Alma Rosa Vargas González

Expediente 263/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
263/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
29/05/2023

Partes del expediente

  • Alma Rosa Vargas González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 4. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión se negó la suspensión provisional y la definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que ambos cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y no es de relevancia documental. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. 5. Duplicado del incidente de suspensión. Ahora, por lo que ve al duplicado del cuadernillo incidental, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción; ello, siempre y cuando exista el expediente original. 6. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues se decretó por una parte el sobreseimiento y por otra se negó en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a éstas. 7. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 8. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 263/2023, promovido por ********************, por alegada violación de los artículos 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA) y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO EN UNA PARTE, Y EN OTRA, NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama del: Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA); Director de Planeación y Proyectos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA); Directora de Operación de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA); y, Titular del Departamento de Proyectos y Vialidad de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA): El oficio ********************, de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, derivado del trámite del expediente ********************, en el que se declara improcedente su solicitud de permiso provisional para prestar el servicio especial de transporte escolar. El oficio ********************, de catorce de diciembre de dos mil veintidós, derivado del trámite del expediente ********************, en el que se le acusa recibo de su documentación en los términos del oficio de respuesta no. CCT-DPP-670/2022, que se publicó en los estrados de la COCOTRA el dos de diciembre de dos mil veintidós, y se le informa que a partir de esa fecha, corre el plazo (15 días hábiles) para complementar su expediente, y en caso de no hacerlo en el término establecido, su solicitud será rechazada y archivada. La multa de folio ********************, impuesta por la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, la cual fue pagada el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. La Directora de Asuntos Jurídicos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA), en representación del Coordinador General, y en cuanto superior jerárquico del Director de Planeación y Proyectos, Directora de Operación y Titular del Departamento de Proyectos y Vialidad, todos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA), al rendir el informe con justificación, esencialmente acepta los actos reclamados, dado expone las razones y fundamentos que estimó pertinentes para sostener su constitucionalidad y legalidad. No obstante, los actos reclamados se tienen por inexistentes respecto de la Directora de Operación y Titular del Departamento de Proyectos y Vialidad, ambos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA), pues como se verá en el considerando siguiente, aquéllos son atribuibles a las diversas autoridades señaladas como responsables. En tales condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados, respecto de las autoridades precisadas, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 63 de la ley de la materia, y la jurisprudencia 170 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTA. Existencia de la norma, acto u omisión reclamada. Se tienen por ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Coordinador General y Director de Planeación y Proyectos, ambos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA), toda vez que tanto de la narrativa expuesta, como de las constancias que la quejosa adjuntó a su demanda, se aprecia que el oficio ********************, de diecinueve de enero de dos mil veintitrés y el oficio ********************, de catorce de diciembre de dos mil veintidós, fueron emitidos por el Director de Planeación y Proyectos, y la multa de folio ********************, impuesta por la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán. QUINTA. Causas de improcedencia. La representante de las autoridades responsables invoca la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, señalando la falta de interés jurídico de la parte quejosa, porque no es concesionaria ni permisionaria del transporte público. De ahí que -refiere- debe sobreseerse en todo lo concerniente a las supuestas afectaciones que le implique la norma regulatoria, pues al no ser permisionaria de transporte escolar, sino únicamente una persona que pretende serlo, no puede resentir una afectación en su esfera jurídica. Máxime que su principal argumento -señala- consiste en la reiteración de una conducta ilegal, en concreto, la prestación de un servicio que explota las vías de comunicación, sin permiso o concesión de la autoridad, en contravención del artículo 2 de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán. Cita los criterios siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TRATÁNDOSE DE ACTIVIDADES REGLAMENTADAS, PARA QUE EL PARTICULAR IMPUGNE LAS VIOLACIONES QUE CON MOTIVO DE ELLAS RESIENTA, ES NECESARIO ACREDITAR NO SÓLO EL INTERÉS LEGÍTIMO SINO TAMBIÉN EL JURÍDICO Y EXHIBIR LA LICENCIA, PERMISO O MANIFESTACIÓN QUE SE EXIJA PARA REALIZAR AQUÉLLAS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Si bien es cierto que para la procedencia del juicio de nulidad basta que la demandante acredite cualquier afectación a su esfera personal para estimar acreditado el interés legítimo, también lo es que ello no acontece tratándose de actividades reglamentadas, pues para ello debe demostrar que tiene interés jurídico como lo establece el párrafo segundo del artículo 34 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Esto es, cuando se trate de obtener una sentencia que permita la realización de actividades reglamentadas, no es suficiente contar con la titularidad de un derecho, sino que se requiere la exhibición de la licencia, permiso o manifestación que se exija para la realización de tales actividades (interés jurídico), pues debe acreditarse que se han satisfecho previamente los requisitos que establezcan los ordenamientos correspondientes, a fin de demostrar que se tiene el derecho de reclamar las violaciones que se aduzcan con motivo de dichas actividades reglamentadas en relación con el ejercicio de las facultades con que cuentan las autoridades." "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA SOLA MANIFESTACIÓN DE LOS HECHOS EN LA DEMANDA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLO. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra del "Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2020, en su carácter de autoaplicativo, con base en el interés legítimo que adujo tener al manifestar, bajo protesta de decir verdad, que la prohibición de importar o exportar productos relacionados con el "vapeo" afectaba su esfera jurídica; el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no acreditó dicho interés legítimo. Inconforme, interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la sola manifestación de los hechos en la demanda de amparo indirecto, bajo protesta de decir verdad, es insuficiente para acreditar el interés legítimo en el juicio, pues sólo constituye un requisito que debe contener, conforme al artículo 108, fracción V, de la ley de la materia. Justificación: Lo anterior, porque el interés legítimo se define como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para probarlo se debe acreditar que existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; que el acto reclamado lo transgreda, ya sea de manera individual o colectiva, y que quien solicita el amparo pertenezca a esa colectividad. Asimismo, ha aclarado que la apreciación del órgano competente, en cuanto al interés legítimo, no depende de la sola afirmación de la parte interesada, en el sentido de que cuenta con éste, pues el hecho de que implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico no significa que no deba probarse. Ahora bien, el decreto indicado regula aspectos en materia de comercio exterior, respecto de las modificaciones a las normas arancelarias sobre los productos utilizados como medio alternativo para el consumo de tabaco y