía. Justificación: Lo anterior, pues con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio. Además, de acuerdo con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio; de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, no se transgrede el principio de presunción de inocencia ". Por lo que, al no existir materia de queja que suplir, se niega al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ***, contra el auto de vinculación a proceso dictado el *** en la causa penal ***, que atribuyó a la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés ,en que se estuvo en condiciones de dicta la sentencia respectiva.

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