Alonso Fabriciano Cardona Aparicio

Expediente 1535/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1535/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Alonso Fabriciano Cardona Aparicio

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional emite la siguiente determinación: 1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por ********************apoderado jurídico de********************, carácter que acredita con la escritura pública que anexa para tal efecto, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número ******************** 2. Examen de la demanda y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Ayuntamiento de Morelia: La aprobación y expedición del "Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que el Ayuntamiento de Morelia, aprueba el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia, Michoacán de Ocampo 2022-2041", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el uno de septiembre de dos mil veintitrés. Del Presidente Municipal de Morelia: La promulgación del "Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que el Ayuntamiento de Morelia, aprueba el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia, Michoacán de Ocampo 2022-2041", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el uno de septiembre de dos mil veintitrés. Del Secretario del H. Ayuntamiento de Morelia: Las gestiones legales y administrativas para publicar el "Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que el Ayuntamiento de Morelia, aprueba el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia, Michoacán de Ocampo 2022-2041", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el uno de septiembre de dos mil veintitrés. Del Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán: La publicación del "Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que el Ayuntamiento de Morelia, aprueba el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia, Michoacán de Ocampo 2022-2041", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el uno de septiembre de dos mil veintitrés. 3. Causal de improcedencia. En el caso concreto se advierte que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con la fracción I, del artículo 5º, ambos de la Ley de Amparo, y la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. " El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." Ahora bien, del segundo precepto invocado se advierte que el juicio de amparo es procedente cuando la parte que lo promueve cumple con el principio de instancia de parte agraviada, esto es, que el juicio de amparo sea promovido por quien le perjudique el acto o la ley que se reclama, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho. En ese sentido, para determinar los requisitos que el solicitante de amparo debe cumplir para acreditar ser titular de un interés legítimo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de registro digital 20194564, enumeró los siguientes: a) Que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) Que el promovente pertenezca a esa colectividad. Sin que en el caso en concreto, se advierta que a la parte quejosa le afecte la emisión y publicación del "Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que el Ayuntamiento de Morelia, aprueba el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia, Michoacán de Ocampo 2022-2041", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el uno de septiembre de dos mil veintitrés, pues, como se advierte de la narración de hechos que el mismo realiza en su escrito inicial de demanda, hasta este momento no se ha producido ninguna afectación a su esfera jurídica, por lo que será hasta el momento de su aplicación cuando se ubique en el panorama de aplicación del dictamen. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica a la parte quejosa, ésta debe demostrar en este momento su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Afectación que debe demostrarse cuando incida en su esfera jurídica, afectando su interés. Asimismo, se precisa que los tres elementos constitutivos son concurrentes, por tanto, ante la ausencia de alguno de ellos el medio de defensa intentado será improcedente. Por lo que en el caso concreto, no se puede tener por acreditado el interés legítimo, ni el jurídico que alude, el cual es fundamental para instar la acción constitucional, pues no demuestra que reúne los citados. En ese orden de ideas, el interés legítimo es personal, en el caso individual, actual, real y jurídicamente relevante; de modo que con la concesión del amparo buscada, de concederse, se produzca un beneficio en favor de la parte quejosa; razón por la cual, el órgano que conoce de la demanda, no debe tenerlo por acreditado con la sola manifestación bajo protesta de decir verdad de la parte promoverte, ya que ese es un mero requisito de la demanda, acorde al artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo cual se sustenta en la premisa de que, aun cuando el interés legítimo implica una afectación menor al exigido por el interés jurídico; sin embargo, ello no implica que no esté sujeto a prueba, pues, de no demostrarse, el incitante asume interés simple, con lo cual no puede promover la instancia constitucional. Robustece el anterior criterio la tesis II.1o.A.1 K (11a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA SOLA MANIFESTACIÓN DE LOS HECHOS EN LA DEMANDA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLO.". Bajo esas circunstancias, es menester precisar que, cuando se acuda al amparo a fin de impugnar normas generales, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo no puede acreditarse únicamente con la expedición de éstas y su presumible aplicación, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa) ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, en virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general, o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Es decir, dependiendo si son de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia reiterada para determinar si una ley es o no autoaplicativa, que no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que se deben atender los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación o extinción de un derecho o, en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, tratándose de normas generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético, esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. Las anteriores consideraciones tienen su fundamento en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 5, Tomo VI de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rurbo y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Ahora, como se explicó en párrafos anteriores, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al tiempo que prevé que la procedencia del juicio constitucional se actualiza cuando el acto impugnado afecta el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, también regula la condición que debe satisfacerse tratándose de la impugnación contra normas generales que no causen perjuicio con su sola entrada en vigor, es decir, de naturaleza heteroaplicativa. Así pues, la mencionada hipótesis de improcedencia se dirige a regular el juicio de amparo promovido contra una norma heteroaplicativa, en el sentido que para que la instancia constitucional sea proceente, es indispensable demostrar la existencia del acto de aplicación de la norma general y, además, que esa individualización cause un perjuicio a la esfera jurídica del quejoso, en atención al principio de instancia de parte agraviada consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa promueve la acción constitucional contra el "Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que el Ayuntamiento de Morelia, aprueba el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia, Michoacán de Ocampo 2022-2041", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el uno de septiembre de dos mil veintitrés, pues refiere que desde su publicación le causa afectación. En esa condición, contrario a lo que refiere la parte quejosa, el dictamen reclamado no es de naturaleza autoaplicativa, sino que, para afectar su esfera jurídica, está condicionada la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. Ello, en atención a que con la sola entrada en vigor del dictamen, no se restringen los derechos que tiene el quejoso. Lo que hace evidente que por la sola entrada en vigor del dictamen reclamado, por sí mismo, no le causa una afectación actual al quejoso. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con los numerales numeral 5°, fracción I, y 6°, este último aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. 4. Autorizados. Se tiene a la parte quejosa autorizando a ********************, quienes gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, por lo que ve a las restantes personas que menciona, se les tiene como autorizados en los restringidos términos a que alude el precepto citado, únicamente para que se impongan de autos, consulten el expediente y se les permita obtener copias y recibir documentos, hasta en tanto acrediten encontrarse facultados para ejercer la profesión de abogado. 5. Autorización del expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Por otra parte, atento a su diversa solicitud, con fundamento en el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se tiene como usuarios ********************que proporcionan, a fin de que tengan acceso al expediente electrónico. Asimismo, como lo solicita, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones de carácter personal se realicen por la vía electrónica. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 7. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.

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