similares, concretamente, en su artículo primero crea fracciones arancelarias que prohíben la importación o exportación de ese tipo de productos, por lo que si el quejoso se ostenta como consumidor de los productos, y dice que ha tenido dificultad para encontrar y adquirir los necesarios para seguir "vapeando", a consecuencia de las prohibiciones que el Gobierno Federal ha decretado en relación con la importación y exportación de vaporizadores, sus accesorios, esencias y líquidos, es evidente que la afectación que, en su caso, esa disposición genera en su esfera jurídica es indirecta, por lo que le corresponde acreditar su interés legítimo en el juicio de amparo, demostrando la existencia de un interés cualificado respecto de determinado acto, que produce una afectación a su esfera jurídica, derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, del que deriva el agravio correspondiente. En ese contexto, los hechos manifestados bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda de amparo, por sí solos, son insuficientes para tener por demostrado el interés legítimo para la procedencia del juicio constitucional, en razón de que ello únicamente constituye un requisito que debe contener toda demanda, de conformidad con el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo." El precepto que prevé la causal de improcedencia invocada dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". Lo anterior, es infundado. Se estima de esa manera, pues si bien es cierto, la quejosa no es concesionaria ni permisionaria del servicio de transporte escolar, también lo es que los actos que reclama derivan precisamente del trámite del expediente ********************, a través del cual pretende obtener esa calidad. De ahí la razón de acudir en reclamo -por ejemplo- del oficio ********************, de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, mismo que le fue dirigido a su persona, y a través del cual le resuelven que su solicitud de permiso provisional para prestar el servicio especial de transporte escolar, resultó improcedente. Más aún, que por no contar con la concesión o permiso, le fue impuesta la multa de folio ********************, misma que fue pagada por ella, el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés; por tanto, se estima que sí cuenta con interés jurídico. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que respecto del acto reclamado identificado con el número 2, consistente en el oficio ********************, de catorce de diciembre de dos mil veintidós, derivado del trámite del expediente ********************, en el que se le acusa recibo de su documentación en los términos del oficio de respuesta no. CCT-DPP-670/2022, que se publicó en los estrados de la COCOTRA el dos de diciembre de dos mil veintidós, y se le informa que a partir de esa fecha, corre el plazo (15 días hábiles) para complementar su expediente, y en caso de no hacerlo en el término establecido, su solicitud será rechazada y archivada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. El precepto en mención establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Como se ve, la fracción en comento señala que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos que para tal efecto prevé la Ley de la Materia, en este caso, los artículos 17 y 18. Al respecto, los aludidos artículos, a la letra establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". En tales dispositivos, el legislador estableció que el término general para la promoción del juicio de amparo es de quince días, aunado a que, expresamente, se establecen tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo que prevé para interponer o promover el juicio de amparo, que son: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto o resolución que reclama, o de sus actos de ejecución; o A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Entonces, siguiendo el marco jurídico, el acto reclamado identificado con el número 2, consistente en el oficio ********************, de catorce de diciembre de dos mil veintidós, derivado del trámite del expediente ********************, en el que se le acusa recibo de su documentación en los términos del oficio de respuesta no. CCT-DPP-670/2022, que se publicó en los estrados de la COCOTRA el dos de diciembre de dos mil veintidós, y se le informa que a partir de esa fecha, corre el plazo (15 días hábiles) para complementar su expediente, y en caso de no hacerlo en el término establecido, su solicitud será rechazada y archivada, se ubica dentro de la segunda regla antes enunciada. Y, es evidente que el acto reclamado en mención no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al no producir ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, o, cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, de conformidad con lo establecido y alcances contenidos en el ordinal 17 de la ley de la materia, la promoción de la demanda de amparo debió hacerse dentro de los quince días hábiles siguientes, al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o en que se hizo sabedor del mismo. Por ello, resulta patente que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra de ese acto combatido -del que se aprecia tuvo conocimiento el nueve de enero de dos mil veintitrés, por aparecer asentada esa fecha en la parte final del oficio reclamado, seguido de su firma- ha fenecido, pues la demanda fue presentada hasta el seis de marzo de dos mil veintitrés. Consecuentemente, si al menos desde el nueve de enero de dos mil veintitrés, la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del diez al treinta de enero de dos mil veintitrés, descontando tres sábados y tres domingos, por ser días inhábiles conforme a lo previsto en el numeral 19 del ordenamiento legal invocado. Luego, si la demanda de amparo que dio origen a este juicio, como quedó de manifiesto, fue presentada el seis de marzo de dos mil veintitrés, es evidente que ocurrió cuando ya había transcurrido el término a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo. Siendo esto así, debe decirse que la demanda de amparo promovida, fue presentada en forma extemporánea. En virtud de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V, del artículo 63 de dicho ordenamiento legal. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que en la demanda de amparo la quejosa, específicamente en el apartado identificado como "FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO, haya manifestado: "Bajo Protesta de decir verdad se tuvo conocimiento del acto reclamado el día 24 veinticuatro de febrero del año dos mil veintitrés, mediante la entrega del oficio de notificación ********************,.", puesto que precisamente hace referencia a diverso oficio, no así al reclamado y aquí estudiado. Se precisa que dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio, respecto de dicho acto reclamado, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya que el mismo constituye el problema de fondo, atento a la jurisprudencia número V.2º. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". Expuesto lo anterior, se procede entrar al examen de los conceptos de violación formulados por la quejosa, respecto de los restantes actos reclamados. SEXTA. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo, de manera que deviene innecesaria su transcripción. SÉPTIMA. Estudio de fondo. De manera previa se determina que, en el caso, y contrario a lo que sostiene la quejosa, no opera la suplencia de la deficiencia de la queja, ya que al margen de que aduzca vulneración a sus derechos en el desempeño de su oficio como prestadora de un servicio público en el transporte escolar, lo cierto es que el caso concreto no encuadra en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, que dispone que en materia laboral, opera en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo, dado lo reclamado deriva de la falta de regulación en la que se encuentra la quejosa, al no ser concesionaria ni permisionaria, para prestar el servicio de transporte escolar; de ahí que no se aprecie la existencia de una relación laboral que encuadre en dicha materia, para efectos de la suplencia. Tampoco se circunscribe a lo que dispone la fracción VI, del citado precepto, ya que en la especie, no se advierte que haya habido en contra de la quejosa una violación evidente de la ley que la haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley; por tanto, los conceptos de violación se analizarán en estricto derecho. Expuesto lo anterior, la quejosa en una parte de sus conceptos de violación, señala que: Se violan los artículos 5 y 14 de la Constitución Federal, porque al emitir el oficio ******************** en el que se declara improcedente su trámite, no se tomó en cuenta los treinta y un años que lleva desempeñando dicho oficio, el medio de transporte que utiliza para ello, el buen desempeño y aceptación que tiene en el mismo, por parte de los padres de familia de trasladar a sus hijos a la escuela, vulnerándose sus derechos como trabajadora y prestadora de servicio. Se vulnera el artículo 16 de la Constitución Federal, debido a que no se le permitió concluir el trámite, vulnerando el principio de congruencia que debe tener todo trámite administrativo, a efecto de arribar al permiso provisional prometido, a efecto de lograr el otorgamiento de la concesión que se le requiere actualmente para desempeñar el servicio de transporte escolar. Asimismo, porque el oficio CCT-DPP-059/2023, no le permitió concluir el trámite que la Encargada del Departamento de Proyectos y vialidad y el Encargado de la Unidad de Asistencia Técnica de la COCOTRA, le dijeron que sí procedía. Reitera la vulneración de los derechos que consagran los artículos que cita, porque desde hace treinta y un años eligió libremente ser transportista escolar, oficio o actividad que así le convenía desde el día que comenzó a dedicarse a ser chofer de esos padres que no podían todos los días llevar a sus hijos a la escuela y buscaban un trayecto seguro para sus hijos, con una persona que les brindara esa confianza, y por dicha labor recibir su pago correspondiente sin mediar relación laboral ni ningún otro tipo de interés que no fuera el de prestar un servicio que resultaba conveniente para ambas partes; que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil o a la profesión, industria o comercio que le convenga siempre que sea lícito, característica de licitud que está aprobada con esa confianza que desde siempre le han brindado los padres de familia y que desde que inició en ese oficio le han otorgado. La resolución de improcedencia viola sus derechos, porque no se le permite luchar por sus intereses personales en el desempeño de su oficio de prestadora de un servicio público en el transporte escolar, como ha venido aconteciendo desde hace treinta y un años, extralimitándose en el rechazo de su trámite, determinándose que no puede concluir su proceso para ese permiso provisional de prestador de servicio que le permita arribar a la concesión que ahora le señalan como necesaria para el mismo desempeño. En ese sentido, son inoperantes las manifestaciones contenidas en los conceptos de violación que se relacionan con la no conclusión del trámite correspondiente para complementar y/o completar su expediente referente a la solicitud de permiso provisional de transporte escolar, puesto que se aprecia derivan del oficio ********************, de catorce de diciembre de dos mil veintidós, derivado del trámite del expediente ********************, en el que se le acusa recibo de su documentación en los términos del oficio de respuesta no. CCT-DPP-670/2022, que se publicó en los estrados de la COCOTRA el dos de diciembre de dos mil veintidós, y se le informa que a partir de esa fecha, corre el plazo (15 días hábiles) para complementar su expediente, y en caso de no hacerlo en el término establecido, su solicitud será rechazada y archivada, respecto del cual se determinó sobreseer en el juicio, porque la demanda de amparo fue presentada en forma extemporánea, en términos de lo expuesto en el considerando quinto. Se estima de esa manera, pues el sobreseimiento es una institución de carácter procesal que le pone fin al juicio, al aparecer una causa que impide se resuelva la cuestión de fondo planteada, por lo cual no existe ninguna declaración del juzgador sobre la legalidad o ilegalidad del acto impugnado y se dejan las cosas en el estado que se encontraban antes de la presentación de la demanda. Entonces, si por lo que ve a ese acto reclamado, se decretó el sobreseimiento al actualizarse una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y de oficio, no puede analizarse los conceptos de violación encaminados a demostrar la ilegalidad del oficio reclamado, dado que ello constituye el problema de fondo. De igual forma, los argumentos contenidos en los conceptos de violación en los que esencialmente alega cuestiones relacionadas con el no haberse tomado en cuenta los treinta y un años que lleva desempeñando dicho oficio, el medio de transporte que utiliza para ello, el buen desempeño y aceptación que tiene en el mismo, por parte de los padres de familia de trasladar a sus hijos a la escuela, vulnerándose sus derechos como trabajadora y prestadora de servicio; asimismo, aquéllos en los que expresa que eligió libremente ser transportista escolar, oficio o actividad que así le convenía desde el día que comenzó a dedicarse a ser chofer de esos padres que no podían todos los días llevar a sus hijos a la escuela y buscaban un trayecto seguro para sus hijos, con una persona que les brindara esa confianza, y por dicha labor recibir su pago correspondiente sin mediar relación laboral ni ningún otro tipo de interés que no fuera el de prestar un servicio que resultaba conveniente para ambas partes; actividad que desarrolla con la característica de licitud que está aprobada con esa confianza que desde siempre le han brindado los padres de familia y que desde que inició en ese oficio le han otorgado; y, también en los que refiere que no se le permite luchar por sus intereses personales en el desempeño de su oficio de prestadora de un servicio público en el transporte escolar, también son inoperantes, en virtud de que la quejosa se limita a realizar meras afirmaciones sin fundamento, a través de las cuales no se demuestra la ilegalidad de los actos que reclama. Sirve de apoyo la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Por otro lado, también resultan inoperantes en unas partes, e infundados en otras, los conceptos de violación en los que la quejosa aduce que: Se infringe el precepto 17 de la Constitución Federal, al rechazarle su trámite y calificarlo como improcedente, pues se afecta su derecho a poder lograr el otorgamiento de la concesión que ahora le requieren para poder continuar con su servicio de transporte escolar, el derecho a un debido proceso en el que señala que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, así como la orden de que ".las leyes proveerán mecanismos alternativos de solución de controversias.", lo que no se realizó de manera completa e imparcial, ni tampoco atendiendo el principio de exhaustividad que debe contener toda consideración final, pues nunca se analizó su situación ni los gastos que ya ha realizado con la finalidad de continuar con el trámite y seguir desempeñando su oficio. La aplicación de la multa impuesta por la COCOTRA, misma que pagó el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, por prestar el servicio sin un supuesto permiso que no se le ha otorgado a ninguno de los transportistas escolares, y que señala que el concepto de la multa es por infracciones a la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado y su Reglamento, es injusta porque no se le hizo saber la implementación de tales medidas y tampoco se le instruyó de dichos cambios tan drásticos y exigentes para los transportistas escolares. Por ello, solicita se le conceda la oportunidad de poder trabajar con su vehículo ******************** ********************, ********************, ********************, ********************, y así continuar con su actividad laboral, toda vez que las nuevas disposiciones y reglas que quieren implementar no son favorables ni convenientes para su caso, puesto que afecta su actividad de treinta y un años de transportista, su estabilidad económica, laboral y familiar, agregando los documentos, así como la póliza del seguro a efecto de acreditar que siempre ha tenidos sus vehículos en regla, y que su unidad aunque tiene algunos años de antigüedad, se encuentra en perfectas condiciones tanto de vestiduras y adaptaciones como mecánicas, solicitando la aplicación del principio fundamental que establece que "A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna", y que en caso sí le afecta el Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán. Calificativas que resultan, si se toma en consideración lo siguiente: El oficio ********************, de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, derivado del trámite del expediente ********************, en el que se declara improcedente su solicitud de permiso provisional para prestar el servicio especial de transporte escolar, en la parte que interesa dice: ".En atención a su escrito recibido en esta dependencia el 29 de noviembre del año en curso, mediante el cual anexa documentos solicitados, referentes a la solicitud de permiso provisional de transporte escolar a la escuela Primaria "********************", en su turno matutino. Al respecto me permito comunicarle que se realizó una revisión a su expediente y usted presenta un vehículo marca ******************** tipo ******************** ******************** con el cual pretende prestar el servicio, por lo que conforme lo establece el artículo 27 Quáter fracc. I (reformado P.O. del 4 de mayo del 2020) del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán de Ocampo, su vehículo tiene una antigüedad de 14 años, y no cumple con lo establecido en los lineamientos para el servicio especial de transporte escolar, razón por la cual su solicitud de permiso provisional para prestar servicio especial de transporte escolar, resulta improcedente. No obstante, lo anterior, se le deja a salvo su derecho a solicitar nuevamente el permiso provisional según convenga a sus intereses y con un vehículo que cumpla con la antigüedad y las especificaciones para este tipo de servicio.". El artículo 27 Quáter, fracción I, del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán de Ocampo, en el que la responsable basó su actuar dispone: "Artículo 27 Quáter. Además de las obligaciones de los concesionarios y permisionarios, establecidas en el artículo 39 de la Ley, así como las del capítulo quinto del presente Reglamento, los prestadores del servicio escolar deberán cumplir con lo siguiente: Las unidades destinadas al transporte escolar, no deberán exceder de más de 10 años de antigüedad y no deberán utilizarse para el servicio de transporte en modalidad diferente al otorgado en el permiso correspondiente;. De lo anterior se concluye que, la razón por la cual se declaró improcedente su solicitud de permiso provisional para prestar el servicio especial de transporte escolar, es porque de la revisión que se realizó a su expediente, se advirtió que la quejosa presentó un vehículo marca ******************** tipo ******************** ******************** con el cual pretende prestar el servicio. Sin embargo, tal como lo resolvió la responsable, no cumple con lo establecido en el artículo 27 Quáter, fracción I del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán de Ocampo, ya que al ser su automotor ********************, excede de más de diez años de antigüedad; por ello, dicha unidad que la quejosa pretende destinar al transporte escolar no debe utilizarse para dicho servicio. Así, lo antes analizado, pone de manifiesto, por una parte, la inoperancia de los conceptos de violación, toda vez que en ellos, se omite combatir las consideraciones dadas en el oficio impugnado respecto a la antigüedad de su vehículo -las que no resta decir, se estiman legales al haberse dictado cumpliendo con la fundamentación y motivación necesaria-, contrario a ello, se limita a reiterar lo solicitado ante la responsable -tal como se advierte de la primera parte del concepto de violación identificado con el número 7-; es decir, se le conceda la oportunidad de poder trabajar con su vehículo ******************** ********************, ********************, ********************, ********************, y así continuar con su actividad laboral, toda vez que -refiere- las nuevas disposiciones y reglas que quieren implementar no son favorables ni convenientes para su caso, puesto que afecta su actividad de treinta y un años de transportista, su estabilidad económica, laboral y familiar, agregando los documentos, así como la póliza del seguro a efecto de acreditar que siempre ha tenido sus vehículos en regla, y que su unidad aunque tiene algunos años de antigüedad, se encuentra en perfectas condiciones tanto de vestiduras y adaptaciones como mecánicas. En ese orden, de igual forma son inoperantes los argumentos que se contienen en la primera parte del concepto de violación número 6, a través de los cuales se pretende combatir la multa de folio ********************, impuesta por la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, misma que pagó el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés -tal como se advierte del recibo que anexó a su demanda-, ya que se circunscriben a alegar que se le aplicó por prestar el servicio sin un supuesto permiso que no se le ha otorgado a ninguno de los transportistas escolares, lo que en el caso no debe ser motivo de alegato de su parte, sino en todo caso impugnar su ilegalidad por sí cumplir con la normativa, pero que en el caso se estima no fue así, pues se parte de la premisa de que al no estar en regla el servicio de transporte escolar que presta, es por ello que le fue aplicada por infracciones a la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán y su Reglamento, como se desprende del recibo correspondiente. Inoperancia que también se otorga a la narrativa final del concepto de violación número 6, en la que la califica a la multa de injusta porque no se le hizo saber la implementación de tales medidas y tampoco se le instruyó de dichos cambios tan drásticos y exigentes para los transportistas escolares, dado -se insiste- no alega sobre su ilegalidad, sino que, contrario a ello y al amparo del desconocimiento de la actual reglamentación del servicio de transporte escolar es que busca prevalecerse; no obstante, en el caso debe tenerse presente el principio general de derecho que esencialmente establece que el desconocimiento de la ley no la exime de su observancia; de ahí que si lo pretendido es ser prestadora debe cumplir con la normativa que regula el servicio de transporte escolar. En seguimiento, es infundado lo solicitando en la parte final del concepto de violación señalado con el número 7, esencialmente sobre la aplicación retroactiva de la ley, al decir que en su caso, el Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, sí le afectan, pues de manera esencial se aprecia que la quejosa prestaba el servicio de transporte escolar en los términos que expone y ello lo hacía de esa manera, por no contarse con una normativa que lo regulara; de ahí que al no apreciarse una reglamentación anterior; es decir, que el actuar de la quejosa tuviera su origen durante la vigencia de alguna ley, es que no puede estarse en presencia de un análisis retroactivo; contrario a ello, como en la actualidad ya existe y ésta regula el servicio que pretende prestar, debe cumplirla a efecto de que su actividad se encuentre al amparo de la norma. Finalmente, es infundada la parte inicial del concepto de violación número 5, en la que de manera esencial sostiene que al rechazarle su trámite y calificarlo como improcedente, se afecta su derecho a poder lograr el otorgamiento de la concesión que ahora le requieren para poder continuar con su servicio de transporte escolar, pues contrario a ello, de la transcripción del oficio reclamado se advierte que si bien es cierto se declaró improcedente su solicitud de permiso provisional para prestar el servicio especial de transporte escolar, también lo es que se le dejó a salvo su derecho para solicitar nuevamente el permiso provisional según convenga a sus intereses, siempre y cuando sea con un vehículo que cumpla con la antigüedad y las especificaciones para el tipo de servicio que pretende prestar. Asimismo, inoperante la parte final del concepto de violación número 5, cuando señala que tiene derecho a un debido proceso en el que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, así como la orden de que ".las leyes proveerán mecanismos alternativos de solución de controversias.", el que no se realizó de manera completa e imparcial, ni tampoco atendiendo el principio de exhaustividad que debe contener toda consideración final, pues nunca se analizó su situación ni los gastos que ya ha realizado con la finalidad de continuar con el trámite y seguir desempeñando su oficio, pues con esa forma de argumentar tampoco refuta diverso actuar de las responsables, sino solo el que corresponde a la declaratoria de improcedencia de su solicitud, el que como ya se dijo, por el momento se estima legal, partiendo de que ello derivó de la circunstancia de que su vehículo ********************, excede de más de diez años de antigüedad, lo cual está prohibido en el artículo 27 Quáter, fracción I del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán de Ocampo; de ahí que las responsables no puedan resolverle conforme a sus particulares circunstancias y pretensiones, pues la ley es de carácter general y obligatoria. En las relatadas condiciones, al resultar los conceptos de violación inoperantes en una parte e infundados en otra, lo procedente es negar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos reclamados y autoridad responsable precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFCA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 263/2023, promovido por ********************, por alegada violación de los artículos 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA) y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO EN UNA PARTE, Y EN OTRA, NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama del: Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA); Director de Planeación y Proyectos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA); Directora de Operación de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA); y, Titular del Departamento de Proyectos y Vialidad de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA): El oficio ********************, de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, derivado del trámite del expediente ********************, en el que se declara improcedente su solicitud de permiso provisional para prestar el servicio especial de transporte escolar. El oficio ********************, de catorce de diciembre de dos mil veintidós, derivado del trámite del expediente ********************, en el que se le acusa recibo de su documentación en los términos del oficio de respuesta no. CCT-DPP-670/2022, que se publicó en los estrados de la COCOTRA el dos de diciembre de dos mil veintidós, y se le informa que a partir de esa fecha, corre el plazo (15 días hábiles) para complementar su expediente, y en caso de no hacerlo en el término establecido, su solicitud será rechazada y archivada. La multa de folio ********************, impuesta por la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, la cual fue pagada el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. La Directora de Asuntos Jurídicos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA), en representación del Coordinador General, y en cuanto superior jerárquico del Director de Planeación y Proyectos, Directora de Operación y Titular del Departamento de Proyectos y Vialidad, todos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA), al rendir el informe con justificación, esencialmente acepta los actos reclamados, dado expone las razones y fundamentos que estimó pertinentes para sostener su constitucionalidad y legalidad. No obstante, los actos reclamados se tienen por inexistentes respecto de la Directora de Operación y Titular del Departamento de Proyectos y Vialidad, ambos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA), pues como se verá en el considerando siguiente, aquéllos son atribuibles a las diversas autoridades señaladas como responsables. En tales condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados, respecto de las autoridades precisadas, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 63 de la ley de la materia, y la jurisprudencia 170 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTA. Existencia de la norma, acto u omisión reclamada. Se tienen por ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Coordinador General y Director de Planeación y Proyectos, ambos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA), toda vez que tanto de la narrativa expuesta, como de las constancias que la quejosa adjuntó a su demanda, se aprecia que el oficio ********************, de diecinueve de enero de dos mil veintitrés y el oficio ********************, de catorce de diciembre de dos mil veintidós, fueron emitidos por el Director de Planeación y Proyectos, y la multa de folio ********************, impuesta por la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán. QUINTA. Causas de improcedencia. La representante de las autoridades responsables invoca la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, señalando la falta de interés jurídico de la parte quejosa, porque no es concesionaria ni permisionaria del transporte público. De ahí que -refiere- debe sobreseerse en todo lo concerniente a las supuestas afectaciones que le implique la norma regulatoria, pues al no ser permisionaria de transporte escolar, sino únicamente una persona que pretende serlo, no puede resentir una afectación en su esfera jurídica. Máxime que su principal argumento -señala- consiste en la reiteración de una conducta ilegal, en concreto, la prestación de un servicio que explota las vías de comunicación, sin permiso o concesión de la autoridad, en contravención del artículo 2 de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán. Cita los criterios siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TRATÁNDOSE DE ACTIVIDADES REGLAMENTADAS, PARA QUE EL PARTICULAR IMPUGNE LAS VIOLACIONES QUE CON MOTIVO DE ELLAS RESIENTA, ES NECESARIO ACREDITAR NO SÓLO EL INTERÉS LEGÍTIMO SINO TAMBIÉN EL JURÍDICO Y EXHIBIR LA LICENCIA, PERMISO O MANIFESTACIÓN QUE SE EXIJA PARA REALIZAR AQUÉLLAS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Si bien es cierto que para la procedencia del juicio de nulidad basta que la demandante acredite cualquier afectación a su esfera personal para estimar acreditado el interés legítimo, también lo es que ello no acontece tratándose de actividades reglamentadas, pues para ello debe demostrar que tiene interés jurídico como lo establece el párrafo segundo del artículo 34 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Esto es, cuando se trate de obtener una sentencia que permita la realización de actividades reglamentadas, no es suficiente contar con la titularidad de un derecho, sino que se requiere la exhibición de la licencia, permiso o manifestación que se exija para la realización de tales actividades (interés jurídico), pues debe acreditarse que se han satisfecho previamente los requisitos que establezcan los ordenamientos correspondientes, a fin de demostrar que se tiene el derecho de reclamar las violaciones que se aduzcan con motivo de dichas actividades reglamentadas en relación con el ejercicio de las facultades con que cuentan las autoridades." "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA SOLA MANIFESTACIÓN DE LOS HECHOS EN LA DEMANDA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLO. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra del "Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2020, en su carácter de autoaplicativo, con base en el interés legítimo que adujo tener al manifestar, bajo protesta de decir verdad, que la prohibición de importar o exportar productos relacionados con el "vapeo" afectaba su esfera jurídica; el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no acreditó dicho interés legítimo. Inconforme, interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la sola manifestación de los hechos en la demanda de amparo indirecto, bajo protesta de decir verdad, es insuficiente para acreditar el interés legítimo en el juicio, pues sólo constituye un requisito que debe contener, conforme al artículo 108, fracción V, de la ley de la materia. Justificación: Lo anterior, porque el interés legítimo se define como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para probarlo se debe acreditar que existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; que el acto reclamado lo transgreda, ya sea de manera individual o colectiva, y que quien solicita el amparo pertenezca a esa colectividad. Asimismo, ha aclarado que la apreciación del órgano competente, en cuanto al interés legítimo, no depende de la sola afirmación de la parte interesada, en el sentido de que cuenta con éste, pues el hecho de que implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico no significa que no deba probarse. Ahora bien, el decreto indicado regula aspectos en materia de comercio exterior, respecto de las modificaciones a las normas arancelarias sobre los productos utilizados como medio alternativo para el consumo de tabaco y similares, concretamente, en su artículo primero crea fracciones arancelarias que prohíben la importación o exportación de ese tipo de productos, por lo que si el quejoso se ostenta como consumidor de los productos, y dice que ha tenido dificultad para encontrar y adquirir los necesarios para seguir "vapeando", a consecuencia de las prohibiciones que el Gobierno Federal ha decretado en relación con la importación y exportación de vaporizadores, sus accesorios, esencias y líquidos, es evidente que la afectación que, en su caso, esa disposición genera en su esfera jurídica es indirecta, por lo que le corresponde acreditar su interés legítimo en el juicio de amparo, demostrando la existencia de un interés cualificado respecto de determinado acto, que produce una afectación a su esfera jurídica, derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, del que deriva el agravio correspondiente. En ese contexto, los hechos manifestados bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda de amparo, por sí solos, son insuficientes para tener por demostrado el interés legítimo para la procedencia del juicio constitucional, en razón de que ello únicamente constituye un requisito que debe contener toda demanda, de conformidad con el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo." El precepto que prevé la causal de improcedencia invocada dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". Lo anterior, es infundado. Se estima de esa manera, pues si bien es cierto, la quejosa no es concesionaria ni permisionaria del servicio de transporte escolar, también lo es que los actos que reclama derivan precisamente del trámite del expediente ********************, a través del cual pretende obtener esa calidad. De ahí la razón de acudir en reclamo -por ejemplo- del oficio ********************, de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, mismo que le fue dirigido a su persona, y a través del cual le resuelven que su solicitud de permiso provisional para prestar el servicio especial de transporte escolar, resultó improcedente. Más aún, que por no contar con la concesión o permiso, le fue impuesta la multa de folio ********************, misma que fue pagada por ella, el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés; por tanto, se estima que sí cuenta con interés jurídico. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que respecto del acto reclamado identificado con el número 2, consistente en el oficio ********************, de catorce de diciembre de dos mil veintidós, derivado del trámite del expediente ********************, en el que se le acusa recibo de su documentación en los términos del oficio de respuesta no. CCT-DPP-670/2022, que se publicó en los estrados de la COCOTRA el dos de diciembre de dos mil veintidós, y se le informa que a partir de esa fecha, corre el plazo (15 días hábiles) para complementar su expediente, y en caso de no hacerlo en el término establecido, su solicitud será rechazada y archivada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. El precepto en mención establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Como se ve, la fracción en comento señala que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos que para tal efecto prevé la Ley de la Materia, en este caso, los artículos 17 y 18. Al respecto, los aludidos artículos, a la letra establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". En tales dispositivos, el legislador estableció que el término general para la promoción del juicio de amparo es de quince días, aunado a que, expresamente, se establecen tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo que prevé para interponer o promover el juicio de amparo, que son: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto o resolución que reclama, o de sus actos de ejecución; o A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Entonces, siguiendo el marco jurídico, el acto reclamado identificado con el número 2, consistente en el oficio ********************, de catorce de diciembre de dos mil veintidós, derivado del trámite del expediente ********************, en el que se le acusa recibo de su documentación en los términos del oficio de respuesta no. CCT-DPP-670/2022, que se publicó en los estrados de la COCOTRA el dos de diciembre de dos mil veintidós, y se le informa que a partir de esa fecha, corre el plazo (15 días hábiles) para complementar su expediente, y en caso de no hacerlo en el término establecido, su solicitud será rechazada y archivada, se ubica dentro de la segunda regla antes enunciada. Y, es evidente que el acto reclamado en mención no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al no producir ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, o, cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, de conformidad con lo establecido y alcances contenidos en el ordinal 17 de la ley de la materia, la promoción de la demanda de amparo debió hacerse dentro de los quince días hábiles siguientes, al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o en que se hizo sabedor del mismo. Por ello, resulta patente que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra de ese acto combatido -del que se aprecia tuvo conocimiento el nueve de enero de dos mil veintitrés, por aparecer asentada esa fecha en la parte final del oficio reclamado, seguido de su firma- ha fenecido, pues la demanda fue presentada hasta el seis de marzo de dos mil veintitrés. Consecuentemente, si al menos desde el nueve de enero de dos mil veintitrés, la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del diez al treinta de enero de dos mil veintitrés, descontando tres sábados y tres domingos, por ser días inhábiles conforme a lo previsto en el numeral 19 del ordenamiento legal invocado. Luego, si la demanda de amparo que dio origen a este juicio, como quedó de manifiesto, fue presentada el seis de marzo de dos mil veintitrés, es evidente que ocurrió cuando ya había transcurrido el término a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo. Siendo esto así, debe decirse que la demanda de amparo promovida, fue presentada en forma extemporánea. En virtud de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V, del artículo 63 de dicho ordenamiento legal. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que en la demanda de amparo la quejosa, específicamente en el apartado identificado como "FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO, haya manifestado: "Bajo Protesta de decir verdad se tuvo conocimiento del acto reclamado el día 24 veinticuatro de febrero del año dos mil veintitrés, mediante la entrega del oficio de notificación ********************,.", puesto que precisamente hace referencia a diverso oficio, no así al reclamado y aquí estudiado. Se precisa que dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio, respecto de dicho acto reclamado, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya que el mismo constituye el problema de fondo, atento a la jurisprudencia número V.2º. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". Expuesto lo anterior, se procede entrar al examen de los conceptos de violación formulados por la quejosa, respecto de los restantes actos reclamados. SEXTA. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo, de manera que deviene innecesaria su transcripción. SÉPTIMA. Estudio de fondo. De manera previa se determina que, en el caso, y contrario a lo que sostiene la quejosa, no opera la suplencia de la deficiencia de la queja, ya que al margen de que aduzca vulneración a sus derechos en el desempeño de su oficio como prestadora de un servicio público en el transporte escolar, lo cierto es que el caso concreto no encuadra en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, que dispone que en materia laboral, opera en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo, dado lo reclamado deriva de la falta de regulación en la que se encuentra la quejosa, al no ser concesionaria ni permisionaria, para prestar el servicio de transporte escolar; de ahí que no se aprecie la existencia de una relación laboral que encuadre en dicha materia, para efectos de la suplencia. Tampoco se circunscribe a lo que dispone la fracción VI, del citado precepto, ya que en la especie, no se advierte que haya habido en contra de la quejosa una violación evidente de la ley que la haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley; por tanto, los conceptos de violación se analizarán en estricto derecho. Expuesto lo anterior, la quejosa en una parte de sus conceptos de violación, señala que: Se violan los artículos 5 y 14 de la Constitución Federal, porque al emitir el oficio ******************** en el que se declara improcedente su trámite, no se tomó en cuenta los treinta y un años que lleva desempeñando dicho oficio, el medio de transporte que utiliza para ello, el buen desempeño y aceptación que tiene en el mismo, por parte de los padres de familia de trasladar a sus hijos a la escuela, vulnerándose sus derechos como trabajadora y prestadora de servicio. Se vulnera el artículo 16 de la Constitución Federal, debido a que no se le permitió concluir el trámite, vulnerando el principio de congruencia que debe tener todo trámite administrativo, a efecto de arribar al permiso provisional prometido, a efecto de lograr el otorgamiento de la concesión que se le requiere actualmente para desempeñar el servicio de transporte escolar. Asimismo, porque el oficio CCT-DPP-059/2023, no le permitió concluir el trámite que la Encargada del Departamento de Proyectos y vialidad y el Encargado de la Unidad de Asistencia Técnica de la COCOTRA, le dijeron que sí procedía. Reitera la vulneración de los derechos que consagran los artículos que cita, porque desde hace treinta y un años eligió libremente ser transportista escolar, oficio o actividad que así le convenía desde el día que comenzó a dedicarse a ser chofer de esos padres que no podían todos los días llevar a sus hijos a la escuela y buscaban un trayecto seguro para sus hijos, con una persona que les brindara esa confianza, y por dicha labor recibir su pago correspondiente sin mediar relación laboral ni ningún otro tipo de interés que no fuera el de prestar un servicio que resultaba conveniente para ambas partes; que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil o a la profesión, industria o comercio que le convenga siempre que sea lícito, característica de licitud que está aprobada con esa confianza que desde siempre le han brindado los padres de familia y que desde que inició en ese oficio le han otorgado. La resolución de improcedencia viola sus derechos, porque no se le permite luchar por sus intereses personales en el desempeño de su oficio de prestadora de un servicio público en el transporte escolar, como ha venido aconteciendo desde hace treinta y un años, extralimitándose en el rechazo de su trámite, determinándose que no puede concluir su proceso para ese permiso provisional de prestador de servicio que le permita arribar a la concesión que ahora le señalan como necesaria para el mismo desempeño. En ese sentido, son inoperantes las manifestaciones contenidas en los conceptos de violación que se relacionan con la no conclusión del trámite correspondiente para complementar y/o completar su expediente referente a la solicitud de permiso provisional de transporte escolar, puesto que se aprecia derivan del oficio ********************, de catorce de diciembre de dos mil veintidós, derivado del trámite del expediente ********************, en el que se le acusa recibo de su documentación en los términos del oficio de respuesta no. CCT-DPP-670/2022, que se publicó en los estrados de la COCOTRA el dos de diciembre de dos mil veintidós, y se le informa que a partir de esa fecha, corre el plazo (15 días hábiles) para complementar su expediente, y en caso de no hacerlo en el término establecido, su solicitud será rechazada y archivada, respecto del cual se determinó sobreseer en el juicio, porque la demanda de amparo fue presentada en forma extemporánea, en términos de lo expuesto en el considerando quinto. Se estima de esa manera, pues el sobreseimiento es una institución de carácter procesal que le pone fin al juicio, al aparecer una causa que impide se resuelva la cuestión de fondo planteada, por lo cual no existe ninguna declaración del juzgador sobre la legalidad o ilegalidad del acto impugnado y se dejan las cosas en el estado que se encontraban antes de la presentación de la demanda. Entonces, si por lo que ve a ese acto reclamado, se decretó el sobreseimiento al actualizarse una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y de oficio, no puede analizarse los conceptos de violación encaminados a demostrar la ilegalidad del oficio reclamado, dado que ello constituye el problema de fondo. De igual forma, los argumentos contenidos en los conceptos de violación en los que esencialmente alega cuestiones relacionadas con el no haberse tomado en cuenta los treinta y un años que lleva desempeñando dicho oficio, el medio de transporte que utiliza para ello, el buen desempeño y aceptación que tiene en el mismo, por parte de los padres de familia de trasladar a sus hijos a la escuela, vulnerándose sus derechos como trabajadora y prestadora de servicio; asimismo, aquéllos en los que expresa que eligió libremente ser transportista escolar, oficio o actividad que así le convenía desde el día que comenzó a dedicarse a ser chofer de esos padres que no podían todos los días llevar a sus hijos a la escuela y buscaban un trayecto seguro para sus hijos, con una persona que les brindara esa confianza, y por dicha labor recibir su pago correspondiente sin mediar relación laboral ni ningún otro tipo de interés que no fuera el de prestar un servicio que resultaba conveniente para ambas partes; actividad que desarrolla con la característica de licitud que está aprobada con esa confianza que desde siempre le han brindado los padres de familia y que desde que inició en ese oficio le han otorgado; y, también en los que refiere que no se le permite luchar por sus intereses personales en el desempeño de su oficio de prestadora de un servicio público en el transporte escolar, también son inoperantes, en virtud de que la quejosa se limita a realizar meras afirmaciones sin fundamento, a través de las cuales no se demuestra la ilegalidad de los actos que reclama. Sirve de apoyo la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Por otro lado, también resultan inoperantes en unas partes, e infundados en otras, los conceptos de violación en los que la quejosa aduce que: Se infringe el precepto 17 de la Constitución Federal, al rechazarle su trámite y calificarlo como improcedente, pues se afecta su derecho a poder lograr el otorgamiento de la concesión que ahora le requieren para poder continuar con su servicio de transporte escolar, el derecho a un debido proceso en el que señala que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, así como la orden de que ".las leyes proveerán mecanismos alternativos de solución de controversias.", lo que no se realizó de manera completa e imparcial, ni tampoco atendiendo el principio de exhaustividad que debe contener toda consideración final, pues nunca se analizó su situación ni los gastos que ya ha realizado con la finalidad de continuar con el trámite y seguir desempeñando su oficio. La aplicación de la multa impuesta por la COCOTRA, misma que pagó el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, por prestar el servicio sin un supuesto permiso que no se le ha otorgado a ninguno de los transportistas escolares, y que señala que el concepto de la multa es por infracciones a la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado y su Reglamento, es injusta porque no se le hizo saber la implementación de tales medidas y tampoco se le instruyó de dichos cambios tan drásticos y exigentes para los transportistas escolares. Por ello, solicita se le conceda la oportunidad de poder trabajar con su vehículo ******************** ********************, ********************, ********************, ********************, y así continuar con su actividad laboral, toda vez que las nuevas disposiciones y reglas que quieren implementar no son favorables ni convenientes para su caso, puesto que afecta su actividad de treinta y un años de transportista, su estabilidad económica, laboral y familiar, agregando los documentos, así como la póliza del seguro a efecto de acreditar que siempre ha tenidos sus vehículos en regla, y que su unidad aunque tiene algunos años de antigüedad, se encuentra en perfectas condiciones tanto de vestiduras y adaptaciones como mecánicas, solicitando la aplicación del principio fundamental que establece que "A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna", y que en caso sí le afecta el Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán. Calificativas que resultan, si se toma en consideración lo siguiente: El oficio ********************, de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, derivado del trámite del expediente ********************, en el que se declara improcedente su solicitud de permiso provisional para prestar el servicio especial de transporte escolar, en la parte que interesa dice: ".En atención a su escrito recibido en esta dependencia el 29 de noviembre del año en curso, mediante el cual anexa documentos solicitados, referentes a la solicitud de permiso provisional de transporte escolar a la escuela Primaria "********************", en su turno matutino. Al respecto me permito comunicarle que se realizó una revisión a su expediente y usted presenta un vehículo marca ******************** tipo ******************** ******************** con el cual pretende prestar el servicio, por lo que conforme lo establece el artículo 27 Quáter fracc. I (reformado P.O. del 4 de mayo del 2020) del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán de Ocampo, su vehículo tiene una antigüedad de 14 años, y no cumple con lo establecido en los lineamientos para el servicio especial de transporte escolar, razón por la cual su solicitud de permiso provisional para prestar servicio especial de transporte escolar, resulta improcedente. No obstante, lo anterior, se le deja a salvo su derecho a solicitar nuevamente el permiso provisional según convenga a sus intereses y con un vehículo que cumpla con la antigüedad y las especificaciones para este tipo de servicio.". El artículo 27 Quáter, fracción I, del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán de Ocampo, en el que la responsable basó su actuar dispone: "Artículo 27 Quáter. Además de las obligaciones de los concesionarios y permisionarios, establecidas en el artículo 39 de la Ley, así como las del capítulo quinto del presente Reglamento, los prestadores del servicio escolar deberán cumplir con lo siguiente: Las unidades destinadas al transporte escolar, no deberán exceder de más de 10 años de antigüedad y no deberán utilizarse para el servicio de transporte en modalidad diferente al otorgado en el permiso correspondiente;. De lo anterior se concluye que, la razón por la cual se declaró improcedente su solicitud de permiso provisional para prestar el servicio especial de transporte escolar, es porque de la revisión que se realizó a su expediente, se advirtió que la quejosa presentó un vehículo marca ******************** tipo ******************** ******************** con el cual pretende prestar el servicio. Sin embargo, tal como lo resolvió la responsable, no cumple con lo establecido en el artículo 27 Quáter, fracción I del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán de Ocampo, ya que al ser su automotor ********************, excede de más de diez años de antigüedad; por ello, dicha unidad que la quejosa pretende destinar al transporte escolar no debe utilizarse para dicho servicio. Así, lo antes analizado, pone de manifiesto, por una parte, la inoperancia de los conceptos de violación, toda vez que en ellos, se omite combatir las consideraciones dadas en el oficio impugnado respecto a la antigüedad de su vehículo -las que no resta decir, se estiman legales al haberse dictado cumpliendo con la fundamentación y motivación necesaria-, contrario a ello, se limita a reiterar lo solicitado ante la responsable -tal como se advierte de la primera parte del concepto de violación identificado con el número 7-; es decir, se le conceda la oportunidad de poder trabajar con su vehículo ******************** ********************, ********************, ********************, ********************, y así continuar con su actividad laboral, toda vez que -refiere- las nuevas disposiciones y reglas que quieren implementar no son favorables ni convenientes para su caso, puesto que afecta su actividad de treinta y un años de transportista, su estabilidad económica, laboral y familiar, agregando los documentos, así como la póliza del seguro a efecto de acreditar que siempre ha tenido sus vehículos en regla, y que su unidad aunque tiene algunos años de antigüedad, se encuentra en perfectas condiciones tanto de vestiduras y adaptaciones como mecánicas. En ese orden, de igual forma son inoperantes los argumentos que se contienen en la primera parte del concepto de violación número 6, a través de los cuales se pretende combatir la multa de folio ********************, impuesta por la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, misma que pagó el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés -tal como se advierte del recibo que anexó a su demanda-, ya que se circunscriben a alegar que se le aplicó por prestar el servicio sin un supuesto permiso que no se le ha otorgado a ninguno de los transportistas escolares, lo que en el caso no debe ser motivo de alegato de su parte, sino en todo caso impugnar su ilegalidad por sí cumplir con la normativa, pero que en el caso se estima no fue así, pues se parte de la premisa de que al no estar en regla el servicio de transporte escolar que presta, es por ello que le fue aplicada por infracciones a la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán y su Reglamento, como se desprende del recibo correspondiente. Inoperancia que también se otorga a la narrativa final del concepto de violación número 6, en la que la califica a la multa de injusta porque no se le hizo saber la implementación de tales medidas y tampoco se le instruyó de dichos cambios tan drásticos y exigentes para los transportistas escolares, dado -se insiste- no alega sobre su ilegalidad, sino que, contrario a ello y al amparo del desconocimiento de la actual reglamentación del servicio de transporte escolar es que busca prevalecerse; no obstante, en el caso debe tenerse presente el principio general de derecho que esencialmente establece que el desconocimiento de la ley no la exime de su observancia; de ahí que si lo pretendido es ser prestadora debe cumplir con la normativa que regula el servicio de transporte escolar. En seguimiento, es infundado lo solicitando en la parte final del concepto de violación señalado con el número 7, esencialmente sobre la aplicación retroactiva de la ley, al decir que en su caso, el Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, sí le afectan, pues de manera esencial se aprecia que la quejosa prestaba el servicio de transporte escolar en los términos que expone y ello lo hacía de esa manera, por no contarse con una normativa que lo regulara; de ahí que al no apreciarse una reglamentación anterior; es decir, que el actuar de la quejosa tuviera su origen durante la vigencia de alguna ley, es que no puede estarse en presencia de un análisis retroactivo; contrario a ello, como en la actualidad ya existe y ésta regula el servicio que pretende prestar, debe cumplirla a efecto de que su actividad se encuentre al amparo de la norma. Finalmente, es infundada la parte inicial del concepto de violación número 5, en la que de manera esencial sostiene que al rechazarle su trámite y calificarlo como improcedente, se afecta su derecho a poder lograr el otorgamiento de la concesión que ahora le requieren para poder continuar con su servicio de transporte escolar, pues contrario a ello, de la transcripción del oficio reclamado se advierte que si bien es cierto se declaró improcedente su solicitud de permiso provisional para prestar el servicio especial de transporte escolar, también lo es que se le dejó a salvo su derecho para solicitar nuevamente el permiso provisional según convenga a sus intereses, siempre y cuando sea con un vehículo que cumpla con la antigüedad y las especificaciones para el tipo de servicio que pretende prestar. Asimismo, inoperante la parte final del concepto de violación número 5, cuando señala que tiene derecho a un debido proceso en el que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, así como la orden de que ".las leyes proveerán mecanismos alternativos de solución de controversias.", el que no se realizó de manera completa e imparcial, ni tampoco atendiendo el principio de exhaustividad que debe contener toda consideración final, pues nunca se analizó su situación ni los gastos que ya ha realizado con la finalidad de continuar con el trámite y seguir desempeñando su oficio, pues con esa forma de argumentar tampoco refuta diverso actuar de las responsables, sino solo el que corresponde a la declaratoria de improcedencia de su solicitud, el que como ya se dijo, por el momento se estima legal, partiendo de que ello derivó de la circunstancia de que su vehículo ********************, excede de más de diez años de antigüedad, lo cual está prohibido en el artículo 27 Quáter, fracción I del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán de Ocampo; de ahí que las responsables no puedan resolverle conforme a sus particulares circunstancias y pretensiones, pues la ley es de carácter general y obligatoria. En las relatadas condiciones, al resultar los conceptos de violación inoperantes en una parte e infundados en otra, lo procedente es negar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos reclamados y autoridad responsable precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas del veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, procede a celebrar la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 263/2023, sin asistencia de las partes. Enseguida, la secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al Juez con la demanda de amparo, auto admisorio e informes justificados; para tal efecto, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el Juez declara abierto el período probatorio y la secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa; sobre el particular el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas, conforme a su naturaleza, las pruebas ofertadas por la parte quejosa. No habiendo medio de convicción pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Finalmente, el Juez abre el periodo de alegatos y la secretaria hace constar que únicamente la fiscal de la adscripción los formuló; a lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tienen formulados y a las demás partes, por omisas en realizar manifestaciones en esta vía. No habiendo pendientes por relacionar, se decreta el cierre de esta etapa y se procede a dictar la siguiente: SERGIO SANTAMARÍA CHAMÚ JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO

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